Inmaculada Montalbán: "Aún existe la consigna de aguantar el maltrato"
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Gabriela Cañas, El País
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"Es tan importante conocer la ley como la realidad que se maneja "
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"La educación es clave para avanzar en igualdad y disminuir la violencia"
Cuando
era más joven, esta granadina que en noviembre cumplirá los 50 años iba de
pueblo en pueblo participando en reuniones de mujeres a la hora de la merienda
mientras sus maridos seguían en casa el partido de fútbol. Pero no eran
reuniones para vender fiambreras o productos de belleza. Esos encuentros
distaban mucho de ser transacciones comerciales con las que, de paso, reforzar
el limitado papel doméstico de las mujeres. En aquellas meriendas, la joven
juez Montalbán explicaba a las participantes que el deber conyugal no incluía
la obligación de soportar los malos tratos del marido. Eran reuniones a las que
algunas acudían a escondidas de sus cónyuges. Ahora las recuerda la juez
Inmaculada Montalbán con emoción desde su despacho de vocal del Consejo General
del Poder Judicial porque a su memoria vuelven sus caras y sus lágrimas cuando
alguna comprendía súbitamente que lo que les decía y contaba la magistrada se
correspondía fielmente con el infierno que vivía calladamente en su casa.
Las pioneras
que en los años ochenta se atrevieron a denunciar y llevar a juicio a sus
parejas o ex parejas fueron las que le despertaron la conciencia a Inmaculada
Montalbán. Desde entonces, ella ha luchado por despertársela a los demás, y muy
especialmente a sus compañeros jueces, a los que explicaba la especificidad de
los crímenes machistas y de sus víctimas y a los que incluso ha llevado a
centros de acogida de mujeres.
Quizá
el mismo contraste de aquellas vidas con la suya propia acrecentó su empatía.
Casada y con tres hijos, Inmaculada Montalbán es una mujer cuya afición
favorita es pasear con su marido y sus tres hijos cuando se reúnen en Granada
los fines de semana. Ahora vive en Madrid con su hija mayor, ya universitaria,
y puede alardear de un marido que se ha tomado las bajas de paternidad para
cuidar a cada uno de sus hijos y para, de paso, apoyar la carrera de su esposa.
También puede presumir de unos vástagos concienciados con los problemas de la
desigualdad.
Fue
miembro de la Comisión de Violencia de Género de Jueces para la Democracia, una
de las asociaciones progresistas de la judicatura española, y en 2002 formó
parte del Comité de Expertos de Violencia Doméstica. Ha sido magistrada del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y el Consejo General del Poder
Judicial, del que ahora es vocal, le otorgó el Premio Rafael Martínez Emperador
por su estudio Perspectiva de género: criterio e interpretación internacional y
constitucional. Autora de una decena de libros sobre la igualdad, es, en fin, una
autoridad en materia de violencia de género, razón por la cual nadie dudó en
octubre pasado en nombrarla presidenta del Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género.
Pese a
lo rimbombante de todos sus títulos, Inmaculada Montalbán parece apocada y
tímida, una sensación reforzada por una voz aflautada que suena a modestia.
¿Por
qué quiso ser juez? Por el momento histórico en el que estudié Derecho. En
Filosofía del Derecho estudiábamos el anteproyecto de la Constitución española.
Era un momento muy importante en el que se estaba forjando nuestra democracia y
analizábamos cómo se estaba construyendo la Constitución para poner los
cimientos de una sociedad futura. Los profesores hacían hincapié en la labor de
los jueces no como meros aplicadores de la ley, sino como una parte activa al
interpretar las normas. Ya entonces advertí que la Constitución ofrecía grandes
posibilidades para avanzar en la democracia y que ésta no se crea por ley y ya
está, sino que se necesitan impulsos para que se vayan implantando los derechos
que marca. Tengo un punto de utopía, como lo tuvo toda la sociedad española,
para lograr una sociedad más justa e igualitaria.
¿Hay
algún afán justiciero en la vocación de juez? No en mi caso. La labor del juez
es interpretar las leyes ajustadamente a la Constitución y a una visión
progresiva de los derechos. En casos de discriminación de la mujer por motivos
laborales, la práctica judicial ha ido poco a poco sembrando pequeños hitos,
avanzando en prácticas antidiscriminatorias. Es la labor promocional del
derecho.
¿Por
qué ha tenido usted siempre tanta sensibilidad hacia los temas de igualdad? En
cuanto empecé a trabajar en los juzgados advertí que las mujeres que venían a
denunciar a sus maridos eran distintas de los otros denunciantes, de las otras
víctimas que acudían a los juzgados. Las veía en una situación de duda, de
inseguridad y de debilidad. Y comprendí que las leyes no les respondían.
Recuerdo el caso de una mujer a cuyo marido yo había condenado al pago de una
multa, que era lo que la ley preveía (multa o arresto domiciliario). Pues bien,
la mujer vino a decirme que ella quería pagar la multa porque su marido no
estaba dispuesto a hacerlo. Había llegado la notificación del embargo de la
casa familiar y ella no quería que su casa estuviera embargada [se ríe]. El
sistema legal respondía de esta manera tan absurda a un problema tan
específico. El sistema no funcionaba.
O sea,
que el detonante fue su desempeño profesional. Fue la unión entre la formación
como jurista y la práctica judicial. Advertí que el problema de la violencia
contra la mujer en el ámbito familiar estaba relacionado con el problema de la
desigualdad. Las mujeres que acudían a los juzgados estaban en situación de
desigualdad y muchas de ellas renunciaban a la denuncia porque se quedaban sin
el dinero del marido para pagar la comida o el colegio de los hijos.
Y
entonces empezó usted a establecer relación con las víctimas, a visitar centros
de maltratadas, a intentar entenderlas. Sí, sí. En 1985 aún no existían los
organismos de igualdad ni de asesoramiento a las mujeres, y recuerdo que cuando
estaba en un juzgado de Almería, unas abogadas que trabajaban con víctimas de
malos tratos me pidieron que colaborara con ellas. Así fue como estuve unos
años yendo a los pueblos a explicar a las mujeres que tenían derecho a
denunciar. Les explicábamos que la violencia dentro de la pareja no estaba
permitida, que una mujer no estaba obligada a sufrir malos tratos o a recibir
amenazas por el hecho de casarse.
Pero en
aquella época no se tenía conciencia de la magnitud del fenómeno. Muchos
pensaban que era un problema casi minoritario, que las feministas exageraban.
Sí. Me acuerdo de todas esas mujeres, de sus caras…
En este
punto, Inmaculada Montalbán se queda sin voz; emocionada. Paramos la grabadora.
Se disculpa varias veces. Finalmente continuamos con la entrevista.
¿Cuál
era la actitud de las mujeres que acudían a esas reuniones? Iban con mucho
interés y preguntaban. Para ellas era muy importante que una juez les explicara
las leyes. Preguntaban sobre las consecuencias de denunciar y cuando les
explicaba que las penas eran multas o arresto domiciliario se quejaban. Decían:
"Esto a nosotras no nos soluciona nada". "Yo no trabajo y mi
marido es peón de albañil. ¿Qué pasa con mis hijos?". Se planteaban este
tipo de cuestiones, pero nosotras dejábamos el mensaje de que dentro de la
obligación conyugal no estaba la obligación de soportar malos tratos y eso era
importante, sobre todo en los ámbitos rurales. Eran mujeres que venían a oír y
cuando conocían historias en las que se veían reflejadas muchas lloraban o se
emocionaban. Al final acudían a la abogada.
Así era
como descubrían que eran víctimas de violencia de género. En aquella época no
se hablaba de violencia de género. En los atestados policiales se hablaba de
reyertas familiares [se ríe].
Supongo
que a muchas mujeres incluso les supondría un grave problema acudir a estas
reuniones, que hasta irían a escondidas. Sí, sí. En aquella época no existía la
sensibilización que hay hoy día, sino trabajos de mujeres, abogadas, asistentas
sociales, etcétera. Afortunadamente, ya se crearon los institutos de la mujer y
se empezó a trabajar también la asistencia y el asesoramiento a mujeres.
Todavía
en 1997 no se consideraban los crímenes machistas. En febrero de ese año
instruyó usted un macabro asesinato doble de mujeres. El agresor mató a dos
mujeres, a las que se encontró desnudas. El cadáver de la mayor de las dos
incluso fue vejado. El cronista hablaba, sin embargo, de que el posible móvil
fuera el robo de 40.000 pesetas (240 euros). Sí, sí. Lo recuerdo perfectamente.
Meses
más tarde, ese mismo año, murió asesinada Ana Orantes, la mujer que había
denunciado los malos tratos de su ex marido incluso en la televisión y a la que
él quemó viva. Hay un antes y un después de aquel caso en este país.
Efectivamente. Aunque ya se estaba trabajando sobre la violencia contra las
mujeres en esa etapa, ese caso fue un punto de inflexión. Primero porque salió
en la televisión andaluza denunciando los años de malos tratos por parte de su
ex marido y el asesinato, especialmente cruel, que fue el aldabonazo: "Me
has desprestigiado al decir que te he maltratado y yo respondo quitándote la
vida". Aquello dio paso a que las asociaciones de mujeres, aliadas con los
medios, pusieran sobre el tapete la violencia doméstica y la ineficacia
judicial, que no respondía a cuestiones como ésa. Las mujeres denunciaban, pero
no tenían protección. Los jueces respondíamos con los instrumentos legales que
teníamos, pero no disponíamos ni de los medios ni de las leyes adecuadas. Se
inició un proceso de reflexión muy importante, espoleado por la sociedad civil,
por las asociaciones de mujeres. Es entonces cuando empieza a cuajar el término
de violencia de género, que es una categoría que designa que la causa última es
la desigualdad. Hemos vivido en poco tiempo una evolución muy rápida en la que
se han fortalecido los derechos de las mujeres.
¿Le
tocó a usted algún caso como el de Ana Orantes? ¿Tuvo alguna mujer que denunció
y luego fue asesinada? Afortunadamente, no. Sí que tuve casos de mujeres que
habían recibido golpes tremendos. Eso sí.
¿Alguno
de los casos le impactó de manera especial? Recuerdo el de una mujer que
denunció a su marido porque la había amenazado con un hacha. Debido a que el
hecho se calificó como falta leve, no estaba el fiscal. Así que allí estaba la
denunciante sola frente a mí mientras que el denunciado estaba con su abogado.
La sensación de debilidad de aquella mujer era tremenda.
¿Sintió
desde el primer momento esa empatía con las víctimas? Hay incluso mujeres a las
que les cuesta entenderlas. Yo he conocido a muchas mujeres que han soportado
los malos tratos en silencio. Hay muchas en el ámbito rural y todavía siguen la
consigna de que hay que aguantar, una consigna que se ha transmitido
generacionalmente y que afortunadamente ya se está rompiendo. Me sorprende que
haya quien se sorprenda de que existan perdones, renuncias y retractaciones.
Son la consecuencia de esa vinculación de dependencia emocional y económica con
el agresor. ¿Cómo evitarlo? Hay que fortalecer a la mujer. No renuncia o se
retracta por capricho. Para cuando llega al juzgado ya se lo han pensado muchas
veces. El problema es que en muchas ocasiones sopesa los pros y los contras y
ve que hay más contras que pros para denunciar. La dependencia emocional y
psicológica nos impide actuar de manera más rotunda contra este tipo de
violencia.
Sobre
la dependencia económica tiene usted una jugosa anécdota protagonizada por el alcalde
de un pueblo. Sí. Fue tremendo. Era una reunión en la que las mujeres habían
preparado un café y unos bollos. De casualidad, el alcalde se enteró de que
estaba ahí la juez y vino con el jefe de la Guardia Civil del pueblo. Se
incorporó a la hora de la merienda. Y entonces se llevó la mano a la cartera y
nos dijo: "Está muy bien todo lo que digáis, pero mientras que uno tenga
esto aquí, es el que manda". Fue frustrante.
¿Cuál
fue la reacción de las mujeres? Menos mal que para entonces sólo quedaban cuatro
o cinco en la reunión. Pensé que si lo hubiera dicho en público, toda mi charla
se habría quedado en nada, porque en buena parte es cierto lo que él decía.
Todas aquellas mujeres eran amas de casa que oían hablar de derechos y
libertades, pero no tenían libertad económica para emprender una nueva vida.
Usted
ha hecho mucho proselitismo entre sus compañeros de carrera. Me parece
fundamental. Dentro de los cursos que he dirigido en formación de jueces he
dedicado una tarde para que entren en contacto con mujeres de centros de
acogida. Porque tan importante es conocer la ley como la realidad que se
maneja. Que los jueces puedan hablar con las mujeres que están recluidas -sí,
recluidas para garantizar su seguridad- y que ellas les cuenten lo que esperan de
la justicia y lo que realmente tienen es importante. También lo es que los
jueces les cuenten los instrumentos de que disponen y por qué actúan como lo
hacen. Es bueno que cada uno dé su visión para mejorar la respuesta de la
justicia.
¿Lo
hacía usted como coordinadora de la Comisión de Violencia de Género de Jueces
para la Democracia? Lo he hecho siempre que he tenido la oportunidad.
Uno de
los cambios sociales que hemos conocido ha sido el de las estadísticas. Ahora
al menos conocemos la magnitud del problema. Sólo en España, 400 denuncias al
día. Se calcula que hay 500.000 víctimas al año y que la mayoría no denuncia.
Eso quiere decir que durante esta hora de conversación entre usted y yo 87
mujeres están siendo maltratadas. Tenemos que analizar por qué persiste la
violencia a pesar de los esfuerzos. Estamos en una década decisiva para
implantar la igualdad entre hombres y mujeres y reducir la violencia sobre la
mujer. Es una década muy decisiva porque tenemos la Ley Integral de Violencia
de Género y la Ley de Igualdad. La primera, de 2004; la segunda, de 2007, y, si
bien ya se ha logrado que el sistema judicial esté dando una respuesta
aceptable, también es cierto que tenemos que terminar de implantar todos los
recursos. Además, hay que insistir en la educación. Es el factor clave para
avanzar en la igualdad y disminuir la violencia. Pero hay agentes socializantes
muy importantes que siguen transmitiendo los antiguos mensajes discriminatorios
que sitúan a las mujeres en segundo lugar. No sé qué tiene más incidencia, si
la familia, si los medios de comunicación, si el ámbito académico o el propio
lenguaje, pero lo que sé es que todos siguen transmitiendo los mensajes
antiguos.
Son
especialmente sangrantes en este sentido los vídeos musicales, que otorgan
papeles bien distintos a hombres y mujeres. Y pongámonos a pensar en las
telenovelas que vienen de otros países que no han avanzado tanto hacia la
igualdad como la sociedad española. Tenemos que actuar sobre estos agentes para
que se comprometan con los valores que las leyes transmiten. Sólo así se
conseguirá romper esa transmisión de valores antiguos que siguen actuando sobre
nuestros hijos y nuestras hijas, adjudicándoles a ellas el papel de solícitas,
amables, cuidadosas y atentas, y a los niños, el papel de decisores.
¿Y
frente a todo ello no cree que hay una cierta pasividad social? Creo que hay
que aumentar la actitud crítica, que no podemos bajar la guardia, que hay que
detectar esos mensajes y actuar con la ley para evitarlos.
Un
claro ejemplo de pasividad es la prostitución. Sabemos que hay mercado de
esclavas en el siglo XXI, sabemos lo que hay en los clubes de carretera, pero
pasamos de largo. Hay una permisividad escandalosa. Sí. El 80% de las mujeres
que ejercen la prostitución son especialmente vulnerables. Son mujeres
inmigrantes, sin dinero, sin redes sociales, sin redes familiares…
Hay que abordar este tema con medidas de apoyo para que estas mujeres puedan
salir de esa
situación. Hay que potenciar el instrumento de la ley de extranjería de que
aquellas que colaboren en desarticular las mafias y bandas organizadas consigan
su permiso de residencia en España y hay que ayudarlas para que se incorporen
al mercado de trabajo. Obviamente hay que actuar contra esas mafias que dan
cobertura a esta esclavitud.
En el
año 2009, el Ministerio de Igualdad se va a gastar cuatro millones de euros
para las víctimas y tres para la reeducación de los maltratadores. Suena un
poco injusto, la verdad. Hay que poner en marcha los programas de
rehabilitación de los condenados porque es uno de los fines de la pena en las
sociedades civilizadas y también porque hay que proteger a las víctimas. Está
comprobado que en este tipo de violencia se reproduce el patrón con nuevas
parejas. Hay que intervenir con el condenado para evitar que produzca nuevas
lesiones a sus nuevas parejas. Es un mandato legal que, lamentablemente, no
está aún extendido en todo el territorio.
Vemos
cada día sentencias de alejamiento incumplidas, pulseras GPS que fallan y
reincidencias inquietantes. ¿Está la justicia desbordada con este asunto? No
tengo esa impresión, lo que pasa es que el sistema se está adaptando a las
necesidades. Es muy difícil controlar y asegurar que no se vayan a producir
nuevos actos violentos contra una mujer. Los poderes públicos tienen la
obligación de poner todos los medios para que eso no se produzca y que cuando
suceda se analicen los fallos. La violencia sobre la mujer está en la agenda
pública y la agenda política porque es un problema de derechos humanos.
¿Ha sido
un gran avance establecer los juzgados de violencia de género? Han dado buen
resultado porque han favorecido la coordinación entre policía, hospital y
asistentes sociales y porque han mejorado la respuesta judicial. Con la
especialización hay un examen de los equipos psicosociales. Se analiza a la
víctima y al agresor y se evalúa el riesgo. Los juzgados exclusivos están dando
una respuesta razonable que, no obstante, se puede mejorar. El proyecto es
extender los juzgados exclusivos aunque alguno cubra varios partidos judiciales
siempre que el acceso por el nivel de las comunicaciones sea fácil para las
mujeres.
En los
juzgados no especializados hay más absoluciones en casos de maltrato que en los
juzgados de violencia de género. ¿Por qué es así? Porque los jueces y fiscales
de los juzgados especializados ya conocen las características específicas de
este tipo de violencia. Saben que no suele haber testigos y que necesitan una
recogida de pruebas más importante, por ejemplo. La especialización garantiza un
mejor conocimiento del problema.
La
gente joven no suele estar muy concienciada de este problema. ¿Habla usted de
este asunto con su hija de 18 años y sus amigas? Mi marido y yo hablamos mucho
con nuestros hijos. Ellos siempre me han visto muy activista y hablamos de
estas cuestiones con frecuencia. Cuando hemos visto que la menor, de 13 años,
seguía una telenovela de contenidos no deseables le hemos explicado por qué no
debía hacerlo y lo ha entendido. Mis hijos están muy sensibilizados. Si
trabajamos en la igualdad es porque queremos un futuro mejor y más justo para
las nuevas generaciones, y a los niños hay que implicarlos en estas cosas.
¿Para
qué sirve el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género? Para
intentar mejorar la respuesta judicial. Realizamos estadísticas que nos
permiten hacer un diagnóstico del funcionamiento de nuestros juzgados, pero
también analizamos las sentencias. Un estudio nos demostró que los jurados
aplican en porcentajes muy bajos los atenuantes de drogadicción, consumo de
alcohol o alteración mental. Esa actitud corroboraba lo que los expertos venían
diciendo: la causa de la muerte no es la bebida ni el alcohol ni un trastorno
mental transitorio. Y eso que en juicios con jurado las defensas suelen llevar
peritos muy potentes que intentan acreditar que su defendido estaba enajenado.
Ahora estamos analizando las sentencias en aplicación ya de la Ley de Violencia
de Género. Veremos qué respuesta se está dando y qué mejoras podemos proponer
al Parlamento.
De modo
que la observación conlleva iniciativas. Sí. Gracias al observatorio tenemos
datos que antes no existían. Queremos perfeccionar nuestros análisis y proponer
mejoras. Una propuesta nuestra es que los jueces que estén interesados en
cubrir plazas en juzgados exclusivos hagan un curso específico sobre violencia
sobre la mujer. Otra cuestión es la implantación de juzgados penales
especializados, que nos parece fundamental [los actuales tratan también asuntos
civiles]. En el ámbito no judicial colaboramos con los ministerios de Igualdad
y de Justicia, con el Colegio de Abogados, la Fiscalía y asociaciones de
mujeres.
¿De qué
medios personales y materiales dispone el observatorio? Contamos con dos
vocales más dentro del Consejo General del Poder Judicial, la letrada Paloma
Marín y dos funcionarias. Eso es todo. Nos reunimos con el resto de
instituciones que también forman parte del observatorio, como los ministerios
de Justicia y de Igualdad. Disponemos, claro está, de los servicios comunes del
consejo, como los de inspección o estadística.
¿Por
qué están tan enfadados los jueces? Las protestas denotan el desaliento ante la
carencia de medios materiales y personales. Seguimos enmarañados con papeles en
unas oficinas anticuadas mientras la gente espera nuestras decisiones. Los
jueces no tenemos competencias para decidir el personal, el equipo de trabajo o
qué sistema informático utilizar y, sin embargo, parece que somos responsables
de todo.
Usted
propuso las alertas informáticas, que habrían avisado a Tirado no sólo de que
su orden de ingreso en prisión no se había ejecutado, sino también de que el
presunto asesino de la niña Mari Luz tenía pendiente otra condena por abusos
sexuales. Sí, yo propuse las alertas informáticas para que, por ejemplo, cuando
salga de prisión un penado se avise inmediatamente a la víctima. Cada autonomía
ha desarrollado sistemas informáticos incompatibles entre sí. En el ámbito de
la justicia no se ha puesto en marcha la oficina judicial moderna que
reclamamos desde hace años. Creo que los jueces quieren dar una respuesta
rápida y ven que no es posible. Es una situación muy frustrante.
Una juez en las casas de acogida
Inmaculada
Montalbán empezó a trabajar en un juzgado llamado entonces de distrito (ya
inexistentes), en Torrevieja (Alicante), en 1984, en el que se llevaban asuntos
pequeños de poca cuantía y juicios de faltas.
El
ascenso a magistrada le llegó en 1988. Fue enviada a la Audiencia Provincial de
Valencia, donde tenía que tratar asuntos complicados de gran envergadura. Esa
experiencia la forjó en el ámbito penal, del que se sigue valiendo como juez y
al que volvió después de ocho años en lo contencioso-administrativo.
Como
directora de formación de jueces en el Consejo General del Poder Judicial en
Andalucía llevaba a sus compañeros de carrera a las casas de acogida de mujeres
maltratadas para que conocieran de cerca el problema.
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