Lesbofobia en España


Abajo cuelgo dos notas de prensa más que noticias (por la brevedad) sobre la primera lesbiana española que ha pedido una indemnización por ser represaliada durante el franquismo.

Primero me da una pena tremenda imaginarme lo que tuvo que pasar la pobre con 16 o 17 años. Segundo me da un repeluco horroroso que 30 0 40 años después de ser represaliada esta mujer no pueda decir abiertamente que es lesbiana. Está dando entrevistas de forma anónima y, aunque respeto su derecho a la intimidad, la escritora que lleva dentro elucubra sobre su edad y motivos para no salir del armario. ¿Su familia sabe que es lesbiana pero no quiere avergonzarla? ¿se avergüenzan ell@s de ella o es lesbofobia internalizada? ¿estará en una residencia de ancianos y no quiere salir del armario para que no le escupan en la papilla? ¿o simplemente no quiere ser la cara visible de las lesbianas represaliadas por el franquismo, esas que siempre se ha dicho que no existían y de las que poco a poco vamos sabiendo algo?

Tercero, toma derechos LGBT, toma visibilidad lésbica y toma “aquí se vive en la gloria, tienes que salir de EEUU y encontrar una butch española, María”. ¿? Tengo un amigo que está empeñadísimo y pesadísimo con que Nueva York me mata. A mí lo que me mataría sería esa hipocresía de tener derechos LGBT (poder casarnos) pero luego no poder decir en la calle que eres lesbiana porque sigue habiendo muchísima lesbofobia (como botón de muestra, algunos de los comentarios que han dejado l@s lectores de El País, que cada 2 x 3 en la tele se hable del lesbianismo de Encarna Sánchez o el chou de la cabra Benito que se traen con la Pantoja y Chelo García Cortés).

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Primera lesbiana que pide indemnización por la represión franquista

© Emilio de Benito, El País

-          La mujer fue condenada a “reeducación” con 17 años

M. C. D. fue condenada a una pena de entre cuatro meses y tres años de “reeducación” en 1974. Tenía 17 años, y la causa de su sentencia fue que era lesbiana. Un peligro social. Cumplió cuatro meses de internamiento en la prisión de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

La Asociación de ex Presos Sociales ha informado de que por fin, ayer, 15 de octubre, M. C. D. ha presentado la denuncia correspondiente para ser indemnizada por aquella represión. Es la primera vez que una mujer reclama este derecho, que fue aprobado el 23 de diciembre de 2009. Desde entonces ha habido hombres gais y mujeres transexuales que han pedido ser resarcidos por los años de cárcel o internamiento en sanatorios mentales, pero no había habido mujeres lesbianas.

 “Esperamos que esto sirva de ejemplo para que otras mujeres, siendo lesbianas que hayan sufrido encarcelamiento, persecución o internamiento en manicomios, sigan el ejemplo de esta compañera para conseguir de alguna forma, restituir la dignidad que les fue robada”, ha dicho el presidente de la asociación, Antoni Ruiz, en una nota.

Gais, lesbianas y transexuales sufrieron, con diferente rigor durante el franquismo, primero la ley de vagos y maleantes y, luego, la de peligrosidad social. Los artículos que se les aplicaban de esta última estuvieron en vigor hasta 1979, cuatro años después de la muerte del dictador. Incluso hubo algún caso en que se les aplicó en plena Transición. Tampoco fueron beneficiados por el indulto de 1975 ni la amnistía de 1976.

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“Declaro que M. C. D. es una homosexual rebelde a su familia”
© El Pais


-          La primera lesbiana que pide una indemnización después de ser represaliada por el franquismo fue condenada sin que su defensor alegara nada

La vida le ha dado “un segundo palo”, y por eso M. C. D., la primera lesbiana de las represaliadas durante el franquismo que ha pedido una indemnización, entiende que para ella es casi un deber moral atender a los medios de comunicación. Pero lo hace a disgusto y con limitaciones: ni su nombre ni su lugar de residencia deben ser hechos públicos. No es solo por las secuelas de aquel proceso, en el que una niña de 16 años fue detenida, puesta en libertad condicional y juzgada ya con 17 por ser lesbiana. También le influye en la ciudad en la que vive, de la que se niega a dar ningún tipo de detalle, las cosas no le están siendo fáciles a ella y su pareja. La homofobia no está extinguida, ni mucho menos comenta Antoni Ruiz, presidente de la Asociación de ex Presos Sociales, que es quien ha asesorado a M. C. D. para que reclame.

La mujer cuenta la historia de una manera abreviada y a regañadientes. “No me acuerdo ni dónde estaba cuando me detuvieron. Vino un grupo de policías de paisano, y ya está. He pasado toda mi vida intentado olvidarlo, superar la psicosis que aquello me produjo”. Tampoco sabe por qué lo hicieron. Si alguien la denunció o si su comportamiento levantó las sospechas de las autoridades. Solo sabe que entones tenía “17 años, edad en la que aún no te has definido como adulto”, y que fue sometida “durante meses a un interrogatorio”, dice “que no comprendes”.

En una especie de comunicado que lee con voz entrecortada, M. C. D. recuerda la dureza de un tiempo en que ser reconocido como gay, lesbiana o transexual era un peligro. Como ejemplo, recuerda a que, de su círculo, “dos personas recibieron electrochoques” como forma de tratar su desviación. Y ellos no se llevaron la peor parte. Otros tres, “un estudiante, un profesor de instituto que era uno de mis mejores amigos y un bombero, se suicidaron”. “Si cada uno conocemos a cinco personas [que sufrieron estos procesos], imagínese lo que era aquello”.

La sentencia del juez “de Instrucción y de Peligrosidad y Rehabilitación Social” de su provincia da algunas pistas. Apenas dos folios bastan para ejemplificar la homofobia de la época y para intentar arruinar una vida. M. C. D., “hija de una honrada familia”, presenta una “una clara orientación homosexual teniendo relaciones impúdicas con otra joven a la que domina, persigue y atrae” (Una víctima de la pervertida). Pero, además, es “una persona rebelde a sus familiares a los que desobedece y amenaza” cuando “intentan corregirla y educarla”.

Ambos delitos (ser lesbiana y DESobedecer a la familia) están en el mismo nivel para un sistema en el que la mayoría de edad estaba lejana (era a los 21), y en la que ese concepto se aplicaba a las mujeres a regañadientes.

Por eso, el juez lo tiene claro: M. C. D. “Es una homosexual, rebelde a su familia, que se encuentra en estado peligroso”. Por eso le puede aplicar la ley de Peligrosidad Social de 1970, y la condena a “internamiento en un establecimiento de reeducación por un tiempo no inferior a cuatro meses ni superior a tres años”. También le prohíbe “visitar salas de fiestas y establecimientos públicos donde se ingieran bebidas alcohólicas durante dos años”.

El abogado defensor, por cierto, no tuvo nada que alegar.

A M. C. D. el recuerdo le duele. Pero consigue sacar la ironía para hablar de su reeducación. “Era una cárcel normal [la prisión de Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real, donde pasó cuatro meses], y no había reeducación ninguna. Bueno, sí, hacíamos cositas, manualidades de punto, costura y cuero. Por cierto que nos las pagaban muy mal, así que alguien debió de forrarse con nuestro trabajo”, dice.

Que aquel intento reeducador fue un fracaso es una obviedad. Aunque alguno de los conocidos de M. C. D. intentó librarse de la presión casándose, no es su caso. La Comisión de Indemnizaciones a Ex-Presos Sociales, órgano colegiado adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, al que corresponde la resolución de las solicitudes de indemnización, tendrá que decidir ahora la resolución de la petición.

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