Lesbofobia en España
Abajo cuelgo dos
notas de prensa más que noticias (por la brevedad) sobre la primera lesbiana española
que ha pedido una indemnización por ser represaliada durante el franquismo.
Primero me da una
pena tremenda imaginarme lo que tuvo que pasar la pobre con 16 o 17 años. Segundo me da un repeluco
horroroso que 30 0 40 años después de ser represaliada esta mujer no pueda
decir abiertamente que es lesbiana. Está dando entrevistas de forma anónima y,
aunque respeto su derecho a la intimidad, la escritora que lleva dentro elucubra
sobre su edad y motivos para no salir del armario. ¿Su familia sabe que es lesbiana
pero no quiere avergonzarla? ¿se avergüenzan ell@s de ella o es lesbofobia
internalizada? ¿estará en una residencia de ancianos y no quiere salir del
armario para que no le escupan en la papilla? ¿o simplemente no quiere ser la
cara visible de las lesbianas represaliadas por el franquismo, esas que siempre
se ha dicho que no existían y de las que poco a poco vamos sabiendo algo?
Tercero, toma derechos
LGBT, toma visibilidad lésbica y toma “aquí se vive en la gloria, tienes que
salir de EEUU y encontrar una butch española, María”. ¿? Tengo un amigo que está
empeñadísimo y pesadísimo con que Nueva York me mata. A mí lo que me mataría sería
esa hipocresía de tener derechos LGBT (poder casarnos) pero luego no poder
decir en la calle que eres lesbiana porque sigue habiendo muchísima lesbofobia
(como botón de muestra, algunos de los comentarios que han dejado l@s lectores de
El País, que cada 2 x 3 en la tele se hable del lesbianismo de Encarna Sánchez
o el chou de la cabra Benito que se traen con la Pantoja y Chelo García Cortés).
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Primera lesbiana que pide indemnización por la represión franquista
© Emilio de Benito,
El País
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La mujer fue condenada a “reeducación” con 17 años
M. C. D. fue
condenada a una pena de entre cuatro meses y tres años de “reeducación” en
1974. Tenía 17 años, y la causa de su sentencia fue que era lesbiana. Un
peligro social. Cumplió cuatro meses de internamiento en la prisión de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real).
La Asociación de
ex Presos Sociales ha informado de que por fin, ayer, 15 de octubre, M. C. D.
ha presentado la denuncia correspondiente para ser indemnizada por aquella
represión. Es la primera vez que una mujer reclama este derecho, que fue
aprobado el 23 de diciembre de 2009. Desde entonces ha habido hombres gais y
mujeres transexuales que han pedido ser resarcidos por los años de cárcel o
internamiento en sanatorios mentales, pero no había habido mujeres lesbianas.
“Esperamos que esto sirva de ejemplo para que
otras mujeres, siendo lesbianas que hayan sufrido encarcelamiento, persecución
o internamiento en manicomios, sigan el ejemplo de esta compañera para
conseguir de alguna forma, restituir la dignidad que les fue robada”, ha dicho
el presidente de la asociación, Antoni Ruiz, en una nota.
Gais, lesbianas y
transexuales sufrieron, con diferente rigor durante el franquismo, primero la
ley de vagos y maleantes y, luego, la de peligrosidad social. Los artículos que
se les aplicaban de esta última estuvieron en vigor hasta 1979, cuatro años
después de la muerte del dictador. Incluso hubo algún caso en que se les aplicó
en plena Transición. Tampoco fueron beneficiados por el indulto de 1975 ni la
amnistía de 1976.
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“Declaro que M. C. D. es una homosexual rebelde a su familia”
© El Pais
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La primera lesbiana que pide una indemnización después de ser
represaliada por el franquismo fue condenada sin que su defensor alegara nada
La vida le ha dado
“un segundo palo”, y por eso M. C. D., la primera lesbiana de las represaliadas
durante el franquismo que ha pedido una indemnización, entiende que para ella
es casi un deber moral atender a los medios de comunicación. Pero lo hace a
disgusto y con limitaciones: ni su nombre ni su lugar de residencia deben ser
hechos públicos. No es solo por las secuelas de aquel proceso, en el que una
niña de 16 años fue detenida, puesta en libertad condicional y juzgada ya con
17 por ser lesbiana. También le influye en la ciudad en la que vive, de la que
se niega a dar ningún tipo de detalle, las cosas no le están siendo fáciles a
ella y su pareja. La homofobia no está extinguida, ni mucho menos comenta
Antoni Ruiz, presidente de la Asociación de ex Presos Sociales, que es quien ha
asesorado a M. C. D. para que reclame.
La mujer cuenta la
historia de una manera abreviada y a regañadientes. “No me acuerdo ni dónde
estaba cuando me detuvieron. Vino un grupo de policías de paisano, y ya está.
He pasado toda mi vida intentado olvidarlo, superar la psicosis que aquello me
produjo”. Tampoco sabe por qué lo hicieron. Si alguien la denunció o si su
comportamiento levantó las sospechas de las autoridades. Solo sabe que entones
tenía “17 años, edad en la que aún no te has definido como adulto”, y que fue
sometida “durante meses a un interrogatorio”, dice “que no comprendes”.
En una especie de
comunicado que lee con voz entrecortada, M. C. D. recuerda la dureza de un
tiempo en que ser reconocido como gay, lesbiana o transexual era un peligro.
Como ejemplo, recuerda a que, de su círculo, “dos personas recibieron
electrochoques” como forma de tratar su desviación. Y ellos no se llevaron la
peor parte. Otros tres, “un estudiante, un profesor de instituto que era uno de
mis mejores amigos y un bombero, se suicidaron”. “Si cada uno conocemos a cinco
personas [que sufrieron estos procesos], imagínese lo que era aquello”.
La sentencia del
juez “de Instrucción y de Peligrosidad y Rehabilitación Social” de su provincia
da algunas pistas. Apenas dos folios bastan para ejemplificar la homofobia de
la época y para intentar arruinar una vida. M. C. D., “hija de una honrada
familia”, presenta una “una clara orientación homosexual teniendo relaciones impúdicas
con otra joven a la que domina, persigue y atrae” (Una víctima de la
pervertida). Pero, además, es “una persona rebelde a sus familiares a los que
desobedece y amenaza” cuando “intentan corregirla y educarla”.
Ambos delitos (ser
lesbiana y DESobedecer a la familia) están en el mismo nivel para un sistema en
el que la mayoría de edad estaba lejana (era a los 21), y en la que ese
concepto se aplicaba a las mujeres a regañadientes.
Por eso, el juez
lo tiene claro: M. C. D. “Es una homosexual, rebelde a su familia, que se
encuentra en estado peligroso”. Por eso le puede aplicar la ley de Peligrosidad
Social de 1970, y la condena a “internamiento en un establecimiento de
reeducación por un tiempo no inferior a cuatro meses ni superior a tres años”.
También le prohíbe “visitar salas de fiestas y establecimientos públicos donde
se ingieran bebidas alcohólicas durante dos años”.
El abogado
defensor, por cierto, no tuvo nada que alegar.
A M. C. D. el
recuerdo le duele. Pero consigue sacar la ironía para hablar de su reeducación.
“Era una cárcel normal [la prisión de Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad
Real, donde pasó cuatro meses], y no había reeducación ninguna. Bueno, sí,
hacíamos cositas, manualidades de punto, costura y cuero. Por cierto que nos
las pagaban muy mal, así que alguien debió de forrarse con nuestro trabajo”,
dice.
Que aquel intento
reeducador fue un fracaso es una obviedad. Aunque alguno de los conocidos de M.
C. D. intentó librarse de la presión casándose, no es su caso. La Comisión de
Indemnizaciones a Ex-Presos Sociales, órgano colegiado adscrito al Ministerio
de Economía y Hacienda, al que corresponde la resolución de las solicitudes de
indemnización, tendrá que decidir ahora la resolución de la petición.
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