Estigma y discriminación de las trabajadoras sexuales en Argentina
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copiado tal cual del "Estudio sobre estigma y discriminación en los
servicios de salud a las mujeres trabajadoras sexuales en América Latina y el
Caribe ARGENTINA Informe de País Sub-región Cono Sur" de la Asociación de Mujeres Meretrices de la
Argentina en Acción por sus Derechos (AMMAR)
El
presente documento muestra los resultados cuantitativos del proyecto regional
del Fondo Mundial liderado por la REDTRASEX en los países de América Latina y
el Caribe. El trabajo de campo se realizó durante el mes de junio de 2013 con encuestadoras
trabajadoras sexuales capacitadas que realizaron una encuesta no-probabilística
aplicada por conveniencia a trabajadoras sexuales activas. Los resultados se
focalizan en la calidad de atención y la existencia o no de discriminación en
los servicios de salud hacia las mujeres trabajadoras sexuales en Argentina.
Introducción
Datos
socio-demográficos
En
Argentina se encuestaron a 66 mujeres trabajadoras sexuales (TS) en actividad
que, en cuanto a sus edades, se dividen aproximadamente en tercios en los tres
segmentos agrupados: 37,9% tiene entre 21 y 30 años, 31,8% de 31 a 40 y 28,8%
más de 40 años (este último porcentaje supera al promedio de la Región de TS de
dicha edad, que es 19,6%). Un tercio de las encuestadas (34,8%) son migrantes,
siendo Argentina la que presenta el porcentaje más amplio en la Región de
trabajadoras sexuales extranjeras (el promedio regional es 11,8%). La mayoría
de estas TS migrantes provienen de Paraguay y República Dominicana.
En
términos de educación formal, las encuestadas en Argentina presentan niveles
comparativamente altos frente a los promedios regionales: sólo un 10,6% no
concluyó la primaria –y 1,5% nunca asistió a la escuela-, mientras que en la
Región en promedio un 19,6% no asistió a la primaria. En Argentina, el 12,1% de
las encuestadas tiene escuela secundaria
completa y el 12,1% ha accedido al nivel superior (siendo el promedio regional
6,1%).
Nueve
de cada diez (92,4%) de las trabajadoras sexuales encuestadas tiene hijos, pero
sólo seis de cada diez (63,6%) del total de las encuestadas tiene hijos a su
cargo.
En
Argentina, el 60,6% vive con hijos/as y el 30,3% con su pareja. Sólo el 15,2%
vive sola, y es muy baja la proporción de quienes viven con su madre (7,6%),
padre (6,1%) y/o hermanos/as (6,1%).
En
cuanto al tiempo que hace que se dedican al trabajo sexual, cuatro de cada diez
encuestadas (39,4%) en Argentina lo realizan hace entre 3 y 6 años. Una tercera
parte del total de encuestadas (34,8%) lo realizan hace más de 9 años. Sólo una
cuarta parte de estas trabajadoras sexuales (27,3%) tiene otro trabajo o
actividad por la que recibe dinero.
Estatus
legal del TS en el país
Argentina
se definió abolicionista en el año 1951. Esto significa que el país prohíbe la
explotación ajena sin penalizar el ejercicio independiente. El sistema
abolicionista reconoce la existencia de la prostitución pero pugna por su
desaparición sancionando el proxenetismo o la administración del trabajo sexual
ajeno. En este marco, el trabajo sexual no se encuentra reconocido como un
trabajo ni cuenta con ninguno de los deberes y derechos que involucran al resto
de las y los trabajadores. La Constitución Nacional no prohíbe el trabajo
sexual y establece que sus habitantes no sean obligados a “hacer lo que no
manda la ley, ni privado(s) de lo que ella no prohíbe” (artículo 19). Además,
garantiza principios de igualdad para toda la ciudadanía (artículo 16), protege
el derecho al trabajo en todas sus formas (artículos 14 y 14bis) y el derecho a
la salud.
El
artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional incorpora diez tratados
internacionales que adquirieron rango constitucional a partir de 1994. El
derecho a la salud se encuentra garantizado mediante el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este tratado establece que todas
las personas tienen derecho “al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental" y el Estado debe velar por su garantía y protección.
Argentina también es uno de los países firmantes y ratificantes del Protocolo
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños y la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional (ambos aprobados mediante la Ley 25.632/2002).
A pesar
del carácter abolicionista que tiene la Nación Argentina, las provincias que la
componen poseen su propia normativa que interpreta en forma singular el marco
legislativo nacional. A esto se suma una aplicación del marco legal que a
menudo penaliza u obstaculiza el ejercicio autónomo del trabajo sexual, por
ejemplo, los Códigos Contravencionales y de Faltas. Estos códigos regulan
conductas que, a pesar de no encontrarse sancionadas en la normativa nacional,
son consideradas faltas o contravenciones por las Legislaturas locales. Estos códigos
usan tipos penales abiertos y figuras de autor (una persona particular, un
autor particular y no cualquiera). En consecuencia, no terminan sólo
sancionando una contravención sino que algunos se dirigen específicamente a una
persona o un grupo de personas.
El
proxenetismo se encuentra penalizado por el Código Penal de la Argentina, la
Ley 26.364 (o Ley de Trata) y la Ley 12.331 de Profilaxis. Los artículos 126 y
127 del Código Penal Nacional establecen penas de entre tres y diez años a
proxenetas que promuevan, faciliten o exploten la prostitución. Además, los
artículos 125 y 125bis penalizan la promoción de la corrupción y la
prostitución de menores y la corrupción de menores pero no atañen al trabajo
sexual autónomo ya que se trata de personas menores de 18 años para las cuales
no se considera consentimiento. La Ley 26.364 o Ley de Prevención y Sanción de
la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas entiende por “trata de mayores
la captación, el transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia
el exterior-, la acogida o la recepción de personas mayores de DIECIOCHO (18)
años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de
autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos
o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta” (Artículo 2).
Asimismo,
diferencia la trata con la explotación definiéndola como aquella en la que se
mantienen alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando se redujere o
mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere
a prácticas análogas; b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o
servicios forzados; c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se
obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual” (artículo 4). También
establece derechos para las víctimas y disposiciones penales y procesales para
quienes cometieran delitos de trata o explotación. En menores de 18 años
siempre que hay explotación hay trata. En todos los casos “el asentimiento de
la víctima de trata de personas menores de DIECIOCHO (18) años no tendrá efecto
alguno” (artículo 3).
Según
percepciones de TS organizadas, no se encuentra suficientemente esclarecida la
diferencia legal entre personas que ejercen el trabajo sexual por voluntad
propia y personas en situación de esclavitud. Las confusiones entre el ejercicio
autónomo del trabajo sexual, la trata y la explotación tanto como las interpretaciones
abusivas de estos términos constituyeron obstáculos para el trabajo sexual
autónomo impidiendo el ejercicio del derecho al trabajo, a la salud, a la
igualdad y a la no discriminación que se encuentran consagrados en la
Constitución Nacional Argentina.
La Ley
12.331 de Profilaxis, sancionada en el año 1936, también penaliza el establecimiento
de locales para el ejercicio del trabajo sexual. De acuerdo a esta ley se
prohíbe expresamente las “casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se
incite a ella” (artículo 15). Asimismo, se disponen multas para quienes
“sostengan, administren o regenteen, ostensibles o encubiertamente casas de
tolerancia” y se penaliza la “reincidencia” con condenas de entre uno y tres
años (artículo 17). La sanción de la Ley de Profilaxis fue ambigua en relación
a la legalidad de la prostitución. La clausura y prohibición de burdeles, además,
incrementó el trabajo sexual en el espacio público. En este contexto, comenzaron
a sancionarse normativas provinciales y municipales penalizando el trabajo
sexual en los Códigos Contravencionales, en especial, en secciones de faltas a
la decencia o la moralidad en las figuras de prostitución escandalosa y
prostitución peligrosa.
Sistema
de salud
Argentina
es un país federal compuesto por 24 provincias, que se extienden a lo largo de
2.780.400 km² de extensión. El país cuenta con más de 40 millones de
habitantes, de los cuales el 51,3 por ciento son mujeres y un 48,7por ciento
son varones (INDEC, 2010).
La
Argentina cuenta con sistema público de salud en el marco del cual la salud
constituye un derecho cuyo acceso es universal. La cantidad de personas que se
atienden en el sistema público está cerca del 38%, siendo poco más del 50% las
personas que acceden a la cobertura sanitaria a través de obras sociales
pertenecientes al sistema laboral. La cantidad de personas viviendo con VIH es
de 110.000, se estima que 4 de cada 1.000 jóvenes y adultos viven con VIH y el
40 por ciento de ellos lo desconoce. El 90% de las nuevas infecciones se deben
a relaciones sexuales desprotegidas. Entre los años 2001 y 2010 la cantidad de mujeres
viviendo con VIH era de 22.134. Entre los años 2009 y 2011 se sumaron 4.662
(Ministerio de Salud-DSyETS, 2012).
Durante
los últimos quince años se produjo una meseta en las curvas de incidencia,
prevalencia y mortalidad. La mortalidad alcanzó un pico máximo en 1996 y
comenzó a descender hasta estabilizarse en 2005. En el año 2010 la tasa de
mortalidad se ubicó en un 3,3 por 100 mil y actualmente continúa siendo de 4 de
cada 100 mil habitantes (Ministerio de Salud-DSyETS, 2012). Estudios realizados
por la Dirección Nacional de Sida y ETS indicaron que las dificultades para
mejorar el amesetamiento se deben a “diagnósticos tardíos, a obstáculos en la
adherencia a los tratamientos y a problemas en la accesibilidad a los servicios
de salud” (Ministerio de Salud- DSyETS, 2012).
La
tasas de prevalencia entre adultos en el año 2012 se distribuyeron entre un 12%
en la población de hombres que tienen sexo con otros hombres, un 7% en la
población de usuarios y usuarias de drogas, un 34% entre la población de
personas trans y un 2% la población de mujeres que realizan trabajo sexual.
Según
el estudio Saberes y estrategias de las mujeres trabajadoras sexuales ante el
VIH/sida y otras ITS (Ubatec, 2008), poco más de la mitad de las trabajadoras
sexuales (51%) se encontraban por encima de la línea de pobreza, mientras que
un tercio se encontraba entre la línea de indigencia y la línea de pobreza y el
15% por debajo de la línea de indigencia. Más del 50% de las trabajadoras
sexuales eran migrantes internas o externas (21% de otros países y el 30% de
diversas provincias). Las migrantes externas provenían en su totalidad de
países de América Latina y el Caribe Hispano (principalmente de República Dominicana
y Paraguay, dato que coincide con el del presente estudio).
Situación
de salud
Ocho de
cada diez trabajadoras sexuales encuestadas en Argentina (81,8%) hacen uso del
sistema público de salud como su principal cobertura; sin embargo, un 12,1%
recurre a la atención particular con el consecuente gasto de bolsillo (un
porcentaje sensiblemente superior al promedio regional, de 7,5%).
Prácticamente
la totalidad (97%) de las trabajadoras sexuales encuestadas en Argentina
recurrió a un consultorio de salud al menos una vez en el último año, siendo
las principales razones porque quiso voluntariamente hacerse un control de su
salud (82,8%, mientras que el promedio regional es 70,6%), para hacerse
análisis de sangre u otros análisis (71,9%) y por cuestiones relacionadas al
VIH o al sida (42,2%) y/o por consultas relacionadas con ITS, como la infección
por HPV, sífilis u otras (26,6%).
En
relación a la salud sexual y reproductiva, en el último año el 94,5% de quienes
han realizado una consulta lo han hecho por controles ginecológicos (siendo el
promedio regional 82,6%), mientras que por embarazo o parto sólo consultó un
7,3% (cuando el promedio regional es 14,9%).
Una de
cada cuatro encuestada s (25,8%) afirma haber necesitado ayuda psicológica en
el último año.
Por
otra parte, ante una preocupación de salud un 66,7% toma medicamentos por su
cuenta, un 62,1% va a una farmacia, un 56,1% se las arreglas sola y sólo un
57,6% busca ayuda en un servicio de salud o a un médico (este último porcentaje
resulta sensiblemente inferior al promedio regional, que es de 74,9%). También
cabe subrayar que más de la mitad (51,5%) espera que se le pase el problema (el
promedio regional de esta actitud es de 30,1%).
Para la
mitad de las encuestadas (52,5%) su última consulta médica no ginecológica fue
hace más de un mes pero menos de un año (el 8,2% hace más de tres años que no
realiza una consulta médica no ginecológica). Tres cuartas partes (75%)
realizaron esta consulta en un hospital o consultorio público, y un 11,7% en un
servicio o consultorio específico para trabajadoras sexuales.
En
cuanto a su última consulta médica en salud reproductiva, seis de cada diez
encuestadas (57,8%) fue hace más de un mes pero menos de un año (el 10,9% hace
más de tres años que no realiza este tipo de consulta). El 71,4% realizó esta
consulta en un hospital o consultorio público, un 14,3% en el consultorio
particular del médico/a (un promedio alto, considerando que el de la Región es
5,4%) y un 11,7% en un servicio o consultorio específico para trabajadoras
sexuales. En cuanto a los motivos de esta consulta, un 65,1% fue por controles
ginecológicos, 11,1% para conseguir anticonceptivos o colocar o revisar DIU, y
un porcentaje significativo lo hizo por interrupción del embarazo o
complicaciones del embarazo: 11,1% de las trabajadoras sexuales encuestadas en
Argentina (siendo el promedio regional 3,4%).
Calidad
de atención a las trabajadoras sexuales
En
cuanto a la última consulta médica (no ginecológica), el 96,4% de las trabajadoras
sexuales encuestadas en Argentina señaló que la trataron con respeto, el 89,1%
que la escucharon con atención y el 78,2% que le respondieron sus dudas, pero
sólo a la mitad (49,1%) le preguntaron si tenía alguna duda.
En su
última consulta médica ginecológica y de salud reproductiva, casi la totalidad
sintió que la trataron con respeto (98,3%) y la escucharon con atención (95%),
pero sólo a la mitad (51,7%) le preguntaron si tenía alguna duda y a una
tercera parte (36,7%) le brindaron o le ofrecieron apoyo emocional (cuando el
promedio regional al respecto es 53,8%).
Estigma
y Discriminación
En
cuanto al estigma y las experiencias de discriminación en los servicios de
salud por el hecho de ser trabajadoras sexuales, seis de cada diez encuestadas
en Argentina tuvo dificultades para ir al hospital o servicio de salud porque
los horarios se superponían con el trabajo (63,3%, mientras que el promedio
regional es 36,5%), y alrededor de la mitad se atendió lejos de donde vive para
que en su barrio o su casa, no supieran que es TS (55%) y/o se atendió lejos de
donde realiza su actividad como TS para evitar que lo sepan en el servicio.
Prácticamente la mitad (48,3%) no quiso ir al hospital o servicio de salud para
no tener que dar explicaciones sobre su actividad
En
cuanto a situaciones de discriminación en los servicios de salud por ser trabajadoras
sexuales, la mitad (48,5%) de las encuestadas afirmó que nunca ha sentido
discriminación, mientras que un 36,4% indicó que a veces. Respecto al hecho de
haber sido discriminada en el servicio de salud por otras razones (raza,
apariencia, orientación sexual, VIH etc.), sólo un 7,6% de las trabajadoras
sexuales encuestadas en Argentina dijo haberse sentido discriminada (mientras
que el promedio regional es 19,9%).
Prueba
de VIH
Entre
las trabajadoras sexuales encuestadas en Argentina el 89,4% se ha hecho la
prueba de VIH alguna vez; si bien en términos absolutos es un porcentaje alto,
resulta el más bajo de toda la Región. De este grupo, poco más de la mitad
(50,8%) se lo hizo hace más de un mes pero menos de un año, y el 41% hace más
de un año (siendo el porcentaje más alto en la Región que hace tanto tiempo se
realizó el test). Sólo el 55,7% recibió una consejería pre-test (el promedio
regional es 71,5%), y un 50,8% recibió consejería post-test (el promedio
regional es 64,7%).
Uso
de preservativos
El 97%
de las encuestadas indica utilizar preservativo en el trabajo sexual. En cuanto
a en qué lugar lo obtienen, los principales son a través de organizaciones de
trabajadoras sexuales (63,6%) y de otras trabajadoras sexuales (54,5%). Sólo el
33,3% los obtiene en centros de salud u hospitales (cuando el promedio regional
es 59,6%).
Participación
en organizaciones y/o redes de trabajadoras sexuales
La
mitad (50%) de las encuestadas en Argentina participa en alguna organización o
red de trabajadoras sexuales, siendo ligeramente superior al promedio de
participación de las encuestadas de la Subregión Cono Sur (46,7%).
Conclusiones
Para
concluir este informe, queremos subrayar algunos datos relativos a las
trabajadoras sexuales encuestadas en Argentina, que pueden resultar insumos
valiosos para diseñar e instrumentar políticas públicas.
En
cuanto al perfil de las mismas, un tercio (34,8%) son migrantes, en su mayoría
de Paraguay y República Dominicana, siendo Argentina el país de la Región que presenta
el porcentaje más amplio de trabajadoras sexuales extranjeras (el promedio
regional es 11,8%) y en términos de educación formal, las encuestadas en Argentina
presentan niveles comparativamente altos frente a los restantes países de la
Región. A su vez, sólo una cuarta parte de estas trabajadoras sexuales (27,3%)
tiene otro trabajo o actividad por la que recibe dinero.
Ante
una preocupación de salud, un alto porcentaje no recurre al sistema de salud:
un 66,7% toma medicamentos por su cuenta, un 62,1% va a una farmacia, un 56,1%
se las arreglas sola y más de la mitad (51,5%) espera que se le pase el
problema (el promedio regional de esta actitud es de 30,1%). Sólo un 57,6%
busca ayuda en un servicio de salud o a un médico, un porcentaje resulta
sensiblemente inferior al promedio regional, que es de 74,9%.
En
cuanto a su última consulta médica en salud reproductiva, un porcentaje
significativo lo hizo por interrupción del embarazo o complicaciones del embarazo:
11,1% de las trabajadoras sexuales en Argentina (siendo el promedio regional
3,4%). A su vez, cabe destacar que el 10,9% de las encuestadas hace más de tres
años que no realiza este tipo de consulta.
En
cuanto al estigma y las experiencias de discriminación en los servicios de
salud por el hecho de ser trabajadoras sexuales, seis de cada diez encuestadas
en Argentina tuvo dificultades para ir al hospital o servicio de salud porque
los horarios se superponían con el trabajo (63,3%, mientras que el promedio
regional es 36,5%).
Si bien
entre las trabajadoras sexuales encuestadas en Argentina el 89,4% se ha hecho
la prueba de VIH alguna vez, resulta el porcentaje más bajo de toda la Región.
A este dato preocupante en términos comparativos, se debe agregar que sólo el
55,7% recibió una consejería pre-test (el promedio regional es 71,5%), y un
50,8% recibió consejería post-test (el promedio regional es 64,7%).
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