Honduras: Desprotección de activistas, periodistas y abogados en el Bajo Aguán
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copiado tal cual del informe “Aquí no hay investigaciones. Impunidad de
homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras" de Human Rights
Watch
Varios
líderes activistas y miembros de organizaciones campesinas del Bajo Aguán
dijeron a Human Rights Watch que habían sido objeto de hostigamiento o amenazas
como resultado del trabajo que llevan adelante. En muchos de estos casos, según
contaron estas personas, no denunciaron el hostigamiento porque no confiaban en
los investigadores policiales, especialmente los del Bajo Aguán, o porque
sospechaban que funcionarios locales podían estar involucrados o trabajar para
los terratenientes. Sin embargo, en otros casos las personas denunciaron los
actos de hostigamiento, expresaron un temor creíble a sufrir ataques e
intentaron obtener protección del gobierno hondureño o la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Cuando
estas personas solicitaron ayuda, el gobierno hondureño falló rutinariamente en
brindar medidas de protección adecuadas. En dos casos, que se describen a
continuación, la Comisión Interamericana solicitó que el gobierno hondureño
brindara protección a personas en riesgo, pero éste no adoptó tales medidas y las
personas fueron asesinadas. En un tercer caso, que también se describe más
adelante, un abogado de derechos humanos que denunció ante el gobierno haber
recibido amenazas reiteradas y a quien le habían indicado que recibiría
protección, fue abatido a disparos afuera de una iglesia, sin que en ese
momento contara con ningún tipo de protección.
Honduras
informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2012
que el gobierno había creado “una unidad de investigación especial” y un “Plan Nacional
de Protección” dedicados a crímenes contra periodistas, defensores de derechos humanos,
y otros grupos vulnerables. En 2013, el gobierno presentó ante al Congreso una
iniciativa de “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos,
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, pero no ha sido
aprobada. Honduras cuenta con una ley de protección a testigos, que otorga
protección a “[c]ualquier persona que disponga de información necesaria para el
esclarecimiento de un caso penal y cuya participación o posible participación
en el Proceso Penal represente un riesgo para si u otra persona”. Sin embargo,
Juan Fraño, delegado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Tocoa,
dijo con respecto a la capacidad del gobierno de brindar protección a
activistas que enfrentan amenazas: “En verdad no hay un programa de protección.
Puedes conseguir que una patrulla de policía vaya a la vivienda de alguien, pero
solamente por uno o dos días”.
Tras el
homicidio en septiembre de 2012 del abogado Antonio Trejo, que llevaba algunas causas
vinculadas con el conflicto por la tierra en el Bajo Aguán, y el posterior
homicidio de un fiscal especial de derechos humanos del departamento de
Choluteca, Eduardo Manuel Díaz Mazariegos, la Relatora Especial de la ONU sobre
la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, alertó
sobre el “clima inaceptable de inseguridad y violencia para los defensores” en
Honduras. Señaló asimismo: “Es imperativo que el Gobierno establezca un
programa nacional de protección de defensores de derechos humanos lo antes
posible”. Hasta al momento, no se ha implementado un programa de esta
naturaleza.
Estas
advertencias encontraron eco en la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos Navi Pillay, quien manifestó que el homicidio del abogado
de derechos humanos y la posterior muerte del fiscal “no son casos aislados” y
que eran “emblemáticos de la ‘inseguridad crónica’ que enfrentan abogados,
periodistas y otros defensores de derechos humanos en el país”.
Homicidio
del abogado Antonio Trejo, 22 de septiembre de 2012
El
abogado Antonio Trejo, de 41 años, había iniciado y ganado tres causas
judiciales en las cuales se asignaron terrenos con plantaciones de palma para
la producción de aceite al Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán
(MARCA) en junio de 2012. Durante varios años, Trejo reconoció públicamente que
creía poder convertirse en víctima de homicidio debido su labor en el Bajo
Aguán, según señalaron activistas de derechos humanos que trabajaban con él en
Tegucigalpa.
El 23
de septiembre de 2012, cerca de las 9:15 p.m., Trejo fue interceptado en
Tegucigalpa al salir de una iglesia donde se estaba celebrando una boda para
responder una llamada telefónica. Recibió múltiples disparos, y finalmente
falleció en el Hospital Escuela de Tegucigalpa poco después de las 10 p.m.,
según informó la prensa.
Tres
días después de la muerte de Trejo, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos
Ana Pineda difundió un comunicado a los medios de comunicación en el cual
expresó su repudio ante el homicidio de Trejo. Pineda reconoció que en un
momento Trejo había manifestado que temía por su vida, si bien no indicó
cuándo. Pineda también aseveró que el gobierno otorgó “medidas especiales de
seguridad” a favor de Trejo. No especificó qué institución debía otorgar tales medidas,
ni en qué consistían. Un día después, un vocero de la Secretaría de Seguridad,
el ministerio gubernamental a cargo de la seguridad pública y la policía,
indicó a periodistas que no sabía si Trejo había recibido protección policial.
Trejo
había recibido amenazas de muerte en varias oportunidades durante junio de
2011, según indica un informe publicado por varias organizaciones no
gubernamentales internacionales y nacionales que efectuaron una misión de
investigación en el Bajo Aguán en 2011. El documento señala que Trejo presentó
una denuncia formal por las amenazas ante las autoridades nacionales de la
Dirección General de Investigación Criminal (DGIC). A su vez, miembros de
MARCA, la organización a la cual Trejo representó en varias causas, habían
obtenido medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana en septiembre
de 2011. La decisión de la CIDH de otorgar “medidas cautelares” implica que ésta
considera que la persona está expuesta a un riesgo grave de perjuicio y el
gobierno debe realizar acciones inmediatas para protegerla.
La
medida se dictó tras el homicidio de un miembro de la organización y, en
palabras de la Comisión, en “el contexto de persecución a los miembros de
MARCA”. La Comisión dispuso que el gobierno hondureño garantizara protección a
ocho de los miembros del grupo. El 28 de septiembre de 2012, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos condenó el homicidio de Trejo y señaló que
“había recibido reiteradas amenazas de muerte y había denunciado esa situación
ante las autoridades”.
El 1 de
octubre de 2012, tres relatores especiales de la ONU —la relatora sobre los defensores
de derechos humanos, Margaret Sekaggya; el relator sobre las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, Christof Heyns; y el relator para la libertad de expresión,
Frank La Rue— condenaron la muerte de Trejo como “inaceptable”. Sekaggya indicó
que durante su visita oficial a Honduras en febrero de 2012 tuvo oportunidad de
reunirse con Trejo. “Durante la reunión”, indicó la relatora, Trejo “informó
que había recibido repetidas amenazas de muerte como consecuencia de sus actividades”.
Navi
Pillay, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
dijo en relación con la muerte de Trejo y del fiscal de derechos humanos
Eduardo Manuel Díaz Mazariegos, asesinado días después en la ciudad de
Choluteca: "Lamentablemente, estos abominables asesinatos no son casos
aislados. Existe un clima amenazante de inseguridad y violencia en Honduras, y
los defensores de derechos humanos son blanco de amenazas, intimidación, agresiones
físicas y asesinatos. La impunidad ante estas violaciones es inaceptable.
Cuando los responsables saben que es muy probable que se salgan con las suyas,
no hay nada que disuada de asesinar otros destacados defensores de derechos
humanos".
Pillay
añadió: “Es esencial que las personas que cometen estos crímenes sean
llevad[a]s a la justicia”.
Al
momento de la redacción del presente documento, ninguna persona había sido
acusada en relación con el homicidio de Trejo, que aún está siendo investigado.
Homicidio
del activista Secundino Ruiz, 20 de agosto de 2011
El 13
de junio de 2011, Secundino Ruiz, jefe del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino
del Aguán (MARCA), un movimiento que reclama tierras, junto con otros siete miembros
de esa organización, pidieron al Comité para la Defensa de Derechos Humanos (CODEH),
una organización de derechos humanos independiente, que prestara ayuda para “obtener
seguridad y medidas de protección para preservar [sus] vidas”. En la solicitud,
los peticionarios hicieron referencia a la muerte de miembros de la
organización en el Bajo Aguán como fundamento para sus temores.
El 6 de
julio de 2011, el CODEH solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
la “adopción de inmediatas y urgentes medidas cautelares” en beneficio de los miembros.
Como se señaló anteriormente, el 8 de septiembre de 2011 la Comisión
Interamericana otorgó medidas cautelares a ocho miembros de MARCA, la
organización a la cual pertenecía Ruiz, e hizo referencia al hecho de que Ruiz
había sido asesinado el 20 de agosto de 2011. Uno de esos miembros de MARCA
dijo a Human Rights Watch en febrero de 2013, más de un año después de la
decisión de la CIDH, que nunca había recibido protección del gobierno
hondureño.
En la
mañana del 20 de agosto de 2011, un hombre armado disparó y asesinó a Secundino
Ruiz, de 44 años, e hirió a Eliseo Pavón, quien entonces era tesorero de MARCA.
La agresión armada se produjo en Tocoa mientras regresaban a la oficina de la
organización luego de haber estado en un banco y llevaban consigo 195.000
lempiras hondureñas (aproximadamente US$ 10.000) para pagar sueldos, que fueron
robadas.
Dos
hombres encapuchados detuvieron la motocicleta negra en la cual circulaban
junto al automóvil de Ruiz y dispararon con armas cortas, según señaló un
testigo entrevistado por Human Rights Watch. Ruiz, que en ese momento conducía,
perdió el control del vehículo y murió al recibir un disparo en el cuello,
antes de poder ser llevado a un hospital. Pavón recibió un impacto de bala en
el brazo pero logró sobrevivir al ataque. La agresión armada se produjo a pocas
cuadras de la principal dependencia policial de Tocoa.
La
policía en Tocoa declaró rápidamente a los medios de comunicación que el
homicidio de Ruiz no guardaba relación con el conflicto por las tierras, a
pesar de que la investigación recién se había iniciado y no se había
identificado a presuntos responsables. Personas vinculadas a la organización y
familiares afirman que Ruiz había estado trabajando para intentar acabar con la
corrupción que existía entre algunos miembros del movimiento campesino al cual
pertenecía, un dato que complica aún más el esclarecimiento de quiénes mataron
a Ruiz y por qué motivo.
Nueve
meses después del homicidio, la investigación aún se encontraba en su etapa “preparatoria”,
según se indica en un informe del Ministerio Público. Al momento de la redacción
de este documento, ninguna persona ha sido imputada en la causa.
Homicidio
del periodista Nahúm Palacios, 14 de marzo de 2010
Luego
de que el Presidente Manuel Zelaya fuera depuesto el 28 de junio de 2009, Nahúm
Palacios, de 34 años —un periodista que trabajaba en el canal 5 de televisión
en Tocoa— presentó una serie de informes contra el golpe de Estado. En
respuesta, su vivienda fue allanada por policías y soldados, que confiscaron
sus equipos de transmisión y en un momento apuntaron con armas a los hijos de
Nahúm, según surge del relato de su padre, José Palacios, de 65 años, y de
información publicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
José
Palacios dijo a Human Rights Watch que su hijo le contó que fue detenido por
soldados y obligado a permanecer boca abajo en un patio durante un día entero.
Según contó su padre, lo amenazaron de muerte para que no volviera a hablar de
golpe de Estado. El 24 de julio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos instó a Honduras a brindar “medidas cautelares… para asegurar la vida e
integridad personal” de Nahúm.
El 14
de marzo de 2010, dos hombres armados dispararon contra Nahúm y su novia, la ginecóloga
Yorleny Sánchez, de 30 años, frente a la vivienda de éste en Tocoa. Nahúm había
visitado la vivienda de su padre en Trujillo con Sánchez cerca de las 7:30 p.m.
Según trascendió en la prensa, se dirigían de regreso al domicilio de Nahúm en Toco
cuando aproximadamente a las 10:30 p.m. hombres armados dispararon contra el vehículo
de Nahum. Éste falleció en el acto, mientras que Sánchez murió en un hospital de
San Pedro Sula tras dos semanas de agonía.
Conforme
señalaron su padre y el Comité para la Protección de los Periodistas, además de
repudiar el golpe, Nahúm había apoyado a organizaciones campesinas que reclaman
tierras. Tres días antes de su muerte, contó a su padre que lo habían llamado y
le habían preguntado: “¿Cuánto te pagaron los campesinos para decir eso? Si no
mueres a causa de la política, por meterte en ese asunto de los campesinos,
morirás”.
En
respuesta al homicidio de Nahúm, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
señaló que había solicitado al estado hondureño que “adoptara las medidas
necesarias para proteger su vida y su integridad personal” pero que
lamentablemente “estas medidas no fueron implementadas”.
La
investigación sobre la muerte de Nahúm se encuadra en un patrón de omisiones y negligencia.
La policía no recabó evidencias ni tomó fotografías de la escena del crimen, y recién
se practicó una autopsia del cuerpo tres meses después de su muerte.
En los
tres años transcurridos desde el doble homicidio, no hubo una investigación
seria de los hechos. Si bien técnicamente la investigación continúa en curso,
su padre indicó que no ha tenido novedades de los investigadores durante más de
dos años.
Acusaciones
del Ejército ponen en riesgo a activista, 12 de diciembre de 2013
En
diciembre de 2013, un coronel del Ejército hondureño aseveró que el trabajo
realizado por Annie Bird, codirectora de la organización no gubernamental
Rights Action, con sede en Estados Unidos, procuraba desestabilizar la región
del Bajo Aguán.
El
Coronel Germán Alfaro Escalante, comandante de la Operación Xatruch III, una
fuerza de tarea conjunta integrada por policías y militares en la provincia de
Colón, que comprende el Bajo Aguán, acusó públicamente a Bird de desestabilizar
la zona al “cuestionar el procedimiento de la justicia hondureña” y realizar
señalamientos falsos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. Las
acusaciones se publicaron el 12 de diciembre de 2013 en el periódico La
Tribuna, que citó declaraciones de Alfaro en las cuales indicaba: “Estamos en un
proceso investigativo de una denuncia sobre una supuesta norteamericana de
nombre Annie Bird, quien anda haciendo algunas labores de desestabilización
aquí en el sector del Aguán, ya que se está reuniendo con algunos dirigentes de
grupos campesinos”. Según informó La Tribuna, Alfaro indicó que Bird había
presionado a campesinos de la región para que se rebelaran contra las fuerzas
de seguridad.
Las
declaraciones de Alfaro fueron reproducidas por diversos medios nacionales, simultáneamente
con la difusión de fotografías de Bird. Un artículo sobre los señalamientos del
coronel, que se publicó en Internet, ha recibido comentarios de lectores en los
cuales se profirieron amenazas de muerte contra Bird.
Desde
hace 12 años, Bird trabaja en la cobertura informativa de la situación de
derechos humanos en Honduras, y ha escrito varios informes sobre el país para
Rights Action. Según manifestó, consideraba que las declaraciones de Alfaro se
debían a que estaba documentando abusos que habrían sido cometidos
recientemente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado,
especialmente en la semana previa a que el coronel expresara públicamente las
acusaciones. El 11 de diciembre, Bird acompañó a un grupo de residentes locales
hasta la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para denunciar abusos que
supuestamente estos habían sufrido a manos de miembros de la fuerza de tarea
Xatruch, destinada formalmente al mantenimiento de la seguridad en la región.
El 10 de diciembre había ofrecido una entrevista a una estación de radio local,
en la cual explicó que trabajaba en la documentación de abusos, que luego
informaba a organismos internacionales.
Bird
indicó a Human Rights Watch que tras los comentarios de Alfaro se siente
amenazada y teme regresar a Honduras luego del incidente, especialmente debido
a que su fotografía ha sido difundida ampliamente.
Los
señalamientos del coronel Alfaro contra Bird fueron precedidos por un
comunicado difundido el 18 de febrero de 2013 por la fuerza de tarea Xatruch,
que contenía acusaciones similares. En el comunicado se acusó a conocidos
líderes campesinos, entre ellos Yoni Rivas y Vitalino Álvarez, de llevar
adelante una “campaña de desinformación bien concebida” con el propósito de
“denigrar” al equipo de tarea mediante acusaciones falsas que “deterioran la imagen
de la nación hondureña”. La fuerza de tarea instó a la “laboriosa población en
general del departamento de Colón” a organizarse contra un “sector minoritario”
que, según se afirmó, provocaba inestabilidad e irrespeto a la ley. (La
declaración se produjo luego de que organizaciones campesinas denunciaran una campaña
de violencia en su contra, en el marco de los continuos conflictos por
tierras).
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