Honduras: Desprotección de activistas, periodistas y abogados en el Bajo Aguán

* * copiado tal cual del informe “Aquí no hay investigaciones. Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras" de Human Rights Watch

Varios líderes activistas y miembros de organizaciones campesinas del Bajo Aguán dijeron a Human Rights Watch que habían sido objeto de hostigamiento o amenazas como resultado del trabajo que llevan adelante. En muchos de estos casos, según contaron estas personas, no denunciaron el hostigamiento porque no confiaban en los investigadores policiales, especialmente los del Bajo Aguán, o porque sospechaban que funcionarios locales podían estar involucrados o trabajar para los terratenientes. Sin embargo, en otros casos las personas denunciaron los actos de hostigamiento, expresaron un temor creíble a sufrir ataques e intentaron obtener protección del gobierno hondureño o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cuando estas personas solicitaron ayuda, el gobierno hondureño falló rutinariamente en brindar medidas de protección adecuadas. En dos casos, que se describen a continuación, la Comisión Interamericana solicitó que el gobierno hondureño brindara protección a personas en riesgo, pero éste no adoptó tales medidas y las personas fueron asesinadas. En un tercer caso, que también se describe más adelante, un abogado de derechos humanos que denunció ante el gobierno haber recibido amenazas reiteradas y a quien le habían indicado que recibiría protección, fue abatido a disparos afuera de una iglesia, sin que en ese momento contara con ningún tipo de protección.

Honduras informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2012 que el gobierno había creado “una unidad de investigación especial” y un “Plan Nacional de Protección” dedicados a crímenes contra periodistas, defensores de derechos humanos, y otros grupos vulnerables. En 2013, el gobierno presentó ante al Congreso una iniciativa de “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, pero no ha sido aprobada. Honduras cuenta con una ley de protección a testigos, que otorga protección a “[c]ualquier persona que disponga de información necesaria para el esclarecimiento de un caso penal y cuya participación o posible participación en el Proceso Penal represente un riesgo para si u otra persona”. Sin embargo, Juan Fraño, delegado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Tocoa, dijo con respecto a la capacidad del gobierno de brindar protección a activistas que enfrentan amenazas: “En verdad no hay un programa de protección. Puedes conseguir que una patrulla de policía vaya a la vivienda de alguien, pero solamente por uno o dos días”.

Tras el homicidio en septiembre de 2012 del abogado Antonio Trejo, que llevaba algunas causas vinculadas con el conflicto por la tierra en el Bajo Aguán, y el posterior homicidio de un fiscal especial de derechos humanos del departamento de Choluteca, Eduardo Manuel Díaz Mazariegos, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, alertó sobre el “clima inaceptable de inseguridad y violencia para los defensores” en Honduras. Señaló asimismo: “Es imperativo que el Gobierno establezca un programa nacional de protección de defensores de derechos humanos lo antes posible”. Hasta al momento, no se ha implementado un programa de esta naturaleza.

Estas advertencias encontraron eco en la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navi Pillay, quien manifestó que el homicidio del abogado de derechos humanos y la posterior muerte del fiscal “no son casos aislados” y que eran “emblemáticos de la ‘inseguridad crónica’ que enfrentan abogados, periodistas y otros defensores de derechos humanos en el país”.

Homicidio del abogado Antonio Trejo, 22 de septiembre de 2012

El abogado Antonio Trejo, de 41 años, había iniciado y ganado tres causas judiciales en las cuales se asignaron terrenos con plantaciones de palma para la producción de aceite al Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) en junio de 2012. Durante varios años, Trejo reconoció públicamente que creía poder convertirse en víctima de homicidio debido su labor en el Bajo Aguán, según señalaron activistas de derechos humanos que trabajaban con él en Tegucigalpa.

El 23 de septiembre de 2012, cerca de las 9:15 p.m., Trejo fue interceptado en Tegucigalpa al salir de una iglesia donde se estaba celebrando una boda para responder una llamada telefónica. Recibió múltiples disparos, y finalmente falleció en el Hospital Escuela de Tegucigalpa poco después de las 10 p.m., según informó la prensa.

Tres días después de la muerte de Trejo, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Pineda difundió un comunicado a los medios de comunicación en el cual expresó su repudio ante el homicidio de Trejo. Pineda reconoció que en un momento Trejo había manifestado que temía por su vida, si bien no indicó cuándo. Pineda también aseveró que el gobierno otorgó “medidas especiales de seguridad” a favor de Trejo. No especificó qué institución debía otorgar tales medidas, ni en qué consistían. Un día después, un vocero de la Secretaría de Seguridad, el ministerio gubernamental a cargo de la seguridad pública y la policía, indicó a periodistas que no sabía si Trejo había recibido protección policial.

Trejo había recibido amenazas de muerte en varias oportunidades durante junio de 2011, según indica un informe publicado por varias organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales que efectuaron una misión de investigación en el Bajo Aguán en 2011. El documento señala que Trejo presentó una denuncia formal por las amenazas ante las autoridades nacionales de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC). A su vez, miembros de MARCA, la organización a la cual Trejo representó en varias causas, habían obtenido medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana en septiembre de 2011. La decisión de la CIDH de otorgar “medidas cautelares” implica que ésta considera que la persona está expuesta a un riesgo grave de perjuicio y el gobierno debe realizar acciones inmediatas para protegerla.

La medida se dictó tras el homicidio de un miembro de la organización y, en palabras de la Comisión, en “el contexto de persecución a los miembros de MARCA”. La Comisión dispuso que el gobierno hondureño garantizara protección a ocho de los miembros del grupo. El 28 de septiembre de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el homicidio de Trejo y señaló que “había recibido reiteradas amenazas de muerte y había denunciado esa situación ante las autoridades”.

El 1 de octubre de 2012, tres relatores especiales de la ONU —la relatora sobre los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya; el relator sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns; y el relator para la libertad de expresión, Frank La Rue— condenaron la muerte de Trejo como “inaceptable”. Sekaggya indicó que durante su visita oficial a Honduras en febrero de 2012 tuvo oportunidad de reunirse con Trejo. “Durante la reunión”, indicó la relatora, Trejo “informó que había recibido repetidas amenazas de muerte como consecuencia de sus actividades”.

Navi Pillay, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo en relación con la muerte de Trejo y del fiscal de derechos humanos Eduardo Manuel Díaz Mazariegos, asesinado días después en la ciudad de Choluteca: "Lamentablemente, estos abominables asesinatos no son casos aislados. Existe un clima amenazante de inseguridad y violencia en Honduras, y los defensores de derechos humanos son blanco de amenazas, intimidación, agresiones físicas y asesinatos. La impunidad ante estas violaciones es inaceptable. Cuando los responsables saben que es muy probable que se salgan con las suyas, no hay nada que disuada de asesinar otros destacados defensores de derechos humanos".

Pillay añadió: “Es esencial que las personas que cometen estos crímenes sean llevad[a]s a la justicia”.

Al momento de la redacción del presente documento, ninguna persona había sido acusada en relación con el homicidio de Trejo, que aún está siendo investigado.

Homicidio del activista Secundino Ruiz, 20 de agosto de 2011

El 13 de junio de 2011, Secundino Ruiz, jefe del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), un movimiento que reclama tierras, junto con otros siete miembros de esa organización, pidieron al Comité para la Defensa de Derechos Humanos (CODEH), una organización de derechos humanos independiente, que prestara ayuda para “obtener seguridad y medidas de protección para preservar [sus] vidas”. En la solicitud, los peticionarios hicieron referencia a la muerte de miembros de la organización en el Bajo Aguán como fundamento para sus temores.

El 6 de julio de 2011, el CODEH solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la “adopción de inmediatas y urgentes medidas cautelares” en beneficio de los miembros. Como se señaló anteriormente, el 8 de septiembre de 2011 la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a ocho miembros de MARCA, la organización a la cual pertenecía Ruiz, e hizo referencia al hecho de que Ruiz había sido asesinado el 20 de agosto de 2011. Uno de esos miembros de MARCA dijo a Human Rights Watch en febrero de 2013, más de un año después de la decisión de la CIDH, que nunca había recibido protección del gobierno hondureño.

En la mañana del 20 de agosto de 2011, un hombre armado disparó y asesinó a Secundino Ruiz, de 44 años, e hirió a Eliseo Pavón, quien entonces era tesorero de MARCA. La agresión armada se produjo en Tocoa mientras regresaban a la oficina de la organización luego de haber estado en un banco y llevaban consigo 195.000 lempiras hondureñas (aproximadamente US$ 10.000) para pagar sueldos, que fueron robadas.

Dos hombres encapuchados detuvieron la motocicleta negra en la cual circulaban junto al automóvil de Ruiz y dispararon con armas cortas, según señaló un testigo entrevistado por Human Rights Watch. Ruiz, que en ese momento conducía, perdió el control del vehículo y murió al recibir un disparo en el cuello, antes de poder ser llevado a un hospital. Pavón recibió un impacto de bala en el brazo pero logró sobrevivir al ataque. La agresión armada se produjo a pocas cuadras de la principal dependencia policial de Tocoa.

La policía en Tocoa declaró rápidamente a los medios de comunicación que el homicidio de Ruiz no guardaba relación con el conflicto por las tierras, a pesar de que la investigación recién se había iniciado y no se había identificado a presuntos responsables. Personas vinculadas a la organización y familiares afirman que Ruiz había estado trabajando para intentar acabar con la corrupción que existía entre algunos miembros del movimiento campesino al cual pertenecía, un dato que complica aún más el esclarecimiento de quiénes mataron a Ruiz y por qué motivo.

Nueve meses después del homicidio, la investigación aún se encontraba en su etapa “preparatoria”, según se indica en un informe del Ministerio Público. Al momento de la redacción de este documento, ninguna persona ha sido imputada en la causa.

Homicidio del periodista Nahúm Palacios, 14 de marzo de 2010

Luego de que el Presidente Manuel Zelaya fuera depuesto el 28 de junio de 2009, Nahúm Palacios, de 34 años —un periodista que trabajaba en el canal 5 de televisión en Tocoa— presentó una serie de informes contra el golpe de Estado. En respuesta, su vivienda fue allanada por policías y soldados, que confiscaron sus equipos de transmisión y en un momento apuntaron con armas a los hijos de Nahúm, según surge del relato de su padre, José Palacios, de 65 años, y de información publicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

José Palacios dijo a Human Rights Watch que su hijo le contó que fue detenido por soldados y obligado a permanecer boca abajo en un patio durante un día entero. Según contó su padre, lo amenazaron de muerte para que no volviera a hablar de golpe de Estado. El 24 de julio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a Honduras a brindar “medidas cautelares… para asegurar la vida e integridad personal” de Nahúm.

El 14 de marzo de 2010, dos hombres armados dispararon contra Nahúm y su novia, la ginecóloga Yorleny Sánchez, de 30 años, frente a la vivienda de éste en Tocoa. Nahúm había visitado la vivienda de su padre en Trujillo con Sánchez cerca de las 7:30 p.m. Según trascendió en la prensa, se dirigían de regreso al domicilio de Nahúm en Toco cuando aproximadamente a las 10:30 p.m. hombres armados dispararon contra el vehículo de Nahum. Éste falleció en el acto, mientras que Sánchez murió en un hospital de San Pedro Sula tras dos semanas de agonía.

Conforme señalaron su padre y el Comité para la Protección de los Periodistas, además de repudiar el golpe, Nahúm había apoyado a organizaciones campesinas que reclaman tierras. Tres días antes de su muerte, contó a su padre que lo habían llamado y le habían preguntado: “¿Cuánto te pagaron los campesinos para decir eso? Si no mueres a causa de la política, por meterte en ese asunto de los campesinos, morirás”.

En respuesta al homicidio de Nahúm, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que había solicitado al estado hondureño que “adoptara las medidas necesarias para proteger su vida y su integridad personal” pero que lamentablemente “estas medidas no fueron implementadas”.

La investigación sobre la muerte de Nahúm se encuadra en un patrón de omisiones y negligencia. La policía no recabó evidencias ni tomó fotografías de la escena del crimen, y recién se practicó una autopsia del cuerpo tres meses después de su muerte.

En los tres años transcurridos desde el doble homicidio, no hubo una investigación seria de los hechos. Si bien técnicamente la investigación continúa en curso, su padre indicó que no ha tenido novedades de los investigadores durante más de dos años.

Acusaciones del Ejército ponen en riesgo a activista, 12 de diciembre de 2013

En diciembre de 2013, un coronel del Ejército hondureño aseveró que el trabajo realizado por Annie Bird, codirectora de la organización no gubernamental Rights Action, con sede en Estados Unidos, procuraba desestabilizar la región del Bajo Aguán.

El Coronel Germán Alfaro Escalante, comandante de la Operación Xatruch III, una fuerza de tarea conjunta integrada por policías y militares en la provincia de Colón, que comprende el Bajo Aguán, acusó públicamente a Bird de desestabilizar la zona al “cuestionar el procedimiento de la justicia hondureña” y realizar señalamientos falsos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. Las acusaciones se publicaron el 12 de diciembre de 2013 en el periódico La Tribuna, que citó declaraciones de Alfaro en las cuales indicaba: “Estamos en un proceso investigativo de una denuncia sobre una supuesta norteamericana de nombre Annie Bird, quien anda haciendo algunas labores de desestabilización aquí en el sector del Aguán, ya que se está reuniendo con algunos dirigentes de grupos campesinos”. Según informó La Tribuna, Alfaro indicó que Bird había presionado a campesinos de la región para que se rebelaran contra las fuerzas de seguridad.

Las declaraciones de Alfaro fueron reproducidas por diversos medios nacionales, simultáneamente con la difusión de fotografías de Bird. Un artículo sobre los señalamientos del coronel, que se publicó en Internet, ha recibido comentarios de lectores en los cuales se profirieron amenazas de muerte contra Bird.

Desde hace 12 años, Bird trabaja en la cobertura informativa de la situación de derechos humanos en Honduras, y ha escrito varios informes sobre el país para Rights Action. Según manifestó, consideraba que las declaraciones de Alfaro se debían a que estaba documentando abusos que habrían sido cometidos recientemente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente en la semana previa a que el coronel expresara públicamente las acusaciones. El 11 de diciembre, Bird acompañó a un grupo de residentes locales hasta la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para denunciar abusos que supuestamente estos habían sufrido a manos de miembros de la fuerza de tarea Xatruch, destinada formalmente al mantenimiento de la seguridad en la región. El 10 de diciembre había ofrecido una entrevista a una estación de radio local, en la cual explicó que trabajaba en la documentación de abusos, que luego informaba a organismos internacionales.

Bird indicó a Human Rights Watch que tras los comentarios de Alfaro se siente amenazada y teme regresar a Honduras luego del incidente, especialmente debido a que su fotografía ha sido difundida ampliamente.


Los señalamientos del coronel Alfaro contra Bird fueron precedidos por un comunicado difundido el 18 de febrero de 2013 por la fuerza de tarea Xatruch, que contenía acusaciones similares. En el comunicado se acusó a conocidos líderes campesinos, entre ellos Yoni Rivas y Vitalino Álvarez, de llevar adelante una “campaña de desinformación bien concebida” con el propósito de “denigrar” al equipo de tarea mediante acusaciones falsas que “deterioran la imagen de la nación hondureña”. La fuerza de tarea instó a la “laboriosa población en general del departamento de Colón” a organizarse contra un “sector minoritario” que, según se afirmó, provocaba inestabilidad e irrespeto a la ley. (La declaración se produjo luego de que organizaciones campesinas denunciaran una campaña de violencia en su contra, en el marco de los continuos conflictos por tierras).

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