Honduras: violación de los derechos humanos en el Bajo Aguán

* * copiado tal cual del informe “Aquí no hay investigaciones. Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras" de Human Rights Watch

En muchos de los homicidios y otros delitos ocurridos en el Bajo Aguán que fueron analizados por Human Rights Watch, la ausencia de avances en las investigaciones y la escasa evidencia disponible imposibilitaban determinar si en el delito habían tenido participación actores estatales. No obstante, en tres casos del Bajo Aguán Human Rights Watch documentó evidencias que sugieren de manera convincente que actores estatales habrían cometido violaciones de derechos humanos. En ninguno de estos casos se había llevado ante la justicia a los responsables.

Los tres casos, que se exponen a continuación, se vinculan con conflictos por la tierra. Dos de ellos sucedieron en una comunidad en la cual existía desde hacía tiempo una disputa por la titularidad de fincas reclamadas por miembros de un movimiento campesino. Y el tercero ocurrió durante una manifestación vinculada con conflictos por tierras en el Bajo Aguán.

La falta de investigación y sanción de los responsables en estos delitos ha profundizado entre los campesinos la percepción de que las fuerzas de seguridad están por encima de  la ley. A su vez, esta desconfianza ha disuadido a víctimas de abusos y testigos de otros delitos de denunciar lo sucedido, y se ha alimentado así un círculo de impunidad.

Desalojos y destrucción de viviendas, una escuela e iglesias, Rigores, 24 de junio de 2011

Rigores es una comunidad agrícola integrada por cerca de 120 familias cuyos miembros pertenecen al Movimiento Campesino de Rigores (MCR). La comunidad se fundó hace más de una década en una extensión de tierras que es objeto de controversia y cuya titularidad se atribuye un propietario privado. Antes de su destrucción, los residentes habían construido viviendas, una escuela y dos iglesias en las tierras en disputa.

Cerca de las 9 a.m. del 24 de junio de 2011, un grupo de policías y militares, acompañados por hombres vestidos de civil, ingresaron a la comunidad Rigores y advirtieron a los residentes que tenían unas pocas horas para sacar sus pertenencias de sus viviendas.

Luego comenzaron a incendiar las viviendas y a demoler construcciones con una excavadora, según contaron testigos a Human Rights Watch.

María Hilda, de 32 años, quien vivía en la comunidad y presenció el desalojo, dijo a Human Rights Watch que el desahucio “fue una sorpresa” y que ella y otros residentes no habían sido informados por policías ni otros funcionarios con antelación. (Comentó que, según se enteró posteriormente, un miembro de la comunidad a quien no quiso nombrar había sido advertido con anticipación sobre el operativo, pero no transmitió la información al resto de la comunidad). Dijo que antes de que militares y policías comenzaran a incendiar y derribar viviendas, uno de los oficiales en el lugar le mostró una orden legal de desalojo “en un papel amarillo”. Según indicó, se concedió a los residentes tiempo hasta el mediodía para que recogieran sus pertenencias y evacuaran la zona. Sofía López, una maestra de nivel inicial de 30 años que trabajaba en Rigores, dijo que el operativo había sido llevado a cabo por policías armados que vestían uniformes azules. Algunos se presentaron en su vivienda en la entrada del poblado y le dijeron que buscaban a tres hombres que tenían armas. No pudo identificar a los hombres, que tenían puestos chalecos encima de sus uniformes azul oscuro.

Los policías le ordenaron que los acompañara mientras completaban la ronda por las viviendas. Contó a Human Rights Watch que a la tarde le permitieron irse. Dijo que los policías incendiaban los techos de paja con encendedores. Los residentes intentaron resguardarse en un centro comunitario que está junto en el poblado adjunto. Una grabación de video del incidente producida por un medio independiente, que incluye imágenes supuestamente tomadas durante los desalojos y la destrucción así como en el período inmediatamente posterior, parece confirmar las versiones de los residentes. Los abusos presuntamente cometidos, que incluyeron incendios intencionales y otros daños a la propiedad, desalojo forzado ilegal y, en el caso de Sofía López, detención arbitraria, constituyen hechos sumamente graves. En una entrevista con Human Rights Watch, José Antonio Maradiaga, coordinador de fiscales en Trujillo, dijo que estaba al tanto del desalojo en Rigores pero que no había dado instrucciones a la policía de que investigara si quienes llevaron a cabo esta medida cometieron abusos o si el juez ejecutor que dictó la orden de desalojo tenía un fundamento legal para hacerlo. Conforme al derecho hondureño, la policía puede investigar un caso por iniciativa propia, incluso cuando no exista una denuncia formal de una víctima o testigo.

Maradiaga dijo a Human Rights Watch que no se habían incendiado viviendas, y que entonces la situación no había ameritado una investigación. Cuando se le comentó que existía un video sobre la presunta destrucción, indicó que si realmente había habido violencia, seguramente los responsables habían sido los campesinos.

Tortura, golpizas, detenciones arbitrarias y otros abusos, Rigores, 19 de septiembre de 2011

Poco después de los desalojos y la destrucción de viviendas en Rigores el 24 de junio, miembros del MCR ocuparon nuevamente la propiedad disputada. Aproximadamente 10 semanas después, el 16 de septiembre de 2011, según información proporcionada por funcionarios gubernamentales, agresores no identificados emboscaron a una patrulla con policías y militares cerca de Rigores. En el hecho perdió la vida un policía, y tres soldados y otro policía resultaron heridos.

Tres días después, el 19 de septiembre, la policía ingresó a Rigores, y procedió a arrestar y posteriormente liberar sin que se presentaran cargos a más de 20 miembros del MCR, además de desalojar por la fuerza nuevamente a los residentes.

Santos Bernabé Cruz, de 18 años, tenía 16 en la época en que se produjo el segundo desalojo. Su padre, Rodolfo Cruz, era entonces el líder del MCR (y sigue ocupando este rol). Santos dijo a Human Rights Watch que estaba sentado en su vivienda cuando aproximadamente a las 3 p.m. 20 policías irrumpieron y obligaron a todos, menos él, a salir. Luego le dijeron que se quitara la camiseta y le sujetaron las manos con los cordones de sus zapatos.

La policía trató a Santos de delincuente y lo acusó de haber tenido participación en la emboscada del 16 de septiembre en la cual murió el policía. Lo obligaron a ir a pie por un camino hasta el cementerio y durante el trayecto lo golpearon reiteradamente con cascos antidisturbios. Dijo que los agresores vestían uniformes policiales azules. Contó a Human Rights Watch que los policías insistían en preguntarle dónde estaban las armas que se habían usado en la emboscada, y lo azotaron con una manguera. También lo golpearon con las armas que llevaban y saltaron varias veces sobre su cuerpo mientras estaba tendido en el suelo. Luego, según contó, lo rociaron con gasolina y le advirtieron que lo quemarían vivo si no decía la verdad. También profirieron otras amenazas de muerte. “Dijeron que me iban a matar, que me amarrarían con piedras y me tirarían al Río Aguán”, contó.

Luego, los policías le introdujeron parte de su camiseta en la boca, le colocaron una bolsa plástica en la cabeza, lo subieron a una patrulla y circularon con él dentro del vehículo durante aproximadamente dos horas. Dijo que, en este lapso, amenazaron con dejarlo enterrado debajo de hojas de palma en una de la plantaciones.

Finalmente, Santos fue llevado a la dependencia policial donde, según dijo, un policía le preguntó a modo de burla por qué estaba empapado en gasolina. Fue llevado a una celda de detención. Aproximadamente a las 10 p.m., apareció un policía que se detuvo frente de la celda de Santos y levantó el percutor de su arma, presuntamente en señal de amenaza. En ningún momento se permitió que Santos informara a su familia que había sido detenido. El trato al cual Santos afirma haber sido sometido, incluidas las amenazas de muerte creíbles y el simulacro de ejecución, equivaldrían a torturas.

Santos dijo que tras retenerlo toda la noche, los policías lo obligaron a limpiar el baño de la dependencia policial. Luego, dos policías mantuvieron una conversación frente a él. Uno de los policías le preguntó al otro: “¿Qué hacemos con él?”. Y éste respondió: “Déjelo libre con la condición de que no siga en esto”. Fue liberado sin que se formularan cargos por ningún delito y, según señaló, se dirigió a un hospital en Tocoa donde fue atendido por un médico. Antes de la liberación de Santos, el Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una organización independiente que realiza un examen de la situación de los derechos humanos, presentó un recurso de hábeas corpus ante la justicia de primera instancia en Tocoa en el cual pidió que se informara su paradero. No resulta claro si la policía liberó a Santos en respuesta a este pedido. La organización también presentó una solicitud a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para que realizara una investigación y se formularan cargos contra los responsables de estos maltratos. Santos Bernabé Cruz y otras cuatro presuntas víctimas también ofrecieron testimonio sobre el trato sufrido ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Honduras.

“El caso está paralizado. Ni ha habido un requerimiento fiscal”, expresó Bertha Oliva, titular de COFADEH, quien ha representado a Santos y ha brindado apoyo legal a sus familiares.

Un fiscal de Tegucigalpa dijo a Human Rights Watch que sus “superiores” no le habían permitido trasladarse hasta Rigores para intentar localizar y entrevistar a testigos que pudieran confirmar la versión que Santos relató a los funcionarios. Otro residente de Rigores, José Amendares Bernabé, de 51 años, indicó que fue detenido arbitrariamente el 16 de septiembre de 2011, el mismo día en que fue asesinado el policía. Dijo que más de 20 personas, además de él, fueron llevadas en redadas ese día, presuntamente en relación con la emboscada.

Amendares dijo que los policías le sujetaron las manos con los cordones de su calzado, lo ataron a otros cuatro hombres, y lo llevaron hasta la dependencia central de policía en Tocoa. “La policía me golpeó y me dieron puñetazos en las costillas”, contó. Fue liberado ese mismo día. Según indicó, posteriormente comprobó que tenía una costilla fracturada. Dijo que no presentó una denuncia a las autoridades por temor a represalias.

Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, Planes, 30 de marzo de 2011

El 30 de marzo de 2011, varios campesinos y maestros de escuela se congregaron en la Carretera Panamericana a la altura de una localidad llamada Planes a las 7:30 a.m. en protesta por reclamos sobre tierra y educación en el Bajo Aguán. Aproximadamente a la 1 p.m., mientras los manifestantes se preparaban para irse, policías y soldados comenzaron a lanzar gases lacrimógenos a la multitud, según consta en un requerimiento oficial presentado por la fiscalía ante la justicia para que iniciara un proceso penal y donde consta una versión oficial preliminar del incidente.

Una vez disipado el gas lacrimógeno, los manifestantes que se habían retirado regresaron y arrojaron piedras a policías y soldados. Un jefe de policía dio la orden de disparar a los manifestantes, que comenzaron a huir al oír el ruido de las balas, según se indica en el requerimiento fiscal. El requerimiento también indicó que Cima TV, un canal de televisión local, había grabado las hostilidades y que al menos siete personas fueron heridas por cartuchos de gas lacrimógeno mientras la multitud se dispersaba. Human Rights Watch entrevistó a una de las víctimas, Neptalí Esquivel, de 32, quien afirmó haber sido herido por un disparo efectuado a corta distancia por un miembro de las fuerzas de seguridad. Esquivel indicó que en la respuesta a la manifestación, además de soldados, participaron tres o cuatro patrullas de policía, con aproximadamente 20 agentes cada una. Luego de que un jefe policial dio la orden de que los manifestantes debían retirarse, las fuerzas de seguridad comenzaron a arrojar cartuchos de gas lacrimógeno a la multitud. Después del gas lacrimógeno, los manifestantes se reagruparon y un jefe policial dio la orden a sus hombres de que les dispararan. Esquivel dijo que se retiró brevemente del lugar de la manifestación para poder lavarse los ojos y aliviar el efecto del gas lacrimógeno, pero que poco después de que regresó las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar a los manifestantes. Entonces intentó escapar corriendo pero recibió un disparo en la pierna izquierda. Miembros de las fuerzas de seguridad le propinaron patadas y golpes, y antes de perder el conocimiento escuchó que uno de ellos decía “Remátalo”.

Dijo que permaneció convaleciente 15 días en el hospital de La Ceiba, donde se recuperó de la herida de bala, fractura de cadera y contusiones graves en el rostro. Esquivel dijo que mientras estuvo en el hospital, y con la ayuda del Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una organización independiente de derechos humanos, presentó una denuncia ante una fiscalía en La Ceiba.

Esquivel dijo a Human Rights Watch que tras dos días de internación seis agentes de seguridad uniformados (tres policías y tres militares) se presentaron en el hospital y preguntaron por él. Esquivel indicó que, según la enfermera, “[los militares y policías] preguntaron por mí y dijeron que eran mis primos y que habían venido a llevarme”. Pero la enfermera, que posteriormente le informó de la visita, le dijo que por error el hospital había registrado su apellido como Ezequiel en vez de Esquivel y que, por ese motivo, los trabajadores del hospital habían informado a los agentes que allí no había nadie con ese nombre.

El 26 de abril de 2012, la fiscalía acusó a dos policías por varios delitos, como abuso de poder, homicidio en su grado de ejecución de tentativa y detención ilegal, y los puso a disposición de la justicia. El fiscal también acusó a varios militares de abuso de autoridad, homicidio en su grado de ejecución de tentativa y lesiones a ciudadanos, pero nunca fueron imputados formalmente ni llevados a juicio.

En la audiencia inicial que tuvo lugar el 22 de enero de 2013, la justicia desestimó los cargos contra los policías alegando que ninguno de los testigos había identificado específicamente a quienes habían disparado ni tampoco a quién les había dado la orden de disparar. El juez se rehusó a ver el video de CIMA TV con imágenes del violento encuentro en razón de que el juzgado no contaba con los equipos necesarios para ver la grabación.

El 25 de enero de 2013, los fiscales apelaron el sobreseimiento provisional y argumentaron que se debería haber proyectado el video y que, incluso si los testigos no podían identificar qué personas habían disparado contra los heridos, igualmente era posible establecer responsabilidades aplicando la teoría de la responsabilidad del superior. Según informaron fiscales con quienes se reunió Human Rights Watch en abril, la apelación se encontraba pendiente. Posteriores pedidos presentados por Human Rights Watch a Funcionarios del Ministerio Público y del gobierno de Lobo para obtener información actualizada sobre este y otros casos no obtuvieron respuesta.