Represión política en España: Contexto

* * copiado tal cual del informe "España: el derecho a protestar, amenazado" de Amnistía Internacional

CONTEXTO: EL ASCENSO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADESESPAÑOLAS

Las violaciones de derechos humanos documentadas por Amnistía Internacional en este informe no se producen en un entorno vacío. Tienen lugar en un país sumido en una profunda crisis económica, con un elevado índice de desempleo, y donde las medidas adoptadas tanto por el gobierno central como por los gobiernos autonómicos han dado lugar a recortes en servicios básicos como la sanidad o la educación que han afectado a la mayoría de la población. Esto ha provocado una respuesta pública cada vez más organizada, en forma de protestas y de resistencia de los grupos afectados por decisiones que, consideran, violan sus derechos. En algunos casos, estos grupos de ciudadanos han presentado, mediante el mecanismo de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), alternativas a las iniciativas del gobierno.

Durante los tres últimos años, la mayoría de las protestas y concentraciones celebradas en España han estado encabezadas por movimientos sociales. Uno de los más influyentes, el movimiento conocido como 15M, emergió como movimiento social tras una manifestación organizada el 15 de mayo de 2011, tras las elecciones locales y autonómicas celebradas ese mismo mes. Se trataba de un grupo de personas que se organizaba a través de Internet y las redes sociales y que, espontáneamente, decidió acampar en la plaza de la Puerta del Sol, en Madrid. Pedían una democracia más participativa y el abandono del tradicional sistema bipartidista.

El 15M pronto se extendió por toda España, dando lugar a una serie de concentraciones, protestas y acampadas en distintas plazas de todo el país; las acampadas más grandes fueron las de la Puerta del Sol, en Madrid, y la de la Plaza de Cataluña, en Barcelona. En estos momentos, el movimiento 15M cuenta con alguna forma de presencia en 58 ciudades de España.

Otro grupo destacado de la red de movimientos sociales es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que surgió en Barcelona durante 2009 y ahora cuenta con presencia en toda España. La PAH está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. Agrupa a personas que tienen dificultades para pagar su hipoteca o se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria, y a personas solidarias con su causa. Después de que la Iniciativa Legislativa Popular que presentó para modificar la Ley Hipotecaria se diluyera notablemente antes de ser aceptada en noviembre de 2012, la PAH emprendió una serie de acciones de protesta cuyo objetivo directo eran políticos y miembros del partido en el gobierno. En ellas les pedían que representaran los intereses de las personas afectadas por las ejecuciones hipotecarias. Aunque estas acciones, conocidas como "escraches" y llevadas a cabo ante las sedes del Partido Popular o cerca de los domicilios de sus políticos, eran de carácter pacífico, provocaron una respuesta feroz por parte del Partido Popular y de varios representantes del gobierno.

Hay otros movimientos sociales relacionados con el movimiento 15M que también se oponen a las medidas de austeridad y los recortes impuestos por el gobierno, como por ejemplo la Marea Blanca, contra los recortes en la sanidad pública, o la Marea Verde, contra los recortes en la educación pública. Bajo el paraguas del movimiento 15M, ha habido otras plataformas que también han organizado manifestaciones y concentraciones, como la Plataforma ¡En Pie!, o la Coordinadora 25S, un grupo de personas que, en agosto de 2012, emitió a través de las redes sociales un llamamiento para celebrar una concentración masiva en Madrid el 25 de septiembre de 2012, delante del Congreso, con el fin de manifestar directamente a los diputados su protesta.

Otros movimientos sociales han hecho frente de forma activa y pacífica y han denunciado las prácticas discriminatorias de la policía. Por ejemplo, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH) son grupos de vecinos de Madrid que observan, documentan y denuncian los controles de identidad dirigidos a personas pertenecientes a minorías étnicas, informan a éstas y otras personas sobre sus derechos, e informan también sobre otras organizaciones que pueden prestar asesoramiento. Las Brigadas Vecinales fueron creadas por residentes de barrios concretos en respuesta a los constantes controles de identidad realizados por la policía en su zona, unos controles que, en su opinión, restringían a determinadas personas el uso del espacio público a causa de su perfil étnico, y discriminaban racialmente a las personas consideradas inmigrantes. Tras recibir formación, los miembros de las Brigadas reciben unos chalecos naranjas con las palabras "Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos" y "Vigilando a los vigilantes", y se sitúan en grupos pequeños en plazas o calles o a la salida de las estaciones de metro, tomando nota de las operaciones policiales que presencian.

La respuesta de las autoridades a la movilización generada por estas organizaciones se ha caracterizado por el uso innecesario o excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, la imposición de multas a organizadores y participantes, y las propuestas legislativas para imponer restricciones adicionales a la libertad de reunión. Otro rasgo característico de la retórica del Partido Popular sobre esta cuestión ha sido la estigmatización de los movimientos sociales que promueven las protestas. Por ejemplo, la delegada de Gobierno en Madrid, en respuesta a una pregunta de los medios de comunicación poco después del segundo aniversario de la acampada del 15M, dijo que "el 15M ha sido un movimiento muy importante en nuestra vida política y social" pero "ha ido sufriendo una evolución" para convertirse en un movimiento "más radical" y por eso ha ido perdiendo "apoyos sociales". En un programa de radio local, un concejal y portavoz del Partido Popular en Logroño, una ciudad en el norte de España, defendió las nuevas restricciones del acceso público a los plenos municipales refiriéndose a grupos que, con una estrategia violenta, llevaban desde el 11 de junio "agrediendo" al Partido Popular. En respuesta a esa acusación, el movimiento 15M publicó un vídeo en YouTube en el que mostraba el carácter pacífico de su manifestación, con manifestantes de todas las edades, incluidos niños.

En un informe en el que se presentaba el Plan de Mejora de la Seguridad y la Convivencia del Barrio de Lavapiés 2012-2015 (Lavapiés es un barrio de gran tamaño de Madrid con un elevado índice de población inmigrante), las autoridades decían que el aumento de la actividad policial en el barrio es consecuencia de los incidentes organizados por los grupos "antisistema". El informe manifestaba la preocupación de las autoridades por los intentos, promovidos por el 15M, de desacreditar las acciones policiales, en los que "grupos de jóvenes, bastante relacionados con grupos antisistema de todo tipo [...] quieren convertir Lavapiés en un referente de su protesta, con lo que esto supone”. El informe hacía también referencia a "grupos antisistema" que dificultan "las acciones policiales contra el tráfico de drogas, llevadas a cabo por ciudadanos de raza negra, y enmascararlas como represión contra ciudadanos inmigrantes”, en clara alusión a la actividad desarrollada por las BVODH.

En Gandía (Valencia), el alcalde, según la información publicada, declaró que la PAH copiaba métodos "nazis" cuando 50 miembros de la Plataforma se manifestaron pacíficamente ante la sede del Partido Popular en la zona para pedir apoyo a la ILP sobre los desahucios. El alcalde compareció ante los medios de comunicación y declaró: “Cuando he visto que iban a hacer un 'escrache', después de ver todo lo que han hecho con los políticos, he pensado que por ahí no vamos a pasar. No vamos a permitir que nos amenacen. Los 'escraches' lo que hacen es utilizar métodos que han sido utilizado por dictaduras, estos métodos han sido utilizado los nazis para señalar a los judíos”.

Especialmente preocupante fue la declaración de la delegada de Gobierno en Madrid cuando se refirió personalmente a la portavoz de la PAH, Ada Colau, vinculándola a "grupos filoetarras" y acusándola de apoyar a dichos grupos. La delegada comparó las acciones de protesta de la Plataforma con acciones de lucha callejera (kale borroka). “No es solamente un grupo que esté apoyando a las personas desahuciadas, sino que están siguiendo una estrategia política [...] radical”. Por su parte, el consejero de Justicia y portavoz del Gobierno de La Rioja publicó el 4 de abril de 2013 el siguiente tuit: "Nazis, comunistas, franquistas….Ahora…Ada Colau".

Cuando se le preguntó por la protesta de la PAH, el presidente de la Comunidad de Madrid dijo a los medios de comunicación que confiaba en que “las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúen con rotundidad en estos casos”. La presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular declaró también que “no se consigue nada acosando”, y califico esa forma de protesta de “nazismo puro”.30 En Cataluña, el presidente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular en Sant Cugat, miembro también del equipo dirigente del partido en Cataluña, publicó el 6 de mayo de 2013 el siguiente tuit: "Hasta que la PAH no se desvincule de grupos radicales y partidos del entorno de ETA su mensaje no tendrá la validez que buscan. Van por mal camino." La expresión reiterada de ese tipo de opiniones ha sido el discurso que ha impulsado las propuestas legislativas presentadas por el Partido Popular para restringir el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

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