Desaparecidos en Bolivia: Juan Carlos Flores Bedregal

* * copiado tal cual del informe "No me borren de la historia. Verdad, justicia y reparación en Bolivia (1964-1982)" de Amnistía Internacional

- “¿Dónde estás enterrado si es que estás enterrado? Ante la total falta de voluntad política de esclarecer este hecho y de devolvernos tus restos para darte cristiana sepultura, recurro a mi intuición para descubrirlo jugando a detective. Alentaba la esperanza que los procesos judiciales nos llevarían al esclarecimiento, sin embargo éstos son una nebulosa.”

El 17 de julio de 1980 Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente del Partido Obrero Revolucionario y Diputado Nacional, fue desaparecido forzadamente en un asalto a la COB llevado a cabo por los militares que apoyaban el golpe de Estado del general Luis García Meza. A Carlos Flores le dispararon en su intento de asistir a su compañero, el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien acababa de ser abatido por un disparo. Según testimonios, Juan Carlos Flores fue visto por última vez en las instalaciones del Estado Mayor del Ejército. A día de hoy, sus restos mortales no han sido localizados. En el año 2000 los familiares se adhirieron como parte civil al proceso abierto en 1999 para juzgar a los presuntos responsables del asalto a la COB y la desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz. A pesar de que el proceso no incluía expresamente la desaparición de Carlos Flores, podía conducir a la verdad de lo sucedido a su familiar al encontrarse en el mismo lugar que Marcelo Quiroga cuando se dio el asalto. El proceso judicial que duró 11 años no derivó en una sentencia específica sobre la muerte y desaparición de Carlos Flores y la familia sigue exigiendo justicia.

A la vez que exigen justicia, la familia ha realizado varias acciones para conseguir información de parte del Ejército que pueda dar con el paradero y las causas de la muerte de Carlos Flores y establecer responsabilidades por lo ocurrido. Luego de una huelga de hambre de 30 días de Olga Flores, hermana de Carlos Flores, para exigir la apertura de los archivos militares, en mayo de 2009 el Ministerio de Defensa emitió una resolución autorizando al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado facilitar el acceso a archivos, registros públicos y documentos existentes a familiares y víctimas que lo soliciten y demuestren su interés legítimo.

A pesar de esta resolución, la familia de Carlos Flores ha realizado innumerables acciones y sigue enfrentando obstáculos para acceder a los documentos. La familia envió al menos dos notas a las Fuerzas Armadas en mayo y junio de 2009 solicitando acceso a la información de los archivos militares. La respuesta fue negativa alegando como causa que la resolución ministerial no estaba aún regulada y solicitando información adicional que luego no fue tenida en cuenta. A la fecha, la resolución no ha sido cumplida.

“Pese a haber cumplido con los requisitos que señala la resolución ministerial, no hemos podido lograr que el Ejército la cumpla. Dice la resolución que tenemos que ir con un representante del Ministerio de Justicia. Hemos mandado la carta y nunca nos han respondido. Dice también que hay que ir con un notario público pero ninguno quería ir. A duras penas hemos conseguido uno que ha ido al Estado Mayor y luego no le han dejado entrar. La resolución señala un procedimiento complicado que a mi entender es para dificultar y desanimarnos”, dice Olga Flores.

Ante la falta de cumplimiento de la resolución ministerial, la familia Flores interpuso una acción de amparo constitucional que fue rechazada en diciembre de 2009 alegando que previamente debía establecerse un procedimiento (para el acceso a los archivos) por parte del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

En abril de 2010 el Tribunal Supremo de Justicia emitió un auto en el que ordena al Comandante de las Fuerzas Armadas la desclasificación de los archivos existentes en el Departamento Segundo del Estado Mayor desde junio de 1979 a julio de 1980. Esta resolución fue luego ampliada para incluir también la documentación clasificada del Escalafón del Personal de las Fuerzas Armadas. Dichos autos se emitieron en el marco del proceso que se había iniciado por el asalto a la COB en 1980. Sin embargo, tampoco sirvieron para lograr la información requerida. “Tampoco se cumplió el auto del Tribunal Supremo porque el fiscal general de la Nación no se apersonó ante el Estado Mayor para hacerlo cumplir”, lamenta Olga Flores.