Aborto en El Salvador: Las 17

* * copiado tal cual del informe "Al borde de la muerte. Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador" de Amnistía Internacional

María Teresa es una de las 17 mujeres encarceladas, algunas por motivos relacionados con el embarazo como el aborto y el aborto espontáneo, para las cuales la Agrupación Ciudadana presentó una petición de indulto el 1 de abril de 2014 tras agotar todas las demás vías legales para obtener su libertad. Según la Agrupación Ciudadana, algunas de las mujeres ya han cumplido más de 10 años de cárcel. Todas ellas proceden de los sectores más pobres de la sociedad salvadoreña.

A tenor de la información que ha recibido Amnistía Internacional de los abogados de las mujeres y de la Agrupación Ciudadana, los casos de las 17 mujeres suscitan seria preocupación en relación con su derecho al debido proceso, incluidos sus derechos a una investigación imparcial y efectiva y a un juicio justo.

Todas las personas tienen derecho a recibir igual protección de la ley sin discriminación, incluido por razón de género y de condición socioeconómica. A Amnistía Internacional le preocupa que en estos casos, la condición socioeconómica y el género de las mujeres ha desempeñado un papel en el trato discriminatorio que han recibido del sistema de justicia penal, y ha influido en la recogida y la evaluación de las pruebas utilizadas para condenarlas.

También preocupa a la organización la influencia que ha tenido el contexto emocional que rodea al acceso de las mujeres y niñas a los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador en la incriminación y condena de estas 17 mujeres, y posiblemente en las de otras.

A continuación se expone la historia de María Teresa Rivera, contada por ella misma y por la Agrupación Ciudadana a Amnistía Internacional.

LA HISTORIA DE MARÍA TERESA RIVERA

María Teresa Rivera era una madre soltera de 28 años que trabajaba en una fábrica de ropa cuando experimentó el amplio impacto de la prohibición del aborto en El Salvador. Sin saber que estaba embarazada, a primera hora de un día de noviembre de 2011 sintió la urgente necesidad de ir al aseo. Allí la encontró su suegra, tendida en el suelo y sangrando.

Llevada urgentemente al hospital, un miembro del personal la denunció a la policía. Ésta llegó y empezó a interrogar a María Teresa sin la presencia de un abogado.

María Teresa fue acusada y juzgada. La fiscalía presentó pruebas científicas poco concluyentes que no obstante el juez aceptó como suficientemente sólidas para condenarla.

En la sentencia, el juez declaró que la afirmación de María Teresa de que no sabía que estaba embarazada - aspecto clave del caso - no era verosímil porque el tribunal tenía pruebas de que en enero de 2011 había dicho a su empleador que creía que podía estar embarazada. Si María Teresa hubiera estado embarazada desde enero de 2011 hasta noviembre del mismo año, habría tenido un embarazo de 11 meses.

Pese a esta prueba errónea, parece que la corte consideró que María Teresa era una mujer que había transgredido su función prevista de protectora materna y de algún modo había interrumpido deliberadamente su embarazo. Al condenar a María Teresa a 40 años de prisión por homicidio agravado en julio de 2012, el juez dijo, según la información recibida por Amnistía Internacional: “[…] tenía la obligación de cuidar y proteger ese menorcito que llevaba en su vientre, y en ese sentido el hecho de haberse apersonado a la mencionada fosa séptica lo hizo con intención de expulsarlo violentamente para que en su interior no tuviera la oportunidad de respirar y así causarle su muerte para luego decir que tuvo un aborto, sin prever que ello se complicaría y que obligadamente acudiría a un centro hospitalario […]".

María Teresa dijo a Amnistía Internacional en septiembre de 2013: “¿Cuáles son mis esperanzas para el futuro? Libertad. Muchas veces yo me pongo triste las noches, porque quiero estar con mi hijo; dormir con él… Quiero que ellas [las mujeres afuera] valoren lo que se tienen afuera, porque ellas no se dan cuenta. El agua, un centavo… a valorar todo, a valorar todo”.

DENEGACIÓN DEL PROCESO DEBIDO Y PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LIBERTAD

A Amnistía Internacional le preocupan las aparentes violaciones del proceso debido sufridas por María Teresa y otras mujeres enjuiciadas en casos relacionados con embarazos, y concretamente sus repercusiones en su derecho a un juicio justo, incluido su derecho a la igualdad ante la ley. Los abogados y abogadas, profesionales de la salud y las mujeres con quienes se entrevistó la organización identificaron tres motivos de preocupación: los estereotipos que estigmatizan y discriminan a las mujeres al considerarlas sobre todo portadoras de hijos y madres, que incluso les imponen obligaciones injustificadas y a veces irracionales para proteger la vida del feto; la ausencia de una defensa adecuada; y el uso de pruebas que no respaldan los cargos.

Además, a Amnistía Internacional le preocupa que, en algunos casos, la descripción errónea de los hechos, a pesar de que parecen existir pruebas de lo contrario, ha desembocado en la aplicación indebida de la legislación penal y en la privación arbitraria de libertad. Por ejemplo, sufrir un aborto espontáneo legítimamente no constituye un delito tipificado en la legislación de El Salvador y, por tanto, las mujeres no pueden considerarse responsables penales. Aun así, según la Agrupación Ciudadana, se está enjuiciando injustamente a mujeres en aplicación de las disposiciones legales sobre el homicidio y el homicidio agravado, pese a las pruebas médicas que indican que sufrieron un aborto espontáneo.