La situación del aborto en El Salvador

* * copiado tal cual del informe "Al borde de la muerte. Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador" de Amnistía Internacional

- "Somos muchas y no vamos a descansar hasta que no haya feminicidios, hasta que la despenalización del aborto no sea un sueño" (J, joven activista de los derechos de las mujeres y niñas, entrevista con Amnistía Internacional, marzo de 2014).

A pesar de los avances logrados en los derechos de la mujer en las últimas décadas, las mujeres y niñas de El Salvador siguen afrontando multitud de barreras sociopolíticas, económicas y culturales para hacer plenamente realidad sus derechos humanos, especialmente los relacionados con sus decisiones en materia sexual y reproductiva. La discriminación y la desigualdad de género persistentes en la sociedad salvadoreña son la causa de que las mujeres y niñas no puedan ejercer sus derechos humanos. Esto es evidente en las creencias en torno a qué constituye una conducta aceptable para mujeres y niñas, en los estereotipos sobre la función principal de la mujer como madre, en que las niñas son consideradas portadoras de hijos en potencia, en la sexualidad adolescente y en las actitudes hacia la actividad sexual prematrimonial. Las constantes de discriminación y desigualdad que afectan a la vida de las mujeres y niñas determinan también la respuesta legal y social a las cuestiones que les atañen, frenan el desarrollo de su empoderamiento y refuerzan el continuo de violencia.

Estos estereotipos discriminatorios siguen estando profundamente arraigados en una cultura conservadora y patriarcal que aún relega a las mujeres al ámbito de la reproducción social; una cultura promovida ampliamente, en parte, por fuerzas conservadoras, como la jerarquía de la iglesia católica. Dichos estereotipos han influido negativamente en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas, como la prohibición total del aborto y su penalización, y la respuesta de los sistemas de salud y de justicia penal.

Cada año, la prohibición total y la penalización del aborto niegan a miles de mujeres y niñas de El Salvador sus derechos y decisiones. Todas las mujeres y niñas, independientemente de las razones que tengan para querer abortar, tienen prohibido hacerlo. Este servicio de salud esencial se niega a mujeres y niñas cuya salud o su vida corre peligro, o que han sido violadas. Quienes tienen recursos económicos limitados no pueden acceder a la información sobre salud reproductiva o a la atención a la salud materna de calidad, y la educación sexual y los métodos anticonceptivos para niñas y mujeres jóvenes son inexistentes. Estas restricciones son violaciones graves de los derechos humanos de las mujeres y niñas y deben abordarse con carácter urgente.

Debido a la penalización del aborto en todas las circunstancias, las mujeres y niñas que tienen un embarazo no deseado se enfrentan a dos opciones: cometer un delito abortando o seguir adelante con el embarazo no deseado. Ambas opciones tienen consecuencias para toda la vida y podrían ser devastadoras. El problema se ve exacerbado por la inexistencia de una educación sexual integral en el sistema educativo del país y por la dificultad que experimentan los y las jóvenes, en especial, para obtener métodos anticonceptivos modernos y de calidad.

La influencia negativa de los estereotipos de género en el sistema de justicia penal es patente cuando las mujeres tratan de defenderse de los cargos de haberse sometido a un aborto. En estos casos, como se documenta en este informe, las mujeres y niñas experimentan la discriminación de género, y algunas sufren la misma violencia institucionalizada que las colocó en estas circunstancias.

Las obligaciones en materia de derechos humanos exigen que El Salvador prevenga esta discriminación y esta violencia de un modo que aborde las causas subyacentes de la marginación sistémica de las mujeres y niñas en todos los niveles de la sociedad y en todas las circunstancias, sean públicas o privadas, incluidos los contextos político, familiar, de atención a la salud, educativo, judicial y administrativo.

En 1997, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley que prohíbe todas las formas de aborto, tipificando como delito el que la mujer se someta a un aborto y el que cualquier persona la ayude a lograrlo o realizarlo. Las mujeres declaradas culpables de interrumpir el embarazo pueden ser condenadas a largas penas de prisión. La condena suele basarse en pruebas deficientes o poco concluyentes, tras juicios sin garantías. Esta prohibición niega el acceso al aborto sin riesgos y legal a las mujeres y niñas embarazadas como consecuencia de una violación o cuyo embarazo entraña un riesgo para su vida y su salud. Los efectos de esta ley no son sino violencia institucionalizada y equivalen a tortura y otras formas de malos tratos.

La legislación ha tenido también como resultado obligar a las mujeres y niñas a someterse a abortos clandestinos, lo que aumenta el riesgo para su vida y su salud. Las mujeres con menos recursos son quienes más sufren; sus posibilidades de viajar a otros países para someterse a un aborto o de pagar el tratamiento en una clínica clandestina privada son menores, y hay más probabilidades de que recurran a medicamentos obtenidos ilegalmente o a peligrosos productos químicos agrícolas con la esperanza de interrumpir el embarazo. Algunas, en su desesperación, se quitan la vida.

La ley antiaborto ha creado sospechas y discriminación de la mujer. Algunas mujeres embarazadas que llegan al hospital con hemorragias u otros problemas a causa de un aborto espontáneo o de un aborto mal practicado pueden ser enjuiciadas penalmente y encontrarse con que son declaradas culpables de delitos graves como el homicidio y condenadas a largas penas de prisión basándose en pruebas deficientes o poco concluyentes, a menudo tras juicios sin garantías.