Aborto en El Salvador: estereotipos que estigmatizan y discriminan

* * copiado tal cual del informe "Al borde de la muerte. Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador" de Amnistía Internacional

Manuela, enferma de cáncer, fue detenida en 2008 como sospechosa de haberse sometido a un aborto. La policía la interrogó mientras estaba gravemente enferma y sin la presencia de un abogado. Al no poder pagar a un abogado particular, Manuela fue representada por abogados de oficio a los que conoció el mismo día de sus comparecencias ante el tribunal. El abogado que la defendió en la fase final del juicio dijo a los testigos de la defensa que no hacía falta que declarasen; como consecuencia, el tribunal sólo oyó los testimonios de los testigos de la acusación.

Según los informes, el juez dijo que "su instinto materno debió haber prevalecido" y que Manuela "debió haber protegido al feto." Manuela fue declarada culpable de homicidio agravado y condenada a 30 años de prisión.

En realidad, el cáncer que padecía Manuela podría haber causado el aborto espontáneo. Manuela no recibió el tratamiento necesario para su enfermedad mientras estaba en prisión y murió en abril de 2010 en la cárcel, lejos de sus padres y de sus hijos.

AUSENCIA DE UNA DEFENSA ADECUADA

“Primero no ofertan un testigo en casos como éste en su mayoría, la mayoría de defensores. Pero de otro lado no saben conceptos de salud sexual y reproductiva y de pronto no están obligados, pero si asumen un caso determinado, deben de hacerlo” (Dennis Muñoz, abogado de la Agrupación Ciudadana, entrevista con Amnistía Internacional, marzo de 2014).

Un experto en salud dijo a Amnistía Internacional en septiembre de 2013 que las oportunidades de tener una defensa adecuada de las mujeres están menoscabadas desde el principio debido a las limitaciones en la provisión de abogados de oficio: “Se sucede que no tienen derecho a defensa, fuerte, la paciente a la que se le acusa de un aborto. Se le pone una persona de oficio, de la Procuraduría, que le da la razón y la cual en realidad, aunque quiera hacer su labor de la manera más profesional, está cargada de trabajo. O sea, si tuviera un abogado particular… pero tristemente, las personas que hacen eso no tiene capacidad económica para defenderse”.

PRUEBAS QUE NO RESPALDAN LOS CARGOS

La Agrupación Ciudadana ha trabajado en casos de varias mujeres que estuvieron detenidas antes del juicio o encarceladas y que fueron puestas en libertad más tarde por una ausencia grave de pruebas que respaldaran una declaración de culpabilidad y una pena desproporcionada.

Amnistía Internacional entrevistó a algunas de estas mujeres, conocidas como “Las Liberadas”.

Cristina, cuyo testimonio figura supra, fue acusada de homicidio agravado, cargo retirado en octubre de 2004 por falta de pruebas. Sin embargo, la Fiscalía General de la República apeló y en agosto de 2005 Cristina fue declarada culpable y condenada a 30 años de prisión. Cristina contó a Amnistía Internacional: “En mi caso, un doctor de Medicina Legal decía: ‘Ella sufrió un shock a la hora del parto, ella pierde el conocimiento, ella no podía ayudar a su hijo'. [...] la causa de muerte es indeterminada, no sabían por qué había muerto el bebé; entonces ¿cómo es posible que se me acusara de homicidio agravado por la muerte de mi hijo cuando ni siquiera tenían pruebas fundamentales? Es una negligencia por parte de los señores jueces. Y eso está a flor de piel. Yo le digo a mis compañeras, a puras penas: 'Bueno, tenemos bachillerato pero comprendemos eso. Y esta gente tan profesionales, ¿cómo cometen ese tipo de error?'”.

Cristina atribuye su condena en parte a la discriminación y a los prejuicios de género, como muestran los argumentos presentados contra ella en el primer juicio.