Crímenes de guerra en Nigeria: responsabilidades individual y de mando
* * copiado tal cual del informe "Estrellas en los hombros, sangre en las manos. Crímenes de guerra cometidos por el ejército nigeriano" de Amnistía Internacional
Quienes dieron órdenes o participaron directamente en la comisión de estos crímenes deben ser investigados para determinar su responsabilidad individual. Los oficiales superiores podrían ser responsables también de violaciones cometidas por unidades bajo su mando con arreglo a la doctrina de la responsabilidad de mando —incluso si no participaron directamente en ellas o dieron órdenes para que se cometieran— si tenían o deberían haber tenido conocimiento de los crímenes y no los impidieron o sometieron el asunto para que fuera enjuiciado.
Amnistía Internacional pide, por tanto, que se investigue a las personas de la cadena de mando del ejército de Nigeria que fueron directamente responsables de las tropas que cometieron los crímenes o que los conocieron o debieron haber conocido y no adoptaron medidas para impedirlos o reprimirlos. En concreto, los oficiales militares que dirigieron las operaciones y estaban a cargo de centros de detención del nordeste de Nigeria, así como sus comandantes en el Cuartel General del Ejército y el Cuartel General de la Defensa, deberán ser investigados para determinar su responsabilidad de los crímenes de guerra de asesinato, desaparición forzada y tortura.
Las pruebas documentales que se ofrecen en este informe muestran claramente que los altos mandos militares estaban totalmente informados (por comandantes sobre el terreno, comisiones de investigación y fuentes externas) de la naturaleza y la escala de los crímenes que se estaban cometiendo y no adoptaron ninguna medida significativa para detener las violaciones. Que sepamos, estos oficiales no han dado ningún paso para garantizar que se abren investigaciones encaminadas a hacer que los perpetradores responden de sus actos ante la justicia.
Desde noviembre de 2012 hasta agosto de 2013, en sus informes de campo diarios al Cuartel General de la Defensa, los generales al mando de los centros de detención militares y los comandantes de operaciones informaron de las muertes de detenidos.
Algunos de estos informes contiene los nombres de los fallecidos; en otros sólo se cita el número de detenidos que murieron cada día. En uno de estos informes, enviado desde el cuartel general en Maiduguri de la operación Restaurar el Orden de la Fuerza Especial Conjunta el 15 de marzo de 2013 al Cuartel General de la Defensa y al Cuartel General del Ejército, se decía, por ejemplo: “ [El 9 de marzo de 2013 a las 14:30], 7 BHT [terroristas de Boko Haram] sospechosos en centro de detención propio murieron tras breve enfermedad [...] [El 10 de marzo de 2013 a las 13:23] 7 BHT sospechosos en centro de detención propio murieron tras breve enfermedad [...] [El 11 de marzo de 2013 hacia las 18:06], 7 BHT sospechosos en centro de detención propio murieron tras breve enfermedad. [...] [El 12 de marzo de 2013 hacia las 15:00], 8 BHT sospechosos en centro de detención propio murieron tras breve enfermedad [...] [...] [El 14 de marzo de 2013 hacia las 16:10], 10 BHT sospechosos en centro de detención propio murieron tras breve enfermedad ."
Los documentos militares internos citados en este informe muestran también que los comandantes de campo informaron al Cuartel General de la Defensa de que los centros estaban saturados y de que el hacinamiento, combinado con el uso de productos químicos para la desinfección, contribuyeron al aumento de muertes bajo custodia.
El Cuartel General de la Defensa envió en varias ocasiones equipos a los centros militares del nordeste para evaluar las operaciones "y verificar datos". Los informes de estas visitas de evaluación mencionan el elevado número de muertes de detenidos bajo custodia militar y advierten de que el hacinamiento causaba problemas de salud graves que podrían desembocar en una epidemia.
Los informes militares internos examinados por Amnistía Internacional muestran también que los comandantes de campo informaban periódicamente al Cuartel General de la Defensa y al Cuartel General del Ejército del número de personas detenidas durante las operaciones de acordonamiento y registro. Los informes suelen etiquetar a los detenidos como "miembros confirmados de Boko Haram" o "terroristas confirmados de Boko Haram", pero no hacen referencia a ninguna prueba contra ellos y a veces indican, por el contrario, que no se encontraron pruebas. Los informes no especifican si alguno de los detenidos fue puesto en libertad después, entregado para investigación o acusado. Esto debería haber indicado claramente al mando militar que estas detenciones masivas eran arbitrarias y que el confinamiento continuado de sospechosos en centros de detención militares era ilegítimo.
Amnistía Internacional presentó sus conclusiones y motivos de preocupación a las autoridades militares y civiles nigerianas en informes y declaraciones públicos y cartas privadas de solicitud de información, pidiendo reiteradamente una investigación independiente e imparcial.
A pesar de la abundante información sobre violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad, las autoridades militares y civiles nigerianas se han abstenido sistemáticamente de adoptar medidas significativas para detenerlas y llevar a los perpetradores ante la justicia. Pocas medidas o ninguna se han adoptado para mejorar las condiciones de reclusión y prevenir las muertes bajo custodia, o para abordar las detenciones y reclusiones arbitrarias masivas. Las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otros crímenes de los que se ha informado ampliamente han permanecido sin investigar y sin castigar.
Por otra parte, en los últimos años, las autoridades nigerianas han intentado de forma creciente minimizar e ignorar las violaciones cometidas por los militares. Por ejemplo, en una carta dirigida a Amnistía Internacional en diciembre de 2013, el Cuartel General de la Defensa negó que el número de muertes bajo custodia fuera tan elevado como se denunciaba, mientras que en octubre de 2014, el presidente Jonathan dijo que creía que los informes de violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad eran "exagerados".
Las autoridades nigerianas han asegurado en reiteradas ocasiones a Amnistía Internacional que investigarían las denuncias, pero hasta el momento no han facilitado ninguna información sobre los avances de estas investigaciones ni sobre qué casos se estaban investigando.
En los pocos casos en los que se han anunciado públicamente investigaciones, éstas han sido dirigidas por el ejército y realizadas por equipos de investigación internos creados por los militares. Hasta la fecha, no se han hecho públicos el mandato, el ámbito y los resultados de estas investigaciones; ninguno de estos equipos de investigación ha hecho públicas sus conclusiones y Amnistía Internacional no sabe de ningún miembro del ejército investigado o suspendido pendiente de investigación.
Este informe describe las investigaciones chapuceras sobre ejecuciones masivas realizadas tras el ataque contra el cuartel de Giwa de marzo de 2014 y sobre los homicidios y la destrucción de bienes civiles cometidos durante una operación de limpieza en Baga en abril de 2013.
A la luz de las conclusiones de este informe, Amnistía Internacional cree que los siguientes oficiales militares deben ser investigados por los crímenes de guerra de asesinato, desaparición forzada y tortura:
- General de división John A. H. Ewansiha. Fue el general al mando de la operación Restaurar el Orden I (ORO) y de la operación BOYONA entre enero de 2012 y agosto de 2013. Luego pasó a ser jefe de Normas y Evaluación en el Cuartel General del Ejército y jefe de Adiestramiento y Operaciones en el Cuartel General del Ejército. Como general al mando recibió informes periódicos sobre la detención arbitraria y la reclusión ilegítima de miles de personas en condiciones inhumanas, la muerte bajo custodia de un gran número de detenidos y sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas en zonas bajo su mando.
- General de división Obida T. Ethan. Fue comandante de la 7ª. División desde el 22 de agosto de 2013 hasta el 1 de enero de 2014. Durante este periodo, Amnistía Internacional documentó detenciones arbitrarias y la reclusión ilegítima de miles de personas en condiciones inhumanas, la muerte bajo custodia de un gran número de detenidos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por tropas bajo su mando.
- General de división Ahmadu Mohammed. Fue comandante de la 7ª. División desde el 24 de febrero hasta el 16 de mayo de 2014. Durante este periodo, Amnistía Internacional documentó detenciones arbitrarias y la reclusión ilegítima de miles de personas en condiciones inhumanas, la muerte bajo custodia de un gran número de detenidos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por tropas bajo su mando. Estaba a cargo de operaciones militares cuando el ejército ejecutó a más de 640 detenidos que se fugaron del cuartel de Giwa después de un ataque de Boko Haram.
- General de brigada Austin O. Edokpayi. Fue comandante de la Fuerza de Tareas Multinacional de Baga al menos desde abril de 2013 hasta diciembre del mismo año, periodo en el que los soldados nigerianos fueron responsables de detenciones arbitrarias y reclusiones ilegítimas, de la ejecución extrajudicial de más de 185 personas en abril de 2013 y de muertes bajo custodia en el centro de detención de Baga.
- General de brigada R.O. Bamigboye. Fue comandante de la 21 Brigada Acorazada (estacionada en el cuartel de Giwa) desde febrero de 2012 hasta septiembre de 2013. Estaba a cargo del cuartel durante el periodo en el que murieron bajo custodia al menos 5.000 detenidos y cuando la tortura y los malos tratos eran habituales.
Además, Amnistía Internacional cree que los siguientes altos mandos del ejército deben ser investigados por su posible responsabilidad de mando en delitos cometidos por sus subordinados, sobre la base de que tuvieron o debieron haber tenido conocimiento de la comisión de los delitos y no adoptaron medidas adecuadas para impedir que se cometieran crímenes de guerra, detener la comisión de crímenes de guerra y tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los presuntos perpetradores responden de sus actos ante la justicia en juicios justos:
- Teniente general Azubuike Ihejirika. Fue jefe del Estado Mayor del Ejército desde septiembre de 2010 hasta que se retiró, en enero de 2014.
- Almirante Ola Saad Ibrahim. Fue jefe del Estado Mayor de la Defensa desde el 4 de octubre de 2012 hasta el 16 de enero de 2014.
- Capitán general de Aviación Alex Badeh. Fue jefe del Estado Mayor de la Defensa desde el 16 de enero de 2014 hasta el momento en que se redacta este informe.
- Teniente general Ken Minimah, jefe del Estado Mayor del Ejército desde el 16 de enero de 2014 hasta el momento en que se redacta este informe.
LA ASISTENCIA MILITAR INTERNACIONAL A NIGERIA
Desde 2012 al menos 20 países han proporcionado asistencia militar al gobierno de Nigeria en forma de armas, equipos, adiestramiento y apoyo económico destinado específicamente a necesidades militares. El apoyo internacional se intensificó tras el secuestro de 276 niñas de la escuela femenina de Chibok, en el estado de Borno, el 14 de abril de 2014. Se celebraron cumbres regionales en París, Londres y Abuya en las que los Estados se comprometieron a compartir información y desarrollar una estrategia antiterrorista regional para oponerse a Boko Haram.
No está claro hasta qué punto los motivos de preocupación en materia de derechos humanos han afectado a las relaciones con los socios bilaterales de Nigeria.
En respuesta al secuestro de Chibok, los Estados miembros de la Comisión de la Cuenca del Lago Chad y Benín retomaron los planes para crear una Fuerza de Tareas Multinacional para combatir a Boko Haram. Chad, Níger y Nigeria habían creado esta fuerza en 1998 para atajar la delincuencia transfronteriza, pero Chad y Níger retiraron sus tropas de Nigeria en 2013 y 2014, respectivamente. En virtud de las propuestas actuales, la fuerza tendría 8.700 efectivos y su cuartel general en Yamena. Cuando se redactan estas líneas, la Unión Africana había dado su apoyo a la propuesta y ésta estaba a la espera de ser incluida en el orden del día del Consejo de Seguridad de la ONU.
Boko Haram ha atacado a la población civil y a las fuerzas de seguridad en reiteradas ocasiones al otro lado de las fronteras con Camerún, Chad y Níger. Desde mediados de febrero de 2015, las fuerzas armadas de estos tres Estados ayudan al ejército nigeriano a expulsar a Boko Haram de las principales ciudades del nordeste de Nigeria.
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
En noviembre de 2010, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició un examen preliminar de la situación en Nigeria, analizando presuntos crímenes cometidos desde 2004. Dos años después, la Fiscalía informó de que consideraba que desde julio de 2009, Boko Haram había cometido los crímenes de lesa humanidad de asesinato y persecución.
Sin embargo, en el mismo informe indicaba que no consideraba que los actos de las fuerzas de seguridad equivalieran a un ataque contra la población civil.
En su informe de noviembre de 2013, la Fiscalía determinó que al menos desde mayo de 2013 la situación en el nordeste de Nigeria debía considerarse conflicto armado no internacional, e indicó que seguiría analizando las pruebas para determinar si alguna de las partes había cometido crímenes de guerra.
Un año después, en diciembre de 2014, la Fiscalía concluyó de nuevo que los miembros de Boko Haram habían cometido crímenes de lesa humanidad y podrían haber cometido crímenes de guerra. También indicó que había recibido informes de crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, incluidas la ejecución extrajudicial de más de 600 personas tras el ataque contra el cuartel de Giwa y las denuncias de tortura, aunque no llegó a una conclusión a este respecto. La Fiscalía declaró que seguiría su análisis de presuntos crímenes de guerra cometidos por las dos partes del conflicto.
Quienes dieron órdenes o participaron directamente en la comisión de estos crímenes deben ser investigados para determinar su responsabilidad individual. Los oficiales superiores podrían ser responsables también de violaciones cometidas por unidades bajo su mando con arreglo a la doctrina de la responsabilidad de mando —incluso si no participaron directamente en ellas o dieron órdenes para que se cometieran— si tenían o deberían haber tenido conocimiento de los crímenes y no los impidieron o sometieron el asunto para que fuera enjuiciado.
Amnistía Internacional pide, por tanto, que se investigue a las personas de la cadena de mando del ejército de Nigeria que fueron directamente responsables de las tropas que cometieron los crímenes o que los conocieron o debieron haber conocido y no adoptaron medidas para impedirlos o reprimirlos. En concreto, los oficiales militares que dirigieron las operaciones y estaban a cargo de centros de detención del nordeste de Nigeria, así como sus comandantes en el Cuartel General del Ejército y el Cuartel General de la Defensa, deberán ser investigados para determinar su responsabilidad de los crímenes de guerra de asesinato, desaparición forzada y tortura.
Las pruebas documentales que se ofrecen en este informe muestran claramente que los altos mandos militares estaban totalmente informados (por comandantes sobre el terreno, comisiones de investigación y fuentes externas) de la naturaleza y la escala de los crímenes que se estaban cometiendo y no adoptaron ninguna medida significativa para detener las violaciones. Que sepamos, estos oficiales no han dado ningún paso para garantizar que se abren investigaciones encaminadas a hacer que los perpetradores responden de sus actos ante la justicia.
Desde noviembre de 2012 hasta agosto de 2013, en sus informes de campo diarios al Cuartel General de la Defensa, los generales al mando de los centros de detención militares y los comandantes de operaciones informaron de las muertes de detenidos.
Algunos de estos informes contiene los nombres de los fallecidos; en otros sólo se cita el número de detenidos que murieron cada día. En uno de estos informes, enviado desde el cuartel general en Maiduguri de la operación Restaurar el Orden de la Fuerza Especial Conjunta el 15 de marzo de 2013 al Cuartel General de la Defensa y al Cuartel General del Ejército, se decía, por ejemplo: “ [El 9 de marzo de 2013 a las 14:30], 7 BHT [terroristas de Boko Haram] sospechosos en centro de detención propio murieron tras breve enfermedad [...] [El 10 de marzo de 2013 a las 13:23] 7 BHT sospechosos en centro de detención propio murieron tras breve enfermedad [...] [El 11 de marzo de 2013 hacia las 18:06], 7 BHT sospechosos en centro de detención propio murieron tras breve enfermedad. [...] [El 12 de marzo de 2013 hacia las 15:00], 8 BHT sospechosos en centro de detención propio murieron tras breve enfermedad [...] [...] [El 14 de marzo de 2013 hacia las 16:10], 10 BHT sospechosos en centro de detención propio murieron tras breve enfermedad ."
Los documentos militares internos citados en este informe muestran también que los comandantes de campo informaron al Cuartel General de la Defensa de que los centros estaban saturados y de que el hacinamiento, combinado con el uso de productos químicos para la desinfección, contribuyeron al aumento de muertes bajo custodia.
El Cuartel General de la Defensa envió en varias ocasiones equipos a los centros militares del nordeste para evaluar las operaciones "y verificar datos". Los informes de estas visitas de evaluación mencionan el elevado número de muertes de detenidos bajo custodia militar y advierten de que el hacinamiento causaba problemas de salud graves que podrían desembocar en una epidemia.
Los informes militares internos examinados por Amnistía Internacional muestran también que los comandantes de campo informaban periódicamente al Cuartel General de la Defensa y al Cuartel General del Ejército del número de personas detenidas durante las operaciones de acordonamiento y registro. Los informes suelen etiquetar a los detenidos como "miembros confirmados de Boko Haram" o "terroristas confirmados de Boko Haram", pero no hacen referencia a ninguna prueba contra ellos y a veces indican, por el contrario, que no se encontraron pruebas. Los informes no especifican si alguno de los detenidos fue puesto en libertad después, entregado para investigación o acusado. Esto debería haber indicado claramente al mando militar que estas detenciones masivas eran arbitrarias y que el confinamiento continuado de sospechosos en centros de detención militares era ilegítimo.
Amnistía Internacional presentó sus conclusiones y motivos de preocupación a las autoridades militares y civiles nigerianas en informes y declaraciones públicos y cartas privadas de solicitud de información, pidiendo reiteradamente una investigación independiente e imparcial.
A pesar de la abundante información sobre violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad, las autoridades militares y civiles nigerianas se han abstenido sistemáticamente de adoptar medidas significativas para detenerlas y llevar a los perpetradores ante la justicia. Pocas medidas o ninguna se han adoptado para mejorar las condiciones de reclusión y prevenir las muertes bajo custodia, o para abordar las detenciones y reclusiones arbitrarias masivas. Las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otros crímenes de los que se ha informado ampliamente han permanecido sin investigar y sin castigar.
Por otra parte, en los últimos años, las autoridades nigerianas han intentado de forma creciente minimizar e ignorar las violaciones cometidas por los militares. Por ejemplo, en una carta dirigida a Amnistía Internacional en diciembre de 2013, el Cuartel General de la Defensa negó que el número de muertes bajo custodia fuera tan elevado como se denunciaba, mientras que en octubre de 2014, el presidente Jonathan dijo que creía que los informes de violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad eran "exagerados".
Las autoridades nigerianas han asegurado en reiteradas ocasiones a Amnistía Internacional que investigarían las denuncias, pero hasta el momento no han facilitado ninguna información sobre los avances de estas investigaciones ni sobre qué casos se estaban investigando.
En los pocos casos en los que se han anunciado públicamente investigaciones, éstas han sido dirigidas por el ejército y realizadas por equipos de investigación internos creados por los militares. Hasta la fecha, no se han hecho públicos el mandato, el ámbito y los resultados de estas investigaciones; ninguno de estos equipos de investigación ha hecho públicas sus conclusiones y Amnistía Internacional no sabe de ningún miembro del ejército investigado o suspendido pendiente de investigación.
Este informe describe las investigaciones chapuceras sobre ejecuciones masivas realizadas tras el ataque contra el cuartel de Giwa de marzo de 2014 y sobre los homicidios y la destrucción de bienes civiles cometidos durante una operación de limpieza en Baga en abril de 2013.
A la luz de las conclusiones de este informe, Amnistía Internacional cree que los siguientes oficiales militares deben ser investigados por los crímenes de guerra de asesinato, desaparición forzada y tortura:
- General de división John A. H. Ewansiha. Fue el general al mando de la operación Restaurar el Orden I (ORO) y de la operación BOYONA entre enero de 2012 y agosto de 2013. Luego pasó a ser jefe de Normas y Evaluación en el Cuartel General del Ejército y jefe de Adiestramiento y Operaciones en el Cuartel General del Ejército. Como general al mando recibió informes periódicos sobre la detención arbitraria y la reclusión ilegítima de miles de personas en condiciones inhumanas, la muerte bajo custodia de un gran número de detenidos y sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas en zonas bajo su mando.
- General de división Obida T. Ethan. Fue comandante de la 7ª. División desde el 22 de agosto de 2013 hasta el 1 de enero de 2014. Durante este periodo, Amnistía Internacional documentó detenciones arbitrarias y la reclusión ilegítima de miles de personas en condiciones inhumanas, la muerte bajo custodia de un gran número de detenidos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por tropas bajo su mando.
- General de división Ahmadu Mohammed. Fue comandante de la 7ª. División desde el 24 de febrero hasta el 16 de mayo de 2014. Durante este periodo, Amnistía Internacional documentó detenciones arbitrarias y la reclusión ilegítima de miles de personas en condiciones inhumanas, la muerte bajo custodia de un gran número de detenidos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por tropas bajo su mando. Estaba a cargo de operaciones militares cuando el ejército ejecutó a más de 640 detenidos que se fugaron del cuartel de Giwa después de un ataque de Boko Haram.
- General de brigada Austin O. Edokpayi. Fue comandante de la Fuerza de Tareas Multinacional de Baga al menos desde abril de 2013 hasta diciembre del mismo año, periodo en el que los soldados nigerianos fueron responsables de detenciones arbitrarias y reclusiones ilegítimas, de la ejecución extrajudicial de más de 185 personas en abril de 2013 y de muertes bajo custodia en el centro de detención de Baga.
- General de brigada R.O. Bamigboye. Fue comandante de la 21 Brigada Acorazada (estacionada en el cuartel de Giwa) desde febrero de 2012 hasta septiembre de 2013. Estaba a cargo del cuartel durante el periodo en el que murieron bajo custodia al menos 5.000 detenidos y cuando la tortura y los malos tratos eran habituales.
Además, Amnistía Internacional cree que los siguientes altos mandos del ejército deben ser investigados por su posible responsabilidad de mando en delitos cometidos por sus subordinados, sobre la base de que tuvieron o debieron haber tenido conocimiento de la comisión de los delitos y no adoptaron medidas adecuadas para impedir que se cometieran crímenes de guerra, detener la comisión de crímenes de guerra y tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los presuntos perpetradores responden de sus actos ante la justicia en juicios justos:
- Teniente general Azubuike Ihejirika. Fue jefe del Estado Mayor del Ejército desde septiembre de 2010 hasta que se retiró, en enero de 2014.
- Almirante Ola Saad Ibrahim. Fue jefe del Estado Mayor de la Defensa desde el 4 de octubre de 2012 hasta el 16 de enero de 2014.
- Capitán general de Aviación Alex Badeh. Fue jefe del Estado Mayor de la Defensa desde el 16 de enero de 2014 hasta el momento en que se redacta este informe.
- Teniente general Ken Minimah, jefe del Estado Mayor del Ejército desde el 16 de enero de 2014 hasta el momento en que se redacta este informe.
LA ASISTENCIA MILITAR INTERNACIONAL A NIGERIA
Desde 2012 al menos 20 países han proporcionado asistencia militar al gobierno de Nigeria en forma de armas, equipos, adiestramiento y apoyo económico destinado específicamente a necesidades militares. El apoyo internacional se intensificó tras el secuestro de 276 niñas de la escuela femenina de Chibok, en el estado de Borno, el 14 de abril de 2014. Se celebraron cumbres regionales en París, Londres y Abuya en las que los Estados se comprometieron a compartir información y desarrollar una estrategia antiterrorista regional para oponerse a Boko Haram.
No está claro hasta qué punto los motivos de preocupación en materia de derechos humanos han afectado a las relaciones con los socios bilaterales de Nigeria.
En respuesta al secuestro de Chibok, los Estados miembros de la Comisión de la Cuenca del Lago Chad y Benín retomaron los planes para crear una Fuerza de Tareas Multinacional para combatir a Boko Haram. Chad, Níger y Nigeria habían creado esta fuerza en 1998 para atajar la delincuencia transfronteriza, pero Chad y Níger retiraron sus tropas de Nigeria en 2013 y 2014, respectivamente. En virtud de las propuestas actuales, la fuerza tendría 8.700 efectivos y su cuartel general en Yamena. Cuando se redactan estas líneas, la Unión Africana había dado su apoyo a la propuesta y ésta estaba a la espera de ser incluida en el orden del día del Consejo de Seguridad de la ONU.
Boko Haram ha atacado a la población civil y a las fuerzas de seguridad en reiteradas ocasiones al otro lado de las fronteras con Camerún, Chad y Níger. Desde mediados de febrero de 2015, las fuerzas armadas de estos tres Estados ayudan al ejército nigeriano a expulsar a Boko Haram de las principales ciudades del nordeste de Nigeria.
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
En noviembre de 2010, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició un examen preliminar de la situación en Nigeria, analizando presuntos crímenes cometidos desde 2004. Dos años después, la Fiscalía informó de que consideraba que desde julio de 2009, Boko Haram había cometido los crímenes de lesa humanidad de asesinato y persecución.
Sin embargo, en el mismo informe indicaba que no consideraba que los actos de las fuerzas de seguridad equivalieran a un ataque contra la población civil.
En su informe de noviembre de 2013, la Fiscalía determinó que al menos desde mayo de 2013 la situación en el nordeste de Nigeria debía considerarse conflicto armado no internacional, e indicó que seguiría analizando las pruebas para determinar si alguna de las partes había cometido crímenes de guerra.
Un año después, en diciembre de 2014, la Fiscalía concluyó de nuevo que los miembros de Boko Haram habían cometido crímenes de lesa humanidad y podrían haber cometido crímenes de guerra. También indicó que había recibido informes de crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, incluidas la ejecución extrajudicial de más de 600 personas tras el ataque contra el cuartel de Giwa y las denuncias de tortura, aunque no llegó a una conclusión a este respecto. La Fiscalía declaró que seguiría su análisis de presuntos crímenes de guerra cometidos por las dos partes del conflicto.
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