Represión política en Venezuela: Abusos en las calles
* * copiado tal cual del informe "Arremetida contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela" de Human Rights Watch
Entre abril y julio de 2017, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas —incluidas la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y fuerzas policiales estatales—, junto con “colectivos”, recurrieron, de manera sistemática, a un uso desproporcionado de la fuerza para reprimir protestas contra el gobierno. En algunos de estos casos, el uso de la fuerza por los agentes no sólo pareció ser desproporcionado, sino que además no tuvo justificación alguna.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluyó en agosto de 2017 que el gobierno venezolano estaba impulsando “una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”. Afirmó que su investigación sugiere “un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes”, así como “un esquema de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan violentos allanamientos de viviendas, torturas y malos tratos a los detenidos en relación con las protestas”.
Un informe oficial del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información señaló que se habían registrado 167 muertes en relación con las manifestaciones que tuvieron lugar entre el 6 de abril y el 4 de agosto de 2017, incluidos 17 casos en los cuales las personas fallecidas tenían menos de 18 años. Veintinueve de estas muertes se produjeron el 30 de julio, el día de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.
Según el ACNUDH, de las 124 muertes registradas por el Ministerio Público que ocurrieron en el contexto de manifestaciones contra el gobierno entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017, miembros de las fuerzas de seguridad habrían sido responsables de, al menos 46 casos, y “colectivos”, de 27. El ACNUDH no contaba con información suficiente para emitir conclusiones respecto de quién era responsable por el resto de las muertes.
Durante la represión de las protestas contra el gobierno en 2014, las fuerzas de seguridad permitieron que “colectivos” agredieran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron con ellos en los ataques. En al menos cuatro casos documentados para este informe, intervinieron “colectivos” en la detención de personas que, posteriormente, fueron puestas a disposición de las fuerzas de seguridad. En varios casos, hubo testigos que describieron que los “colectivos” trabajaban en forma conjunta con miembros de las fuerzas de seguridad o a plena vista de estos para reprimir manifestaciones, en ocasiones disparando con armas de fuego contra los manifestantes. El 5 de julio, varios miembros de “colectivos” atacaron y sitiaron la Asamblea Nacional en Caracas durante varias horas, a la vista de miembros de las fuerzas de seguridad que parecieron hacer poco para proteger a la institución o para dispersar a estas pandillas armadas partidarias del gobierno].
Durante el período comprendido entre abril y julio, miembros de las fuerzas de seguridad utilizaron armas menos letales, como cañones de agua, gases lacrimógenos y perdigones, de un modo que parecía tener como fin deliberado infligir dolor a manifestantes y transeúntes. Los testigos, las víctimas y el personal médico que los atendió describieron numerosos incidentes en los cuales las fuerzas de seguridad utilizaron casquillos de balas de goma modificados que, en cambio, llevaban dentro canicas, vidrios rotos o tuercas metálicas. En algunos casos, esos proyectiles pueden ser letales. En algunas circunstancias, el uso abusivo de este tipo de armas menos letales, cuando se realiza con la intención de causar daño grave, y según la intensidad del dolor y el sufrimiento provocado, puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, o incluso tortura.
En todo el país, manifestantes y ciudadanos que viven en áreas donde los opositores han instalado barricadas han sufrido, con frecuencia, lesiones ocasionadas por cartuchos de gas lacrimógeno, rondas de disparos de armas de fuego regulares o modificadas y disparos de balas efectuados desde corta distancia por miembros de las fuerzas de seguridad y “colectivos”, que en algunas oportunidades ocasionaron lesiones graves —algunas de ellas de carácter permanente—e incluso la muerte. En muchos casos, las fuerzas de seguridad no habrían realizado ninguna advertencia antes de disparar una gran variedad de municiones antidisturbios y cartuchos de gas lacrimógeno en manifestaciones y áreas residenciales próximas, según lo indicaron manifestantes y transeúntes en entrevistas. Y tal como se detalló anteriormente en el informe, miembros de las fuerzas de seguridad a menudo también sometieron a manifestantes y transeúntes a cruentas golpizas y otras formas de violencia física al reprimir las manifestaciones.
El gobierno sostiene que 10 agentes de las fuerzas de seguridad —tres de la GNB, uno de la DGCIM y seis de fuerzas policiales estatales— murieron en el contexto de las manifestaciones. Informó sobre varios episodios de violencia contra simpatizantes del gobierno, incluidos dos casos en los cuales las víctimas habrían sido quemadas y uno en el cual se linchó a un militar retirado.
Durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, algunos grupos de manifestantes opositores al gobierno, en oportunidades, utilizaron piedras, cócteles Molotov, fuegos artificiales modificados y utilizados como explosivos, morteros y otros explosivos de fabricación casera.
Las reuniones ilícitas o violentas pueden ser dispersadas por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, al dispersar cualquier reunión pacífica, aun cuando sea ilícita, las fuerzas de seguridad deben evitar el uso de la fuerza o, si eso no es posible, restringir su uso al mínimo grado necesario. Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios de seguridad pública pueden usar armas de fuego solamente cuando no sea posible emplear medios menos peligrosos, e igualmente sólo en la medida mínima necesaria. En todos los casos, deberían usar armas de fuego solamente para fines de autodefensa o en defensa de terceros contra una amenaza inminente de muerte o lesión grave, para prevenir la comisión de un delito particularmente grave que implique una amenaza seria para la vida, o para detener o evitar la fuga de una persona que presente dicho peligro y se resista a su autoridad. Aun en estas circunstancias, se deben utilizar armas de fuego solamente cuando los métodos menos extremos no resulten suficientes para lograr estos objetivos. El uso letal deliberado de armas de fuego se permite solamente cuando resulta estrictamente inevitable para proteger la vida.
ASESINATOS
El 26 de abril, el jugador de baloncesto Juan Pablo Pernalete, de 20 años, que cursaba la carrera de contador público, estaba participando en una manifestación contra el gobierno en Altamira, Caracas, cuando un agente de la GNB lanzó directamente sobre el tórax de Pernalete, a una distancia de 15 metros, un proyectil de gas lacrimógeno diseñado para ser disparado desde larga distancia. El impacto le provocó la muerte.
Si bien funcionarios gubernamentales inmediatamente culparon a los demás manifestantes por la muerte de Pernalete, una investigación llevada a cabo por quien era entonces Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, estableció que, de hecho, un agente de la GNB había sido el autor del disparo fatal. Una abogada que estaba trabajando en el caso señaló que las pruebas en el expediente de Ortega Díaz indicaban que el guardia había lanzado el proyectil de largo alcance desde una distancia de aproximadamente 15 metros del lugar donde estaba Pernalete.
El 8 de septiembre, Tarek Saab William, el Fiscal General nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente oficialista después de la destitución de Ortega, anunció que volvería a abrir la investigación de la muerte de Pernalete debido a la sospecha de que pruebas que incriminaban a la GNB se habían manipulado.
El 13 de agosto, el estudiante y jugador de fútbol Luis Guillermo Espinoza, de 16 años, murió varias semanas después de que un miembro de la GNB le disparara a quemarropa en la cabeza durante una manifestación en San Diego, estado Carabobo. Un testigo describió a Human Rights Watch que el adolescente estaba intentando escapar corriendo de miembros de la GNB el 5 de junio cuando tres motocicletas lo rodearon. Espinoza se resistió cuando los agentes lo golpearon, y luego intentó escapar. “Le colocaron la escopeta en la cabeza. Él se quedó tranquilo por un momento”, manifestó el testigo a Human Rights Watch. “Se descuida el guardia y Luis empezó a correr. Oí una detonación. Yo cerré los ojos. Y luego lo vi [en el piso].”
En otro caso documentado para este informe, un transeúnte murió cuando miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente efectuaron disparos hacia zonas residenciales donde se habían refugiado manifestantes. El 11 de julio, miembros de las fuerzas de seguridad habrían disparado a través de las puertas de un complejo residencial de El Tocuyo, estado Lara, y mataron a la profesora de educación física jubilada y organizadora comunitaria Janeth Angulo, de 55 años, que estaba de pie frente a su vivienda. “Había salido para dejar que una mujer embarazada se refugiara en su casa, que queda a unos 300 metros de donde estaban disparando las fuerzas de seguridad, cuando le pegaron un tiro en la cabeza”, dijo una de sus hermanas. Sus familiares dijeron que, más tarde, un policía fue detenido en relación con la muerte de Angulo.
El 7 de junio, Neomar Lander, de 17 años, viajó con su madre y un primo desde Guarenas, donde residen, para participar en una manifestación contra el gobierno en Caracas. Cuando los agentes de la GNB y de la PNB avanzaron para dispersar la protesta, los manifestantes comenzaron a correr en diferentes direcciones, explicó Zugeimar Armas, la madre de Lander. Armas perdió de vista a su hijo.
Más tarde, ese mismo día, recibió una llamada en la cual una persona conocida le dijo que, en redes sociales, circulaba un video en el cual se mostraba que Lander había sido asesinado. Armas acudió a una clínica donde, según le dijeron, habían llevado a Lander. Allí, un médico le informó que el muchacho había llegado sin signos vitales. Armas manifestó que le permitieron ver el cuerpo de su hijo, que tenía un “hueco” en el tórax que era “demasiado grande”.
El 8 de junio, el vicepresidente de Venezuela sostuvo que Lander falleció por la explosión de un mortero, y descartó que su muerte se debía al impacto de una bomba lacrimógena.
En octubre, una representante del Ministerio Público le dijo a Armas y a su esposo que debían confiar en ella y en los fiscales, que entonces estaban investigando el caso. Armas dijo a Human Rights Watch en octubre: “¿Cómo pretende que confiemos en ella si van cuatro meses y no pasó nada, y el gobierno dice que Neomar se mató?”
LESIONES GRAVES
Las estadísticas más recientes publicadas por el Ministerio Público durante el mandato de Luisa Ortega Díaz, recientemente destituida, indican que, para fines de julio, se estaban investigando casi 2.000 casos de personas heridas durante las protestas. Si bien este número parece incluir casos en los cuales manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad fueron los presuntos autores, en más de la mitad de los casos el Ministerio Público estaba investigando presuntas violaciones de derechos fundamentales.
Profesionales médicos entrevistados por Human Rights Watch que trabajaban en diferentes centros de salud en cinco lugares distintos señalaron haber tratado a numerosas personas con lesiones causadas por perdigones y cartuchos de gas lacrimógeno disparados a quemarropa a los manifestantes, con heridas en el abdomen, el torso, la cabeza y los ojos.
El 18 de mayo, el estudiante Oscar Serrada, de 22 años, estaba participando en una protesta contra el gobierno en la autopista Francisco Fajardo en Caracas cuando personal de la GNB y la PNB comenzó a disparar cartuchos de gas lacrimógeno a la multitud. La mayor parte de los manifestantes escaparon del lugar, pero algunos comenzaron a arrojar piedras y cócteles Molotov a los agentes de seguridad.
Serrada dijo que se alejó corriendo de la autopista y que, en una avenida cercana, caminó con las manos en alto hacia algunos miembros de la GNB, pidiendo que “parara la represión”. A medida que se acercaba, vio a un guardia a menos de 10 metros de distancia que estaba apuntándole con su escopeta, por lo cual se dio vuelta y comenzó a correr. Sintió un impacto en la parte posterior de la pierna derecha y tuvo la sensación de estar perdiendo mucha sangre, manifestó Serrada.
Alguien vio que Serrada cojeaba y lo llevó en motocicleta a un centro de atención de urgencias de la Cruz Verde en las proximidades, donde le brindaron atención de primeros auxilios. Luego, Serrada se dirigió a una clínica, donde una radiografía reveló que tenía una canica (metra) de vidrio alojada en la pierna. Los médicos operaron a Serrada dos días más tarde para retirar la canica, según contó. Hemos revisado imágenes de Serrada recibiendo atención médica en la calle, de las radiografías que le tomaron y de la canica que se extrajo de su cuerpo.
A principios de julio, el estudiante Hernán Sánchez (seudónimo), de 16 años, del estado Mérida, se dirigía desde la escuela a su clase de teatro cuando se encontró con una manifestación. Sánchez dijo que, al ver que llegaba la policía del estado Mérida, empezó a correr e intentó esconderse detrás de un automóvil. Afirma que un policía montado en una motocicleta lo vio y le disparó desde corta distancia con un arma con perdigones. Sánchez dijo que, al no haber advertido las lesiones sufridas, siguió corriendo hasta que fue capturado por policías que lo llevaron a una estación cercana. Recién entonces se dio cuenta de que le sangraba el abdomen, manifestó Sánchez.
Sánchez señaló que, aunque su camiseta blanca estaba empapada en sangre, lo cual indicaba que estaba herido, fue golpeado por policías en la estación y liberado en una plaza pública algunos minutos más tarde. Un hombre que pasaba por allí lo llevó a una clínica donde, según indicó Sánchez, los médicos le dijeron que los perdigones le habían perforado el colon y que aún tenía en el cuerpo una parte del cartucho. Los médicos debieron practicarle una colostomía y Sánchez pasó más de un mes en el hospital. Sus familiares señalaron a Human Rights Watch que las tres operaciones les costaron alrededor de 15 millones de bolívares y que la madre de Sánchez, que tuvo que dejar de trabajar para cuidar a su hijo, se vio obligada a cancelar el alquiler de su restaurante por no poder pagarlo, y a tomar préstamos para solventar el tratamiento de su hijo.
En otro caso a fines de junio, Carlos Rambrant (seudónimo), de 19 años, estaba en la primera línea de una protesta con otros jóvenes cuando, de pronto, se encontró en el suelo. Las radiografías que la familia de Rambrant compartió con Human Rights Watch mostraron una bala alojada en una de sus vértebras cervicales. Rambrant explicó que la bala no le había atravesado el cuello porque antes había rebotado desde el interior de su máscara de gas. Aunque no podía moverse y sentía como si su cuerpo hubiera muerto, todavía estaba consciente.
Otros manifestantes llevaron rápidamente a Rambrant a un hospital donde los médicos lo estabilizaron, manifestó. Miembros del CICPC se presentaron en el lugar rápidamente para hacerle preguntas. Por temor a ser detenidos, los familiares de Rambrant mintieron a la CICPC y dijeron que al joven le había disparado un ladrón.
Rambrant, que se encontraba postrado, dijo que la bala no le había seccionado la columna vertebral, pero sí le había quemado una parte, y que esto le había ocasionado parálisis temporal. “Al principio, por el golpe, todo el dolor se bloqueó y yo no lo sentía. Pero fui recuperando la sensibilidad progresivamente y ahora siento mucho dolor. Ahora tengo un poco de movilidad, pero igualmente no siento nada desde el corazón para abajo”, explicó. Señaló que los médicos le dijeron que volver a caminar podría llevarle hasta un año.
GOLPIZAS
El 22 de julio, en Barquisimeto, estado Lara, personal de la GNB habría dado una golpiza al fotógrafo de prensa Luis Enrique Díaz Kay, quien había intentado evitar la detención de un joven que, según creía, las autoridades habían detenido por suponer equivocadamente que había participado en una protesta. Dijo que los agentes de la GNB lo golpearon en la cabeza y cayó al suelo. Según Díaz, mientras algunos lo sujetaban por los pies, otros lo golpearon y le dieron patadas en distintas partes del cuerpo. Díaz expresó que se defendió y que había logrado ponerse de pie nuevamente, pero uno de los guardias lo tomó fuertemente del cuello hasta que le faltó el aire y le fracturó dos vértebras cervicales, justo antes de que Díaz lo mordiera y lograra escapar. Cuando entrevistamos a Díaz en agosto, usaba un cuello ortopédico. Human Rights Watch consultó una copia de su historia clínica y la descripción de las lesiones coincidía con lo señalado por Díaz.
El 26 de julio, agentes de la GNB capturaron a Alberto Caramés (seudónimo), de 37 años, durante un intento de dispersar una barricada instalada como protesta en Mérida. Caramés expresó que un guardia le fracturó la mandíbula con la culata de su arma, y que sentía que los molares inferiores tocaban su paladar. Luego, los guardias le quitaron los zapatos y le ataron las manos a una motocicleta usando el suéter que llevaba puesto. Lo arrastraron descalzo a una velocidad de 20 o 30 kilómetros por hora por cerca de 10 metros. Como consecuencia, sufrió quemadura completa de las plantas de los pies, señaló Caramés. A continuación, el suéter se rompió y él cayó al suelo. Se desmayó y recobró el conocimiento cuando se encontraba en una clínica privada.
REDADAS EN ZONAS RESIDENCIALES
Al realizar las investigaciones para este informe, Human Rights Watch y el Foro Penal también documentaron seis casos en los cuales miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas llevaron a cabo redadas en áreas residenciales y edificios de apartamentos en Caracas y en cuatro estados. En algunas de estas redadas, que habitualmente se produjeron cerca de barricadas construidas por residentes en forma de protesta, las fuerzas de seguridad presuntamente irrumpieron en viviendas particulares sin contar con órdenes judiciales, robaron artículos personales y alimentos y golpearon y detuvieron a residentes.
El 15 de mayo, decenas de habitantes del área residencial de Mañongo, en Valencia, estado Carabobo, participaron en una protesta nacional contra el gobierno que se conoció como “el Plantón”, durante la cual los manifestantes bloquearon carreteras principales en todo el país. Alrededor de las 4 p.m., después de finalizada la manifestación, al menos 50 miembros de la GNB y del CICPC ingresaron por la fuerza en cuatro edificios residenciales de la zona diciendo que estaban buscando a un francotirador, contó un residente. Varios residentes dijeron que los agentes de seguridad entraron por la fuerza en varios departamentos, donde robaron artículos personales de sus residentes, incluidos teléfonos celulares, prendas de vestir y dinero en efectivo. Un residente manifestó que vio a un agente apuntar un arma a una mujer que tenía en brazos a un bebé; y otros informaron que los agentes golpearon y detuvieron a varios residentes y a dos personas que trabajaban en los edificios.
El 13 de junio, agentes de la GNB y del CONAS llevaron a cabo un allanamiento en el complejo de departamentos Los Verdes, en Caracas, horas después de que muchos de sus residentes habían participado en protestas contra el gobierno, señaló una residente.
Los agentes que ingresaron en la vivienda de esta residente se encontraban armados, tenían el rostro cubierto con pasamontañas negros y no exhibieron ningún documento de identificación, expresó la residente. No tenían un orden judicial, agregó, y le dijeron que, si colaboraba con ellos, “no habría violencia”.
Otra residente del complejo de apartamentos dijo al sitio de noticias Crónica Uno que un grupo de 10 hombres armados —dos de ellos con el rostro cubierto— ingresaron en su vivienda, la acusaron de colaborar con “terroristas” y le dispararon a su perro en el ojo cuando comenzó a ladrar. Otros dijeron a medios de Venezuela, en entrevistas grabadas disponibles en vídeo, que agentes de seguridad dañaron automóviles, ingresaron en viviendas sin órdenes judiciales, se llevaron computadoras y grabaciones de video de cámaras de seguridad en las oficinas centrales del edificio y detuvieron a varias personas. Varios residentes registraron el momento en que un convoy militar irrumpió en la entrada principal del complejo residencial y tomaron fotografías de los destrozos causados a las puertas y a los automóviles, según se informó en los medios.
Esa noche, el Ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol dijo, a través de Twitter, que 23 “terroristas” habían resultado detenidos durante el operativo.
En otros casos, miembros de las fuerzas de seguridad habrían disparado en forma indiscriminada hacia zonas residenciales donde manifestantes desarrollaban actividades o donde se presumía que vivían. En la ciudad de Mérida, por ejemplo, varios complejos residenciales cerca de las áreas de La Croacia, La Humboldt y Cardenal Quintero se vieron particularmente afectados. Socorristas voluntarios que trabajaron en esas zonas durante las protestas contaron que varias personas que vivían en los complejos residenciales se vieron afectadas por el gas lacrimógeno lanzado por las fuerzas de seguridad desde las calles hacia sus viviendas. Un joven estudiante de medicina que vivía en el lugar y también atendió a los pacientes dijo que personal de la GNB disparó aproximadamente 30 cartuchos de gas lacrimógeno en dirección a las residencias Cardenal Quintero el 27 de mayo.
El 30 de mayo, residentes del complejo de edificios de departamentos Parque Las Américas, en Mérida, dijeron a la organización de derechos humanos local Promedehum que varios departamentos —incluidos algunos donde en ese momento se encontraban sus residentes—, se incendiaron cuando miembros de la GNB arrojaron cartuchos de gas lacrimógeno a través de las ventanas. El gobernador del estado de Mérida hizo referencia a un informe de los bomberos que indicaba que la causa del incendio era “indeterminada”, según Promedehum. También hay testimonios de residentes que manifestaron que las fuerzas de seguridad dispararon casquillos modificados con canicas de vidrio grandes directamente a los apartamentos. Otros cartuchos de gas lacrimógeno cayeron en el interior de un establecimiento de educación preescolar de la zona, señaló Promedehum. Si bien en ese momento no había niños la institución, varios miembros del personal tuvieron que esconderse en los baños.
Entre abril y julio de 2017, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas —incluidas la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y fuerzas policiales estatales—, junto con “colectivos”, recurrieron, de manera sistemática, a un uso desproporcionado de la fuerza para reprimir protestas contra el gobierno. En algunos de estos casos, el uso de la fuerza por los agentes no sólo pareció ser desproporcionado, sino que además no tuvo justificación alguna.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluyó en agosto de 2017 que el gobierno venezolano estaba impulsando “una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”. Afirmó que su investigación sugiere “un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes”, así como “un esquema de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan violentos allanamientos de viviendas, torturas y malos tratos a los detenidos en relación con las protestas”.
Un informe oficial del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información señaló que se habían registrado 167 muertes en relación con las manifestaciones que tuvieron lugar entre el 6 de abril y el 4 de agosto de 2017, incluidos 17 casos en los cuales las personas fallecidas tenían menos de 18 años. Veintinueve de estas muertes se produjeron el 30 de julio, el día de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.
Según el ACNUDH, de las 124 muertes registradas por el Ministerio Público que ocurrieron en el contexto de manifestaciones contra el gobierno entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017, miembros de las fuerzas de seguridad habrían sido responsables de, al menos 46 casos, y “colectivos”, de 27. El ACNUDH no contaba con información suficiente para emitir conclusiones respecto de quién era responsable por el resto de las muertes.
Durante la represión de las protestas contra el gobierno en 2014, las fuerzas de seguridad permitieron que “colectivos” agredieran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron con ellos en los ataques. En al menos cuatro casos documentados para este informe, intervinieron “colectivos” en la detención de personas que, posteriormente, fueron puestas a disposición de las fuerzas de seguridad. En varios casos, hubo testigos que describieron que los “colectivos” trabajaban en forma conjunta con miembros de las fuerzas de seguridad o a plena vista de estos para reprimir manifestaciones, en ocasiones disparando con armas de fuego contra los manifestantes. El 5 de julio, varios miembros de “colectivos” atacaron y sitiaron la Asamblea Nacional en Caracas durante varias horas, a la vista de miembros de las fuerzas de seguridad que parecieron hacer poco para proteger a la institución o para dispersar a estas pandillas armadas partidarias del gobierno].
Durante el período comprendido entre abril y julio, miembros de las fuerzas de seguridad utilizaron armas menos letales, como cañones de agua, gases lacrimógenos y perdigones, de un modo que parecía tener como fin deliberado infligir dolor a manifestantes y transeúntes. Los testigos, las víctimas y el personal médico que los atendió describieron numerosos incidentes en los cuales las fuerzas de seguridad utilizaron casquillos de balas de goma modificados que, en cambio, llevaban dentro canicas, vidrios rotos o tuercas metálicas. En algunos casos, esos proyectiles pueden ser letales. En algunas circunstancias, el uso abusivo de este tipo de armas menos letales, cuando se realiza con la intención de causar daño grave, y según la intensidad del dolor y el sufrimiento provocado, puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, o incluso tortura.
En todo el país, manifestantes y ciudadanos que viven en áreas donde los opositores han instalado barricadas han sufrido, con frecuencia, lesiones ocasionadas por cartuchos de gas lacrimógeno, rondas de disparos de armas de fuego regulares o modificadas y disparos de balas efectuados desde corta distancia por miembros de las fuerzas de seguridad y “colectivos”, que en algunas oportunidades ocasionaron lesiones graves —algunas de ellas de carácter permanente—e incluso la muerte. En muchos casos, las fuerzas de seguridad no habrían realizado ninguna advertencia antes de disparar una gran variedad de municiones antidisturbios y cartuchos de gas lacrimógeno en manifestaciones y áreas residenciales próximas, según lo indicaron manifestantes y transeúntes en entrevistas. Y tal como se detalló anteriormente en el informe, miembros de las fuerzas de seguridad a menudo también sometieron a manifestantes y transeúntes a cruentas golpizas y otras formas de violencia física al reprimir las manifestaciones.
El gobierno sostiene que 10 agentes de las fuerzas de seguridad —tres de la GNB, uno de la DGCIM y seis de fuerzas policiales estatales— murieron en el contexto de las manifestaciones. Informó sobre varios episodios de violencia contra simpatizantes del gobierno, incluidos dos casos en los cuales las víctimas habrían sido quemadas y uno en el cual se linchó a un militar retirado.
Durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, algunos grupos de manifestantes opositores al gobierno, en oportunidades, utilizaron piedras, cócteles Molotov, fuegos artificiales modificados y utilizados como explosivos, morteros y otros explosivos de fabricación casera.
Las reuniones ilícitas o violentas pueden ser dispersadas por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, al dispersar cualquier reunión pacífica, aun cuando sea ilícita, las fuerzas de seguridad deben evitar el uso de la fuerza o, si eso no es posible, restringir su uso al mínimo grado necesario. Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios de seguridad pública pueden usar armas de fuego solamente cuando no sea posible emplear medios menos peligrosos, e igualmente sólo en la medida mínima necesaria. En todos los casos, deberían usar armas de fuego solamente para fines de autodefensa o en defensa de terceros contra una amenaza inminente de muerte o lesión grave, para prevenir la comisión de un delito particularmente grave que implique una amenaza seria para la vida, o para detener o evitar la fuga de una persona que presente dicho peligro y se resista a su autoridad. Aun en estas circunstancias, se deben utilizar armas de fuego solamente cuando los métodos menos extremos no resulten suficientes para lograr estos objetivos. El uso letal deliberado de armas de fuego se permite solamente cuando resulta estrictamente inevitable para proteger la vida.
ASESINATOS
El 26 de abril, el jugador de baloncesto Juan Pablo Pernalete, de 20 años, que cursaba la carrera de contador público, estaba participando en una manifestación contra el gobierno en Altamira, Caracas, cuando un agente de la GNB lanzó directamente sobre el tórax de Pernalete, a una distancia de 15 metros, un proyectil de gas lacrimógeno diseñado para ser disparado desde larga distancia. El impacto le provocó la muerte.
Si bien funcionarios gubernamentales inmediatamente culparon a los demás manifestantes por la muerte de Pernalete, una investigación llevada a cabo por quien era entonces Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, estableció que, de hecho, un agente de la GNB había sido el autor del disparo fatal. Una abogada que estaba trabajando en el caso señaló que las pruebas en el expediente de Ortega Díaz indicaban que el guardia había lanzado el proyectil de largo alcance desde una distancia de aproximadamente 15 metros del lugar donde estaba Pernalete.
El 8 de septiembre, Tarek Saab William, el Fiscal General nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente oficialista después de la destitución de Ortega, anunció que volvería a abrir la investigación de la muerte de Pernalete debido a la sospecha de que pruebas que incriminaban a la GNB se habían manipulado.
El 13 de agosto, el estudiante y jugador de fútbol Luis Guillermo Espinoza, de 16 años, murió varias semanas después de que un miembro de la GNB le disparara a quemarropa en la cabeza durante una manifestación en San Diego, estado Carabobo. Un testigo describió a Human Rights Watch que el adolescente estaba intentando escapar corriendo de miembros de la GNB el 5 de junio cuando tres motocicletas lo rodearon. Espinoza se resistió cuando los agentes lo golpearon, y luego intentó escapar. “Le colocaron la escopeta en la cabeza. Él se quedó tranquilo por un momento”, manifestó el testigo a Human Rights Watch. “Se descuida el guardia y Luis empezó a correr. Oí una detonación. Yo cerré los ojos. Y luego lo vi [en el piso].”
En otro caso documentado para este informe, un transeúnte murió cuando miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente efectuaron disparos hacia zonas residenciales donde se habían refugiado manifestantes. El 11 de julio, miembros de las fuerzas de seguridad habrían disparado a través de las puertas de un complejo residencial de El Tocuyo, estado Lara, y mataron a la profesora de educación física jubilada y organizadora comunitaria Janeth Angulo, de 55 años, que estaba de pie frente a su vivienda. “Había salido para dejar que una mujer embarazada se refugiara en su casa, que queda a unos 300 metros de donde estaban disparando las fuerzas de seguridad, cuando le pegaron un tiro en la cabeza”, dijo una de sus hermanas. Sus familiares dijeron que, más tarde, un policía fue detenido en relación con la muerte de Angulo.
El 7 de junio, Neomar Lander, de 17 años, viajó con su madre y un primo desde Guarenas, donde residen, para participar en una manifestación contra el gobierno en Caracas. Cuando los agentes de la GNB y de la PNB avanzaron para dispersar la protesta, los manifestantes comenzaron a correr en diferentes direcciones, explicó Zugeimar Armas, la madre de Lander. Armas perdió de vista a su hijo.
Más tarde, ese mismo día, recibió una llamada en la cual una persona conocida le dijo que, en redes sociales, circulaba un video en el cual se mostraba que Lander había sido asesinado. Armas acudió a una clínica donde, según le dijeron, habían llevado a Lander. Allí, un médico le informó que el muchacho había llegado sin signos vitales. Armas manifestó que le permitieron ver el cuerpo de su hijo, que tenía un “hueco” en el tórax que era “demasiado grande”.
El 8 de junio, el vicepresidente de Venezuela sostuvo que Lander falleció por la explosión de un mortero, y descartó que su muerte se debía al impacto de una bomba lacrimógena.
En octubre, una representante del Ministerio Público le dijo a Armas y a su esposo que debían confiar en ella y en los fiscales, que entonces estaban investigando el caso. Armas dijo a Human Rights Watch en octubre: “¿Cómo pretende que confiemos en ella si van cuatro meses y no pasó nada, y el gobierno dice que Neomar se mató?”
LESIONES GRAVES
Las estadísticas más recientes publicadas por el Ministerio Público durante el mandato de Luisa Ortega Díaz, recientemente destituida, indican que, para fines de julio, se estaban investigando casi 2.000 casos de personas heridas durante las protestas. Si bien este número parece incluir casos en los cuales manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad fueron los presuntos autores, en más de la mitad de los casos el Ministerio Público estaba investigando presuntas violaciones de derechos fundamentales.
Profesionales médicos entrevistados por Human Rights Watch que trabajaban en diferentes centros de salud en cinco lugares distintos señalaron haber tratado a numerosas personas con lesiones causadas por perdigones y cartuchos de gas lacrimógeno disparados a quemarropa a los manifestantes, con heridas en el abdomen, el torso, la cabeza y los ojos.
El 18 de mayo, el estudiante Oscar Serrada, de 22 años, estaba participando en una protesta contra el gobierno en la autopista Francisco Fajardo en Caracas cuando personal de la GNB y la PNB comenzó a disparar cartuchos de gas lacrimógeno a la multitud. La mayor parte de los manifestantes escaparon del lugar, pero algunos comenzaron a arrojar piedras y cócteles Molotov a los agentes de seguridad.
Serrada dijo que se alejó corriendo de la autopista y que, en una avenida cercana, caminó con las manos en alto hacia algunos miembros de la GNB, pidiendo que “parara la represión”. A medida que se acercaba, vio a un guardia a menos de 10 metros de distancia que estaba apuntándole con su escopeta, por lo cual se dio vuelta y comenzó a correr. Sintió un impacto en la parte posterior de la pierna derecha y tuvo la sensación de estar perdiendo mucha sangre, manifestó Serrada.
Alguien vio que Serrada cojeaba y lo llevó en motocicleta a un centro de atención de urgencias de la Cruz Verde en las proximidades, donde le brindaron atención de primeros auxilios. Luego, Serrada se dirigió a una clínica, donde una radiografía reveló que tenía una canica (metra) de vidrio alojada en la pierna. Los médicos operaron a Serrada dos días más tarde para retirar la canica, según contó. Hemos revisado imágenes de Serrada recibiendo atención médica en la calle, de las radiografías que le tomaron y de la canica que se extrajo de su cuerpo.
A principios de julio, el estudiante Hernán Sánchez (seudónimo), de 16 años, del estado Mérida, se dirigía desde la escuela a su clase de teatro cuando se encontró con una manifestación. Sánchez dijo que, al ver que llegaba la policía del estado Mérida, empezó a correr e intentó esconderse detrás de un automóvil. Afirma que un policía montado en una motocicleta lo vio y le disparó desde corta distancia con un arma con perdigones. Sánchez dijo que, al no haber advertido las lesiones sufridas, siguió corriendo hasta que fue capturado por policías que lo llevaron a una estación cercana. Recién entonces se dio cuenta de que le sangraba el abdomen, manifestó Sánchez.
Sánchez señaló que, aunque su camiseta blanca estaba empapada en sangre, lo cual indicaba que estaba herido, fue golpeado por policías en la estación y liberado en una plaza pública algunos minutos más tarde. Un hombre que pasaba por allí lo llevó a una clínica donde, según indicó Sánchez, los médicos le dijeron que los perdigones le habían perforado el colon y que aún tenía en el cuerpo una parte del cartucho. Los médicos debieron practicarle una colostomía y Sánchez pasó más de un mes en el hospital. Sus familiares señalaron a Human Rights Watch que las tres operaciones les costaron alrededor de 15 millones de bolívares y que la madre de Sánchez, que tuvo que dejar de trabajar para cuidar a su hijo, se vio obligada a cancelar el alquiler de su restaurante por no poder pagarlo, y a tomar préstamos para solventar el tratamiento de su hijo.
En otro caso a fines de junio, Carlos Rambrant (seudónimo), de 19 años, estaba en la primera línea de una protesta con otros jóvenes cuando, de pronto, se encontró en el suelo. Las radiografías que la familia de Rambrant compartió con Human Rights Watch mostraron una bala alojada en una de sus vértebras cervicales. Rambrant explicó que la bala no le había atravesado el cuello porque antes había rebotado desde el interior de su máscara de gas. Aunque no podía moverse y sentía como si su cuerpo hubiera muerto, todavía estaba consciente.
Otros manifestantes llevaron rápidamente a Rambrant a un hospital donde los médicos lo estabilizaron, manifestó. Miembros del CICPC se presentaron en el lugar rápidamente para hacerle preguntas. Por temor a ser detenidos, los familiares de Rambrant mintieron a la CICPC y dijeron que al joven le había disparado un ladrón.
Rambrant, que se encontraba postrado, dijo que la bala no le había seccionado la columna vertebral, pero sí le había quemado una parte, y que esto le había ocasionado parálisis temporal. “Al principio, por el golpe, todo el dolor se bloqueó y yo no lo sentía. Pero fui recuperando la sensibilidad progresivamente y ahora siento mucho dolor. Ahora tengo un poco de movilidad, pero igualmente no siento nada desde el corazón para abajo”, explicó. Señaló que los médicos le dijeron que volver a caminar podría llevarle hasta un año.
GOLPIZAS
El 22 de julio, en Barquisimeto, estado Lara, personal de la GNB habría dado una golpiza al fotógrafo de prensa Luis Enrique Díaz Kay, quien había intentado evitar la detención de un joven que, según creía, las autoridades habían detenido por suponer equivocadamente que había participado en una protesta. Dijo que los agentes de la GNB lo golpearon en la cabeza y cayó al suelo. Según Díaz, mientras algunos lo sujetaban por los pies, otros lo golpearon y le dieron patadas en distintas partes del cuerpo. Díaz expresó que se defendió y que había logrado ponerse de pie nuevamente, pero uno de los guardias lo tomó fuertemente del cuello hasta que le faltó el aire y le fracturó dos vértebras cervicales, justo antes de que Díaz lo mordiera y lograra escapar. Cuando entrevistamos a Díaz en agosto, usaba un cuello ortopédico. Human Rights Watch consultó una copia de su historia clínica y la descripción de las lesiones coincidía con lo señalado por Díaz.
El 26 de julio, agentes de la GNB capturaron a Alberto Caramés (seudónimo), de 37 años, durante un intento de dispersar una barricada instalada como protesta en Mérida. Caramés expresó que un guardia le fracturó la mandíbula con la culata de su arma, y que sentía que los molares inferiores tocaban su paladar. Luego, los guardias le quitaron los zapatos y le ataron las manos a una motocicleta usando el suéter que llevaba puesto. Lo arrastraron descalzo a una velocidad de 20 o 30 kilómetros por hora por cerca de 10 metros. Como consecuencia, sufrió quemadura completa de las plantas de los pies, señaló Caramés. A continuación, el suéter se rompió y él cayó al suelo. Se desmayó y recobró el conocimiento cuando se encontraba en una clínica privada.
REDADAS EN ZONAS RESIDENCIALES
Al realizar las investigaciones para este informe, Human Rights Watch y el Foro Penal también documentaron seis casos en los cuales miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas llevaron a cabo redadas en áreas residenciales y edificios de apartamentos en Caracas y en cuatro estados. En algunas de estas redadas, que habitualmente se produjeron cerca de barricadas construidas por residentes en forma de protesta, las fuerzas de seguridad presuntamente irrumpieron en viviendas particulares sin contar con órdenes judiciales, robaron artículos personales y alimentos y golpearon y detuvieron a residentes.
El 15 de mayo, decenas de habitantes del área residencial de Mañongo, en Valencia, estado Carabobo, participaron en una protesta nacional contra el gobierno que se conoció como “el Plantón”, durante la cual los manifestantes bloquearon carreteras principales en todo el país. Alrededor de las 4 p.m., después de finalizada la manifestación, al menos 50 miembros de la GNB y del CICPC ingresaron por la fuerza en cuatro edificios residenciales de la zona diciendo que estaban buscando a un francotirador, contó un residente. Varios residentes dijeron que los agentes de seguridad entraron por la fuerza en varios departamentos, donde robaron artículos personales de sus residentes, incluidos teléfonos celulares, prendas de vestir y dinero en efectivo. Un residente manifestó que vio a un agente apuntar un arma a una mujer que tenía en brazos a un bebé; y otros informaron que los agentes golpearon y detuvieron a varios residentes y a dos personas que trabajaban en los edificios.
El 13 de junio, agentes de la GNB y del CONAS llevaron a cabo un allanamiento en el complejo de departamentos Los Verdes, en Caracas, horas después de que muchos de sus residentes habían participado en protestas contra el gobierno, señaló una residente.
Los agentes que ingresaron en la vivienda de esta residente se encontraban armados, tenían el rostro cubierto con pasamontañas negros y no exhibieron ningún documento de identificación, expresó la residente. No tenían un orden judicial, agregó, y le dijeron que, si colaboraba con ellos, “no habría violencia”.
Otra residente del complejo de apartamentos dijo al sitio de noticias Crónica Uno que un grupo de 10 hombres armados —dos de ellos con el rostro cubierto— ingresaron en su vivienda, la acusaron de colaborar con “terroristas” y le dispararon a su perro en el ojo cuando comenzó a ladrar. Otros dijeron a medios de Venezuela, en entrevistas grabadas disponibles en vídeo, que agentes de seguridad dañaron automóviles, ingresaron en viviendas sin órdenes judiciales, se llevaron computadoras y grabaciones de video de cámaras de seguridad en las oficinas centrales del edificio y detuvieron a varias personas. Varios residentes registraron el momento en que un convoy militar irrumpió en la entrada principal del complejo residencial y tomaron fotografías de los destrozos causados a las puertas y a los automóviles, según se informó en los medios.
Esa noche, el Ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol dijo, a través de Twitter, que 23 “terroristas” habían resultado detenidos durante el operativo.
En otros casos, miembros de las fuerzas de seguridad habrían disparado en forma indiscriminada hacia zonas residenciales donde manifestantes desarrollaban actividades o donde se presumía que vivían. En la ciudad de Mérida, por ejemplo, varios complejos residenciales cerca de las áreas de La Croacia, La Humboldt y Cardenal Quintero se vieron particularmente afectados. Socorristas voluntarios que trabajaron en esas zonas durante las protestas contaron que varias personas que vivían en los complejos residenciales se vieron afectadas por el gas lacrimógeno lanzado por las fuerzas de seguridad desde las calles hacia sus viviendas. Un joven estudiante de medicina que vivía en el lugar y también atendió a los pacientes dijo que personal de la GNB disparó aproximadamente 30 cartuchos de gas lacrimógeno en dirección a las residencias Cardenal Quintero el 27 de mayo.
El 30 de mayo, residentes del complejo de edificios de departamentos Parque Las Américas, en Mérida, dijeron a la organización de derechos humanos local Promedehum que varios departamentos —incluidos algunos donde en ese momento se encontraban sus residentes—, se incendiaron cuando miembros de la GNB arrojaron cartuchos de gas lacrimógeno a través de las ventanas. El gobernador del estado de Mérida hizo referencia a un informe de los bomberos que indicaba que la causa del incendio era “indeterminada”, según Promedehum. También hay testimonios de residentes que manifestaron que las fuerzas de seguridad dispararon casquillos modificados con canicas de vidrio grandes directamente a los apartamentos. Otros cartuchos de gas lacrimógeno cayeron en el interior de un establecimiento de educación preescolar de la zona, señaló Promedehum. Si bien en ese momento no había niños la institución, varios miembros del personal tuvieron que esconderse en los baños.
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