Represión política en Venezuela: Detenciones y abusos de manifestantes y transeúntes
* * copiado tal cual del informe "Arremetida contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela" de Human Rights Watch
El 26 de abril, personal de la GNB detuvo al estudiante David Romero (seudónimo), de 19 años, durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Barquisimeto, estado Lara. Según el relato de Romero sobre lo que sucedió después, los agentes lo capturaron y luego lo golpearon, a él y a otras personas, con los puños y con sus rifles durante una operación en una zona residencial donde manifestantes contra el gobierno habían instalado barricadas.
Romero manifestó que agentes de la GNB lo llevaron hasta un vehículo donde ya había otras 28 personas detenidas, incluidas 11 que eran menores de 18 años. Según Romero, cuando llegaron a la dependencia de la GNB, hombres uniformados del CONAS empezaron a golpear a varios de los detenidos, entre ellos Romero, quien dijo que los agentes lo amenazaron, le jalaron el cabello, le dieron golpes de puño y patadas, y luego le quitaron su documento de identidad, el dinero que tenía y su teléfono celular.
El 28 de abril, se presentó ante los tribunales a 28 personas detenidas en la redada del 26 de abril. Los adultos, incluido Romero, fueron acusados de varios delitos, como obstrucción de vía pública y “ultraje al centinela”. El fiscal no señaló ningún hecho que apuntara a la responsabilidad penal individual de ninguno de los acusados. El juez autorizó su liberación bajo fianza y exigió cinco fiadores para cada uno. No obstante, después de que se presentaron los garantes para los detenidos, pasaron varias semanas hasta que estos fueron efectivamente liberados, debido a lo cual permanecieron detenidos de manera arbitraria.
Durante este período, y por más de un mes, según Romero, permaneció con otras 27 personas en un centro de detención donde las condiciones eran nefastas. Cuando los detenidos llegaron al centro, un sargento le propinó a cada uno un golpe con una piedra, diciendo que era la “piedra de la justicia”. Todos los detenidos fueron encerrados en una celda de 3 x 3 metros y sin baño, debido a lo cual se veían obligados a usar una botella que los guardias penitenciarios retiraban por la mañana. Una vez por día, arrojaban una bomba pequeña de gas lacrimógeno en el interior de la celda, que tardaba aproximadamente 10 minutos en disiparse a través de la única ventana que había en la habitación. Los guardias no les daban de comer a los detenidos; solamente comían lo que les traían sus familias y solo cuando los guardias no se quedaban con los alimentos, contó Romero.
Finalmente, Romero fue liberado bajo fianza, pero en octubre de 2017 todavía debía presentarse ante los tribunales cada ocho días.
El 1 de mayo, el estudiante Emerson Ibarra, de 24 años, estaba participando en una manifestación en Mérida cuando lo rodearon cerca de 10 agentes de la PNB en motocicletas. Según nos contó, esto fue lo que ocurrió:
Un policía quitó a Ibarra el pasamontaña que llevaba puesto ese día y otro le dijo que subiera a la motocicleta. Cuando se resistió, uno de ellos lo golpeó en el rostro con la culata de su rifle y lo obligó a subir.
Ibarra fue llevado con otras tres personas a quienes no conocía —que según dijo, tenían 17, 20 y 25 años— a la sede de la policía estatal en Glorias Patrias, en el centro de Mérida, donde varios agentes los golpearon antes de llevarlos a la oficina de la división de inteligencia de la policía estatal.
Cuando llegaron, los policías los llamaron “malditos guarimberos”. Uno de los policías, a quien Ibarra reconoció como uno de los que habían participado en su detención, lo golpeó con esposas durante 10 minutos, mientras otro lo acusaba de ser un líder estudiantil y de tener fotografías de las manifestaciones en su cuenta de Twitter. El policía dijo que no quería volver a verlo en las calles, o de lo contrario lo “iban a joder”.
Esa noche, los agentes los metieron en una cocina dentro de la sede de inteligencia, les ajustaron fuertemente las esposas, y no les permitieron dormir, al ingresar repetidas veces en la sala gritando “¡guarimberos!” o insultándolos. La familia de Ibarra no pudo verlo durante seis días.
El 4 de mayo, los cuatro jóvenes fueron llevados ante un tribunal. Si bien el Ministerio Público solicitó su liberación sin ninguna medida cautelar, el juez resolvió que solamente serían liberados bajo fianza. La documentación para su liberación bajo fianza se presentó ese mismo día, pero quedaron detenidos ocho días más debido a demoras en el trámite de los documentos. Unos días más tarde, cuando Ibarra estaba en una habitación con otros detenidos, dos agentes de la división de inteligencia de la policía estatal detonaron un cartucho de gas lacrimógeno en la habitación y se burlaron de su reacción, contó. Ibarra huyó del país.
El 15 de mayo, agentes de la PNB detuvieron a Carlos Jordán (seudónimo) en el estado Aragua cuando estaba regresando a su domicilio. En ese momento, se estaba desarrollando en las proximidades una manifestación en contra del gobierno, y otras nueve personas que sostienen que no habían participado en la protesta también fueron detenidas ese día en la misma zona.
Después de su detención, los agentes obligaron a Jordán a quitarse los pantalones y uno de los ellos lo penetró analmente con un “tubo”, según lo manifestó Jordán al juez en su primera audiencia. En la audiencia, los detenidos manifestaron que, durante su detención, agentes de la PNB los golpearon brutalmente con sus cascos y con sus armas, y los obligaron a inhalar residuos de gases lacrimógenos y a bailar sensualmente entre ellos mientras los agentes de la PNB se reían. Los policías les robaron zapatos, teléfonos celulares y dinero a los detenidos.
El 17 de mayo, Jordán y los demás fueron llevados ante un juez y acusados de instigación a delinquir. Su abogado afirmó que su liberación se demoró de manera deliberada y Jordán fue llevado nuevamente al mismo centro de detención por una semana, hasta que el tribunal aceptó finalmente los fiadores presentados por su defensa.
En junio, agentes de la GNB detuvieron al estudiante Lawrence Espósito (seudónimo), de 17 años, cuando estaba filmando una manifestación en contra del gobierno con su teléfono, en el estado Carabobo. Según Espósito, un policía en motocicleta le apuntó con un arma de fuego en las costillas y le dijo que se subiera a la motocicleta.
Agentes de la GNB obligaron a Espósito a ingresar en un vehículo. Según señaló, en el interior, los agentes los golpearon repetidas veces a él y a otros detenidos, amenazaron con violarlos sexualmente y les arrojaron gas pimienta en el rostro. Luego, arrojaron una bomba de gas lacrimógeno en el interior del vehículo y cerraron las puertas, lo cual provocó que Esposito y otros perdieran el conocimiento.
Los miembros de la GNB llevaron a Espósito y a otros detenidos hasta una base y los dejaron fuera, en un patio donde los policías dejaron que dos perros de raza pitbull y dos pastores alemanes los atacaran, señaló Esposito. El policía de mayor jerarquía en el lugar golpeó a Espósito en el pecho y esto provocó que dejara de respirar. Cuando Espósito cayó al suelo, el jefe dijo: “Ahora sí, vas a llorar”.
En el centro de detención, 18 detenidos fueron encerrados en una celda de 3 x 3 metros, según Espósito. Durante la detención, Espósito manifestó haber visto a miembros de la GNB llevar a dos detenidos a un pasillo para que uno le disparara al otro. Cuando uno se negó a hacerlo, un agente disparó perdigones al otro de todos modos, y luego le aplicó sal en las heridas, lo cual hizo que se desmayara.
A los dos días de estar detenido, a Espósito se le permitió hablar con su abogado, pero sólo por cinco minutos antes de ser llevado ante un juez. Espósito señala que el juez dispuso su liberación, pero le dijo que no debía contarle a nadie lo que había ocurrido.
Después de que Espósito fue liberado, sus familiares recibieron varios mensajes telefónicos intimidatorios, procedentes de números desconocidos. La madre de Espósito señaló que una motocicleta negra sin matrícula se detuvo junto a ella y que un hombre le preguntó si era “la madre de Lawrence”. Ella lo negó, y el hombre replicó: “Sí, señora. Usted es la mamá de Lawrence. Le voy a dar un consejo: que se calle y quede tranquila. La vida en este país no vale nada. No más fiscalía, no más denuncias. Déjenlo en la casa, las mamás cuidan a sus hijos”.
El 20 de junio, el estudiante Jorge Jiménez (seudónimo), de 17 años, se dirigía caminando a la casa de su abuela cuando se encontró en medio de manifestantes y agentes de la policía de Mérida durante una protesta. Tenía el rostro cubierto con una camiseta (franela) para evitar inhalar los gases lacrimógenos.
Fue detenido por policías y llevado a una dependencia policial, donde un agente lo golpeó en el estómago, en la cabeza y en el hombro, le dio bofetadas y le aplicó golpes en las piernas con un palo porque, según dijo el policía, Jiménez era un “guarimbero”. En los cuarteles del CICPC, los agentes le colocaron una bolsa plástica en la cabeza para obligarlo a dar los nombres y domicilios de personas que habían estado participando en protestas.
Cuando el Foro Penal supo de su detención, un abogado se dirigió a las oficinas del CICPC y allí le dijeron que Jiménez no estaba detenido, sino que estaba siendo interrogado. No permitieron que su abogado ni su familia lo vieran, según señaló el abogado, quien amenazó con presentar un recurso de hábeas corpus. Horas más tarde, agentes del CICPC liberaron a Jiménez, sin haberlo llevado ante un juez en ningún momento.
El 6 de julio, agentes de la GNB detuvieron al periodista y activista social Carlos Julio Rojas, quien había colaborado con dos organizaciones no gubernamentales que trabajan con residentes de varios vecindarios de Caracas, mientras caminaba por Caracas. Rojas manifestó que los agentes lo detuvieron y, cuando él les entregó su documento de identidad y sus credenciales de prensa, dijeron que tenían una orden de arresto y lo obligaron a subir a un automóvil policial.
Una vez que estuvo en el interior del automóvil, Rojas escuchó, a través del altavoz de un teléfono, la voz de quien él creía que era una alta autoridad, que decía: “Quiero el celular de Carlos Julio”. Los policías tomaron el teléfono y nunca se lo devolvieron, señaló Rojas.
Rojas manifestó que fue llevado de un sitio a otro durante horas, hasta que finalmente fue trasladado a una dependencia policial. Allí, lo llevaron a una celda de 2 x 2 metros, sin baño ni luz natural, conocida como “Tigrito”. Luego, Rojas fue obligado por policías a entrar a una oficina, en un presunto intento de incriminarlo: en una mesa había varios cartuchos de gas lacrimógeno y fue golpeado por agentes hasta que lograron tomarle una fotografía junto a los cartuchos, señaló Rojas. La fotografía que finalmente se tomó muestra la espalda de Rojas y no su rostro, que tenía contusiones, según lo manifestó Rojas.
El 24 de agosto, Rojas fue llevado ante un juez militar para la audiencia preliminar en la cual se supone que la fiscalía debe acusar a los detenidos de cometer delitos. A pesar de que el fiscal militar no lo acusó de nada, el juez militar de todas formas le impuso medidas cautelares—las cuales son típicamente adoptadas, según el derecho venezolano, para asegurar que la persona acusada de cometer un delito se presente ante un tribunal. Rojas dijo que ahora debe presentarse ante el tribunal militar cada 30 días, no puede hablar con los medios sobre el caso, y no puede asistir a reuniones “político-conspirativas”.
El 20 de julio, el estudiante Manuel Rocas (seudónimo), de 19 años, fue detenido por agentes cuando estaba trotando con un amigo en Mérida en las proximidades de una manifestación, aunque, según lo señaló su madre, que habló con él mientras estuvo detenido, Rocas no tenía conocimiento de que se estuviera desarrollando una protesta. Un vehículo blindado pasó arrojando gases lacrimógenos, y miembros de la GNB en motocicletas y con el rostro cubierto por pasamontañas lo rodearon y lo detuvieron, explicó su madre]. Le escupieron, le dieron golpes, lo obligaron a montarse en una motocicleta y se lo llevaron del lugar. Rocas fue acusado de instigación. A la fecha de redacción de este documento, seguía detenido.
El mismo día, cerca del lugar donde Rocas fue detenido, agentes de la GNB detuvieron a Ambrosio Arragoza (seudónimo), de 33 años. Según señaló su hermano, a Arragoza lo aprehendieron en la calle cuando se dirigía a la panadería junto con tres vecinos, que también fueron detenidos. Arragoza refirió a su hermano haber sido empujado por agentes dentro de un vehículo blindado de la GNB, donde fue golpeado. Finalmente fue acusado de “instigación al desorden público” y pasó un mes en la cárcel, según su hermano.
El 26 de abril, personal de la GNB detuvo al estudiante David Romero (seudónimo), de 19 años, durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Barquisimeto, estado Lara. Según el relato de Romero sobre lo que sucedió después, los agentes lo capturaron y luego lo golpearon, a él y a otras personas, con los puños y con sus rifles durante una operación en una zona residencial donde manifestantes contra el gobierno habían instalado barricadas.
Romero manifestó que agentes de la GNB lo llevaron hasta un vehículo donde ya había otras 28 personas detenidas, incluidas 11 que eran menores de 18 años. Según Romero, cuando llegaron a la dependencia de la GNB, hombres uniformados del CONAS empezaron a golpear a varios de los detenidos, entre ellos Romero, quien dijo que los agentes lo amenazaron, le jalaron el cabello, le dieron golpes de puño y patadas, y luego le quitaron su documento de identidad, el dinero que tenía y su teléfono celular.
El 28 de abril, se presentó ante los tribunales a 28 personas detenidas en la redada del 26 de abril. Los adultos, incluido Romero, fueron acusados de varios delitos, como obstrucción de vía pública y “ultraje al centinela”. El fiscal no señaló ningún hecho que apuntara a la responsabilidad penal individual de ninguno de los acusados. El juez autorizó su liberación bajo fianza y exigió cinco fiadores para cada uno. No obstante, después de que se presentaron los garantes para los detenidos, pasaron varias semanas hasta que estos fueron efectivamente liberados, debido a lo cual permanecieron detenidos de manera arbitraria.
Durante este período, y por más de un mes, según Romero, permaneció con otras 27 personas en un centro de detención donde las condiciones eran nefastas. Cuando los detenidos llegaron al centro, un sargento le propinó a cada uno un golpe con una piedra, diciendo que era la “piedra de la justicia”. Todos los detenidos fueron encerrados en una celda de 3 x 3 metros y sin baño, debido a lo cual se veían obligados a usar una botella que los guardias penitenciarios retiraban por la mañana. Una vez por día, arrojaban una bomba pequeña de gas lacrimógeno en el interior de la celda, que tardaba aproximadamente 10 minutos en disiparse a través de la única ventana que había en la habitación. Los guardias no les daban de comer a los detenidos; solamente comían lo que les traían sus familias y solo cuando los guardias no se quedaban con los alimentos, contó Romero.
Finalmente, Romero fue liberado bajo fianza, pero en octubre de 2017 todavía debía presentarse ante los tribunales cada ocho días.
El 1 de mayo, el estudiante Emerson Ibarra, de 24 años, estaba participando en una manifestación en Mérida cuando lo rodearon cerca de 10 agentes de la PNB en motocicletas. Según nos contó, esto fue lo que ocurrió:
Un policía quitó a Ibarra el pasamontaña que llevaba puesto ese día y otro le dijo que subiera a la motocicleta. Cuando se resistió, uno de ellos lo golpeó en el rostro con la culata de su rifle y lo obligó a subir.
Ibarra fue llevado con otras tres personas a quienes no conocía —que según dijo, tenían 17, 20 y 25 años— a la sede de la policía estatal en Glorias Patrias, en el centro de Mérida, donde varios agentes los golpearon antes de llevarlos a la oficina de la división de inteligencia de la policía estatal.
Cuando llegaron, los policías los llamaron “malditos guarimberos”. Uno de los policías, a quien Ibarra reconoció como uno de los que habían participado en su detención, lo golpeó con esposas durante 10 minutos, mientras otro lo acusaba de ser un líder estudiantil y de tener fotografías de las manifestaciones en su cuenta de Twitter. El policía dijo que no quería volver a verlo en las calles, o de lo contrario lo “iban a joder”.
Esa noche, los agentes los metieron en una cocina dentro de la sede de inteligencia, les ajustaron fuertemente las esposas, y no les permitieron dormir, al ingresar repetidas veces en la sala gritando “¡guarimberos!” o insultándolos. La familia de Ibarra no pudo verlo durante seis días.
El 4 de mayo, los cuatro jóvenes fueron llevados ante un tribunal. Si bien el Ministerio Público solicitó su liberación sin ninguna medida cautelar, el juez resolvió que solamente serían liberados bajo fianza. La documentación para su liberación bajo fianza se presentó ese mismo día, pero quedaron detenidos ocho días más debido a demoras en el trámite de los documentos. Unos días más tarde, cuando Ibarra estaba en una habitación con otros detenidos, dos agentes de la división de inteligencia de la policía estatal detonaron un cartucho de gas lacrimógeno en la habitación y se burlaron de su reacción, contó. Ibarra huyó del país.
El 15 de mayo, agentes de la PNB detuvieron a Carlos Jordán (seudónimo) en el estado Aragua cuando estaba regresando a su domicilio. En ese momento, se estaba desarrollando en las proximidades una manifestación en contra del gobierno, y otras nueve personas que sostienen que no habían participado en la protesta también fueron detenidas ese día en la misma zona.
Después de su detención, los agentes obligaron a Jordán a quitarse los pantalones y uno de los ellos lo penetró analmente con un “tubo”, según lo manifestó Jordán al juez en su primera audiencia. En la audiencia, los detenidos manifestaron que, durante su detención, agentes de la PNB los golpearon brutalmente con sus cascos y con sus armas, y los obligaron a inhalar residuos de gases lacrimógenos y a bailar sensualmente entre ellos mientras los agentes de la PNB se reían. Los policías les robaron zapatos, teléfonos celulares y dinero a los detenidos.
El 17 de mayo, Jordán y los demás fueron llevados ante un juez y acusados de instigación a delinquir. Su abogado afirmó que su liberación se demoró de manera deliberada y Jordán fue llevado nuevamente al mismo centro de detención por una semana, hasta que el tribunal aceptó finalmente los fiadores presentados por su defensa.
En junio, agentes de la GNB detuvieron al estudiante Lawrence Espósito (seudónimo), de 17 años, cuando estaba filmando una manifestación en contra del gobierno con su teléfono, en el estado Carabobo. Según Espósito, un policía en motocicleta le apuntó con un arma de fuego en las costillas y le dijo que se subiera a la motocicleta.
Agentes de la GNB obligaron a Espósito a ingresar en un vehículo. Según señaló, en el interior, los agentes los golpearon repetidas veces a él y a otros detenidos, amenazaron con violarlos sexualmente y les arrojaron gas pimienta en el rostro. Luego, arrojaron una bomba de gas lacrimógeno en el interior del vehículo y cerraron las puertas, lo cual provocó que Esposito y otros perdieran el conocimiento.
Los miembros de la GNB llevaron a Espósito y a otros detenidos hasta una base y los dejaron fuera, en un patio donde los policías dejaron que dos perros de raza pitbull y dos pastores alemanes los atacaran, señaló Esposito. El policía de mayor jerarquía en el lugar golpeó a Espósito en el pecho y esto provocó que dejara de respirar. Cuando Espósito cayó al suelo, el jefe dijo: “Ahora sí, vas a llorar”.
En el centro de detención, 18 detenidos fueron encerrados en una celda de 3 x 3 metros, según Espósito. Durante la detención, Espósito manifestó haber visto a miembros de la GNB llevar a dos detenidos a un pasillo para que uno le disparara al otro. Cuando uno se negó a hacerlo, un agente disparó perdigones al otro de todos modos, y luego le aplicó sal en las heridas, lo cual hizo que se desmayara.
A los dos días de estar detenido, a Espósito se le permitió hablar con su abogado, pero sólo por cinco minutos antes de ser llevado ante un juez. Espósito señala que el juez dispuso su liberación, pero le dijo que no debía contarle a nadie lo que había ocurrido.
Después de que Espósito fue liberado, sus familiares recibieron varios mensajes telefónicos intimidatorios, procedentes de números desconocidos. La madre de Espósito señaló que una motocicleta negra sin matrícula se detuvo junto a ella y que un hombre le preguntó si era “la madre de Lawrence”. Ella lo negó, y el hombre replicó: “Sí, señora. Usted es la mamá de Lawrence. Le voy a dar un consejo: que se calle y quede tranquila. La vida en este país no vale nada. No más fiscalía, no más denuncias. Déjenlo en la casa, las mamás cuidan a sus hijos”.
El 20 de junio, el estudiante Jorge Jiménez (seudónimo), de 17 años, se dirigía caminando a la casa de su abuela cuando se encontró en medio de manifestantes y agentes de la policía de Mérida durante una protesta. Tenía el rostro cubierto con una camiseta (franela) para evitar inhalar los gases lacrimógenos.
Fue detenido por policías y llevado a una dependencia policial, donde un agente lo golpeó en el estómago, en la cabeza y en el hombro, le dio bofetadas y le aplicó golpes en las piernas con un palo porque, según dijo el policía, Jiménez era un “guarimbero”. En los cuarteles del CICPC, los agentes le colocaron una bolsa plástica en la cabeza para obligarlo a dar los nombres y domicilios de personas que habían estado participando en protestas.
Cuando el Foro Penal supo de su detención, un abogado se dirigió a las oficinas del CICPC y allí le dijeron que Jiménez no estaba detenido, sino que estaba siendo interrogado. No permitieron que su abogado ni su familia lo vieran, según señaló el abogado, quien amenazó con presentar un recurso de hábeas corpus. Horas más tarde, agentes del CICPC liberaron a Jiménez, sin haberlo llevado ante un juez en ningún momento.
El 6 de julio, agentes de la GNB detuvieron al periodista y activista social Carlos Julio Rojas, quien había colaborado con dos organizaciones no gubernamentales que trabajan con residentes de varios vecindarios de Caracas, mientras caminaba por Caracas. Rojas manifestó que los agentes lo detuvieron y, cuando él les entregó su documento de identidad y sus credenciales de prensa, dijeron que tenían una orden de arresto y lo obligaron a subir a un automóvil policial.
Una vez que estuvo en el interior del automóvil, Rojas escuchó, a través del altavoz de un teléfono, la voz de quien él creía que era una alta autoridad, que decía: “Quiero el celular de Carlos Julio”. Los policías tomaron el teléfono y nunca se lo devolvieron, señaló Rojas.
Rojas manifestó que fue llevado de un sitio a otro durante horas, hasta que finalmente fue trasladado a una dependencia policial. Allí, lo llevaron a una celda de 2 x 2 metros, sin baño ni luz natural, conocida como “Tigrito”. Luego, Rojas fue obligado por policías a entrar a una oficina, en un presunto intento de incriminarlo: en una mesa había varios cartuchos de gas lacrimógeno y fue golpeado por agentes hasta que lograron tomarle una fotografía junto a los cartuchos, señaló Rojas. La fotografía que finalmente se tomó muestra la espalda de Rojas y no su rostro, que tenía contusiones, según lo manifestó Rojas.
El 24 de agosto, Rojas fue llevado ante un juez militar para la audiencia preliminar en la cual se supone que la fiscalía debe acusar a los detenidos de cometer delitos. A pesar de que el fiscal militar no lo acusó de nada, el juez militar de todas formas le impuso medidas cautelares—las cuales son típicamente adoptadas, según el derecho venezolano, para asegurar que la persona acusada de cometer un delito se presente ante un tribunal. Rojas dijo que ahora debe presentarse ante el tribunal militar cada 30 días, no puede hablar con los medios sobre el caso, y no puede asistir a reuniones “político-conspirativas”.
El 20 de julio, el estudiante Manuel Rocas (seudónimo), de 19 años, fue detenido por agentes cuando estaba trotando con un amigo en Mérida en las proximidades de una manifestación, aunque, según lo señaló su madre, que habló con él mientras estuvo detenido, Rocas no tenía conocimiento de que se estuviera desarrollando una protesta. Un vehículo blindado pasó arrojando gases lacrimógenos, y miembros de la GNB en motocicletas y con el rostro cubierto por pasamontañas lo rodearon y lo detuvieron, explicó su madre]. Le escupieron, le dieron golpes, lo obligaron a montarse en una motocicleta y se lo llevaron del lugar. Rocas fue acusado de instigación. A la fecha de redacción de este documento, seguía detenido.
El mismo día, cerca del lugar donde Rocas fue detenido, agentes de la GNB detuvieron a Ambrosio Arragoza (seudónimo), de 33 años. Según señaló su hermano, a Arragoza lo aprehendieron en la calle cuando se dirigía a la panadería junto con tres vecinos, que también fueron detenidos. Arragoza refirió a su hermano haber sido empujado por agentes dentro de un vehículo blindado de la GNB, donde fue golpeado. Finalmente fue acusado de “instigación al desorden público” y pasó un mes en la cárcel, según su hermano.
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