Perfiles de deportados de EEUU

* * Copiado tal cual del informe “Los Deportados. Inmigrantes desarraigados del país que consideran su hogar” de Human Rights Watch que se puede leer aquí: https://www.hrw.org/es/report/2017/12/05/los-deportados/inmigrantes-desarraigados-del-pais-que-consideran-su-hogar.

Aunque numerosos inmigrantes que se enfrentan a ser deportados de EEUU tienen nexos mucho más sólidos con EEUU que con sus países de origen, estos lazos prácticamente no son tomados en cuenta en los procedimientos de deportación. El análisis expuesto a continuación se basa en los relatos proporcionados por 43 personas que fueron deportadas recientemente de EEUU, publicados en el blog de Human Rights Watch “Los Deportados”.

Largo período de residencia en Estados Unidos

Antes de ser deportadas en 2017, muchas personas entrevistadas por Human Rights Watch habían vivido en EEUU durante años e incluso décadas, algunas desde la temprana infancia. Diecinueve habían llegado cuando eran menores de 18 años, y ocho de estas antes de los cinco. “No tengo familia aquí en México”, manifestó en inglés “Diego L.”, de 26 años, cuando investigadores de Human Rights Watch lo conocieron en un centro de acogida de personas deportadas. El menor de cinco hijos, nació en Ciudad de México y fue llevado al norte por sus padres cuando tenía dos años.

Debido a sus estrechos vínculos con Estados Unidos, muchos de estos inmigrantes se sintieron profundamente desorientados al regresar a México. “Ni siquiera sé cómo comprar algo para comer aquí”, dijo David B. “Siento como si hubiera llegado aquí a México sin documentos”, comentó Rubén R. a Human Rights Watch. “Cada vez que compro un refresco y me dicen que cuesta 10 pesos, pienso cuánto será eso en dólares. ¿15 centavos? ¿10 centavos? No lo sé”. Alexis G., de 20 años, había vivido en Estados Unidos casi toda su vida cuando fue deportado en junio a Nuevo Laredo, al sur del Río Grande, en un país que apenas conocía. “Mis padres me trajeron a EEUU, y crecí allí. Si tuviera que cantar un himno ahora mismo, sería ‘La bandera tachonada de estrellas’; no sé el himno mexicano”, afirmó.

Varias de las personas que entrevistamos habrían reunido los requisitos para la DACA o lo hicieron en algún momento. La DACA es un programa de la gestión Obama para proteger a jóvenes inmigrantes de la posibilidad de deportación, que fue rescindido por el presidente Trump a principios de septiembre de 2017. Algunos manifestaron que nunca habían podido pagar el arancel de USD 500; y otros nos dijeron que no habían podido renovar sus permisos de trabajo por falta de fondos.

Familias desarraigadas y separadas

Una de las consecuencias más arduas de la deportación es la separación familiar. En las últimas décadas, cientos de miles de familias en todo Estados Unidos han sido separadas por políticas estadounidenses sobre deportación punitivas e inflexibles. Aunque algunas familias optan por irse de EEUU y reunirse con el resto de familiares deportados en el extranjero, muchas familias toman la difícil decisión de mantener algunos de los demás miembros, o todos, en EEUU debido a las dificultades que estos familiares enfrentarían en el extranjero.

Una ciudadana estadounidense llamada Laura indicó a Human Rights Watch que la deportación de su concubino Omar G. la priva de contar no sólo con la presencia de su pareja, sino además de la persona que la cuidaba. Según nos contó, en 2008 sufrió discapacidad a causa de un dolor insoportable en los brazos —no se ha determinado si la causa fue artritis, síndrome del túnel carpiano o una lesión nerviosa—, y la cirugía a la cual se sometió dos años más tarde no fue de mucha ayuda. Laura contó que en los momentos en que no podía bañarse sola, la ayudaba Omar, que llegó a EEUU hace más de 20 años. La pareja dijo a Human Rights Watch que tenían previsto casarse legalmente, para intentar así poder regresar a su vivienda de Waco, Texas. Lamentablemente, según las leyes vigentes en la actualidad, es probable que las sucesivas deportaciones y reingresos de Omar hagan que sea muy difícil que pueda regresar en forma legal a Estados Unidos. “No es para nada agradable ser deportado del lugar que consideras tu hogar”, dijo Laura. “Es posible que no hayas nacido allí, pero has vivido toda tu vida en ese lugar, y una parte de mí nunca estará ahí si Omar no está”.

Las deportaciones también desarraigan a familias enteras.

Human Rights Watch conoció a Leah, nacida en Ohio, México, adonde se había trasladado para reunirse con su esposo deportado. Describió a Marco G. –su esposo durante 16 años y la única pareja que tuvo en toda su vida– como “el hombre más inteligente que haya habido”. Contó que Marco cruzó ilegalmente la frontera entre EEUU y México cuando tenía 18 años, y debido a esto habría sido casi imposible que él obtuviera una tarjeta de residencia (green card) a través de su esposa, sobre todo después de las varias deportaciones. “Es más estadounidense que algunas personas que viven allí”, afirma Leah sobre Marco, mientras con la mano señala hacia el norte, al otro lado del Río Grande, “pues él trabaja arduamente y se ocupa de su familia, y no se puede decir lo mismo de todos los que están allí”.

Niños y niñas que quedan abandonados

A menudo se deporta de Estados Unidos a padres con hijos pequeños. En muchas de nuestras entrevistas, se hizo patente su ansiedad por el hecho de que sus hijos estén sufriendo como resultado de la deportación y la separación prolongada. Hablamos con muchos padres en esa situación. En la mayoría de los casos, los hijos que quedaron en el país tenían ciudadanía estadounidense.

“Tengo que ser paciente”, nos dijo “José R.”, padre de un niño de cuatro años con ciudadanía estadounidense, sin poder evitar que le brotaran las lágrimas. “Estar sin mi esposa y mi hijo es terrible… No tengo idea de cómo regresar, pero tengo que hacerlo. Los extraño tanto”.

Santiago H. se quebró y hundió el rostro entre sus manos, mientras describía la vida que llevaba en Michigan con su familia. Tuvo que respirar hondo para recomponerse: “Salíamos a comer afuera o al cine, o pedíamos comida y mirábamos una película en casa… Es la primera vez que están sin mí”, expresó.

Cuando “Andrés L.” fue deportado a su México natal en julio, una de las primeras cosas que hizo fue tatuarse el nombre y la fecha de nacimiento de su hijo Anthony, nacido en EEUU, en la muñeca. “Quiero que siempre esté conmigo. Él es mi mundo”, dijo Andrés. En todo este doloroso proceso, los recuerdos de su hijo son lo que ha ayudado a Andrés a seguir adelante. “A Anthony le encanta jugar en el agua”, nos cuenta sonriendo. “Yo solía bañarlo, y pasábamos horas chapoteando y haciendo ondas con las manos en el agua”.

“Lucia H.” dijo a Human Rights Watch que, tras las varias deportaciones que hicieron que ya no estuviera en condiciones de reunirse con su familia en EEUU, su hijo de cinco años ha dejado de comer y tuvo que ser internado, su esposo se vio obligado a dejar su trabajo en el campo para cuidarlo y su hijo mayor, de 14 años, sufrió una crisis nerviosa y ahora está en tratamiento. “El más pequeño me dice ‘vuelve, mami. No voy a comer más. No quiero vivir si no regresas’”, contó.

Desde la deportación de Sonia H. en agosto, “David”, su hijo de 9 años con ciudadanía estadounidense, ha estado viviendo al cuidado de monjas en un hogar para niños en Laredo, Texas. Sonia consideró que dejar a su hijo a cargo de las religiosas para que pudiera continuar su educación en EEUU era la mejor opción que tenía. “Es duro, muy duro”, afirmó. “Pero voy a tener que contentarme con estar aquí, y verlo cada vez que pueda”.

“Marco T.” mostró a un investigador de Human Rights Watch una fotografía de sus tres hijos. Se ve a los niños abrazados, mientras el de 10 años está hace una morisqueta graciosa. Cuando mostró las imágenes de su familia, las manos le temblaron levemente y le brotaron las lágrimas. “Es doloroso”, expresó. “No que nos envíen de regreso, sino que nos separen de nuestra familia”.

A los migrantes deportados les preocupa quién pagará las facturas de sus familias ahora que ellos no aportan a la economía familiar. María, esposa de “José R.” y madre del niño de cuatro años que tuvieron en común y que tiene ciudadanía estadounidense, dejó el departamento familiar en la ciudad de Kansas después de la deportación de José y alquiló una habitación en una vivienda con su hijo. “Mi esposa ahora tiene que hacer de dos personas para ocuparse de nuestro hijo”, explicó José.

Trabajadores, contribuyentes, empresarios, veteranos militares y miembros de la comunidad deportados

Los inmigrantes son una parte crucial de la economía estadounidense, al igual que los contribuyentes, los propietarios de viviendas, los empleados valiosos y los emprendedores. Las personas deportadas recientemente a quienes entrevistamos habían pasado años o décadas trabajando en restoranes, agricultura, construcción y otros sectores; habían pagado impuestos; habían empezado negocios y eran dueños de empresas; y habían comprado viviendas.

“Manuel P.” nos dijo que, los 12 años que estuvo en EEUU, tomaba la precaución de pagar el arrendamiento y los impuestos puntualmente e inició dos emprendimientos propios: un servicio de reparaciones y una empresa constructora. En su tarjeta comercial se muestra una imagen de una parrilla externa de categoría, que diseñó y construyó para un cliente. La tarjeta refleja en pocas palabras la historia de la inmigración: para español, dice la tarjeta, llame a Manuel; para inglés, a su hijo Carlos.

Muchos de los deportados nos dijeron que trabajaron duramente por años. Nacida en México, Lucía H. llegó a EEUU por primera vez en 1999. Durante más de 10 años, trabajó con su esposo cosechando lechuga en la zona rural de California. “El dolor era tremendo, pero pude soportarlo”, dijo Lucía. “No me importaba trabajar 14 horas por día para que mis hijos salieran adelante”.

Cuando llegó a Houston en 2001, Carlos G., de 34 años, empezó a trabajar en remodelaciones. Aprendió a realizar tareas de pintura, colocación de estuco y otros oficios, y más tarde empezó su propio negocio de pintura, T’NO’s Painting. En el momento de mayor actividad de T’NO’s, Carlos era dueño de todas las maquinarias y daba empleo a otros cinco trabajadores.

“Santiago H.” contó a Human Rights Watch que era dueño de una empresa constructora con su hermano en Pontiac, Michigan, que daba trabajo a otras siete personas, sobre todo familiares.

José Luis O. dijo a Human Rights Watch que le preocupa cómo hará para arreglárselas su madre, que vive sola desde que murió su padrastro. Aunque es ciudadana estadounidense y recibe beneficios de la Seguridad Social, José Luis solía ayudarla con los ingresos que obtenía como conductor de Uber.

Lo primero que “Orlando” quiso que Human Rights Watch supiera fue que su último pago de impuestos al gobierno de Estados Unidos fue de USD 17.655. Mientras nos contaba su historia en un centro de recepción de personas deportadas en Nuevo Laredo, México, insistió en que él nunca “le costó un centavo a Estados Unidos… Nunca pidió nada”. Afirmó ser propietario de un edificio en Fort Worth, Texas, cuyo valor, según estima, es de USD 500.000. “Mi esposa y yo tenemos un seguro de vida por USD 500.000 cada uno, pues si morimos no queremos darle ningún problema a Estados Unidos” dijo sollozando. “¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hice?”.

Después de servir en el Ejército en Guam durante los años noventa, Sergio H. recibió una baja honorífica y abrió un taller de reparación de carrocerías de automóviles en Dallas. Trabajó duro toda su vida, cuenta, para criar a dos hijos nacidos en Estados Unidos; actualmente, uno de ellos es pediatra y el otro se dedica a la administración de empresas. Pero como muchos militares retirados mayores, Sergio, que ahora tiene 50 años, ha luchado contra la dependencia de las drogas. Su dependencia empeoró en 2012, y dos años más tarde, Sergio fue condenado por tenencia de cocaína con intención de distribuirla. Recibió la libertad condicional después de cumplir dos años y medio de una pena de cinco años, pero en vez de ser liberado le quitaron su tarjeta de residencia (green card) y lo deportaron a México. “Estoy limpio ahora”, cuenta. “Lo peor es que desperdicié años de mi vida”.

Durante años, Manuel G. coordinó un grupo de 25 personas que se reunían habitualmente –cinco noches por semana– en la sede Nueva Vida de Alcohólicos Anónimos en Tulsa, Oklahoma. En 2011, la policía interceptó el automóvil de un amigo de Manuel en el cual viajaba él también, y detuvo a Manuel por estar ebrio en público, nos contó. Pasó dos meses en la Cárcel del Condado de Tulsa, fue deportado y pronto volvió a cruzar la frontera nuevamente para regresar con su familia. Fue entonces cuando dejó de consumir alcohol, contó, y Laura lo acompañó como líder del movimiento AA, compartiendo sus experiencias como esposa de un alcohólico. “Realmente disfruto de ayudar a personas que consumen alcohol porque recuerdo cómo era”, dijo a investigadores de Human Rights Watch en el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, un centro de recepción en Nuevo Laredo, México. La otra persona que dirige al grupo de Alcohólicos Anónimos con él en Tulsa, Nancy Muñoz, describió a Manuel como un “hombre de fe” y elogió “su pasión por ayudar a otros”. Manuel no ha consumido alcohol por cinco años, afirmó, y tenía una vida ordenada en Tulsa. “Empecé mi propio negocio de pulido de automóviles hace un año y recién había comprado un tráiler que estaba remodelando junto con mi esposa”.

Tener antecedes penales mínimos o estatus de indocumentado puede bastar para ser deportado

Algunas de las personas que habían emigrado hacía mucho tiempo y con las cuales hablamos tenían condenas penales, pero la mayoría de estas condenas estaban relacionadas con tráfico de drogas o con infracciones inmigratorias.

“Moisés R.” no tenía otra forma de llegar a su trabajo en un restaurante más que recorriendo en el automóvil Honda de la familia el trayecto de media hora desde el complejo de departamentos donde vivía en el sur de Mineápolis hasta la ciudad cercana de Eden Prairie. La noche del 3 de junio de 2017, mientras volvía del trabajo a su casa a las 2 a.m., la policía de Eden Prairie lo detuvo porque la matrícula del vehículo vencía en junio. El automóvil estaba a nombre de la esposa de Moisés, “Zoraida”, cuya licencia de conducir había sido suspendida, y los agentes pronto descubrieron que también lo estaba la licencia de Moisés. Desde 2003, se prohíbe expedir licencias de conducir a inmigrantes indocumentados en Minnesota, y Moisés y Zoraida no pudieron conseguir nuevas licencias válidas. Moisés contó que un juez lo puso en libertad después de haber pasado dos días en la cárcel del condado de Hennepin, —a pesar de haber tenido un arresto anterior en 2013 por conducir sin licencia—, pero al salir lo estaban esperando agentes de inmigración. Moisés fue deportado a Nuevo Laredo, México, el 21 de junio.

Una noche de abril, “Marco T.” conducía hacia su casa, en el área de Dallas, luego de terminar la jornada en una fábrica de reciclado de productos químicos peligrosos, donde trabajaba desde hacía dos años. Dijo que es posible que estuviera conduciendo a demasiada velocidad. Un alguacil le ordenó que se detuviera al costado de la carretera. Marco fue detenido y acusado de conducir sin licencia. A pocos días de su detención, Marco quedó a disposición del ICE y se enfrentaba a la posibilidad de ser deportado del país donde vive desde 1997.

Lucía H. tiene antecedentes penales debido a que, en menos de dos años, intentó ocho veces volver con sus hijos en EEUU En 2013, tras 14 años en EEUU, regresó a México para atender a su madre, que padecía cáncer de útero. Por haber sido indocumentada, no podía volver a ingresar legalmente en EEUU Separada de sus hijos, intentó en varias oportunidades volver a cruzar, pero todas las veces fue interceptada y enviada de regreso a México. En enero de2016, fue procesada penalmente por reingreso ilegal. “Me llevaron a la cárcel del condado de Aransas, en Rockport, Texas, y me condenaron a tres meses de prisión”. Luego fue transferida a un centro privado de detención de inmigrantes en Houston, donde estuvo confinada 10 meses. Durante ese período, intentó encontrar una forma de permanecer en EEUU, hasta que finalmente fue deportada en abril de 2017.

Otras personas con quienes hablamos fueron deportadas por motivos que no tenían ninguna relación con delitos penales.

“Sonia H.” contó a Human Rights Watch que fue interceptada por agentes de la Patrulla Fronteriza en julio cuando se bajó de un autobús urbano. Esto ocurrió a las 3 a.m., cuando regresaba a casa después de haber trabajado un turno en Denny’s. Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas la mantuvieron en detención inmigratoria y la deportaron 10 días después. “Nunca he cometido ningún delito, nunca estuve en la cárcel”, afirmó Sonia. “No conducía porque no tenía licencia; nunca violé las leyes, salvo por el hecho de no tener papeles”. Sonia intentó contener las lágrimas. “Trump no debería expulsar a quienes lo único que pretenden es cuidar de sus familias”.

El 18 de abril de 2017, Linda y su madre estaban llevando a Justin al médico cuando su vehículo Ford Explorer fue interceptado por la policía de Dallas. “No creo haber estado excediendo el límite de velocidad... estaba con mi madre y mi hijo, pero ellos dijeron que circulaba a 45 millas por hora en una zona donde la velocidad máxima es de 40”, explicó Linda. Mientras Justin lloraba e imploraba “¡por favor no se lleven a mi madre!”, arrestaron a Linda por conducir sin licencia. Luego de tres días en la cárcel del condado de Richardson, y 25 años viviendo en Estados Unidos, Linda fue deportada.

Manuel G. estaba dando un aventón a un amigo hasta el hotel donde se alojaba, luego de un evento de Alcohólicos Anónimos en Tulsa, Oklahoma, cuando la policía los obligó a detenerse, según dijo, por hacer un giro en U. Ese control hizo que Manuel luego fuera deportado del país que había sido su hogar durante 29 años.