Acoso a líderes indígenas en Ecuador: Caso XI Ronda Petrolera

* * copiado tal cual del informe "Amazónicos ante la injusticia. Hostigamiento judicial de líderes indígenas y ambientalistas en Ecuador" de Human Rights Watch

Siete líderes indígenas y ambientalistas que protestaron contra una exploración petrolera en 2013 siguen siendo investigados penalmente sin que todavía, después de más de cuatro años, se haya presentado alguna prueba en su contra.

El 28 de noviembre de 2013, líderes indígenas y ambientalistas se manifestaron ante la Secretaría de Hidrocarburos en Quito, donde inversionistas extranjeros se encontraban reunidos para participar en la licitación de derechos de exploración de petróleo sobre dos millones de hectáreas en el sudeste de la Amazonía, dentro de los cuales se encuentran los territorios de siete pueblos indígenas.

Al final de la licitación, algunos de los manifestantes abordaron a un empresario de Bielorrusia y a un diplomático chileno cuando salían de la reunión. En imágenes de video tomadas por medios de noticias locales se muestra a manifestantes siguiendo a los hombres por la calle e increpándolos. En el video se ve a uno de los manifestantes, un hombre indígena identificado por la policía como Patricio Sake, cuando asesta un golpe en la cabeza al empresario con el extremo plano de su lanza.

En su programa televisivo del 30 de noviembre, el Presidente Rafael Correa mostró un video de la protesta e imágenes de los rostros de líderes indígenas y ambientalistas que participaron, a quienes calificó de “gente violenta, mala, muchas veces corrupta’. En repetidas oportunidades, Correa instó al ministro del Interior, José Serrano, a investigar a “estas personas violentas” y a informarle a él los resultados. El presidente señaló específicamente a la Fundación Pachamama, una de las organizaciones ambientales más destacadas, que había ayudado a organizar la protesta. “Verán que al rato en que suspendamos esta fundación por claramente meterse en politiquería, [dirán] ‘uy se acabó la libertad de asociación’”, expresó.

Cuatro días después, el 4 de diciembre, el Ministerio del Ambiente ordenó cerrar la Fundación Pachamama. El ministerio se basó en un decreto emitido por el Presidente Correa en junio de 2013, que otorgaba al poder ejecutivo la facultad de disolver organizaciones no gubernamentales si se determinaba que habían “afectado la paz pública” o participado en actividades distintas de las identificadas al momento de su inscripción ante las autoridades gubernamentales.

La orden ministerial de disolución señalaba que se disolvía la Fundación Pachamama por “desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida” y citaba un informe del Ministerio del Interior que señalaba que “un grupo de seudo activistas representantes de las organizaciones ‘Pachamama’ y ‘La Hormiga’ iniciaron una violenta protesta, atentando contra el orden público y la integridad física de los asistentes”, sin especificar quiénes eran ni qué habían hecho estos integrantes.

En diciembre de 2013, la Fundación Pachamama fue obligada a cesar sus actividades. No se notificó anticipadamente esta decisión a Pachamama, que no tuvo una oportunidad genuina de objetarla y no tuvo más opción que devolver los fondos que había recibido de donantes internacionales y dejar de operar.

Además de cerrar la ONG, el gobierno de Correa también presentó una acusación penal contra importantes líderes indígenas y ambientalistas que estaban presentes en la protesta. El secretario de hidrocarburos Gustavo Donoso presentó, el 28 de noviembre de 2013, una denuncia penal en la cual no identificó a los presuntos responsables, sino que señaló como sospechosas a organizaciones enteras y las acusó de presuntamente dar “empujones, amenazas, agresiones” al empresario bielorruso. El secretario se refirió a “CONAIE, CONFENIAE [y] Mujeres Amazónicas’.

La fiscalía inició una investigación penal contra 10 sospechosos: el manifestante que empuñó la lanza, Patricio Sake; un hombre sin afiliación conocida, Eucevio Ruis Santi; la estudiante Andrea Medina Dalgo, y 7 sospechosos que eran reconocidos líderes indígenas y activistas ambientales. Los sospechosos son:

- Bartolo Ushigua, entonces vicepresidente de CONAIE y líder indígena sapara;
- Franco Viteri, presidente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE, antes denominada GONOAE);
- Gloria Ushigua, coordinadora de la Asociación de Mujeres Sapara “Ashiñwaka” de Pastaza;
- Jaime Vargas, entonces presidente de la nación Achuar, actual presidente de la CONAIE;
- Manuel Humberto Cholando, entonces presidente de la CONAIE y anteriormente presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuador Runakunapak Rikcharimuy, ECUARUNARI);
- Margoth Escobar, conocida defensora de los derechos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas, originaria de Pastaza;
- Patricia Gualinga, defensora de derechos indígenas, líder del pueblo quichua de Sarayaku y testigo en el caso que su pueblo ganó contra el Estado ecuatoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, por daños generalizados causados por una exploración petrolera en su territorio.

Human Rights Watch pudo revisar el expediente del caso. La Unidad de Soluciones Rápidas de la Fiscalía está a cargo de la investigación. Más de cuatro años después de iniciada la investigación, el expediente solamente contenía los siguientes elementos:

- Recortes de artículos de periódico de diversos medios de noticias que informaron sobre la protesta, sin información específica sobre los presuntos implicados;
- Capturas de publicaciones en Facebook de la Fundación Pachamama y varias otras organizaciones ambientales que instan al público a unirse a la protesta. Ninguna de estas capturas contiene expresiones que podrían interpretarse, de manera razonable, como una incitación a cometer actos violentos; Copias de fotografías en primer plano de los rostros de los sospechosos, sin indicación de dónde ni cuándo fueron tomadas;
- Testimonios escritos de tres policías que sostienen que manifestantes les gritaron y los empujaron, pero que no identifican a estas personas ni tampoco mencionan a ninguno de los activistas indígenas y ambientales.

Human Rights Watch considera que ninguno de estos elementos podría interpretarse, de manera razonable, como prueba de que los siete sospechosos habrían cometido delitos.

A tenor del artículo 585 del Código Penal de Ecuador, el fiscal debería haber archivado la investigación en 2015; como máximo, dos años después de haberla iniciado si no presentó cargos. No obstante, más de cuatro años más tarde, la investigación penal continúa abierta.

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