Crisis de refugiados en México

* * copiado tal cual del informe "Ignoradas y sin protección. La mortal devolución de personas centroamericanas solicitantes de asilo desde México" de Amnistía Internacional

México está siendo testigo de una crisis oculta de refugiados que se desarrolla a sus puertas. Desde hace años, muchas personas de los países vecinos que se marchan de su país, que anteriormente atravesaban México en búsqueda de oportunidades económicas, lo hacen porque temen por su vida y su libertad personal. En este informe se analizan los resultados de una encuesta realizada por Amnistía Internacional a partir de 500 respuestas de personas migrantes y solicitantes de asilo entrevistadas en su viaje a través de México. La información presentada demuestra que el gobierno mexicano incumple de manera habitual la obligación que le impone el derecho internacional de proteger a quienes necesiten protección internacional y viola reiteradamente el principio de no devolución (non-refoulement), pilar vinculante del derecho internacional, que prohíbe devolver a una persona a situaciones donde corra riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones de derechos humanos. En muchos casos, el incumplimiento de estas obligaciones por parte del gobierno mexicano puede costarles la vida a las personas devueltas al país del que huyeron.

Los países del denominado “Triángulo Norte” –Guatemala, El Salvador y Honduras– continúan sufriendo una situación de violencia generalizada, donde la tasa de homicidios es entre 4 y 8 veces más alta de lo que la Organización Mundial de la Salud considera niveles “epidémicos” de homicidio. Casi todas las personas que respondieron a la encuesta de Amnistía Internacional procedían de estos tres países centroamericanos. El 84% de las personas detenidas por las autoridades mexicanas (263 de las 310 que respondieron a la pregunta) no querían regresar a su país. De ellas, el 54% (167 de las 310) identificaron la violencia y el miedo como principal razón de no querer regresar a su país, y el 35% (108 de las 310) indicaron como motivo de ello las amenazas personales directas contra su vida una vez allí.

Las violaciones del principio de no devolución por parte de las autoridades mexicana afectan directamente a vidas humanas y niegan protección a quienes más la necesitan. Un hombre que había viajado a México para solicitar asilo huyendo de amenazas de muerte en Honduras dijo Amnistía Internacional que había llorado de desesperación para intentar detener su deportación, pero que
los funcionarios no le escucharon ni le informaron de su derecho a presentar una solicitud de asilo y lo devolvieron sin más a su país. Este testimonio ilustra decenas de casos registrados por Amnistía
Internacional y contrasta con las respuestas oficiales de las autoridades mexicanas, que informaron a la organización de que los casos de devolución (refoulement) eran muy poco corrientes.

Amnistía Internacional analizó las 500 respuestas recibidas y encontró 120 testimonios que proporcionaban sólidos indicios de que había habido devolución, lo que suponía el 24% del conjunto total de respuestas y equivalía al 40% de las respuestas ofrecidas por las personas que habían sido detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM). Estos testimonios eran de personas que habían solicitado asilo de manera explícita o expresado temor por su vida en su país de origen, pero que a pesar de ello habían sido ignoradas por el INM y deportadas a su país.

Asimismo, Amnistía Internacional averiguó que el 75% de las personas detenidas por el INM no habían sido informadas de su derecho a solicitar asilo en México, a pesar de que la legislación mexicana dispone expresamente que se haga y de que las autoridades públicas aseguraron a Amnistía Internacional que se observaba esta disposición. Amnistía Internacional encontró también indicios de varias irregularidades de procedimiento que violaban los derechos que deben garantizarse a las personas que solicitan asilo según el derecho internacional de los derechos humanos. Estas irregularidades les negaban en la práctica la posibilidad de impugnar su expulsión y conseguir protección en México.

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