Violencia familiar contra personas con discapacidad en México: El caso de Guadalupe Huerta Mora
* * copiado tal cual del informe "Violencia familiar contra personas con discapacidad en México" de Human Rights Watch
Guadalupe Huerta Mora, de 55 años, vivía en una casa en la Ciudad de México en 2010 con su esposo y las tres hermanas de él. Su esposo había sido física y emocionalmente violento con ella a lo largo de todo su matrimonio. Un día en 2010, tras una disputa sobre la propiedad de una casa, las tres cuñadas la arrojaron al piso y entre todas, la agredieron ferozmente a puntapiés. Esta agresión le causó una fractura de la columna vertebral. No puede caminar y solo puede mover levemente los brazos. Necesita ayuda para levantarse de la cama, vestirse, ir al baño, comer y otras actividades básicas.
Después de la lesión, Huerta Mora pasó seis meses en el hospital. Mientras estuvo allí, su esposo se ocupaba de sus necesidades físicas, pero continuaba abusando de ella, incluso sexualmente. Por ejemplo, un día, mientras la estaba bañando, le tocó los genitales de un modo que a Huerta Mora le hizo sentirse incómoda. También se aseguró de que nadie pudiera visitarla sin que él estuviera presente. De este modo, la aisló de su familia y de sus amigos. Conforme a la legislación vigente, el personal de hospitales y clínicas de México debe denunciar ante la fiscalía los casos de presunta violencia contra mujeres. Pero el personal del hospital no lo hizo, pese a las lesiones que ella presentaba y al comportamiento de su esposo, según lo manifestó Huerta Mora.
Las pautas sobre la protección de las mujeres que son víctimas de violencia establecen que las mujeres deberían poder acceder a apoyo psicológico al presentar denuncias y acceder a la justicia. También tienen derecho a recibir medidas de protección, como órdenes de restricción. No obstante, ningún funcionario derivó a Huerta Mora para que recibiera servicios psicológicos, y un juez denegó su solicitud de medidas de protección.
Huerta Mora recibió 70. 000 pesos (USD 3. 136) del gobierno de la Ciudad de México como un beneficio por única vez por ser víctima de un delito. Sin embargo, esta suma no resultó suficiente para que ella pudiera vivir de manera independiente por un período sostenido, con el apoyo que necesita. Al no poder trabajar para mantenerse debido a su lesión, sintió que no tenía otra opción que mudarse a la casa donde vivían su esposo y las hermanas de él.
Huerta Mora manifestó que vivir con las personas que la agredieron era intolerable, y finalmente decidió dejar la Ciudad de México y mudarse con su hijo menor a Michoacán, donde el costo de vida es menor. Guadalupe recibe algunas ayudas de su familia extendida. Explicó al respecto: “Tuve que mudarme nuevamente a Michoacán, donde vive mi madre. A veces, me quedo en la cama todo el día porque no hay nadie que pueda ayudar a que me siente en la silla de ruedas. Para asistir a mis citas médicas, tengo que viajar a la Ciudad de México, y eso me lleva alrededor de ocho horas en autobús. Vendo dulces y a veces pido dinero en el mercado. Mi hijo [trata] de cuidarme las 24 horas, los 7 días de la semana, pero él tiene que ir a la escuela y vivir su propia vida. Denuncié el delito y una de mis cuñadas fue investigada, juzgada y condenada. Pero a pesar de eso, no recibí ninguna indemnización porque mi cuñada no podía pagar”.
Guadalupe Huerta Mora, de 55 años, vivía en una casa en la Ciudad de México en 2010 con su esposo y las tres hermanas de él. Su esposo había sido física y emocionalmente violento con ella a lo largo de todo su matrimonio. Un día en 2010, tras una disputa sobre la propiedad de una casa, las tres cuñadas la arrojaron al piso y entre todas, la agredieron ferozmente a puntapiés. Esta agresión le causó una fractura de la columna vertebral. No puede caminar y solo puede mover levemente los brazos. Necesita ayuda para levantarse de la cama, vestirse, ir al baño, comer y otras actividades básicas.
Después de la lesión, Huerta Mora pasó seis meses en el hospital. Mientras estuvo allí, su esposo se ocupaba de sus necesidades físicas, pero continuaba abusando de ella, incluso sexualmente. Por ejemplo, un día, mientras la estaba bañando, le tocó los genitales de un modo que a Huerta Mora le hizo sentirse incómoda. También se aseguró de que nadie pudiera visitarla sin que él estuviera presente. De este modo, la aisló de su familia y de sus amigos. Conforme a la legislación vigente, el personal de hospitales y clínicas de México debe denunciar ante la fiscalía los casos de presunta violencia contra mujeres. Pero el personal del hospital no lo hizo, pese a las lesiones que ella presentaba y al comportamiento de su esposo, según lo manifestó Huerta Mora.
Las pautas sobre la protección de las mujeres que son víctimas de violencia establecen que las mujeres deberían poder acceder a apoyo psicológico al presentar denuncias y acceder a la justicia. También tienen derecho a recibir medidas de protección, como órdenes de restricción. No obstante, ningún funcionario derivó a Huerta Mora para que recibiera servicios psicológicos, y un juez denegó su solicitud de medidas de protección.
Huerta Mora recibió 70. 000 pesos (USD 3. 136) del gobierno de la Ciudad de México como un beneficio por única vez por ser víctima de un delito. Sin embargo, esta suma no resultó suficiente para que ella pudiera vivir de manera independiente por un período sostenido, con el apoyo que necesita. Al no poder trabajar para mantenerse debido a su lesión, sintió que no tenía otra opción que mudarse a la casa donde vivían su esposo y las hermanas de él.
Huerta Mora manifestó que vivir con las personas que la agredieron era intolerable, y finalmente decidió dejar la Ciudad de México y mudarse con su hijo menor a Michoacán, donde el costo de vida es menor. Guadalupe recibe algunas ayudas de su familia extendida. Explicó al respecto: “Tuve que mudarme nuevamente a Michoacán, donde vive mi madre. A veces, me quedo en la cama todo el día porque no hay nadie que pueda ayudar a que me siente en la silla de ruedas. Para asistir a mis citas médicas, tengo que viajar a la Ciudad de México, y eso me lleva alrededor de ocho horas en autobús. Vendo dulces y a veces pido dinero en el mercado. Mi hijo [trata] de cuidarme las 24 horas, los 7 días de la semana, pero él tiene que ir a la escuela y vivir su propia vida. Denuncié el delito y una de mis cuñadas fue investigada, juzgada y condenada. Pero a pesar de eso, no recibí ninguna indemnización porque mi cuñada no podía pagar”.
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