Violencia familiar contra personas con discapacidad en México: Abuso familiar y abandono de personas con discapacidad

* * copiado tal cual del informe "Violencia familiar contra personas con discapacidad en México" de Human Rights Watch

En 2019, Human Rights Watch entrevistó a 24 mujeres y a 14 hombres con discapacidad en cuatro estados, que habían manifestado haber sufrido abusos por parte de familiares. Estos abusos implicaban violencia física, violencia sexual, abuso psicológico, abandono, confinamiento y amenazas. Documentamos abusos contra personas adultas por parte de sus padres y madres, padrastros y madrastras, familiares políticos y otros, incluidos tíos, así como casos de hombres que abusaron de sus esposas. Algunas personas adultas que viven con sus padres habían sufrido abusos desde su infancia. En este capítulo se detallan algunos de los casos documentados.

La mayoría de las personas con discapacidad entrevistadas no contaban con recursos propios que pudieran permitirles salir de una situación de violencia. A menudo, la pensión estatal prevista para la persona con discapacidad era recibida directamente por los familiares, en lugar de que la pensión le llegara a ella. En algunos casos, cuando las personas efectivamente recibían una pensión estatal o contaban con otros fondos, sus familiares ejercían el control del dinero.

INTERFERENCIA CON DECISIONES SOBRE DERECHOS REPRODUCTIVOS Y LA CUSTODIA DE NIÑOS Y NIÑAS

En la Ciudad de México, Human Rights Watch entrevistó a una mujer sorda de 28 años, Isabel, que sufrió abusos por parte de su esposo y su suegra. Dijo que su exesposo la golpeó en reiteradas oportunidades durante el matrimonio, entre 2013 y 2015. Una vez, cuando estaba embarazada, la golpeó con tanta fuerza que Isabel sufrió un aborto espontáneo. Después de dar a luz a una bebé en 2014, su suegra convenció a un médico de que esterilizara a Isabel sin su consentimiento. Isabel explicó a Human Rights Watch: “Mi suegra decía que soy perezosa y teníamos muchos conflictos. En 2014, quedé embarazada y ella me acompañó al hospital [en el momento del parto]. No comprendía lo que el doctor me decía y, recién después caí en la cuenta de que lo que me preguntaba era si quería que me ligara las trompas. Mi suegra dio mi consentimiento por mí y me realizaron el procedimiento después del parto de mi bebé. Ahora, estoy divorciada y deseo tener otro hijo, pero no puedo”.

Las personas con discapacidad no deberían ser sometidas a esterilizaciones forzadas, coercitivas o, que de otro modo, sean contrarias a su voluntad. También deberían tener acceso a servicios de planificación familiar de buena calidad y sin discriminación.

En otro caso, Graciela, una mujer sorda de 30 años de edad de Monterrey, Nuevo León, relató a Human Rights Watch que sus padres la golpeaban cuando vivía con ellos, y luego pidieron la custodia del hijo de ella, argumentando que Graciela no tenía las aptitudes necesarias como madre debido a su discapacidad. Después de recibir golpizas durante muchos años, Graciela dejó la casa de sus padres en 2017 y se mudó con su cuñada, que también es sorda. Cuando Graciela quedó embarazada en 2018, su madre le pidió que volviera a vivir con ella y Graciela accedió a ello por un tiempo. Graciela dio a luz a su hijo en noviembre de 2018 y se mudó a la casa de su novio.

Según una abogada que brindó asesoramiento pro bono a Graciela, pero que no la representaba formalmente, en mayo de 2019, los padres de Graciela solicitaron ante un tribunal la custodia del niño, dado que sostenían que ella no era apta para criarlo. Manifestaban que ella había abandonado a su hijo después de mudarse de la casa que compartía con su pareja. Conforme a las leyes civiles de Nuevo León, los abuelos tienen derecho a pedir la custodia de sus nietos cuando los padres no pueden criar al niño o no se les considera aptos para hacerlo: “Aunque traté de que mi hijo se quedara conmigo, mis padres me lo quitaron”, dijo Graciela a Human Rights Watch. Además de las agresiones físicas que sufrió por parte de sus padres, atraviesa el sufrimiento emocional que implica no tener a su hijo con ella. Un abogado que brinda asesoramiento legal a Graciela, pero que no la representa en los procedimientos, explicó: “Los padres de Graciela solicitaron la custodia del niño y se les otorgó. Luego, Graciela presentó una denuncia penal contra sus padres por el secuestro de su hijo. Hasta ahora, todo el proceso es sumamente lento, y no ha habido novedades”. Los dos procesos legales se encuentran en trámite. Graciela y su esposo pueden visitar a su hijo mientras se encuentre pendiente la resolución del proceso por la custodia.

CASOS DOCUMENTADOS POR EL DIF

Human Rights Watch entrevistó a funcionarios del DIF en la Ciudad de México y en Monterrey, Nuevo León, quienes describieron casos de abuso y abandono grave de personas con discapacidad por parte de sus familias. Estos casos son similares a los documentados por Human Rights Watch.

Funcionarios de la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad del DIF de Nuevo León dijeron a Human Rights Watch que la mayor parte de los 30 a 40 casos que reciben por año están relacionados con personas con discapacidad psicosocial. “Las familias suelen atarlos. Nos damos cuenta por las marcas que tienen en el cuerpo. Tienen cicatrices”, señaló un funcionario.

Los funcionarios nos informaron sobre el caso de Esther, una mujer de 37 años con discapacidad psicosocial que vivía con sus padres en una comunidad rural en Apodaca, Nuevo León. Desde que era niña, los padres de Esther la golpeaban y la obligaban a permanecer en un cobertizo cerca de la casa. Esther comía y defecaba en esa habitación. Se veía obligada a gatear porque el techo era tan bajo que no le permitía estar de pie. Según funcionarios del DIF de Nuevo León que conocían el caso de Esther, sus habilidades intelectuales y su salud mental se deterioraron durante ese período de confinamiento.

En 2017, el DIF de Nuevo León retiró a Esther de su hogar y la llevó a un hospital psiquiátrico para ser evaluada. Allí le diagnosticaron esquizofrenia. Luego, la asignaron a un asilo para adultos mayores, donde permanecía a la fecha de este informe.

Funcionarios del DIF de la Ciudad de México describieron casos similares. Reciben cuatro o cinco denuncias de violencia familiar por mes, incluso sobre agresiones físicas y confinamiento de personas con discapacidad; en particular, personas con discapacidad psicosocial. Al momento en que se realizó una entrevista en mayo de 2019, el DIF de la Ciudad de México brindaba servicios sociales a 16 personas con discapacidad que vivían en situaciones de violencia familiar. Ocho de estos casos implicaban el confinamiento de esas personas por parte de familiares.

Una trabajadora social del DIF de la Ciudad de México nos informó sobre el caso de Gerardo, a quienes los funcionarios del DIF conocieron en 2017: “Gerardo era un hombre de 28 años con una discapacidad psicosocial. Su madre murió cuando él tenía 9 años y su padre nunca se hizo cargo de él, porque tenía problemas de consumo de alcohol y drogas. Entonces, su tía comenzó a “cuidarlo”. Cuando fuimos a visitar el lugar donde vivía, él estaba encerrado en una habitación sucia y llena de basura. Hacía sus necesidades en la misma habitación y su tía le pasaba comida a través de una ventana con barrotes. En la habitación no había luz ni un baño. Su tía nunca lo sacaba de la habitación porque decía que era muy agresivo. Llevamos a Gerardo a un hospital psiquiátrico para que fuera evaluado e intentamos sensibilizar a su familia sobre el trato que debían brindarle”.
La trabajadora social mostró a Human Rights Watch fotografías de la habitación de Gerardo en las cuales se lo veía encaramado a la ventana. La habitación estaba desordenada y llena de basura, y no había ningún mueble, solamente un colchón.

Inicialmente, Gerardo recibía visitas de funcionarios del DIF todos los meses cuando el caso les llegó por primera vez en 2017, pero las visitas no eran constantes. En una visita que tuvo lugar en abril de 2019, la tía de Gerardo les dijo que él había fallecido en diciembre de 2018. No se realizó ninguna investigación acerca de su muerte.

En una entrevista con Human Rights Watch, la directora de una institución no gubernamental para personas con discapacidad intelectual de Oaxaca hizo referencia al caso de Daniel, de 22 años, que originalmente era de Morelos, un estado situado al sur de la Ciudad de México. Daniel había sido trasladado a la institución después de una intervención de funcionarios del DIF de Morelos. La directora dijo: “Vecinos de la familia de Daniel hicieron una denuncia ante las autoridades porque la familia lo tenía encerrado en una habitación de su casa por la noche y lo llevaba a un patio abierto durante el día. Por la noche, su padre iba a bañarlo con una manguera y Daniel gritaba. El DIF del estado de Morelos intervino en el caso y lo envió a esta [institución]. Al llegar, Daniel tenía cicatrices en la piel por haber estado expuesto al sol y a la intemperie”.

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