Tipos de violencia que soportan las mujeres colombianas y venezolanas en el sector del servicio doméstico

* * copiado tal cual del informe "Mujeres migrantes contra la violencia en el mundo del trabajo: Colombianas y Venezolanas en el sector del servicio doméstico" de elaborado por el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Servicio Doméstico (SINTRASEDOM) con el apoyo y la colaboración de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW).

VIOLENCIA SEXUAL

Algunas de las participantes comentaron haber vivido alguna situación de violencia sexual o acoso. En el ejercicio de retroalimentación se identificaron tres tipos de situaciones:

- Restricción de las opciones de decidir tener una pareja sexual: “Cuando trabajaba como interna, la patrona, consideraba que yo no tenía derecho a tener amigos, ni novio y menos a tener relaciones sexuales, porque las mujeres pobres somos brutas y siempre metemos las  patas  y  con  un hijo ella no me iba a “cuidar”, ella decidía sobre mí y yo ni me daba cuenta, creía que    así debía ser.” Históricamente el cuerpo de las mujeres ha sido controlado, es un cuerpo sujeto a normas, que de acuerdo a los contextos debe responder a ciertos estándares. En el caso del servicio doméstico, se controla el cuerpo de las mujeres, quienes las emplean se apropian de él con la justificación de que saben lo que es mejor para ellas, bloquean su derecho a decidir y limitan el establecimiento de relaciones afectivas. Todo esto es convertirlas en mujeres asexuadas, tratarlas como objetos y hacerlas funcionales únicamente para el trabajo. Los argumentos son que la trabajadora, por ser una mujer pobre, no sabe cuidarse y  o sabe lo que es mejor para sí misma. Así la empleadora es la persona que la cuida, porque ella sí sabe.

- Acoso, acecho y abuso sexual: “Tuve un patrón que me acosaba sexualmente y me intimidaba, me decía que, si yo no accedía a lo que él quería, él iba a hablar con su mujer para que yo perdiera el trabajo y le diría que era yo, quien lo acosaba a él.” En este caso, las mujeres trabajadoras son consideradas por los hombres como cuerpos sexualizados y disponibles para atender sus necesidades. Al estar en su ámbito privado, entienden que las trabajadoras deberían responder a sus requerimientos sexuales.

- Discriminación ante la orientación sexual: "Un amigo de mi pareja, me decía que era falta de macho lo que yo tenía, que él me podía curar, él me decía que era en chiste, pero muchas personas sabían que yo vivía con una mujer y me hacían sentir que eso era malo, incluso peligroso para sus hijos y por eso no me daban trabajo en casas de familia.”

- La regulación sobre el cuerpo de las mujeres cruza la propia identidad, de esta forma una orientación sexual que rompe con la heteronormatividad puede  ser considerada por personas cercanas y empleadores como algo perjudicial para el ámbito familiar. En esto juega un papel importante la creencia errónea de que la orientación sexual puede ser aprendida o contagiada, una enfermedad o incluso un indicador de una potencial agresión sexual hacia menores de edad.

Al decir de Magdalena León, “el servicio doméstico […] es una reclusión dentro de las cuatro paredes que forman el hogar […] Este aislamiento no es sólo laboral, sino que va acompañado de soledad y de carencias afectivas y emocionales. La vida sexual es restringida y dificulta separar la reproducción del placer. Su reclusión las expone al maltrato físico, a la violencia y al acoso sexual, así como a inestabilidad en las relaciones de pareja. La disponibilidad de la persona, junto con la elasticidad de las tareas, es herencia del rol femenino e incluye elementos de sacrificio y abnegación” (León, 2013).

Si bien no en todos los casos del estudio, se ha evidenciado una experiencia negativa en el servicio doméstico interno, sí existe una yuxtaposición entre los ámbitos familiar y laboral que genera un mayor control sobre el cuerpo de la trabajadora, ya sea convirtiéndola en un ser asexuado o en un cuerpo sexualizado o por impedir la expresión de su orientación sexual.

VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA

Aparecen también en los testimonios situaciones de violencia patrimonial y económica que, por acción u omisión, les ha ocasionado daños a los bienes muebles o inmuebles y la pérdida de la posesión de objetos, instrumentos de trabajo y de documentos personales de las trabajadoras. Las participantes han referido haber vivido limitaciones económicas originadas por el control de sus ingresos por parte de terceros, generando la privación de los medios económicos para vivir.

El endeudamiento se estableció como una práctica sistemática, donde la necesidad económica hace que la relación laboral se convierta en una relación prestamista-deudor. Esto pone una presión psicológica extra en la trabajadora, quien siente que tiene una deuda no solo económica sino moral con la persona empleadora y es funcional para la empleadora, ya que la estrategia de endeudamiento permite mayor exigencia y más trabajo. Una participante lo manifiesta así: "sí, en una oportunidad  trabajé dos años para una patrona, siempre que llegaba la fecha de pago, ella me daba una excusa diferente para no pagarme y retenía mi salario, me decía que como en la casa yo no gastaba nada, ello me lo ahorraba para que cuando yo me fuera, pudiera tener recursos, pero cuando yo necesitaba algo, ella me lo compraba y me decía que me lo descontaba del salario, cuando ya me quise ir, me dijo que no tenía nada, porque ella me había dado todo lo que yo necesitaba.”

Muchos testimonios dan cuenta del impago de los salarios como herramienta de coacción y control. Una de las participantes comentó que “un empleador, el violó todos mis derechos, yo era una mujer muy pobre y mi patrón cuando quería no me pagaba, me hacía casi que le rogara para que me pagara, una vez me alquiló una casa de su propiedad para que yo viviera con mis hijas y como no estuve de acuerdo con lo que él quería, me sacó a la fuerza de allí y me decía que si iba con él me daría dinero. Se aprovechaba de mí necesidad, para que yo tuviera que depender económicamente de él.”

El artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo, señala que está prohibido cualquier descuento en el salario del trabajador, la retención del pago sin que medie orden judicial; incluidas deudas del trabajador para con el empleador, sus socios, sus parientes o sus representantes; indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o productos elaborados o pérdidas o averías de elementos de trabajo; entrega de mercancías, provisión de alimentos y precio de alojamiento.

Destaca también entre las experiencias de las trabajadoras el incumplimiento de las responsabilidades económicas por parte de sus parejas o exparejas. Una de las participantes comentó que: "yo creo que, en relación a violencia económica, la más frecuente es la falta de apoyo del padre de mis hijos, que no ayudó económicamente a su crianza y eso limitó mucho nuestra calidad de vida. Yo intenté demandarlo, pero él siempre se perdía, no iba a las citas, yo me canse perdía más dinero y no encontraba respuesta de las autoridades.”

La presión que la inasistencia alimentaria puede generar en las mujeres debido al incumplimiento por parte de los responsables, ha sido considerada como una forma de violencia económica, ya que impide la autonomía de las mujeres, genera dependencia de las decisiones del responsable y supone un detrimento en la calidad de vida del grupo familiar.

También los descuentos arbitrarios se identificaron como una práctica sistemática. La pérdida de objetos o las rupturas de vasos, platos, u otro material se descuenta del salario de las trabajadoras a precios sobrevalorados. “Sí, muchas veces me han pagado menos de lo prometido, me han cobrado cosas que se han perdido o dañado en las casas, me han pagado días o semanas después del día de pago, me han quedado debiendo, algunos empleadores piensan que ellos sí necesitan el dinero que nos pagan, pero que nosotras no, no tienen en cuenta las necesidades de nosotras y de las familias de nosotras, a veces parece que nos estuvieran haciendo un favor” comenta una de las participantes.

RETENCIÓN DE DOCUMENTOS

En cuanto a la disposición de los documentos personales, las participantes han comentado casos de retención del documento de identidad o del pasaporte. Esto atenta contra el  derecho  a  la  identidad y a la libertad de movimiento. El objetivo es generar en la trabajadora temor sobre su situación jurídica especialmente en las trabajadoras migrantes, esta situación puede ser considerada como un delito independiente en la legislación colombiana o ser una evidencia de situaciones asociadas a la trata de personas como en el presente caso, donde la trabajadora fue trasladada, endeudada, amenazada, sus documentos retenidos y obligada a trabajar hasta que la empleadora lo considero pertinente.

Una de las participantes resume muchas de estas violencias en su propia experiencia: "en la situación que viví, me sentí explotada económicamente, extorsionada, además, se apropiaron de mis documentos de mi identidad y al final ni siquiera me pagaron el dinero prometido, porque supuestamente yo debía pagar mis tiquetes, mi comida, mi alojamiento. Perdí cuatro años de mi vida, perdí dinero, fui privada de todo incluso de la posibilidad de hablar con mi familia. Intenté escapar varias veces, pero cada vez era peor, hasta que al final una se resigna.”

VIOLENCIA SIMBÓLICA

En los ejercicios de los grupos focales y en las entrevistas las participantes se refirieron a las imágenes que los medios de comunicación presentan sobre las mujeres pobres, las mujeres migrantes y sobre las trabajadoras del servicio doméstico. Los chistes y las caracterizaciones como mujeres afrodescendientes que hablan con acentos rurales y que son incultas, que no tienen nombre, etc. “Hay muchos chistes sobre trabajadoras domésticas y sobre personas chocoanas, nos ponen con un acento horrible, se disfrazan de empleadas pintándose de negro, rellenándose el cuerpo para ponerse mucho busto, mucha cadera y exagerando todo los gestos, el acento, pues uno sabe que no es así,  entonces  pues trata de no ponerle cuidado, pero hay chistes que si son muy pasados y que naturalizan la discriminación no solo contra las mujeres, sino contra las mujeres, negras, indígenas, extranjeras pobres y migrantes”. Las participantes consideran que estas caracterizaciones desde los medios de comunicación promocionan la violencia simbólica contra trabajadoras del servicio doméstico y la cultura de subordinación y sumisión que se impone o se espera de ellas, generando estereotipos y la distorsión del rol de dichas trabajadoras en la sociedad.

OTRO TIPO DE VIOLENCIAS

Esta investigación se centra en las violencias en el contexto del trabajo, pero durante la interacción con las participantes se han identificado otras violencias que son importantes para comprender “el todo”. Como la violencia por parte de padres, hermanos, tíos, sobrinos, pero especialmente por parte de los compañeros sentimentales: “por la situación de violencia que yo viví, no  quería  tener  hijos, mi compañero me amarraba y abusaba  de  mí, pero la familia se enojaba de que yo no quería tener hijos, cuando quedaba embarazada me felicitaban, pero igual mi compañero me seguía tratando mal.”

Se han identificado también experiencias de violencia obstétrica, tanto por terceras personas que las han coaccionado para planificar, como por personal médico. Esta violencia ha ocasionado dolores físicos y emocionales, y daño a su salud y la de sus hijos e hijas en ocasión del embarazo. “Una de mis patronas me llevaba al médico para ponerme  la  inyección para evitar que yo tuviera otro bebé, yo no quería, pero ella me decía que era lo mejor”, narra una de las participantes. Otra añade “cuando fui a tener a mi primera hija, "la enfermera me decía, ‘así como hizo la hija abriendo las patas, sea valiente para los dolores, no sea teatrera’ y me dejaba con los dolores a propósito, sufriendo más.” Nuevamente encontramos que se controla el cuerpo de las mujeres y se ponen normas externas a incluso a la maternidad. Hemos encontrado casos en lo que cuando la maternidad no es deseada, la mujer es obligada a continuar el embarazo, pero también el caso contrario de mujeres que desean la maternidad, pero son cuestionadas. Se espera que la mujer cumpla las expectativas de su entorno. El alto número de situaciones asociadas a la violencia obstétrica hace que cuestionemos también en esta investigación los servicios de salud y el apoyo que deben recibir las mujeres gestantes y aquellas que no consideran la maternidad una opción.

En los grupos focales un elemento que se resaltó de manera permanente, fue la necesidad de analizar los factores estructurales, no solo la situación particular de cada trabajadora, sino también del país en general, la forma en que algunos acumulan capital, especialmente los bancos. Las participantes destacaron que enfrentan muchos obstáculos para tener vivienda propia y que les es prácticamente imposible acceder a créditos bancarios. Por ello, muchas optan por sacar créditos con usureros para cubrir sus necesidades y casos de emergencias. Estos créditos cobran tasas de intereses casi un doble superiores al de los bancos y lo cobran diariamente. Además, ante la falta de pago realizan acciones de amenaza e intimidación.

Otro aspecto destacado fue la falta de espacios de recreación y las condiciones del transporte público, especialmente en Bogotá, no solo por las distancias dentro de la ciudad, sino por el hacinamiento del servicio público en las horas pico.

Terminación del contrato

La forma más frecuente de terminación del contrato es unilateral por parte del empleador, alegando incumplimientos del contrato, hurtos o simplemente que es una decisión firme. En estos casos se preguntó a las participantes cuáles eran los motivos más frecuentes para el término unilateral e identificaron; la ausencia por enfermedad propia o de un familiar dependiente; el embarazo; y para no tener que pagar los beneficios de ley (prestaciones, prima, vacaciones y liquidación al terminar el contrato).

La mayor parte de las trabajadoras no ha recibido la indemnización conforme a la ley tras la finalización del trabajo. Una de las trabajadoras comenta que “averigüé en el Ministerio de Trabajo, pero me dijeron que era un proceso de conciliación y que no había garantías, que, si quería información que fuera a un sindicato para que ellos hicieran la liquidación”.

Entre las participantes, solo tres de ellas buscaron algún apoyo para hacer la reclamación, pero sin resultados muy positivos tal y como comenta una de las participantes: "en una ocasión no me querían pagar, entonces después de ir muchas veces sola, fui después con el papá de mis hijos y nos dijeron que no había nada que hacer, que además no iban a hablar con él porque él no era el trabajador, no me atendieron, entonces fui al Ministerio del Trabajo y no pasó nada.”

Los principales argumentos para no reclamar están asociados:

- con las dificultades para concretar la participación de los patronos en las citaciones de conciliación.
- la necesidad de contactar a un profesional en derecho para realizar una demanda laboral. Esto último se debe a la desconfianza ante las instituciones y genera costos adicionales.

Violencia institucional y acceso a la justicia

Se percibe mucha insatisfacción frente a la respuesta del Ministerio de Trabajo y un 70% de las mujeres participantes, mencionan que han vivido alguna forma de violencia por acción u omisión de las instituciones públicas, principalmente relacionado con el acceso a la justicia. Solo algunas de las participantes realizaron algún tipo de denuncia o presentó su caso a las autoridades, pero en ninguno de los casos prosperaron las denuncias: “cuando reclamé en la oficina del trabajo y le dieron la razón a la empleadora,  la opción que me dieron fue iniciar un proceso, sentí que era una  forma  de  violencia  no solo de la patrona, sino también de los funcionarios, si a ellos no les pagan el mes después de ir a trabajar todos los días, seguro que ellos si tienen como reclamar, pero como yo era una trabajadora del servicio doméstico y pobre, no tenía lugar a donde ir”, comenta una de las participantes. Otra participante añade que: "hacer cualquier reclamación laboral en el servicio doméstico, es muy muy costoso […] para iniciar el trámite hay que ir a otro lugar […], las citan [a las empleadoras] y si ellas no van, las llaman hasta tres veces y en la última ya le recomiendan a una que contrate un abogado para que inicie un juicio. Entonces es muy costoso, pierde uno muchos días de trabajo y al final como no hay cómo pagar el abogado sale perdiendo”. El costo de hacer las denuncias, tanto en tiempo, como en dinero por el valor de los transportes y especialmente por los costos de contratar un abogado apareció en varios testimonios. Así otra trabajadora comentó que “he enfrentado muchas situaciones, las personas no dimensionan todas las cosas que vivimos las trabajadoras domésticas, no importa si son jóvenes, mayores, blancas, negras, indígenas, todas, enfrentamos situaciones de discriminación, yo he vivido situaciones de acoso sexual, de explotación económica y laboral, pero siempre he salido adelante, siempre he buscado solución, nunca con las autoridades, porque siempre hay este temor de que hay que pagar un abogado, para poder hacer valer los derechos, entonces, sin dinero para el abogado, no hay acceso a la justicia.”

En general las participantes mencionaron que, cuando se presentan adversidades en el espacio laboral, buscan un nuevo trabajo, pues consideran que el acceso a la justicia tiene muchas limitaciones. En especial destacan las dificultades para probar la relación laboral, la desprotección laboral en la que se encuentran y la dificultad para asumir los costos del proceso.

Las participantes consideran que para sacar adelante los procesos en cualquiera de las áreas requieren del pago de un abogado ya que, si bien existen las rutas de atención, las primeras etapas son conciliatorias y se agotan con tres citaciones. El implicado puede faltar a esas citaciones, lo que pudo suponer varios meses, y es solo a partir de ese momento que pueden iniciar un proceso. Según su experiencia, aunque en lo formal no requieren un abogado, en la práctica la falta de esa figura les ha impedido sacar adelante sus reclamaciones. También identifican una falta de garantías y de claridad en las rutas. “Las veces que intenté escapar de la casa  de  la  patrona, las personas no creyeron en mí y  eso  impidió que yo pudiera salir de la violencia que vivía y tuve que quedarme hasta  que  ella  se  aburrió de maltratarme”, comenta una de las trabajadoras.

Cuando los hechos de violencia contra las mujeres, quedan en la impunidad, hay una ruptura social, hay una deuda pendiente. Pero cuando la falta de acceso a la justicia laboral, se convierte en una perpetuación de la violencia, es necesario redefinir las prioridades de esa justicia y de las rutas de acceso.

Aquí las trabajadoras hacen un llamado a la acción y al cambio. Consideran que es una prioridad crear un sistema de información y de queja, que permita evaluar e identificar las situaciones que van más allá de la violencia en el trabajo y que puedan trascender la esfera del derecho laboral al derecho penal.

De otro lado manifiestan que el silencio del Ministerio de Trabajo ante las solicitudes del Sindicato, también son una forma de violencia y desconocimiento de la acción gremial de SINTRASEDOM. Una de las participantes lo resume así: “con el Ministerio de Trabajo, siempre las trabajadoras tenemos dificultades, por ejemplo hemos enviado cartas  solicitando  información  sobre los derechos de las trabajadoras  domésticas, hemos escrito para que nos  vinculen  a los procesos que están realizando con otros sindicatos y uniones de trabajadoras y ni siquiera nos responden, luego sale en televisión un solo grupo que es apoyado por unas políticas, hablando por todas trabajadoras del servicio doméstico, pero nosotras no nos sentimos representadas allí.”

Situación de las trabajadoras migrantes en relación con las trabajadoras locales

Sobre cómo influye la condición migratoria en trabajadoras del servicio doméstico encontramos tres análisis:

- la postura que considera que las mujeres migrantes enfrentan situaciones más difíciles (de violencia y discriminación) que las trabajadoras locales en los mismos sectores. “Las mujeres migrantes, enfrentan muchas otras formas de violencia, por ejemplo, la discriminación. Incluso dentro del mismo país,  cuando  una  viene de otras ciudades, le dicen que esta campesina inculta o que una  es  una  chacha  y no le dicen ni el nombre. Ahora las venezolanas, antes de decirles el nombre, les dicen venezolana tal y tal y las tratan diferente, les pagan menos y eso también afecta a todas”, comenta una de las participantes. La migración entonces se convierte en el elemento de diferenciación social; las mujeres migrantes son consideradas como extrañas, que no pertenecen y en este contexto, como merecedoras de un trato diferente y por tanto de menos derechos.

- la postura que considera que la migración tiene un elemento de clase que hace que las mujeres migrantes, indígenas, afrodescendientes y pobres compartan una misma situación de vulnerabilidad y estén expuestas a mayores condiciones de abuso y explotación. Una trabajadora lo explica así: “las mujeres trabajadoras enfrentan diferentes cosas, creó que es más por ser pobre que por ser migrante, porque yo trabajé en una casa de unas extranjeras españolas en Colombia, como la señora de la casa, tenía dinero, la señora tenía una vida muy buena, yo siendo colombiana, pero viniendo de otra ciudad, la misma señora que no era colombiana, me decía que yo era una negra y me hacía atenderla con uniforme y guantes cuando venían las amigas. Entonces la situación de todas las mujeres migrantes no es igual.” En este caso señalan la pobreza como el elemento que determina la desigualdad y consideran que todas las situaciones de las mujeres migrantes no son iguales. Sin embargo, creen que la pobreza pone a las mujeres en situaciones similares de falta de acceso a los derechos y a los servicios, principalmente a las mujeres afrodescendientes e indígenas.

- la postura que considera que más que la condición migratoria, son las condiciones de vulnerabilidad individual y la falta de conocimiento las que influyen en las condiciones laborales, que pueden coincidir entre migrantes y locales. Así una de las participantes dice que “dentro del trabajo doméstico, también hay estratos, las que trabajan  por días y con más autonomía, las que trabajan todos los días para una familia    y usan uniforme y las que trabajan internas, estas últimas son las que están en peores situaciones, son las más pobres,  las que tienen más dificultades para reunirse, muchas no tienen  un  lugar  donde quedarse cuando salen de descanso. Eso pasa con las trabajadoras migrantes, muchas no tienen un lugar y por eso están expuestas a aceptar  cualquier  cosa, en cualquier condición.” En este caso, las participantes analizaron los contextos individuales, como los generadores de mayor vulnerabilidad, dándose una confluencia entre factores sociales, como la pobreza y la migración, con factores individuales como la personalidad, las redes sociales y de apoyo y la capacidad para enfrentar ciertas situaciones.

Las participantes refieren en sus relatos que la situación de vulnerabilidad está asociada a las múltiples categorías que expresan sus identidades, como el hecho de ser mujeres, pobres, migrantes, afrodescendientes o indígenas, etc., trabajando en el servicio doméstico y evidencian la consciencia que tienen sobre sí mismas. Consideran además que las causas estructurales de estas situaciones de vulnerabilidad están asociadas al patriarcado y a las estructuras de poder. Es importante destacar que todos los testimonios resaltan la necesidad de un cambio social y la implementación de políticas públicas que les permitan acceder a nuevas y mejores oportunidades de empleo, pero sobre todo que les aseguren el respecto a sus derechos y una vida libre de violencias.

Las participantes refirieron situaciones de maltrato verbal, de acoso, hostigamiento, de aislamiento, confinamiento y restricción de las comunicaciones. Según las trabajadoras, todo esto son formas de violencia psicológica, que se dan básicamente en la relación entre mujeres. “Una empleadora, quería que yo renunciara una vez. Yo no podía porque no tenía más recursos y además si ella no estaba a gusto que me despidiera y me pagara lo correspondiente. Entonces hacía cosas para dificultarme las tareas de la casa, como para aburrirme y decir que yo ha-cía mal las cosas y que por eso me debía ir. Me decía nombres despectivos, no me brindaba los elementos adecuados para realizar las labores, cuando llegaban sus amistades me decía ‘vea esta negra que todo lo hace mal, ni para trabajar en esto sirve’, al final, le hablé y le dije que, si ella quería que yo me fuera, que me pagara  lo justo  y se empezó  a burlar, que yo era una negra descarada”, comenta una de las participantes.

El análisis de Magdalena León, nos sirve de referencia para dar contexto a la postura de las participantes del estudio. “El servicio doméstico es ejercido por mujeres de sectores populares, lo cual aumenta y potencia su subvaloración. La presencia de mujeres de origen rural, indígena y afro-descendiente es importante. El servicio doméstico en el seno del hogar se constituye en una relación entre mujeres, es decir, entre empleada-patrona. Esto supone una asimetría de poder que da paso a relaciones contradictorias entre mujeres y entre clases sociales diferentes” (León, 2013) .