Deportación con escala: el proceso del ACA en Guatemala
* * copiado tal cual del informe "Deportación con escala. Fracaso de las medidas de protección que establece el Acuerdo de Cooperación en materia de Asilo suscrito entre EEUU y Guatemala" de Human Rights Watch
Hasta que el ACA se suspendió debido a la pandemia de COVID-19, los solicitantes trasladados en virtud del ACA se veían inmersos en una situación trágica en la que carecían de tiempo y recursos adecuados para tomar una decisión voluntaria y verdaderamente informada sobre qué hacer. Fueron trasladados en avión hasta el aeropuerto de La Aurora, en Ciudad de Guatemala, normalmente en el mismo avión que deportaba también a otros ciudadanos guatemaltecos. Desembarcaron del avión en el hangar de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
Estas personas, entre las que había niños pequeños, tuvieron que esperar durante horas en la calle, sin comida, agua ni atención médica adecuada. El proceso de registro en sí duró entre dos y tres minutos, durante los cuales los trasladados no recibieron información alguna sobre lo que les sucedería en Guatemala. Hasta la suspensión del ACA, el registro de los solicitantes de asilo trasladados lo realizaban representantes del Instituto de Migración y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala, un organismo gubernamental independiente encargado de investigar las violaciones de los derechos humanos en el país, supervisa el proceso de registro. Trabajadores de la Casa del Migrante, centro de acogida gestionado por una ONG, acompañaron a los solicitantes de asilo trasladados durante el proceso.
Una vez realizado el registro en el aeropuerto, los solicitantes de protección tienen 72 horas para decidir si solicitan asilo o residencia temporal en Guatemala, o son devueltos a su país de origen. El límite de 72 horas no solo es un plazo insuficiente para que estas personas puedan tomar decisiones tan trascendentales, sino que también es arbitrario, ya que el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad permite el tránsito por tierra sin pasaporte durante un máximo de 90 días a los nacionales de los países signatarios: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Los trasladados del ACA tuvieron que esperar hasta ser llevados a las organizaciones de la sociedad civil El Refugio de la Niñez y la Casa del Migrante para recibir su primera comida y acceso a psicólogos y trabajadores sociales. Hasta ese momento no recibieron atención humanitaria o información sobre su situación en Guatemala.
En El Refugio de la Niñez, un abogado dio orientaciones a los solicitantes de asilo trasladados sobre sus derechos y sus opciones. Les informó de que disponían de 72 horas para decidir si solicitaban asilo o residencia temporal en Guatemala, o eran devueltos a su país de origen. Según el testimonio de Refugees International, que estuvo presente mientras se facilitaron las orientaciones, todos los trasladados expresaron consternación al ser informados de que no podían solicitar asilo en EEUU. La mayoría, si no todos ellos, supieron aquí por primera vez que no se les iba a permitir presentar solicitudes de asilo en EEUU. Se lamentaron, llenos de frustración, diciendo: “Ellos [los funcionarios del CBP] nos mintieron” y “No nos dijeron que no podíamos regresar”. Pese a su decepción al recibir esta información, algunos trasladados manifestaron que la primera vez en todo el proceso que sintieron que se les daba un "trato como seres humanos" fue al llegar a El Refugio de la Niñez.
Una vez concluidos los trámites en El Refugio de la Niñez, fueron llevados a la Casa del Migrante, dependiente de la Iglesia, uno de los pocos centros de acogida de Guatemala y el único disponible para los trasladados del ACA. A pesar de tener solo 50 camas, la Casa del Migrante a veces alberga a más personas, incluidos migrantes de muchos países en tránsito por Guatemala, miembros de caravanas de migrantes y algunos guatemaltecos deportados. Antes de la suspensión del ACA por la COVID-19, la Casa del Migrante facilitaba atención humanitaria básica a estas personas y les daba la oportunidad de hablar con abogados de El Refugio de la Niñez y la Pastoral de Movilidad Humana, otra organización dependiente de la Iglesia que brinda apoyo jurídico. Durante su estancia de hasta 72 horas en la Casa del Migrante, tuvieron que tomar una decisión entre las tres opciones siguientes:
- Solicitar asilo en Guatemala: abogados de El Refugio de la Niñez y la Pastoral de Movilidad Humana proporcionan información sobre cómo solicitar asilo en Guatemala y cómo funciona el procedimiento.
- Solicitar residencia temporal en Guatemala: aquellos que deseen regularizar su situación rápidamente y que puedan pagar US$500, tienen la posibilidad de solicitar la residencia temporal en Guatemala, que puede durar hasta cinco años.
- Regresar a su país: los trasladados pueden regresar a su país por su cuenta o a través del Programa de Retorno Voluntario Asistido, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Pasadas las 72 horas, los trasladados que no quieren permanecer en Guatemala suelen regresar a su país de origen o emigrar a otro país. Aunque los investigadores de Refugees International se han mantenido en contacto con dos trasladados del ACA que regresaron a su país de origen, El Salvador, y otro que fue a México, no se ha realizado un seguimiento general de los que regresaron a sus países de origen por su cuenta.
A pesar de sus limitados recursos, la tarea de cuidar a los trasladados del ACA recae exclusivamente en las organizaciones de la sociedad civil. El Refugio de la Niñez y la Casa del Migrante tienen mandatos que van más allá de ayudar a los trasladados del ACA. El Refugio de la Niñez tiene 15 delegaciones en todo el país, en las que ofrece protección a personas en tránsito, ayuda a solicitantes de asilo no incluidos en el ACA con el procedimiento de solicitud y colabora con el Gobierno para encontrar casos de tráfico de menores. Reciben muy poca financiación gubernamental para su trabajo y dependen principalmente de donantes privados. La Casa del Migrante acoge a poblaciones de diversa índole, pero es una organización administrada por la Iglesia y depende de las donaciones para llevar a cabo su labor. Cuantas más personas se trasladen a Guatemala en el marco del ACA, más probable es que la sociedad civil tenga que desviar sus limitados recursos de otros grupos marginados a los trasladados del ACA, dada su extrema vulnerabilidad y la falta de apoyo del Gobierno.
El Gobierno guatemalteco no proporciona dinero a organizaciones de la sociedad civil para que presten asistencia a los trasladados del ACA. La disposición constitucional en virtud de la cual Morales firmó el ACA sin la aprobación del Congreso exigía que el Acuerdo no incurriera en gastos adicionales para el Gobierno; cualquier acuerdo que represente gastos adicionales ha de ser, como advirtió la Corte de Constitucionalidad en su amparo provisional, ratificado por el Congreso. No obstante, el entonces responsable del USCIS, Ken Cuccinelli, declaró que el Gobierno guatemalteco sería responsable de hacerse cargo de los solicitantes de asilo que llegaran, incluidos los costos. El Gobierno de EEUU está dando dinero al Gobierno guatemalteco para evitar la migración irregular, aunque no está claro que ese dinero vaya a utilizarse para el ACA. El texto del Acuerdo disponible al público no establece quién debe asumir, de hecho, los gastos en los que se incurra por la llegada de solicitantes de asilo. El artículo 8, punto 5, establece lo siguiente: “Ninguna disposición del presente Acuerdo deberá interpretarse de manera que obligue a las Partes a erogar o comprometer fondos”. Esto ha permitido a los gobiernos guatemalteco y de EEUU eludir cualquier responsabilidad financiera en relación con los solicitantes de asilo trasladados, a pesar de que el Derecho internacional exige que cada país respete y defienda los derechos de las personas bajo su control.
Hasta que el ACA se suspendió debido a la pandemia de COVID-19, los solicitantes trasladados en virtud del ACA se veían inmersos en una situación trágica en la que carecían de tiempo y recursos adecuados para tomar una decisión voluntaria y verdaderamente informada sobre qué hacer. Fueron trasladados en avión hasta el aeropuerto de La Aurora, en Ciudad de Guatemala, normalmente en el mismo avión que deportaba también a otros ciudadanos guatemaltecos. Desembarcaron del avión en el hangar de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
Estas personas, entre las que había niños pequeños, tuvieron que esperar durante horas en la calle, sin comida, agua ni atención médica adecuada. El proceso de registro en sí duró entre dos y tres minutos, durante los cuales los trasladados no recibieron información alguna sobre lo que les sucedería en Guatemala. Hasta la suspensión del ACA, el registro de los solicitantes de asilo trasladados lo realizaban representantes del Instituto de Migración y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala, un organismo gubernamental independiente encargado de investigar las violaciones de los derechos humanos en el país, supervisa el proceso de registro. Trabajadores de la Casa del Migrante, centro de acogida gestionado por una ONG, acompañaron a los solicitantes de asilo trasladados durante el proceso.
Una vez realizado el registro en el aeropuerto, los solicitantes de protección tienen 72 horas para decidir si solicitan asilo o residencia temporal en Guatemala, o son devueltos a su país de origen. El límite de 72 horas no solo es un plazo insuficiente para que estas personas puedan tomar decisiones tan trascendentales, sino que también es arbitrario, ya que el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad permite el tránsito por tierra sin pasaporte durante un máximo de 90 días a los nacionales de los países signatarios: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Los trasladados del ACA tuvieron que esperar hasta ser llevados a las organizaciones de la sociedad civil El Refugio de la Niñez y la Casa del Migrante para recibir su primera comida y acceso a psicólogos y trabajadores sociales. Hasta ese momento no recibieron atención humanitaria o información sobre su situación en Guatemala.
En El Refugio de la Niñez, un abogado dio orientaciones a los solicitantes de asilo trasladados sobre sus derechos y sus opciones. Les informó de que disponían de 72 horas para decidir si solicitaban asilo o residencia temporal en Guatemala, o eran devueltos a su país de origen. Según el testimonio de Refugees International, que estuvo presente mientras se facilitaron las orientaciones, todos los trasladados expresaron consternación al ser informados de que no podían solicitar asilo en EEUU. La mayoría, si no todos ellos, supieron aquí por primera vez que no se les iba a permitir presentar solicitudes de asilo en EEUU. Se lamentaron, llenos de frustración, diciendo: “Ellos [los funcionarios del CBP] nos mintieron” y “No nos dijeron que no podíamos regresar”. Pese a su decepción al recibir esta información, algunos trasladados manifestaron que la primera vez en todo el proceso que sintieron que se les daba un "trato como seres humanos" fue al llegar a El Refugio de la Niñez.
Una vez concluidos los trámites en El Refugio de la Niñez, fueron llevados a la Casa del Migrante, dependiente de la Iglesia, uno de los pocos centros de acogida de Guatemala y el único disponible para los trasladados del ACA. A pesar de tener solo 50 camas, la Casa del Migrante a veces alberga a más personas, incluidos migrantes de muchos países en tránsito por Guatemala, miembros de caravanas de migrantes y algunos guatemaltecos deportados. Antes de la suspensión del ACA por la COVID-19, la Casa del Migrante facilitaba atención humanitaria básica a estas personas y les daba la oportunidad de hablar con abogados de El Refugio de la Niñez y la Pastoral de Movilidad Humana, otra organización dependiente de la Iglesia que brinda apoyo jurídico. Durante su estancia de hasta 72 horas en la Casa del Migrante, tuvieron que tomar una decisión entre las tres opciones siguientes:
- Solicitar asilo en Guatemala: abogados de El Refugio de la Niñez y la Pastoral de Movilidad Humana proporcionan información sobre cómo solicitar asilo en Guatemala y cómo funciona el procedimiento.
- Solicitar residencia temporal en Guatemala: aquellos que deseen regularizar su situación rápidamente y que puedan pagar US$500, tienen la posibilidad de solicitar la residencia temporal en Guatemala, que puede durar hasta cinco años.
- Regresar a su país: los trasladados pueden regresar a su país por su cuenta o a través del Programa de Retorno Voluntario Asistido, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Pasadas las 72 horas, los trasladados que no quieren permanecer en Guatemala suelen regresar a su país de origen o emigrar a otro país. Aunque los investigadores de Refugees International se han mantenido en contacto con dos trasladados del ACA que regresaron a su país de origen, El Salvador, y otro que fue a México, no se ha realizado un seguimiento general de los que regresaron a sus países de origen por su cuenta.
A pesar de sus limitados recursos, la tarea de cuidar a los trasladados del ACA recae exclusivamente en las organizaciones de la sociedad civil. El Refugio de la Niñez y la Casa del Migrante tienen mandatos que van más allá de ayudar a los trasladados del ACA. El Refugio de la Niñez tiene 15 delegaciones en todo el país, en las que ofrece protección a personas en tránsito, ayuda a solicitantes de asilo no incluidos en el ACA con el procedimiento de solicitud y colabora con el Gobierno para encontrar casos de tráfico de menores. Reciben muy poca financiación gubernamental para su trabajo y dependen principalmente de donantes privados. La Casa del Migrante acoge a poblaciones de diversa índole, pero es una organización administrada por la Iglesia y depende de las donaciones para llevar a cabo su labor. Cuantas más personas se trasladen a Guatemala en el marco del ACA, más probable es que la sociedad civil tenga que desviar sus limitados recursos de otros grupos marginados a los trasladados del ACA, dada su extrema vulnerabilidad y la falta de apoyo del Gobierno.
El Gobierno guatemalteco no proporciona dinero a organizaciones de la sociedad civil para que presten asistencia a los trasladados del ACA. La disposición constitucional en virtud de la cual Morales firmó el ACA sin la aprobación del Congreso exigía que el Acuerdo no incurriera en gastos adicionales para el Gobierno; cualquier acuerdo que represente gastos adicionales ha de ser, como advirtió la Corte de Constitucionalidad en su amparo provisional, ratificado por el Congreso. No obstante, el entonces responsable del USCIS, Ken Cuccinelli, declaró que el Gobierno guatemalteco sería responsable de hacerse cargo de los solicitantes de asilo que llegaran, incluidos los costos. El Gobierno de EEUU está dando dinero al Gobierno guatemalteco para evitar la migración irregular, aunque no está claro que ese dinero vaya a utilizarse para el ACA. El texto del Acuerdo disponible al público no establece quién debe asumir, de hecho, los gastos en los que se incurra por la llegada de solicitantes de asilo. El artículo 8, punto 5, establece lo siguiente: “Ninguna disposición del presente Acuerdo deberá interpretarse de manera que obligue a las Partes a erogar o comprometer fondos”. Esto ha permitido a los gobiernos guatemalteco y de EEUU eludir cualquier responsabilidad financiera en relación con los solicitantes de asilo trasladados, a pesar de que el Derecho internacional exige que cada país respete y defienda los derechos de las personas bajo su control.
Comments
Post a Comment