Violencia familiar contra personas con discapacidad en México: Falta de políticas gubernamentales orientadas a brindar apoyo a las personas con discapacidad para que vivan de manera independiente.
* * copiado tal cual del informe "Violencia familiar contra personas con discapacidad en México" de Human Rights Watch
El gobierno federal mexicano y los gobiernos de los estados donde Human Rights Watch realizó investigaciones para este informe todavía no han desarrollado programas y políticas integrales que permitan que las personas con discapacidad vivan de manera independiente y sean incluidas en la comunidad.
Para las personas con discapacidad, la consecuencia puede ser una fuerte dependencia de sus familias para recibir apoyo económico y de otro tipo. La legislación de algunos estados exige a las familias que brinden apoyo a sus familiares con discapacidad. Según se desprende de los casos documentados en este informe, las políticas y las leyes que no garantizan que las personas con discapacidad puedan vivir con independencia podrían exponer a estas personas a un mayor riesgo de quedar atrapadas en situaciones de violencia y abandono.
Las políticas federales y estatales en México han consistido, principalmente, en pensiones económicas para las personas con discapacidad. Según se expone en mayor detalle a continuación, el gobierno federal comenzó a otorgar pensiones por discapacidad en febrero de 2019 para, eventualmente, llegar a un millón de personas. El objetivo era dar prioridad a niños, niñas y jóvenes, así como a adultos de áreas con altos niveles de pobreza urbana y de comunidades indígenas. Si bien las pensiones pueden ser un elemento importante de apoyo para la vida independiente, por sí solas, resultan insuficientes.
Hay algunas otras políticas estatales y nacionales que brindan asistencia a las personas para que vivan en forma independiente, como desarrollar viviendas asequibles y accesibles; asegurar el acceso a asistentes personales para las personas que tienen requerimientos de apoyo más intenso; promover el empleo y garantizar la accesibilidad de servicios públicos como el transporte. Los gobiernos federal y estatales deberían dar prioridad a estas políticas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, incluso como elemento esencial para combatir la violencia familiar contra ellas.
En tanto Estado parte de la Convención de la ONU sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad (CDPD), México debería asegurar que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente, con el apoyo necesario, y ser incluidas en la comunidad con las mismas posibilidades de elegir que otras personas. Esto incluye medidas eficaces y adecuadas que lleven a la plena inclusión en la comunidad, con servicios de apoyo que el usuario pueda elegir y dirigir, como asistentes personales. Los servicios de apoyo deberían ser flexibles y brindarse de conformidad con los requisitos individuales y las preferencias personales. El gobierno también debería garantizar el acceso a servicios generales, incluidos el transporte público, la atención de la salud, la información y la comunicación.
El derecho a vivir en forma independiente y ser incluido en la comunidad es uno de los pilares de la CDPD. Según el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados deberían proporcionar los medios necesarios para que las personas puedan elegir sus opciones y tener el control de sus vidas. Un componente esencial del ejercicio de estos derechos es la posibilidad de acceder a los servicios de asistentes personales. Asistencia personal se refiere al apoyo humano que se brinda a una persona con discapacidad, y constituye una herramienta para la vida independiente. Estos servicios deben estar controlados por las propias personas con discapacidad, para que puedan decidir por quién es prestado el servicio, cómo, cuándo, dónde y de qué modo. En consonancia con esto, México debería establecer servicios que permitan a las personas con discapacidad ejercer su capacidad de elegir cómo recibir apoyo para la vida independiente cuando resulta necesario, y no depender de la asistencia informal que les brinden sus familias como única opción disponible. Asimismo, el gobierno debería garantizar opciones de vivienda accesibles y asequibles en la comunidad para las personas con discapacidad.
En su examen sobre México llevado a cabo en 2014, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que analiza el cumplimiento de los Estados con las obligaciones establecidas conforme a la Convención, expresó su preocupación por “la ausencia de una estrategia del Estado parte para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y para asegurar su vida independiente”.
OAXACA
En Oaxaca, anteriormente, la Secretaría de Desarrollo Social del estado otorgaba una pensión de 1. 000 pesos (USD 45) cada dos meses a algunas personas con discapacidad. Hasta diciembre de 2018, recibían la pensión 21. 180 personas, de un total de aproximadamente 227. 000 personas con discapacidad que viven en el estado. A fin de reunir los requisitos necesarios para recibirlo, los solicitantes debían demostrar que el ingreso que percibían era menor a tres veces el salario mínimo. Solamente fueron elegibles los residentes permanentes del estado de Oaxaca de menos de 65 años con una discapacidad física y necesidades importantes de apoyo, los que tienen una discapacidad intelectual, los que tienen sordera bilateral permanente o los que son ciegos de ambos ojos. Las autoridades del estado de Oaxaca dejaron sin efecto este programa de pensiones cuando comenzó a funcionar el programa federal de pensiones.
JALISCO
En Jalisco, el gobierno otorgaba una pensión mensual de 1. 325 pesos (USD 60) a cualquier persona, independientemente de su edad, que tuviera una discapacidad que requiriera contar con una persona de apoyo permanente y que percibiera un ingreso inferior al salario mínimo. En una carta enviada a Human Rights Watch en noviembre de 2019, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó que el gobierno ofrece un programa de capacitación y habilidades para la vida destinado a personas de entre 16 y 38 años con “discapacidad mental leve o moderada” con la “finalidad de darles herramientas para lograr su inclusión a la vida laboral, familiar y social. ” Los participantes también recibían apoyo para comprar alimentos. En la carta no se especificó el número de participantes del programa.
El gobierno de Jalisco suspendió por un período breve su programa de pensiones cuando comenzó a funcionar el programa federal. El gobernador de Jalisco anunció planes para reorganizar el programa a fin de evitar la duplicación de beneficios ante la puesta en marcha del programa del gobierno federal. No obstante, en marzo de 2019, el gobierno de Jalisco volvió a otorgar sus pensiones solamente a los beneficiarios que se encontraban inscritos con anterioridad. Según nota de prensa de julio de 2019, 21. 000 personas estaban recibiendo la pensión federal, sobre un total de aproximadamente 290. 000 personas con discapacidad que viven en el estado. Un municipio de Jalisco, Tlaquepaque, también otorga una pensión de 2. 000 pesos (USD 90) cada dos meses para familias en las cuales hay un miembro con discapacidad.
NUEVO LEÓN
El gobierno del estado de Nuevo León tenía un programa de pensiones para personas con discapacidad con 27. 000 beneficiarios que recibían 700 pesos (USD 31. 50) cada mes. En respuesta a un pedido de información de Human Rights Watch sobre apoyo financiero y de otro tipo para personas con discapacidad, el DIF del estado de Nuevo León informó que cuenta con dos programas relevantes, pero ninguno de ellos brinda apoyo para la vida independiente. Uno de los programas ofrece apoyo económico a las familias de personas que anteriormente han estado institucionalizadas. El DIF también informó que existe un segundo programa para brindar apoyo a organizaciones o instituciones que se ocupan de las personas con discapacidad, e incluyen a 18 personas de Nuevo León y a 40 personas originarias de Nuevo León que actualmente viven en el estado de México.
El gobierno de Nuevo León canceló las pensiones cuando el gobierno federal anunció que pondría en marcha su programa de pensiones por discapacidad. En una visita a Monterrey, la capital de Nuevo León, en diciembre de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el programa federal beneficiaría a 8. 619 personas con discapacidad que vivían en pobreza en Nuevo León. A raíz de estos cambios, al menos 18. 000 personas con discapacidad corrieron el riesgo de perder sus pensiones en Nuevo León. Tal como se señaló anteriormente, a la fecha de una reunión que tuvo lugar en noviembre de 2019 con Human Rights Watch, la Secretaría de Bienestar no contaba con información sobre personas que podían haber perdido el acceso a pensiones por discapacidad a partir del inicio del programa federal.
CIUDAD DE MÉXICO
El DIF de la Ciudad de México proporcionaba una pensión mensual de 1. 275 pesos (USD 57. 40) en 2019 para personas con discapacidad que vivían en condiciones de pobreza. Al mes de diciembre de 2018, 75. 323 personas con discapacidad recibían la pensión. En la Ciudad de México hay más de 500. 000 personas con discapacidad, según datos del gobierno local. Según lo señaló la directora ejecutiva sobre discapacidad del DIF de la Ciudad de México, el beneficio se suspendió cuando el gobierno federal anunció su programa de pensiones por discapacidad. De acuerdo con una carta dirigida a Human Rights Watch en noviembre de 2019, el DIF de la Ciudad de México informó que sus programas de beneficios sociales incluyen una serie de “cortesías urbanas”, principalmente relacionados con el transporte, así como también exenciones de pago de los impuestos inmobiliarios y al agua potable, que pueden ser solicitados por 11,000 personas con discapacidad. También cuenta con un programa de beneficios para 2,015 policías y bomberos con discapacidad que se encuentran retirados.
PROGRAMAS FEDERALES
El Plan Nacional de Desarrollo establece las prioridades del gobierno federal en materia de políticas públicas durante el mandato de seis años de esta administración. La principal política para las personas con discapacidad se relaciona con un plan de pensiones, y en febrero de 2019, la Secretaría de Bienestar comenzó a otorgar a algunas de esas personas una pensión de 2. 550 pesos (USD 114. 60) cada dos meses. El programa tiene como prioridad a niños, niñas y jóvenes, y a las personas que viven en áreas con altos niveles de pobreza, altas condiciones de marginalidad e índices elevados de violencia. El gobierno señala que la pensión alcanzará a un millón de personas, de más de 7 millones de personas con discapacidad en el país, pero no establece una línea de tiempo específica. Según la Secretaría de Bienestar, al mes de noviembre de 2019, el 65,6 % de los beneficiarios son niños, niñas y jóvenes; el 21,8 % son adultos de áreas urbanas con altos índices de pobreza y exclusión; y el 12,4 % son adultos de entre 30 y 64 años que viven en áreas con una presencia significativa de poblaciones indígenas. En febrero de 2020, el gobierno incrementó la pensión a 2. 620 pesos (USD 117. 70) cada dos meses.
Tal como se señaló anteriormente, desde la adopción del programa federal, tres de los cuatro estados donde llevamos a cabo investigaciones —Jalisco es la excepción— han interrumpido el otorgamiento de pensiones estatales a la fecha de redacción de este informe. En la actualidad, la Secretaría de Bienestar no cuenta con información acerca de si las personas que anteriormente recibían una pensión estatal han dejado de recibirla a raíz de estos cambios de política, y cuántas son las personas que se encuentran en esa situación. No obstante, según la Subsecretaría de Bienestar, la secretaría está analizando con los gobiernos estatales cómo evitar la duplicación y dirigir las pensiones estatales a personas que no cuentan con la cobertura de la pensión federal.
La Secretaría de Bienestar manifestó en una carta a Human Rights Watch que el nuevo monto de la pensión “no sólo permite una mayor solvencia en el gasto tanto familiar como individual de las PCD sino que alcanza para ser invertido en recursos que promueven un mayor bienestar para las mismas (prótesis, consultas con médicos especialistas, terapias, mejor alimentación)”. No obstante, la pensión federal por sí sola parece insuficiente para cubrir siquiera los costos de vida básicos de los adultos con discapacidad; particularmente, los que tienen requerimientos de apoyo más intensos, y de cualquier persona que viva en un lugar donde los costos de vida son más elevados. El ingreso mensual promedio en México es de 16. 537 pesos (USD 743). En contraste con ello, la pensión federal es de 1. 310 pesos (USD 59) por mes, o 43,6 pesos (USD 1. 95) por día.
En particular, para las personas que tienen requerimientos de apoyo más intenso, que es más probable que dependan de sus familias, el costo diario de los gastos de vida básicos superaría ampliamente la pensión mensual. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el costo promedio de un asistente personal, que es una necesidad esencial para la mayoría de las personas con requerimientos de apoyo importantes, es de 500 pesos por día (USD 26). Con la pensión federal, una persona con discapacidad que tiene requerimientos importantes de apoyo podría pagar solo por cuatro días de apoyo personal, sin incluir los turnos nocturnos. Otros gastos de la vida cotidiana, como vivienda o ropa, no podrían cubrirse con el monto de la pensión.
La Secretaría de Bienestar de México confirmó en su carta a Human Rights Watch que no existe un programa gubernamental relacionado con asistencia personal para personas con discapacidad, y que la única política que podría usarse para asistencia personal es la pensión federal.
No hay muchas otras políticas federales que puedan brindar a las personas con discapacidad el apoyo necesario para vivir con independencia. Por ejemplo, existe un programa de vivienda que otorga préstamos a personas con discapacidad para adaptar viviendas o para comprar una casa que resulte accesible. No obstante, los préstamos solo se encuentran disponibles para personas que tienen un empleo. El gobierno federal cuenta con un fondo que se encuentra disponible para los estados, para ayudarlos a financiar el transporte accesible. En su carta de noviembre de 2019, la Secretaría de Bienestar manifestó que el gobierno federal alienta el empleo de las personas con discapacidad y, para esto, otorga beneficios fiscales para los empleadores.
SE EXIGE A LAS FAMILIAS QUE MANTENGAN A LAS PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD
En lugar de asegurar que los adultos con discapacidad puedan vivir de manera independiente, con apoyo, y ser incluidos en la comunidad, la legislación civil de los cuatro estados de México en los cuales se enfocó la presente investigación exige a las familias que se hagan cargo de los adultos con discapacidad que no cuentan con medios para mantenerse por sí solos. Esta obligación se impone sobre los padres, hijos e hijas, nietos y nietas, hermanos y hermanas, primos y primas, tías y tíos de la persona en cuestión. En la Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca, si una persona cuenta con medios económicos y no mantiene a una persona de su familia que tiene una discapacidad, puede ser considerada penalmente responsable y recibir sanciones que pueden incluir penas de prisión.
En 2017, el Congreso de la Ciudad de México promulgó la Constitución de la Ciudad de México que incluye una disposición que estableciera el derecho a recibir cuidados, que deberá asegurarse a través de un sistema que “dará atención prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.”
Este dispositivo surge de un reconocimiento de la carga indebida que muchas mujeres enfrentan en su rol tradicional como cuidadoras primarias, principalmente de niños, y roveedoras de apoyo para adultos mayores y personas con discapacidad o con enfermedades crónicas. No obstante, para los adultos con discapacidad que tienen derecho a vivir con independencia, la ley genera el riesgo de que se asigne prioridad a los apoyos por parte de familiares en lugar de facilitar el apoyo para acceder a servicios que puedan asegurarles una vida independiente.
A nivel nacional, no existe ningún derecho formal al cuidado. No obstante, en la actualidad, el gobierno federal está considerando la posibilidad de crear un “Sistema Nacional de Cuidados” que ayude a los familiares a brindar apoyo a las personas con discapacidad y a otras personas. Hasta el momento, no hay políticas específicas vigentes.
Tanto la Ciudad de México como los sistemas nacionales de atención tienen el potencial de mejorar el apoyo para la vida independiente para las personas con discapacidad, si estas y otras políticas dan prioridad a la independencia, la autonomía y el derecho de los adultos con discapacidad a elegir cómo debe brindarse el apoyo, y si este será prestado por un asistente elegido por la propia persona con discapacidad o por un miembro de su familia.
El gobierno federal mexicano y los gobiernos de los estados donde Human Rights Watch realizó investigaciones para este informe todavía no han desarrollado programas y políticas integrales que permitan que las personas con discapacidad vivan de manera independiente y sean incluidas en la comunidad.
Para las personas con discapacidad, la consecuencia puede ser una fuerte dependencia de sus familias para recibir apoyo económico y de otro tipo. La legislación de algunos estados exige a las familias que brinden apoyo a sus familiares con discapacidad. Según se desprende de los casos documentados en este informe, las políticas y las leyes que no garantizan que las personas con discapacidad puedan vivir con independencia podrían exponer a estas personas a un mayor riesgo de quedar atrapadas en situaciones de violencia y abandono.
Las políticas federales y estatales en México han consistido, principalmente, en pensiones económicas para las personas con discapacidad. Según se expone en mayor detalle a continuación, el gobierno federal comenzó a otorgar pensiones por discapacidad en febrero de 2019 para, eventualmente, llegar a un millón de personas. El objetivo era dar prioridad a niños, niñas y jóvenes, así como a adultos de áreas con altos niveles de pobreza urbana y de comunidades indígenas. Si bien las pensiones pueden ser un elemento importante de apoyo para la vida independiente, por sí solas, resultan insuficientes.
Hay algunas otras políticas estatales y nacionales que brindan asistencia a las personas para que vivan en forma independiente, como desarrollar viviendas asequibles y accesibles; asegurar el acceso a asistentes personales para las personas que tienen requerimientos de apoyo más intenso; promover el empleo y garantizar la accesibilidad de servicios públicos como el transporte. Los gobiernos federal y estatales deberían dar prioridad a estas políticas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, incluso como elemento esencial para combatir la violencia familiar contra ellas.
En tanto Estado parte de la Convención de la ONU sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad (CDPD), México debería asegurar que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente, con el apoyo necesario, y ser incluidas en la comunidad con las mismas posibilidades de elegir que otras personas. Esto incluye medidas eficaces y adecuadas que lleven a la plena inclusión en la comunidad, con servicios de apoyo que el usuario pueda elegir y dirigir, como asistentes personales. Los servicios de apoyo deberían ser flexibles y brindarse de conformidad con los requisitos individuales y las preferencias personales. El gobierno también debería garantizar el acceso a servicios generales, incluidos el transporte público, la atención de la salud, la información y la comunicación.
El derecho a vivir en forma independiente y ser incluido en la comunidad es uno de los pilares de la CDPD. Según el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados deberían proporcionar los medios necesarios para que las personas puedan elegir sus opciones y tener el control de sus vidas. Un componente esencial del ejercicio de estos derechos es la posibilidad de acceder a los servicios de asistentes personales. Asistencia personal se refiere al apoyo humano que se brinda a una persona con discapacidad, y constituye una herramienta para la vida independiente. Estos servicios deben estar controlados por las propias personas con discapacidad, para que puedan decidir por quién es prestado el servicio, cómo, cuándo, dónde y de qué modo. En consonancia con esto, México debería establecer servicios que permitan a las personas con discapacidad ejercer su capacidad de elegir cómo recibir apoyo para la vida independiente cuando resulta necesario, y no depender de la asistencia informal que les brinden sus familias como única opción disponible. Asimismo, el gobierno debería garantizar opciones de vivienda accesibles y asequibles en la comunidad para las personas con discapacidad.
En su examen sobre México llevado a cabo en 2014, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que analiza el cumplimiento de los Estados con las obligaciones establecidas conforme a la Convención, expresó su preocupación por “la ausencia de una estrategia del Estado parte para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y para asegurar su vida independiente”.
OAXACA
En Oaxaca, anteriormente, la Secretaría de Desarrollo Social del estado otorgaba una pensión de 1. 000 pesos (USD 45) cada dos meses a algunas personas con discapacidad. Hasta diciembre de 2018, recibían la pensión 21. 180 personas, de un total de aproximadamente 227. 000 personas con discapacidad que viven en el estado. A fin de reunir los requisitos necesarios para recibirlo, los solicitantes debían demostrar que el ingreso que percibían era menor a tres veces el salario mínimo. Solamente fueron elegibles los residentes permanentes del estado de Oaxaca de menos de 65 años con una discapacidad física y necesidades importantes de apoyo, los que tienen una discapacidad intelectual, los que tienen sordera bilateral permanente o los que son ciegos de ambos ojos. Las autoridades del estado de Oaxaca dejaron sin efecto este programa de pensiones cuando comenzó a funcionar el programa federal de pensiones.
JALISCO
En Jalisco, el gobierno otorgaba una pensión mensual de 1. 325 pesos (USD 60) a cualquier persona, independientemente de su edad, que tuviera una discapacidad que requiriera contar con una persona de apoyo permanente y que percibiera un ingreso inferior al salario mínimo. En una carta enviada a Human Rights Watch en noviembre de 2019, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó que el gobierno ofrece un programa de capacitación y habilidades para la vida destinado a personas de entre 16 y 38 años con “discapacidad mental leve o moderada” con la “finalidad de darles herramientas para lograr su inclusión a la vida laboral, familiar y social. ” Los participantes también recibían apoyo para comprar alimentos. En la carta no se especificó el número de participantes del programa.
El gobierno de Jalisco suspendió por un período breve su programa de pensiones cuando comenzó a funcionar el programa federal. El gobernador de Jalisco anunció planes para reorganizar el programa a fin de evitar la duplicación de beneficios ante la puesta en marcha del programa del gobierno federal. No obstante, en marzo de 2019, el gobierno de Jalisco volvió a otorgar sus pensiones solamente a los beneficiarios que se encontraban inscritos con anterioridad. Según nota de prensa de julio de 2019, 21. 000 personas estaban recibiendo la pensión federal, sobre un total de aproximadamente 290. 000 personas con discapacidad que viven en el estado. Un municipio de Jalisco, Tlaquepaque, también otorga una pensión de 2. 000 pesos (USD 90) cada dos meses para familias en las cuales hay un miembro con discapacidad.
NUEVO LEÓN
El gobierno del estado de Nuevo León tenía un programa de pensiones para personas con discapacidad con 27. 000 beneficiarios que recibían 700 pesos (USD 31. 50) cada mes. En respuesta a un pedido de información de Human Rights Watch sobre apoyo financiero y de otro tipo para personas con discapacidad, el DIF del estado de Nuevo León informó que cuenta con dos programas relevantes, pero ninguno de ellos brinda apoyo para la vida independiente. Uno de los programas ofrece apoyo económico a las familias de personas que anteriormente han estado institucionalizadas. El DIF también informó que existe un segundo programa para brindar apoyo a organizaciones o instituciones que se ocupan de las personas con discapacidad, e incluyen a 18 personas de Nuevo León y a 40 personas originarias de Nuevo León que actualmente viven en el estado de México.
El gobierno de Nuevo León canceló las pensiones cuando el gobierno federal anunció que pondría en marcha su programa de pensiones por discapacidad. En una visita a Monterrey, la capital de Nuevo León, en diciembre de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el programa federal beneficiaría a 8. 619 personas con discapacidad que vivían en pobreza en Nuevo León. A raíz de estos cambios, al menos 18. 000 personas con discapacidad corrieron el riesgo de perder sus pensiones en Nuevo León. Tal como se señaló anteriormente, a la fecha de una reunión que tuvo lugar en noviembre de 2019 con Human Rights Watch, la Secretaría de Bienestar no contaba con información sobre personas que podían haber perdido el acceso a pensiones por discapacidad a partir del inicio del programa federal.
CIUDAD DE MÉXICO
El DIF de la Ciudad de México proporcionaba una pensión mensual de 1. 275 pesos (USD 57. 40) en 2019 para personas con discapacidad que vivían en condiciones de pobreza. Al mes de diciembre de 2018, 75. 323 personas con discapacidad recibían la pensión. En la Ciudad de México hay más de 500. 000 personas con discapacidad, según datos del gobierno local. Según lo señaló la directora ejecutiva sobre discapacidad del DIF de la Ciudad de México, el beneficio se suspendió cuando el gobierno federal anunció su programa de pensiones por discapacidad. De acuerdo con una carta dirigida a Human Rights Watch en noviembre de 2019, el DIF de la Ciudad de México informó que sus programas de beneficios sociales incluyen una serie de “cortesías urbanas”, principalmente relacionados con el transporte, así como también exenciones de pago de los impuestos inmobiliarios y al agua potable, que pueden ser solicitados por 11,000 personas con discapacidad. También cuenta con un programa de beneficios para 2,015 policías y bomberos con discapacidad que se encuentran retirados.
PROGRAMAS FEDERALES
El Plan Nacional de Desarrollo establece las prioridades del gobierno federal en materia de políticas públicas durante el mandato de seis años de esta administración. La principal política para las personas con discapacidad se relaciona con un plan de pensiones, y en febrero de 2019, la Secretaría de Bienestar comenzó a otorgar a algunas de esas personas una pensión de 2. 550 pesos (USD 114. 60) cada dos meses. El programa tiene como prioridad a niños, niñas y jóvenes, y a las personas que viven en áreas con altos niveles de pobreza, altas condiciones de marginalidad e índices elevados de violencia. El gobierno señala que la pensión alcanzará a un millón de personas, de más de 7 millones de personas con discapacidad en el país, pero no establece una línea de tiempo específica. Según la Secretaría de Bienestar, al mes de noviembre de 2019, el 65,6 % de los beneficiarios son niños, niñas y jóvenes; el 21,8 % son adultos de áreas urbanas con altos índices de pobreza y exclusión; y el 12,4 % son adultos de entre 30 y 64 años que viven en áreas con una presencia significativa de poblaciones indígenas. En febrero de 2020, el gobierno incrementó la pensión a 2. 620 pesos (USD 117. 70) cada dos meses.
Tal como se señaló anteriormente, desde la adopción del programa federal, tres de los cuatro estados donde llevamos a cabo investigaciones —Jalisco es la excepción— han interrumpido el otorgamiento de pensiones estatales a la fecha de redacción de este informe. En la actualidad, la Secretaría de Bienestar no cuenta con información acerca de si las personas que anteriormente recibían una pensión estatal han dejado de recibirla a raíz de estos cambios de política, y cuántas son las personas que se encuentran en esa situación. No obstante, según la Subsecretaría de Bienestar, la secretaría está analizando con los gobiernos estatales cómo evitar la duplicación y dirigir las pensiones estatales a personas que no cuentan con la cobertura de la pensión federal.
La Secretaría de Bienestar manifestó en una carta a Human Rights Watch que el nuevo monto de la pensión “no sólo permite una mayor solvencia en el gasto tanto familiar como individual de las PCD sino que alcanza para ser invertido en recursos que promueven un mayor bienestar para las mismas (prótesis, consultas con médicos especialistas, terapias, mejor alimentación)”. No obstante, la pensión federal por sí sola parece insuficiente para cubrir siquiera los costos de vida básicos de los adultos con discapacidad; particularmente, los que tienen requerimientos de apoyo más intensos, y de cualquier persona que viva en un lugar donde los costos de vida son más elevados. El ingreso mensual promedio en México es de 16. 537 pesos (USD 743). En contraste con ello, la pensión federal es de 1. 310 pesos (USD 59) por mes, o 43,6 pesos (USD 1. 95) por día.
En particular, para las personas que tienen requerimientos de apoyo más intenso, que es más probable que dependan de sus familias, el costo diario de los gastos de vida básicos superaría ampliamente la pensión mensual. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el costo promedio de un asistente personal, que es una necesidad esencial para la mayoría de las personas con requerimientos de apoyo importantes, es de 500 pesos por día (USD 26). Con la pensión federal, una persona con discapacidad que tiene requerimientos importantes de apoyo podría pagar solo por cuatro días de apoyo personal, sin incluir los turnos nocturnos. Otros gastos de la vida cotidiana, como vivienda o ropa, no podrían cubrirse con el monto de la pensión.
La Secretaría de Bienestar de México confirmó en su carta a Human Rights Watch que no existe un programa gubernamental relacionado con asistencia personal para personas con discapacidad, y que la única política que podría usarse para asistencia personal es la pensión federal.
No hay muchas otras políticas federales que puedan brindar a las personas con discapacidad el apoyo necesario para vivir con independencia. Por ejemplo, existe un programa de vivienda que otorga préstamos a personas con discapacidad para adaptar viviendas o para comprar una casa que resulte accesible. No obstante, los préstamos solo se encuentran disponibles para personas que tienen un empleo. El gobierno federal cuenta con un fondo que se encuentra disponible para los estados, para ayudarlos a financiar el transporte accesible. En su carta de noviembre de 2019, la Secretaría de Bienestar manifestó que el gobierno federal alienta el empleo de las personas con discapacidad y, para esto, otorga beneficios fiscales para los empleadores.
SE EXIGE A LAS FAMILIAS QUE MANTENGAN A LAS PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD
En lugar de asegurar que los adultos con discapacidad puedan vivir de manera independiente, con apoyo, y ser incluidos en la comunidad, la legislación civil de los cuatro estados de México en los cuales se enfocó la presente investigación exige a las familias que se hagan cargo de los adultos con discapacidad que no cuentan con medios para mantenerse por sí solos. Esta obligación se impone sobre los padres, hijos e hijas, nietos y nietas, hermanos y hermanas, primos y primas, tías y tíos de la persona en cuestión. En la Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca, si una persona cuenta con medios económicos y no mantiene a una persona de su familia que tiene una discapacidad, puede ser considerada penalmente responsable y recibir sanciones que pueden incluir penas de prisión.
En 2017, el Congreso de la Ciudad de México promulgó la Constitución de la Ciudad de México que incluye una disposición que estableciera el derecho a recibir cuidados, que deberá asegurarse a través de un sistema que “dará atención prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.”
Este dispositivo surge de un reconocimiento de la carga indebida que muchas mujeres enfrentan en su rol tradicional como cuidadoras primarias, principalmente de niños, y roveedoras de apoyo para adultos mayores y personas con discapacidad o con enfermedades crónicas. No obstante, para los adultos con discapacidad que tienen derecho a vivir con independencia, la ley genera el riesgo de que se asigne prioridad a los apoyos por parte de familiares en lugar de facilitar el apoyo para acceder a servicios que puedan asegurarles una vida independiente.
A nivel nacional, no existe ningún derecho formal al cuidado. No obstante, en la actualidad, el gobierno federal está considerando la posibilidad de crear un “Sistema Nacional de Cuidados” que ayude a los familiares a brindar apoyo a las personas con discapacidad y a otras personas. Hasta el momento, no hay políticas específicas vigentes.
Tanto la Ciudad de México como los sistemas nacionales de atención tienen el potencial de mejorar el apoyo para la vida independiente para las personas con discapacidad, si estas y otras políticas dan prioridad a la independencia, la autonomía y el derecho de los adultos con discapacidad a elegir cómo debe brindarse el apoyo, y si este será prestado por un asistente elegido por la propia persona con discapacidad o por un miembro de su familia.
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