Percepción y realidad de mujeres colombianas, venezolanas y españolas, trabajadoras migrantes de y hacia Colombia: violencias estructurales
* * copiado tal cual del informe "Mujeres Migrantes contra la Violencia en el Mundo del Trabajo: Percepción y realidad de mujeres colombianas, venezolanas y españolas, trabajadoras migrantes de y hacia Colombia", editado por Chus Álvarez Jiménez y elaborado por Corporación Espacios de Mujer con el apoyo y la colaboración de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW)
DISCRIMINACIÓN
“Uno sí veía varias clases de discriminación porque usted llega otro país y dicen: esta si no viene a putear viene con droga, porque así le dicen a uno” (Daniela).
Los imaginarios culturales que se tienen de las personas colombianas, relacionados con el narcotráfico, la drogadicción, el robo, la prostitución o el conflicto armado, marcan la discriminación que viven las mujeres colombianas en otros países y que se refleja en maltratos, humillaciones y señalamientos. A una de las trabajadoras, en repetidas veces, le recalcaron que “las colombianas no son sino solo putas, prepagos, que vienen solo a sacarnos la plata, así con palabras más bien feas; si yo iba a algún centro comercial o a una tienda a comprar comida, había algunas partes donde no me recibían o no me atendían por ser colombiana [...] Sí, fui discriminada, dicen siempre que uno viene a prostitución o ¿que traerá en la maleta? por ser colombiana, sabiendo que no tengo antecedentes, ni he cometido ningún delito en Colombia, solo por ser colombiana”.
Para las venezolanas, la situación de las mujeres colombianas está atravesada por un estigma. Francis llama racismo a esta discriminación y asegura haber escuchado “muchos testimonios de que, para el mundo, la mujer colombiana es prostituta y drogadicta y la discriminan mucho por eso”.
De acuerdo con las afirmaciones hechas por las mujeres venezolanas y la española que participaron de esta investigación, la recepción de las personas extranjeras en Colombia es diferenciada, dando un trato positivo a la europea y un trato excluyente y despectivo a las venezolanas. El trato diferenciado, en su percepción, se evidencia en comentarios como: “qué fastidio con es tos venezolanos, no, no entren aquí”; o “con las compañeras de trabajo la relación era cordial, hasta ahora que me enteré que la muchacha renunció y le dijo a la jefe: quéda te con tus venezolanas”. También, en el caso de las venezolanas la forma de nombrar la nacionalidad resulta despectiva y discriminatoria, tal y como comenta Esmeralda: “una vez a mi hermana le dijeron veneca y ella dijo: vamos a respetarnos, yo no soy veneca soy venezolana; ay, pero eso es un decir, sí, pero a mí no me lo digas”.
Hay que considerar que esta discriminación se enfoca en una diferenciación socioeconómica y étnica. En estos casos, no contar con estudios superiores, ni suficientes recursos económicos, así como ser una migrante afrodescendiente o procedente de un país de la región andina como Venezuela, son elementos que marcan una diferencia con respecto a la mujer blanca europea, que desembocan en exclusión, discriminación y xenofobia contra la primera.
Por otro parte, las prácticas culturales de la población local pueden prestarse a confusión. La intención de acercamiento y acogida a la persona extranjera por medio de comentarios que pretenden empatizar desde el humor son a veces recogidos como actos de discriminación. Un buen ejemplo de ello es el intento por imitar un acento. En el caso de María, mujer española, a pesar del reconocimiento que ella hace de la aceptación y las oportunidades ofrecidas en Colombia, siente que ha sido discriminada, y esto se ha manifestado en la forma de imitar su acento y cuando la llaman españoleta:
llega un punto en que no quieres ser juzgada por ser española, ese es un tipo de violencia que yo sigo viviendo hoy y me molesta, como por ejemplo, la imitación, es como una burla, según quien lo diga y en el tono en que lo diga me molesta”.
Sobre este tema queremos reconocer las características del contexto histórico colombiano y el papel de la migración, limitada por una tradición política, religiosa y económica conservadora. En palabras de Barbero (2001): “seguir pensando lo propio como la negación de lo extranjero es lo que ha hecho de Colombia un país sin migraciones durante todo el siglo XX: no hay otro país de América Latina que haya tenido menos migraciones en el siglo XX que Colombia. Y estoy convencido de que esa falta de migrantes, esa falta de otros es una de las causales de nuestra violencia, de nuestra intolerancia, de nuestra incapacidad para saber convivir”.
Las migrantes son vistas como rivales por las mujeres locales, pues se cree que quitan los trabajos y los maridos, cobran menos por los servicios prestados, bien sea desde la formalidad o la informalidad. Esto aumenta los comentarios xenofóbicos, alimentados entre otros por las explicaciones que desde los análisis estatales son publicadas, sin datos ni interpretaciones certeras. Ejemplo de esto es la afirmación del director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, “la migración venezolana es una de las causas del desempleo en Colombia” o las del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en 2019, que apuntan a lo mismo (Salazar, 2019).
Sin embargo, esa intolerancia e incapacidad para convivir se da también en otros escenarios, como en el caso de Julieta, quien tuvo problemas con las trabajadoras españolas cuando trabajó atendiendo al público en un negocio en España: “una colombiana [ella misma] estaba en ese lugar y me tuvieron que sacar”.
En el caso de la migración venezolana, las instituciones colombianas no estaban preparadas para el flujo migratorio que se ha venido dando, lo que ha provocado una total desprotección en lo referente a la salud, lo laboral y, en general, todos los derechos básicos de la población migrante. Tal como Esmeralda explica: "los trámites legales cierran muchas puertas, el PEP es un permisito por si llega la policía, para que sepa que yo estoy legal y pueda trabajar. Pero ¿qué pasa con eso si se vence a los dos años y muchos empleadores no te registran al SIRE que es una obligación para tener empleados extranjeros? A los empleadores les da mucho miedo inscribirnos en el SIRE porque creen que les cobran más impuestos y entonces no contratan venezolanos legalmente”.
Las políticas migratorias colombianas quedan rezagadas ante una realidad que no podía ser prevista ni tratada bajo ninguna fórmula jurídica preexistente. Yexica afirma: "estamos a la deriva por saber qué pasa; una visa o algo más estable me podría dar más seguridad. La única solución es un retorno o quedarnos aquí sin nada. Se está dejando sin trabajo a los venezolanos para dar una visa solo a los que tienen vinculación directa con un trabajo. Estamos en una incertidumbre total, no sabemos qué va a pasar con nosotras. Hemos hecho muchas reuniones con Cancillería”.
Las políticas migratorias colombianas han expuesto a la población venezolana a situaciones de vulnerabilidad y esto ha obligado al gobierno colombiano a repensarlas: concesión de la ciudadanía colombiana a niños y niñas nacidas en Colombia de padres venezolanos, elaboración de un plan de acción/rutas de atención integral que contemplan garantías migratorias para el ejercicio de derechos como la salud, la educación y el trabajo, en condiciones justas y regularizadas (esta medida aplica más a nivel territorial que nacional, por parte de alcaldías y gobernaciones), apertura de nuevas oficinas que facilitan los trámites migratorios.
La desprotección del Estado convierte a las personas migrantes en blanco fácil de explotación, incluyendo el reclutamiento para el narcomenudeo o microtráfico de drogas (es decir, en pequeñas cantidades), liderado por bandas delincuenciales que hace que, además de trabajar de forma informal, terminen participando en actividades ilícitas. Daniela cuenta: "me decían: es que usted no va a conseguir nada bueno porque usted no es de acá, no tiene papeles, nunca aspire a un trabajo que por el día, usted siempre va a tener que trabajar por la noche para esconderse de la ley que está acá, por estar como migrante sin papeles, nunca le va a salir nada bueno. Usted a lo que tiene que tirar es a trabajar en los burdeles y en todas esas cosas así”.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
La discriminación y las humillaciones no solo proviene de los jefes, clientes o la población del país de destino; las autoridades como la policía y el personal de las embajadas, tanto del país destino como de origen, también ejercen estos maltratos. Angie comenta que: “hubo un tiempo en que los policías entraban y le tumbaban la puerta a uno y le decían: usted tiene tres días para irse para Colombia. En China [otro país en el cual Angie estuvo durante su permanencia en Asia] no quieren a los colombianos, y me decían: usted tiene que irse o la metemos a la cárcel”.
La experiencia de Lizeth en Emiratos es aún más grave ya que a la amenaza de la policial local, siguió una acción concreta. Ella cuenta que cuando encontró a un policía esta ba “desesperada, llorando, pidiendo ayuda porque estaba encerrada, secuestrada”. La llevaron a la estación de policía y de la estación a la cárcel. Por esta razón ella considera que las autoridades solo portan un uniforme pero no cumplen con su función de brindar ayuda.
Es necesario que al hablar de las instituciones se considere tanto a las del país de destino como a las del país de origen. En las narraciones de las mujeres colombianas que migraron a otro país, se evidencia que las embajadas y consulados de Colombia en esos países no brindaron la atención ade cuada y no conocían las rutas de atención y restitución de los derechos vulnerados en el caso específico de las víctimas de trata. En lo manifestado por las participantes, se dieron casos en los que tuvieron que conseguir el dinero para pagar los gastos de regreso a su país porque las autoridades consulares colombianas no pudieron/quisieron ayudarles.
Lizeth, quien acudió inicialmente a un aeropuerto en Emiratos Árabes, en busca de ayuda, terminó encerrada en la estación de policía local. Estando allí fue advertida por los policías para que no dijera que había ejercido prostitución porque eso supondría quedarse encerrada por tiempo indefinido en una cárcel; seguidamente, recibió una llamada amenazante para que no denunciara y, después de la promesa de no hacerlo, los mismos tratantes acudieron a la estación de policía a devolver sus documentos para que ella pudiera salir del país, no sin antes tener que firmar documentos en un idioma que ella desconocía.
El trabajo informal es una práctica normalizada que se ha consolidado tanto para quienes emplean como para quienes trabajan. Es como si la informalización laboral (a entenderse como la legalización de la informalidad) se hubiera convertido en Colombia en una oportunidad para ambas partes: para la trabajadora, porque recibe el pago establecido, no deducido por los impuestos que pesan en el trabajo (en Colombia hasta el 50 % del honorario), y esto a pesar de la total ausencia de garantías laborales (pago por horas extra, día de descanso, vacaciones, seguridad social); para el empleador, porque no está obligado a proporcionar las garantías laborales y un pago justo. Es en este contexto en el que las trabajadoras migrantes se han incorporado y, en general, es la única oportunidad para generar ingresos económicos puesto que no cuentan con los documentos legales para acceder a ofertas laborales que cumplan con los requisitos de ley. La informalidad se presenta como una oportunidad para reclutar mano de obra bara a, muchas veces calificada, sin brindar ni un trato ni un pago justo.
Esmeralda ha escuchado de sus posibles empleadores que “ni vinculación ni contrato, empezando porque eres venezolana, extranjera, sin documentos. Nadie te contrata porque es un riesgo para las personas”. Y Yexica añade: “nosotras tenemos desventaja porque no tenemos el permiso y allí te dicen: te doy el trabajo, pero haces todo lo que yo diga”. En el caso de Julieta se evidencia la naturalización del trabajo precario y la injusticia por parte de los pares: “Solamente le comentaba a una compañera de la violencia que sufría por parte del jefe y ella me decía: quédese mejor callada; si usted habla y denuncia, la expulsan del país, usted debe hacer lo que diga el jefe”.
Las condiciones laborales de explotación no afectan solamente a las mujeres migrantes sino también a las mujeres locales que experimentan la misma explotación, maltrato y exclusión; así lo manifestaron las cuatro mujeres venezolanas participantes. Según Yexica: "aquí el trabajo es muy difícil y muchas veces te contratan y no te pagan lo que es, seas colombiana o venezolana. […] Yo siento que aquí todos son maltratados en el trabajo, venezolanos y colombianos, a veces es lo mismo”.
Sin embargo, también reconocen que la nacionalidad puede dar ciertas ventajas: por ejemplo, al escuchar el acento venezolano, las mujeres reciben propinas especiales o en el caso de la mujer española, esta comenta que “hay mucha credibilidad hacía el extranjero en un país como Colombia o una ciudad como Medellín, entonces de alguna forma a veces ha significado un beneficio: esta es española, entonces tiene su cuento, tiene su encanto, tiene su tal y le creemos más”; el hecho de ser española tiene ventaja frente a otras nacionalidades, independientemente del valor/ capacidad de la persona.
NECESIDAD ECONÓMICA/POBREZA
A pesar de tener estudios técnicos y superiores, la necesidad de suplir lo necesario para la supervivencia de ellas y sus familiares, lleva a las trabajadoras migrantes a aceptar trabajos informales como las ventas callejeras, el aseo en casas particulares, servicios de restaurante (meseras) y la prostitución. La falta de dinero para convalidar sus estudios y legalizar sus títulos, así como la dificultad para apostillar documentos en el país de origen hace que las mujeres migrantes se decidan por estas actividades. En el caso de las venezolanas, Esmeralda afirma que: "nuestras profesiones no las podemos ejercer porque hay que apostillar los documentos y en Venezuela no se puede apostillar”.
FALTA DE ATENCIÓN SANITARIA
La atención sanitaria en salud que reciben las mujeres migrantes depende de las políticas migratorias y de salud que haya en el país destino. Sin embargo, en muchas ocasiones el grupo familiar queda por fuera de esos servicios. En el caso de Colombia se utiliza la clasificación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), una encuesta de clasificación socioeconómica, diseñada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que sirve a la Secretaría de Salud para identificar los hogares, las familias o los individuos más pobres y vulnerables como potenciales beneficiarios de programas sociales, entre los cuales se encuentra la afiliación en salud al Régimen Subsidiado. El Sisbén permite establecer el grado de pobreza de los hogares, con el propósito de asignar recursos de inversión social: solo quienes tengan los puntajes más bajos tienen derecho a los beneficios sociales. Una de las trabajadoras migrantes comen ta que una familia venezolana fue sacada del Sisbén porque al recibir su visita para la clasificación, se contó un cierto número de electrodomésticos, excesivo para una familia necesitada. Sin embargo, lo que no consideraron los encuestadores es que todo lo que tenían se lo habían regalado. Esmeralda explica la dificultad frente al sistema de salud: "EPS no tengo, tengo Sisbén, tenemos que pagar a pesar de que ninguna trabaja en este momento. Después de que nos fueron a visitar [los del Sisbén], nos comentaron que el puntaje lo dieron porque el piso es de cerámica, porque teníamos nevera regalada, pero la teníamos, televisor regalado, pero lo teníamos, todas éramos profesionales aunque ninguna trabajara y todo esto fue subiendo el nivel del puntaje, entonces toda consulta y medicamento hay que pagarlo”.
MACHISMO
Las violencias en el hogar son, en muchos casos, el motivo que empuja a las mujeres a migrar, especialmente si, tras denunciar, las instituciones encargadas de acompañarlas no cumplen con sus funciones: “el día que me agredió mi esposo, lo denuncié, fue una violencia familiar, yo me fui del trabajo a la casa por el dolor moral más que el físico. Me agredió a golpes en la cabeza y pecho. Lo único que sentí era impotencia de saber que debía quedar me callada y quedarme con mis golpes y con mi dolor. Al otro día fui a la fiscalía y lo denuncié, el no tuvo ninguna consecuencia legal y tuve que abandonar el país con mi familia” cuenta Julieta. Las violencias sufridas y reportadas no se reducen a las ejercidas por sus compañeros sentimentales, sino también por su entorno familiar, especialmente la presión que reciben por parte de sus padres para enviar dinero. En muchos casos se sienten obligadas a trabajar incansablemente para poder sostener a sus familias en el país de origen.
El imaginario machista ha llevado a algunas mujeres a aceptar que sean los hombres los que decidan qué método de planificación familiar deben seguir. Cuenta Josefina sobre este tema: “Yo venía con un proceso con mi esposo en donde yo no quería tomar pastillas y quedamos en que él se cuidaba con preservativos. Pero él no lo hacía y yo debía cada mes tomarme la pastilla del día después. Un día decidí colocarme el aparato sin necesidad de decirle. Cuando él se dio cuenta se puso muy bravo y yo le dije que yo tomaba mis decisiones, me apropio de mis derechos y los reconozco”. Sin embargo, a medida que acuden a organizaciones y reciben información sobre sus derechos (laborales, reproductivos, sexuales, etc.), empiezan a tomar decisiones en pro de la protección y defensa de sus derechos y a compartir y sensibilizar a sus pares. Una de las participantes comenzó un proceso de planificación familiar tras participar en un grupo de voluntariado de migrantes venezolanas y recibir asesoría sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Su testimonio da cuenta de una práctica de alto riesgo para su salud que era la única alternativa que su esposo le proponía: utilizar la pastilla del día después como un método de planificación (desconociendo los efectos hormonales en su cuerpo) y evitar que él tuviera que usar condón.
En los relatos de las participantes se identifican acciones machistas, reflejo de una cultura patriarcal en la que los hombres infravaloran a las mujeres. Esto se refleja en comentarios y malos tratos hacia las mujeres migrantes, pero también en el tinte machista que tienen muchos de sus ofrecimientos. Esmeralda relata que “nos fuimos a vender unas galletas y la amiga que se fue con nosotras se fue por una calle y nosotras por otra y llegó indignada porque un señor le dijo: vente conmigo y yo te doy tres veces lo que te haces vendiendo esas galletas”.
Las mujeres venezolanas consideran que las colombianas son más sumisas ante las violencias de género. “Por lo menos, en Venezuela, la mujer se respeta mucho (por los hombres también), un hombre le grita a una mujer y puede ir preso de 8 a 12 meses, preso por gritarle a una mujer y por daño psicológico, son de 4 a 36 meses”, asegura Francis. Cuenta Esmeralda que en el caso de su familia: “mi mamá nunca permitió que mi papá le pusiera una mano encima y eso nos lo enseñó a nosotras, de repente yo siento que la colombiana es más sumisa”. Una de ellas, incluso, manifiesta en particular que en Colombia ha visto que muchas veces no se dirigen directamente a las mujeres a la hora de hacer o cerrar un negocio o pagar una cuenta sino a sus esposos.
Frente a este tema, Julieta opina que: "desde una cultura del machismo hay que cambiar el pensamiento para llegar a una justicia, las estrategias como las marchas, espacios culturales pueden llegar a cambiar el machismo. […] Lo primordial es que la mujer es igual al hombre y no hay por qué tener una diferencia”.
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
Como estrategia para mejorar sus condiciones de vida y trabajo, todas las participantes sugieren acudir a organismos territoriales, nacionales e internacionales, públicos y privados, para recibir una correcta información sobre los derechos que tienen como migrantes, las oportunidades en educación, empleo, salud y el proceso para regularizar su situación administrativa. Yexica afirma que: "la información es poder y el educarte es poder. Si la manejas y sabes dónde dirigirte, donde te puedan ayudar, vas a estar más protegida”.
Es importante crear sistemas de voluntariado entre connacionales que puedan ofrecer ayuda e información a quienes llegan en sus mismas condiciones. En el caso de Medellín, las mujeres venezolanas que participaron del estudio hacen parte de un voluntariado impulsado por ACNUR y “Somos Panas Colombia”. Para ellas es una hermandad en la que se apoyan, especialmente ofreciendo orientación para adaptarse mejor a su nueva condición de migrante. Esto mitiga la difícil situación, tal como lo expresó Esmeralda, “estamos 12 en el voluntariado, el impacto ha sido de mucha satisfacción; […]la satisfacción de que un niño te de las gracias por un juguete, por un cuaderno”.
La organización con otras migrantes permite la ayuda mutua y la adaptación puede ser más rápida. También permite fortalecerse, saber dónde buscar ayuda, conocer las instituciones que puedan brindarles apoyo, etc. Julieta cuenta que conoció “a otras mujeres migrantes de Ecuador, Brasil, Filipinas y nunca nos organizamos […] Dios mío si nos hubiéramos organizado, todo hubiera sido diferente”.
Para las trabajadoras víctimas de trata solo les es posible buscar y recibir apoyo una vez escapan. Mientras están inmersas en las situaciones de explotación es impensable poderse organizar entre ellas debido a la coerción de sus tratantes, las dificultades de comunicar entre sí y hacia afuera y el miedo. Ya inmersas en un proceso de acompañamiento por ONG o entes estatales, se consolidan grupos de apoyo, un espacio reconocido por ellas como un lugar propio, donde despejarse, sentirse como pares, identificadas con las situaciones de las otras y con la fuerza para consolidar una red de apoyo.
DISCRIMINACIÓN
“Uno sí veía varias clases de discriminación porque usted llega otro país y dicen: esta si no viene a putear viene con droga, porque así le dicen a uno” (Daniela).
Los imaginarios culturales que se tienen de las personas colombianas, relacionados con el narcotráfico, la drogadicción, el robo, la prostitución o el conflicto armado, marcan la discriminación que viven las mujeres colombianas en otros países y que se refleja en maltratos, humillaciones y señalamientos. A una de las trabajadoras, en repetidas veces, le recalcaron que “las colombianas no son sino solo putas, prepagos, que vienen solo a sacarnos la plata, así con palabras más bien feas; si yo iba a algún centro comercial o a una tienda a comprar comida, había algunas partes donde no me recibían o no me atendían por ser colombiana [...] Sí, fui discriminada, dicen siempre que uno viene a prostitución o ¿que traerá en la maleta? por ser colombiana, sabiendo que no tengo antecedentes, ni he cometido ningún delito en Colombia, solo por ser colombiana”.
Para las venezolanas, la situación de las mujeres colombianas está atravesada por un estigma. Francis llama racismo a esta discriminación y asegura haber escuchado “muchos testimonios de que, para el mundo, la mujer colombiana es prostituta y drogadicta y la discriminan mucho por eso”.
De acuerdo con las afirmaciones hechas por las mujeres venezolanas y la española que participaron de esta investigación, la recepción de las personas extranjeras en Colombia es diferenciada, dando un trato positivo a la europea y un trato excluyente y despectivo a las venezolanas. El trato diferenciado, en su percepción, se evidencia en comentarios como: “qué fastidio con es tos venezolanos, no, no entren aquí”; o “con las compañeras de trabajo la relación era cordial, hasta ahora que me enteré que la muchacha renunció y le dijo a la jefe: quéda te con tus venezolanas”. También, en el caso de las venezolanas la forma de nombrar la nacionalidad resulta despectiva y discriminatoria, tal y como comenta Esmeralda: “una vez a mi hermana le dijeron veneca y ella dijo: vamos a respetarnos, yo no soy veneca soy venezolana; ay, pero eso es un decir, sí, pero a mí no me lo digas”.
Hay que considerar que esta discriminación se enfoca en una diferenciación socioeconómica y étnica. En estos casos, no contar con estudios superiores, ni suficientes recursos económicos, así como ser una migrante afrodescendiente o procedente de un país de la región andina como Venezuela, son elementos que marcan una diferencia con respecto a la mujer blanca europea, que desembocan en exclusión, discriminación y xenofobia contra la primera.
Por otro parte, las prácticas culturales de la población local pueden prestarse a confusión. La intención de acercamiento y acogida a la persona extranjera por medio de comentarios que pretenden empatizar desde el humor son a veces recogidos como actos de discriminación. Un buen ejemplo de ello es el intento por imitar un acento. En el caso de María, mujer española, a pesar del reconocimiento que ella hace de la aceptación y las oportunidades ofrecidas en Colombia, siente que ha sido discriminada, y esto se ha manifestado en la forma de imitar su acento y cuando la llaman españoleta:
llega un punto en que no quieres ser juzgada por ser española, ese es un tipo de violencia que yo sigo viviendo hoy y me molesta, como por ejemplo, la imitación, es como una burla, según quien lo diga y en el tono en que lo diga me molesta”.
Sobre este tema queremos reconocer las características del contexto histórico colombiano y el papel de la migración, limitada por una tradición política, religiosa y económica conservadora. En palabras de Barbero (2001): “seguir pensando lo propio como la negación de lo extranjero es lo que ha hecho de Colombia un país sin migraciones durante todo el siglo XX: no hay otro país de América Latina que haya tenido menos migraciones en el siglo XX que Colombia. Y estoy convencido de que esa falta de migrantes, esa falta de otros es una de las causales de nuestra violencia, de nuestra intolerancia, de nuestra incapacidad para saber convivir”.
Las migrantes son vistas como rivales por las mujeres locales, pues se cree que quitan los trabajos y los maridos, cobran menos por los servicios prestados, bien sea desde la formalidad o la informalidad. Esto aumenta los comentarios xenofóbicos, alimentados entre otros por las explicaciones que desde los análisis estatales son publicadas, sin datos ni interpretaciones certeras. Ejemplo de esto es la afirmación del director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, “la migración venezolana es una de las causas del desempleo en Colombia” o las del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en 2019, que apuntan a lo mismo (Salazar, 2019).
Sin embargo, esa intolerancia e incapacidad para convivir se da también en otros escenarios, como en el caso de Julieta, quien tuvo problemas con las trabajadoras españolas cuando trabajó atendiendo al público en un negocio en España: “una colombiana [ella misma] estaba en ese lugar y me tuvieron que sacar”.
En el caso de la migración venezolana, las instituciones colombianas no estaban preparadas para el flujo migratorio que se ha venido dando, lo que ha provocado una total desprotección en lo referente a la salud, lo laboral y, en general, todos los derechos básicos de la población migrante. Tal como Esmeralda explica: "los trámites legales cierran muchas puertas, el PEP es un permisito por si llega la policía, para que sepa que yo estoy legal y pueda trabajar. Pero ¿qué pasa con eso si se vence a los dos años y muchos empleadores no te registran al SIRE que es una obligación para tener empleados extranjeros? A los empleadores les da mucho miedo inscribirnos en el SIRE porque creen que les cobran más impuestos y entonces no contratan venezolanos legalmente”.
Las políticas migratorias colombianas quedan rezagadas ante una realidad que no podía ser prevista ni tratada bajo ninguna fórmula jurídica preexistente. Yexica afirma: "estamos a la deriva por saber qué pasa; una visa o algo más estable me podría dar más seguridad. La única solución es un retorno o quedarnos aquí sin nada. Se está dejando sin trabajo a los venezolanos para dar una visa solo a los que tienen vinculación directa con un trabajo. Estamos en una incertidumbre total, no sabemos qué va a pasar con nosotras. Hemos hecho muchas reuniones con Cancillería”.
Las políticas migratorias colombianas han expuesto a la población venezolana a situaciones de vulnerabilidad y esto ha obligado al gobierno colombiano a repensarlas: concesión de la ciudadanía colombiana a niños y niñas nacidas en Colombia de padres venezolanos, elaboración de un plan de acción/rutas de atención integral que contemplan garantías migratorias para el ejercicio de derechos como la salud, la educación y el trabajo, en condiciones justas y regularizadas (esta medida aplica más a nivel territorial que nacional, por parte de alcaldías y gobernaciones), apertura de nuevas oficinas que facilitan los trámites migratorios.
La desprotección del Estado convierte a las personas migrantes en blanco fácil de explotación, incluyendo el reclutamiento para el narcomenudeo o microtráfico de drogas (es decir, en pequeñas cantidades), liderado por bandas delincuenciales que hace que, además de trabajar de forma informal, terminen participando en actividades ilícitas. Daniela cuenta: "me decían: es que usted no va a conseguir nada bueno porque usted no es de acá, no tiene papeles, nunca aspire a un trabajo que por el día, usted siempre va a tener que trabajar por la noche para esconderse de la ley que está acá, por estar como migrante sin papeles, nunca le va a salir nada bueno. Usted a lo que tiene que tirar es a trabajar en los burdeles y en todas esas cosas así”.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
La discriminación y las humillaciones no solo proviene de los jefes, clientes o la población del país de destino; las autoridades como la policía y el personal de las embajadas, tanto del país destino como de origen, también ejercen estos maltratos. Angie comenta que: “hubo un tiempo en que los policías entraban y le tumbaban la puerta a uno y le decían: usted tiene tres días para irse para Colombia. En China [otro país en el cual Angie estuvo durante su permanencia en Asia] no quieren a los colombianos, y me decían: usted tiene que irse o la metemos a la cárcel”.
La experiencia de Lizeth en Emiratos es aún más grave ya que a la amenaza de la policial local, siguió una acción concreta. Ella cuenta que cuando encontró a un policía esta ba “desesperada, llorando, pidiendo ayuda porque estaba encerrada, secuestrada”. La llevaron a la estación de policía y de la estación a la cárcel. Por esta razón ella considera que las autoridades solo portan un uniforme pero no cumplen con su función de brindar ayuda.
Es necesario que al hablar de las instituciones se considere tanto a las del país de destino como a las del país de origen. En las narraciones de las mujeres colombianas que migraron a otro país, se evidencia que las embajadas y consulados de Colombia en esos países no brindaron la atención ade cuada y no conocían las rutas de atención y restitución de los derechos vulnerados en el caso específico de las víctimas de trata. En lo manifestado por las participantes, se dieron casos en los que tuvieron que conseguir el dinero para pagar los gastos de regreso a su país porque las autoridades consulares colombianas no pudieron/quisieron ayudarles.
Lizeth, quien acudió inicialmente a un aeropuerto en Emiratos Árabes, en busca de ayuda, terminó encerrada en la estación de policía local. Estando allí fue advertida por los policías para que no dijera que había ejercido prostitución porque eso supondría quedarse encerrada por tiempo indefinido en una cárcel; seguidamente, recibió una llamada amenazante para que no denunciara y, después de la promesa de no hacerlo, los mismos tratantes acudieron a la estación de policía a devolver sus documentos para que ella pudiera salir del país, no sin antes tener que firmar documentos en un idioma que ella desconocía.
El trabajo informal es una práctica normalizada que se ha consolidado tanto para quienes emplean como para quienes trabajan. Es como si la informalización laboral (a entenderse como la legalización de la informalidad) se hubiera convertido en Colombia en una oportunidad para ambas partes: para la trabajadora, porque recibe el pago establecido, no deducido por los impuestos que pesan en el trabajo (en Colombia hasta el 50 % del honorario), y esto a pesar de la total ausencia de garantías laborales (pago por horas extra, día de descanso, vacaciones, seguridad social); para el empleador, porque no está obligado a proporcionar las garantías laborales y un pago justo. Es en este contexto en el que las trabajadoras migrantes se han incorporado y, en general, es la única oportunidad para generar ingresos económicos puesto que no cuentan con los documentos legales para acceder a ofertas laborales que cumplan con los requisitos de ley. La informalidad se presenta como una oportunidad para reclutar mano de obra bara a, muchas veces calificada, sin brindar ni un trato ni un pago justo.
Esmeralda ha escuchado de sus posibles empleadores que “ni vinculación ni contrato, empezando porque eres venezolana, extranjera, sin documentos. Nadie te contrata porque es un riesgo para las personas”. Y Yexica añade: “nosotras tenemos desventaja porque no tenemos el permiso y allí te dicen: te doy el trabajo, pero haces todo lo que yo diga”. En el caso de Julieta se evidencia la naturalización del trabajo precario y la injusticia por parte de los pares: “Solamente le comentaba a una compañera de la violencia que sufría por parte del jefe y ella me decía: quédese mejor callada; si usted habla y denuncia, la expulsan del país, usted debe hacer lo que diga el jefe”.
Las condiciones laborales de explotación no afectan solamente a las mujeres migrantes sino también a las mujeres locales que experimentan la misma explotación, maltrato y exclusión; así lo manifestaron las cuatro mujeres venezolanas participantes. Según Yexica: "aquí el trabajo es muy difícil y muchas veces te contratan y no te pagan lo que es, seas colombiana o venezolana. […] Yo siento que aquí todos son maltratados en el trabajo, venezolanos y colombianos, a veces es lo mismo”.
Sin embargo, también reconocen que la nacionalidad puede dar ciertas ventajas: por ejemplo, al escuchar el acento venezolano, las mujeres reciben propinas especiales o en el caso de la mujer española, esta comenta que “hay mucha credibilidad hacía el extranjero en un país como Colombia o una ciudad como Medellín, entonces de alguna forma a veces ha significado un beneficio: esta es española, entonces tiene su cuento, tiene su encanto, tiene su tal y le creemos más”; el hecho de ser española tiene ventaja frente a otras nacionalidades, independientemente del valor/ capacidad de la persona.
NECESIDAD ECONÓMICA/POBREZA
A pesar de tener estudios técnicos y superiores, la necesidad de suplir lo necesario para la supervivencia de ellas y sus familiares, lleva a las trabajadoras migrantes a aceptar trabajos informales como las ventas callejeras, el aseo en casas particulares, servicios de restaurante (meseras) y la prostitución. La falta de dinero para convalidar sus estudios y legalizar sus títulos, así como la dificultad para apostillar documentos en el país de origen hace que las mujeres migrantes se decidan por estas actividades. En el caso de las venezolanas, Esmeralda afirma que: "nuestras profesiones no las podemos ejercer porque hay que apostillar los documentos y en Venezuela no se puede apostillar”.
FALTA DE ATENCIÓN SANITARIA
La atención sanitaria en salud que reciben las mujeres migrantes depende de las políticas migratorias y de salud que haya en el país destino. Sin embargo, en muchas ocasiones el grupo familiar queda por fuera de esos servicios. En el caso de Colombia se utiliza la clasificación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), una encuesta de clasificación socioeconómica, diseñada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que sirve a la Secretaría de Salud para identificar los hogares, las familias o los individuos más pobres y vulnerables como potenciales beneficiarios de programas sociales, entre los cuales se encuentra la afiliación en salud al Régimen Subsidiado. El Sisbén permite establecer el grado de pobreza de los hogares, con el propósito de asignar recursos de inversión social: solo quienes tengan los puntajes más bajos tienen derecho a los beneficios sociales. Una de las trabajadoras migrantes comen ta que una familia venezolana fue sacada del Sisbén porque al recibir su visita para la clasificación, se contó un cierto número de electrodomésticos, excesivo para una familia necesitada. Sin embargo, lo que no consideraron los encuestadores es que todo lo que tenían se lo habían regalado. Esmeralda explica la dificultad frente al sistema de salud: "EPS no tengo, tengo Sisbén, tenemos que pagar a pesar de que ninguna trabaja en este momento. Después de que nos fueron a visitar [los del Sisbén], nos comentaron que el puntaje lo dieron porque el piso es de cerámica, porque teníamos nevera regalada, pero la teníamos, televisor regalado, pero lo teníamos, todas éramos profesionales aunque ninguna trabajara y todo esto fue subiendo el nivel del puntaje, entonces toda consulta y medicamento hay que pagarlo”.
MACHISMO
Las violencias en el hogar son, en muchos casos, el motivo que empuja a las mujeres a migrar, especialmente si, tras denunciar, las instituciones encargadas de acompañarlas no cumplen con sus funciones: “el día que me agredió mi esposo, lo denuncié, fue una violencia familiar, yo me fui del trabajo a la casa por el dolor moral más que el físico. Me agredió a golpes en la cabeza y pecho. Lo único que sentí era impotencia de saber que debía quedar me callada y quedarme con mis golpes y con mi dolor. Al otro día fui a la fiscalía y lo denuncié, el no tuvo ninguna consecuencia legal y tuve que abandonar el país con mi familia” cuenta Julieta. Las violencias sufridas y reportadas no se reducen a las ejercidas por sus compañeros sentimentales, sino también por su entorno familiar, especialmente la presión que reciben por parte de sus padres para enviar dinero. En muchos casos se sienten obligadas a trabajar incansablemente para poder sostener a sus familias en el país de origen.
El imaginario machista ha llevado a algunas mujeres a aceptar que sean los hombres los que decidan qué método de planificación familiar deben seguir. Cuenta Josefina sobre este tema: “Yo venía con un proceso con mi esposo en donde yo no quería tomar pastillas y quedamos en que él se cuidaba con preservativos. Pero él no lo hacía y yo debía cada mes tomarme la pastilla del día después. Un día decidí colocarme el aparato sin necesidad de decirle. Cuando él se dio cuenta se puso muy bravo y yo le dije que yo tomaba mis decisiones, me apropio de mis derechos y los reconozco”. Sin embargo, a medida que acuden a organizaciones y reciben información sobre sus derechos (laborales, reproductivos, sexuales, etc.), empiezan a tomar decisiones en pro de la protección y defensa de sus derechos y a compartir y sensibilizar a sus pares. Una de las participantes comenzó un proceso de planificación familiar tras participar en un grupo de voluntariado de migrantes venezolanas y recibir asesoría sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Su testimonio da cuenta de una práctica de alto riesgo para su salud que era la única alternativa que su esposo le proponía: utilizar la pastilla del día después como un método de planificación (desconociendo los efectos hormonales en su cuerpo) y evitar que él tuviera que usar condón.
En los relatos de las participantes se identifican acciones machistas, reflejo de una cultura patriarcal en la que los hombres infravaloran a las mujeres. Esto se refleja en comentarios y malos tratos hacia las mujeres migrantes, pero también en el tinte machista que tienen muchos de sus ofrecimientos. Esmeralda relata que “nos fuimos a vender unas galletas y la amiga que se fue con nosotras se fue por una calle y nosotras por otra y llegó indignada porque un señor le dijo: vente conmigo y yo te doy tres veces lo que te haces vendiendo esas galletas”.
Las mujeres venezolanas consideran que las colombianas son más sumisas ante las violencias de género. “Por lo menos, en Venezuela, la mujer se respeta mucho (por los hombres también), un hombre le grita a una mujer y puede ir preso de 8 a 12 meses, preso por gritarle a una mujer y por daño psicológico, son de 4 a 36 meses”, asegura Francis. Cuenta Esmeralda que en el caso de su familia: “mi mamá nunca permitió que mi papá le pusiera una mano encima y eso nos lo enseñó a nosotras, de repente yo siento que la colombiana es más sumisa”. Una de ellas, incluso, manifiesta en particular que en Colombia ha visto que muchas veces no se dirigen directamente a las mujeres a la hora de hacer o cerrar un negocio o pagar una cuenta sino a sus esposos.
Frente a este tema, Julieta opina que: "desde una cultura del machismo hay que cambiar el pensamiento para llegar a una justicia, las estrategias como las marchas, espacios culturales pueden llegar a cambiar el machismo. […] Lo primordial es que la mujer es igual al hombre y no hay por qué tener una diferencia”.
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
Como estrategia para mejorar sus condiciones de vida y trabajo, todas las participantes sugieren acudir a organismos territoriales, nacionales e internacionales, públicos y privados, para recibir una correcta información sobre los derechos que tienen como migrantes, las oportunidades en educación, empleo, salud y el proceso para regularizar su situación administrativa. Yexica afirma que: "la información es poder y el educarte es poder. Si la manejas y sabes dónde dirigirte, donde te puedan ayudar, vas a estar más protegida”.
Es importante crear sistemas de voluntariado entre connacionales que puedan ofrecer ayuda e información a quienes llegan en sus mismas condiciones. En el caso de Medellín, las mujeres venezolanas que participaron del estudio hacen parte de un voluntariado impulsado por ACNUR y “Somos Panas Colombia”. Para ellas es una hermandad en la que se apoyan, especialmente ofreciendo orientación para adaptarse mejor a su nueva condición de migrante. Esto mitiga la difícil situación, tal como lo expresó Esmeralda, “estamos 12 en el voluntariado, el impacto ha sido de mucha satisfacción; […]la satisfacción de que un niño te de las gracias por un juguete, por un cuaderno”.
La organización con otras migrantes permite la ayuda mutua y la adaptación puede ser más rápida. También permite fortalecerse, saber dónde buscar ayuda, conocer las instituciones que puedan brindarles apoyo, etc. Julieta cuenta que conoció “a otras mujeres migrantes de Ecuador, Brasil, Filipinas y nunca nos organizamos […] Dios mío si nos hubiéramos organizado, todo hubiera sido diferente”.
Para las trabajadoras víctimas de trata solo les es posible buscar y recibir apoyo una vez escapan. Mientras están inmersas en las situaciones de explotación es impensable poderse organizar entre ellas debido a la coerción de sus tratantes, las dificultades de comunicar entre sí y hacia afuera y el miedo. Ya inmersas en un proceso de acompañamiento por ONG o entes estatales, se consolidan grupos de apoyo, un espacio reconocido por ellas como un lugar propio, donde despejarse, sentirse como pares, identificadas con las situaciones de las otras y con la fuerza para consolidar una red de apoyo.
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