COVID-19. El costo de curar: represalias por denunciar la realidad
* * copiado tal cual del informe
"El costo de curar. Los derechos de las personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el COVID-19 y más allá" de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional ha recibido y analizado múltiples informes y testimonios de enfermeros/as, médicos/as, limpiadores/as y personal de hospital de muchos países de la región que han alzado la voz y han denunciado las inseguras condiciones de trabajo que sufren ellos mismos, otras personas y los pacientes de COVID-19, así como la falta de acceso a la información sobre la pandemia de COVID-19 más en general.
El acceso a la información es un elemento vital para garantizar el derecho a la salud,49 y los Estados tienen la obligación de no retener ninguna información relativa a la salud.50 Este derecho está intrínsecamente vinculado al derecho a la libertad de expresión, y es una parte fundamental de él. El acceso a la información puede reforzar las respuestas a desafíos de salud, y los ejemplos de otras pandemias, como la del VIH/sida, mostraron que la protección de los derechos humanos, incluido el derecho a recibir información basada en pruebas, es esencial. Por ejemplo, los países que tuvieron más éxito en las campañas de prevención del VIH/sida fueron aquellos que mostraron una “voluntad de los gobiernos y las comunidades de hablar de manera franca, abierta e inclusiva”.
En el actual contexto de la pandemia de COVID-19, el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la salud a alzar la voz y acceder a información sobre los riesgos a los que se enfrentan tanto ellos como otras personas es fundamental para garantizar que sale a la luz información crucial sobre la pandemia. Además, el personal sanitario necesita participar activamente en un diálogo sobre medidas de salud pública, sobre todo porque es el que debe aplicar esas medidas y el que conoce las necesidades prácticas y los problemas.
Por último, y lo que es más importante, las personas trabajadoras de la salud y de otras áreas clave que se posicionan y critican las respuestas nocivas, inadecuadas, discriminatorias o lentas de los gobiernos y las autoridades de salud, y que denuncian y exponen condiciones inseguras para pacientes y personal, que exigen la información necesaria para hacer frente a la pandemia, están desempeñando un papel clave en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Por ello, deben recibir reconocimiento público y protección de acuerdo con la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, que establece la función legítima y necesaria de las personas y grupos que actúan para defender los derechos humanos. Como aliados clave para abordar los desafíos que plantea la pandemia, se les debe permitir desempeñar su labor en un entorno seguro y propicio, sin sufrir ataques verbales, estigmatización, amenazas de despido o despidos reales, hostigamiento, acoso y otras formas de represalia en el lugar de trabajo, criminalización u otras formas de silenciamiento y persecución por parte de las autoridades.
Aunque en los entornos de salud hay muchas situaciones en las que retener información y mantener la confidencialidad es de la máxima importancia, especialmente cuando está implicada la privacidad del paciente, los principios éticos relativos a médicos/as y enfermeros/as incluyen la responsabilidad de señalar las deficiencias en la atención de la salud. Los órganos reguladores clave que supervisan las normas profesionales en los campos de la enfermería y las profesiones médicas han emitido directrices específicas sobre la obligación ética de alzar la voz en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Nicaragua es motivo de especial preocupación en lo que se refiere a las represalias contra personas trabajadoras de la salud, y la información disponible sugeriría que este país podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales contraídas en virtud de tratados, al permitir múltiples represalias, despidos y acoso a médicos/as y enfermeros/as que han exigido el uso de EPP en centros de atención a la salud y han hecho pública su preocupación. Esto, sin duda, se debe al hecho de que el derecho al trabajo y los derechos en el trabajo incluyen también el derecho a no verse privado del trabajo injustamente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación específica respecto al personal de la salud despedido de su empleo por alzar la voz en Nicaragua. No obstante, la cuestión es más amplia que unas simples represalias que implican despidos injustos. En Nicaragua, el gobierno ha seguido una política de poner deliberadamente en peligro a su población en el contexto de la pandemia de COVID-19 al fomentar reuniones sociales, provocar la preocupación específica y pública de la Organización Panamericana de la Salud y restar importancia a la pandemia. Peor aún, los grupos locales de la sociedad civil y los trabajadores y trabajadoras de la salud que intentan recopilar y difundir información sobre la magnitud de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua se ponen a sí mismos en peligro, en un país que ha pasado los dos últimos años sumido en una grave crisis de derechos humanos bajo una oleada de medidas represivas que desde 2018 han espoleado el éxodo de más de 100.000 personas del país, por no mencionar las detenciones y represalias generalizadas contra personas defensoras de los derechos humanos.
Según una red nacional de observatorios ciudadanos sobre la actual situación en el país, no sólo se ha despedido a personal sanitario por utilizar EPP en el trabajo, sino que en ocasiones les han arrancado violentamente el equipo de protección. Una declaración pública realizada recientemente por 230 valientes médicos y médicas que pusieron su nombre en la declaración expone una serie de deficiencias graves por parte del gobierno nicaragüense a la hora de proteger a su población. Amnistía Internacional entrevistó a seis profesionales de la medicina y la enfermería que trabajan en Nicaragua, algunos de los cuales han sido despedidos en los últimos años por alzar la voz contra las medidas del gobierno. Uno había sido despedido recientemente en el contexto de la revelación de información sobre los datos relativos a la COVID-19. Además de estos testimonios, una doctora que trabaja en un hospital en parte público y en parte privado dijo que había estado sufriendo un acoso constante por parte de sus supervisores en el trabajo por llevar al hospital su propia mascarilla durante el mes de abril. No obstante, desde principios de mayo lleva mascarilla sin problema, según ella porque la situación está empeorando en el país y a sus supervisores les resulta más difícil ignorar la magnitud de la pandemia.
Otros países también han tomado medidas para silenciar a las personas trabajadoras de la salud que han alzado la voz. En Estados Unidos ha habido varios casos de empleadores que han impedido a su personal sanitario hablar con una serie de represalias, tales como el acoso, los procedimientos disciplinarios y los despidos injustos. Durante marzo y abril de 2020, Amnistía Internacional observó esta cuestión y se puso en contacto con personal sanitario estadounidense que ha sido objeto de medidas disciplinarias por parte de sus empleadores por denunciar sus condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, Estados Unidos es un lugar en el que las personas trabajadoras de la salud han podido protestar en público en el contexto de la COVID-19, por ejemplo en la manifestación, manteniendo la distancia social, organizada por la Unión Nacional de Enfermería (National Nurses Union, NNU) delante de la Casa Blanca el 20 de abril. Asimismo, los miembros de la NNU organizaron recientemente una protesta sobre las represalias sufridas por algunos de ellos en sus lugares de trabajo.
Hay varios países más en los que se ha silenciado a las personas trabajadoras de la salud. Venezuela presenta una reiterada falta de protección al personal sanitario, o a quienes defienden los derechos humanos publicando información sobre las condiciones sanitarias. Esta cuestión y, más en general, los ataques contra personas que exponen opiniones críticas o que defienden los derechos humanos, lleva muchos años siendo un motivo de preocupación en Venezuela. Amnistía Internacional llevó a cabo una visita de investigación en una fecha tan distante como 2016 en la que el personal de los hospitales estaba aterrado de compartir con la organización información sobre la nefasta falta de suministros médicos con la que tenían que trabajar. En el momento de redactar estas líneas, los datos oficiales en Venezuela informan de únicamente 541 personas infectadas de COVID-19 y sólo 10 muertes, lo que parece improbable debido a las carencias de atención de la salud documentadas en los últimos años. Además, el gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha publicado información epidemiológica desde 2017, tal como ha hecho saber Amnistía Internacional en varias ocasiones. Estos ejemplos hablan de la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras de la salud tengan libertad para informar sobre los datos reales de la dimensión de la pandemia en Venezuela y reciban información exacta.
Amnistía Internacional señaló que personal sanitario de Honduras, México, Paraguay y Nicaragua le expresaron por igual su temor a revelar su identidad, o no quisieron hablar con la organización por miedo a las consecuencias de compartir información.
Una médica de un hospital público de Ciudad de México con altas cifras de muertes diarias por COVID-19 dijo a Amnistía Internacional que la persona supervisora de su trabajo* la acosaba constantemente a causa de su preocupación por la falta de un protocolo de seguridad en el hospital, y le decía que “si no les gustaba el hospital que se fueran”. También contó a Amnistía Internacional que el director del hospital había ordenado a personal médico que no registraran a los pacientes con síntomas clínicos de COVID-19 como casos sospechosos de COVID-19. Ella se abstuvo de cumplir estas órdenes.
Por último, no son sólo las personas trabajadoras de la salud de entornos hospitalarios generales las que han sido silenciadas y han sufrido represalias o se han visto en peligro en su lugar de trabajo o en relación con la labor que han desempeñado en primera línea de la pandemia de COVID-19. El 16 de abril, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó a su ministro de Salud después de que éste pidiera reiteradamente mayor cautela al dirigente brasileño, que había dicho constantemente a la población que la COVID-19 no era motivo de preocupación. A principios de abril se recibió información verificada sobre amenazas de muerte contra el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Estadounidense de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal asesor de la Casa Blanca sobre la pandemia de COVID-19. Desde entonces, el Dr. Fauci ha necesitado guardaespaldas personales y guardias de seguridad en su residencia. Los primeros investigadores que informaron sobre las amenazas contra él señalaron que Fauci “es una de las pocas autoridades dispuestas a corregir las declaraciones erróneas del presidente Trump”.
Amnistía Internacional escribió a principios de marzo una carta a la oficina de Fauci y a otros 23 representantes gubernamentales en la que exponía con detalle una lista de recomendaciones en materia de derechos humanos para ayudar a hacer frente a la pandemia de COVID-19. Anthony Fauci fue el único de los 23 cargos públicos contactados que envió a Amnistía Internacional una respuesta dando a la organización las gracias por sus recomendaciones. Hasta el momento no se ha dado a conocer la autoría de las múltiples amenazas contra Anthony Fauci.
"El costo de curar. Los derechos de las personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el COVID-19 y más allá" de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional ha recibido y analizado múltiples informes y testimonios de enfermeros/as, médicos/as, limpiadores/as y personal de hospital de muchos países de la región que han alzado la voz y han denunciado las inseguras condiciones de trabajo que sufren ellos mismos, otras personas y los pacientes de COVID-19, así como la falta de acceso a la información sobre la pandemia de COVID-19 más en general.
El acceso a la información es un elemento vital para garantizar el derecho a la salud,49 y los Estados tienen la obligación de no retener ninguna información relativa a la salud.50 Este derecho está intrínsecamente vinculado al derecho a la libertad de expresión, y es una parte fundamental de él. El acceso a la información puede reforzar las respuestas a desafíos de salud, y los ejemplos de otras pandemias, como la del VIH/sida, mostraron que la protección de los derechos humanos, incluido el derecho a recibir información basada en pruebas, es esencial. Por ejemplo, los países que tuvieron más éxito en las campañas de prevención del VIH/sida fueron aquellos que mostraron una “voluntad de los gobiernos y las comunidades de hablar de manera franca, abierta e inclusiva”.
En el actual contexto de la pandemia de COVID-19, el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la salud a alzar la voz y acceder a información sobre los riesgos a los que se enfrentan tanto ellos como otras personas es fundamental para garantizar que sale a la luz información crucial sobre la pandemia. Además, el personal sanitario necesita participar activamente en un diálogo sobre medidas de salud pública, sobre todo porque es el que debe aplicar esas medidas y el que conoce las necesidades prácticas y los problemas.
Por último, y lo que es más importante, las personas trabajadoras de la salud y de otras áreas clave que se posicionan y critican las respuestas nocivas, inadecuadas, discriminatorias o lentas de los gobiernos y las autoridades de salud, y que denuncian y exponen condiciones inseguras para pacientes y personal, que exigen la información necesaria para hacer frente a la pandemia, están desempeñando un papel clave en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Por ello, deben recibir reconocimiento público y protección de acuerdo con la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, que establece la función legítima y necesaria de las personas y grupos que actúan para defender los derechos humanos. Como aliados clave para abordar los desafíos que plantea la pandemia, se les debe permitir desempeñar su labor en un entorno seguro y propicio, sin sufrir ataques verbales, estigmatización, amenazas de despido o despidos reales, hostigamiento, acoso y otras formas de represalia en el lugar de trabajo, criminalización u otras formas de silenciamiento y persecución por parte de las autoridades.
Aunque en los entornos de salud hay muchas situaciones en las que retener información y mantener la confidencialidad es de la máxima importancia, especialmente cuando está implicada la privacidad del paciente, los principios éticos relativos a médicos/as y enfermeros/as incluyen la responsabilidad de señalar las deficiencias en la atención de la salud. Los órganos reguladores clave que supervisan las normas profesionales en los campos de la enfermería y las profesiones médicas han emitido directrices específicas sobre la obligación ética de alzar la voz en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Nicaragua es motivo de especial preocupación en lo que se refiere a las represalias contra personas trabajadoras de la salud, y la información disponible sugeriría que este país podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales contraídas en virtud de tratados, al permitir múltiples represalias, despidos y acoso a médicos/as y enfermeros/as que han exigido el uso de EPP en centros de atención a la salud y han hecho pública su preocupación. Esto, sin duda, se debe al hecho de que el derecho al trabajo y los derechos en el trabajo incluyen también el derecho a no verse privado del trabajo injustamente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación específica respecto al personal de la salud despedido de su empleo por alzar la voz en Nicaragua. No obstante, la cuestión es más amplia que unas simples represalias que implican despidos injustos. En Nicaragua, el gobierno ha seguido una política de poner deliberadamente en peligro a su población en el contexto de la pandemia de COVID-19 al fomentar reuniones sociales, provocar la preocupación específica y pública de la Organización Panamericana de la Salud y restar importancia a la pandemia. Peor aún, los grupos locales de la sociedad civil y los trabajadores y trabajadoras de la salud que intentan recopilar y difundir información sobre la magnitud de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua se ponen a sí mismos en peligro, en un país que ha pasado los dos últimos años sumido en una grave crisis de derechos humanos bajo una oleada de medidas represivas que desde 2018 han espoleado el éxodo de más de 100.000 personas del país, por no mencionar las detenciones y represalias generalizadas contra personas defensoras de los derechos humanos.
Según una red nacional de observatorios ciudadanos sobre la actual situación en el país, no sólo se ha despedido a personal sanitario por utilizar EPP en el trabajo, sino que en ocasiones les han arrancado violentamente el equipo de protección. Una declaración pública realizada recientemente por 230 valientes médicos y médicas que pusieron su nombre en la declaración expone una serie de deficiencias graves por parte del gobierno nicaragüense a la hora de proteger a su población. Amnistía Internacional entrevistó a seis profesionales de la medicina y la enfermería que trabajan en Nicaragua, algunos de los cuales han sido despedidos en los últimos años por alzar la voz contra las medidas del gobierno. Uno había sido despedido recientemente en el contexto de la revelación de información sobre los datos relativos a la COVID-19. Además de estos testimonios, una doctora que trabaja en un hospital en parte público y en parte privado dijo que había estado sufriendo un acoso constante por parte de sus supervisores en el trabajo por llevar al hospital su propia mascarilla durante el mes de abril. No obstante, desde principios de mayo lleva mascarilla sin problema, según ella porque la situación está empeorando en el país y a sus supervisores les resulta más difícil ignorar la magnitud de la pandemia.
Otros países también han tomado medidas para silenciar a las personas trabajadoras de la salud que han alzado la voz. En Estados Unidos ha habido varios casos de empleadores que han impedido a su personal sanitario hablar con una serie de represalias, tales como el acoso, los procedimientos disciplinarios y los despidos injustos. Durante marzo y abril de 2020, Amnistía Internacional observó esta cuestión y se puso en contacto con personal sanitario estadounidense que ha sido objeto de medidas disciplinarias por parte de sus empleadores por denunciar sus condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, Estados Unidos es un lugar en el que las personas trabajadoras de la salud han podido protestar en público en el contexto de la COVID-19, por ejemplo en la manifestación, manteniendo la distancia social, organizada por la Unión Nacional de Enfermería (National Nurses Union, NNU) delante de la Casa Blanca el 20 de abril. Asimismo, los miembros de la NNU organizaron recientemente una protesta sobre las represalias sufridas por algunos de ellos en sus lugares de trabajo.
Hay varios países más en los que se ha silenciado a las personas trabajadoras de la salud. Venezuela presenta una reiterada falta de protección al personal sanitario, o a quienes defienden los derechos humanos publicando información sobre las condiciones sanitarias. Esta cuestión y, más en general, los ataques contra personas que exponen opiniones críticas o que defienden los derechos humanos, lleva muchos años siendo un motivo de preocupación en Venezuela. Amnistía Internacional llevó a cabo una visita de investigación en una fecha tan distante como 2016 en la que el personal de los hospitales estaba aterrado de compartir con la organización información sobre la nefasta falta de suministros médicos con la que tenían que trabajar. En el momento de redactar estas líneas, los datos oficiales en Venezuela informan de únicamente 541 personas infectadas de COVID-19 y sólo 10 muertes, lo que parece improbable debido a las carencias de atención de la salud documentadas en los últimos años. Además, el gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha publicado información epidemiológica desde 2017, tal como ha hecho saber Amnistía Internacional en varias ocasiones. Estos ejemplos hablan de la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras de la salud tengan libertad para informar sobre los datos reales de la dimensión de la pandemia en Venezuela y reciban información exacta.
Amnistía Internacional señaló que personal sanitario de Honduras, México, Paraguay y Nicaragua le expresaron por igual su temor a revelar su identidad, o no quisieron hablar con la organización por miedo a las consecuencias de compartir información.
Una médica de un hospital público de Ciudad de México con altas cifras de muertes diarias por COVID-19 dijo a Amnistía Internacional que la persona supervisora de su trabajo* la acosaba constantemente a causa de su preocupación por la falta de un protocolo de seguridad en el hospital, y le decía que “si no les gustaba el hospital que se fueran”. También contó a Amnistía Internacional que el director del hospital había ordenado a personal médico que no registraran a los pacientes con síntomas clínicos de COVID-19 como casos sospechosos de COVID-19. Ella se abstuvo de cumplir estas órdenes.
Por último, no son sólo las personas trabajadoras de la salud de entornos hospitalarios generales las que han sido silenciadas y han sufrido represalias o se han visto en peligro en su lugar de trabajo o en relación con la labor que han desempeñado en primera línea de la pandemia de COVID-19. El 16 de abril, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó a su ministro de Salud después de que éste pidiera reiteradamente mayor cautela al dirigente brasileño, que había dicho constantemente a la población que la COVID-19 no era motivo de preocupación. A principios de abril se recibió información verificada sobre amenazas de muerte contra el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Estadounidense de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal asesor de la Casa Blanca sobre la pandemia de COVID-19. Desde entonces, el Dr. Fauci ha necesitado guardaespaldas personales y guardias de seguridad en su residencia. Los primeros investigadores que informaron sobre las amenazas contra él señalaron que Fauci “es una de las pocas autoridades dispuestas a corregir las declaraciones erróneas del presidente Trump”.
Amnistía Internacional escribió a principios de marzo una carta a la oficina de Fauci y a otros 23 representantes gubernamentales en la que exponía con detalle una lista de recomendaciones en materia de derechos humanos para ayudar a hacer frente a la pandemia de COVID-19. Anthony Fauci fue el único de los 23 cargos públicos contactados que envió a Amnistía Internacional una respuesta dando a la organización las gracias por sus recomendaciones. Hasta el momento no se ha dado a conocer la autoría de las múltiples amenazas contra Anthony Fauci.
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