Represión y COVID-19: CUANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY SE CONVIERTE EN DISCRIMINACIÓN

* * copiado tal cual del informe "Represión y COVID-19. Abusos policiales y pandemia" de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha identificado la manera en que la policía ha atacado especialmente a ciertas comunidades en el contexto de las restricciones contra la COVID-19. La policía de varios países europeos ha demostrado un sesgo racial y discriminación en su aplicación de los confinamientos contra la COVID-19, y ha puesto de manifiesto el constante problema del racismo institucional en el seno de las fuerzas policiales. En algunos casos, la policía ha hecho uso de fuerza ilegítima contra personas que no oponían resistencia ni constituían una amenaza seria, a menudo en el contexto de controles de identidad que, según se sabe, están dirigidos desproporcionadamente contra grupos racializados. En Londres, los casos de identificación y registro de personas negras aumentaron significativamente tras la introducción de las medidas contra la COVID-19. En Francia, en Sena-Saint-Denis —población de clase obrera de la región de París con elevado porcentaje de residentes de raza negra y de ascendencia norteafricana— el número de controles policiales duplicó con creces la media nacional, y el número de multas impuestas multiplicó por tres las del resto del país. En varios casos, la policía utilizó insultos raciales al hacer cumplir las medidas de confinamiento.

En algunos países europeos, las autoridades han impuesto cuarentenas obligatorias específicas en zonas enteras, por ejemplo en el caso de romaníes que viven en asentamientos informales, pueblos y áreas determinadas de ciudades, así como en campos en los que viven personas refugiadas y solicitantes de asilo, sin que existieran pruebas de que constituían una amenaza para la salud pública o la seguridad. Los asentamientos informales y los campos de personas migrantes han sido sometidos a una fuerte presencia policial, y en varios casos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han utilizado fuerza ilegítima contra sus residentes.

Tal como se ha descrito supra, la policía, en su aplicación de las medidas contra la COVID 19, ha violado los derechos de personas en movimiento. Muchas personas refugiadas y solicitantes de asilo, y trabajadores y trabajadoras migrantes, han sufrido discriminación a causa de su condición o su raza, han sido expulsados ilegalmente del país en el que residían y han sido desalojados forzosamente de los asentamientos en los que vivían. En Venezuela, las autoridades pusieron en cuarentena en centros inadecuados, a menudo bajo control militar, a decenas de miles de personas migrantes y refugiadas que regresaron al país. Unos altos cargos gubernamentales describieron a las personas refugiadas que regresaban de Colombia como “armas biológicas” enviadas para infectar a la población venezolana. Las autoridades también han calificado de “traidores” a quienes regresaban. Este discurso, acompañado del internamiento automático de las personas retornadas en centros de cuarentena obligatoria gestionados por el Estado, hace temer que la privación de libertad de estas personas haya sido discriminatoria y arbitraria.

Las amenazas existentes contra las mujeres trans en El Salvador se incrementaron en el contexto de la COVID19, incluida una mayor violencia policial, ya que muchas de ellas dependen del trabajo sexual como su principal fuente de ingresos y no han podido trabajar durante el confinamiento. En Uganda, la policía detuvo 23 jóvenes en un refugio para personas LGBTI con el pretexto de que eran culpables de “un acto negligente que probablemente propagaría la infección de la enfermedad”, así como de “desobediencia de órdenes lícitas”.

 

Las trabajadoras y los trabajadores sexuales suelen sufrir formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y desigualdades estructurales por motivos tales como su género, orientación sexual, identidad de género, raza, casta, etnia, identidad indígena o condición migratoria o de otra índole. Durante la pandemia de COVID-19, estas personas han denunciado haber sufrido desalojos, redadas policiales y carencia de alojamiento, lo que las expone a un mayor riesgo de sufrir violencia y sanciones por violar las restricciones relativas al confinamiento. La policía de Kenia y Sri Lanka ha llevado a cabo, según se ha informado, un mayor número de redadas, en las que ha utilizado gas lacrimógeno y fuerza excesiva, en hogares comunitarios de trabajadoras y trabajadores sexuales, así como en hogares comunitarios de personas LGBTI y personas que no se ajustan a las convenciones de género. Según la investigación llevada a cabo por Creating Resources for Empowerment in Action (CREA), las personas afectadas creían que la policía estaba aprovechando el confinamiento para atacarlas, sabiendo que les resultaría más difícil acceder a abogados, por ejemplo. CREA ha recibido informes de personas dedicadas al trabajo sexual en localidades fronterizas de Uganda y Kenia que se han enfrentado a un estigma y una violencia cada vez mayores por parte de la comunidad y la policía, ya que se las acusaba de propagar el virus.

Las personas sin hogar y en riesgo de perderlo, muchas de las cuales vivían en asentamientos informales, también se han visto desproporcionadamente afectadas por las restricciones relativas a la COVID-19 y por la aplicación policial de esas medidas. En Italia, Francia, España y Reino Unido se ha multado a decenas de personas sin hogar por no poder cumplir las medidas de autoaislamiento y las restricciones a la circulación.