Represión y COVID-19: LEYES Y POLÍTICAS QUE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS

 * * copiado tal cual del informe "Represión y COVID-19. Abusos policiales y pandemia" de Amnistía Internacional

 

En respuesta a la pandemia de COVID-19, muchos países introdujeron apresuradamente legislación y políticas que no cumplían el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Esto incluía legislación que creaba una presunción a favor de la policía a la hora de determinar si es razonable utilizar fuerza letal, por ejemplo en el caso de Perú, lo que aumenta el riesgo de abusos e impunidad policiales. 

Las leyes del estado de emergencia otorgaban además poderes ilimitados a los gobiernos para que tomaran medidas con las que responder a la COVID-19. A principios de 2020, algunos países, por ejemplo Hungría, adoptaron amplios estados de emergencia que no contenían controles y equilibrios o revisiones periódicas por parte del Parlamento. El gobierno de Camboya utilizó la COVID-19 como pretexto para aprobar una ley que permitía y regulaba los estados de emergencia. La vaga formulación de las disposiciones de esa ley, si se invocaban, podían otorgar a las autoridades poderes sin precedentes para implementar cualquier “otra medida que se estime apropiada y necesaria para responder al estado de excepción”, sin controles ni equilibrios. En varios países más, como Francia, Tailandia, Kazajistán y Marruecos, esas medidas restringieron desproporcionadamente los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión. Incluso cuando no se declaró un estado de emergencia oficial, las medidas adoptadas por las autoridades con la justificación de combatir la pandemia se utilizaron para reprimir voces disidentes y oposición política. En Grecia, el jefe de policía declaró una prohibición general de las reuniones públicas al aire libre de cuatro o más personas durante cuatro días en noviembre, lo que significaba que se prohibían las manifestaciones anuales para conmemorar el levantamiento, en 1973, de los estudiantes de la Politécnica contra el gobierno militar.

Amnistía Internacional ha documentado un recurso excesivo a delitos ya existentes, y también a la nueva legislación de emergencia, para criminalizar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión. Según se informó, en Turquía 510 personas fueron detenidas para ser interrogadas por “compartir publicaciones provocativas sobre el coronavirus” en las redes sociales. En Bahréin, Kuwait, Omán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, las autoridades han emitido declaraciones en las que advierten de que se incurrirá en responsabilidad penal si se publican “noticias falsas” o se “difunde desinformación” en el contexto de la pandemia, y han procesado a personas que publicaban en las redes sociales contenido sobre la pandemia o la respuesta del gobierno. En Hungría, en marzo se reformó el Código Penal para incluir una sanción de hasta tres años de cárcel para quienes obstaculicen las medidas del gobierno para combatir una epidemia. Se añadieron nuevos delitos de “difundir información falsa” o “comunicar hechos de una manera que obstaculice medidas de salud pública”, castigados con penas de hasta cinco años de prisión. Aunque el gobierno ha insistido en que esas medidas son temporales, los cambios en la ley no incluyen límites de tiempo.

 

En el ámbito político, los gobiernos han definido enfoques que han permitido el uso excesivo de los poderes policiales para reprimir los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte dio órdenes a la policía, el ejército y las autoridades locales de que mataran a quienes causaran “problemas” durante la imposición de la cuarentena comunitaria. En Kenia, el inspector general del Servicio de Policía Nacional publicó directrices para los agentes sobre la aplicación de las medidas de salud pública, pero no incluían salvaguardias de derechos humanos, lo que aumentaba el peligro de que se produjeran abusos policiales.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE REUNIÓN PACÍFICA DURANTE LA PANDEMIA 

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cabe imponer legalmente restricciones del derecho a la libertad de reunión pacífica a fin de proteger la salud pública o por otros motivos legítimos, siempre que esas restricciones no vayan más allá de lo necesario y proporcionado. Sin embargo, en muchos de los casos documentados por Amnistía Internacional se han impuesto restricciones excesivas, como por ejemplo prohibir o restringir manifestaciones cuando otras reuniones públicas de envergadura similar sí se permitían. Además, al evaluar si las restricciones a las reuniones son necesarias, las autoridades deben tener en cuenta las medidas que quienes se manifiestan están implementando voluntariamente para cumplir las restricciones relativas a la salud pública, como por ejemplo mantener una distancia física suficiente o llevar mascarilla, y a la hora de evaluar la proporcionalidad debe darse peso suficiente a la importancia fundamental del derecho a la libertad de reunión pacífica.

De igual modo, los Estados deben garantizar que cualquier limitación del derecho a la libertad de expresión introducida en el contexto de la pandemia de COVID-19 se establece mediante una ley clara y accesible, y que es necesaria y proporcionada para la protección de la salud pública o para otro propósito legítimo que sea pertinente en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Las prohibiciones generales de la difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, como “noticias falsas” o “desinformación”, no cumplen este requisito y por consiguiente son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión. Estas medidas entrañan además el riesgo de tener efectos intimidatorios sobre la población y los medios de comunicación que puede dar lugar a autocensura por temor a represalias. El derecho internacional no permite las prohibiciones generales de la expresión de opiniones erróneas o interpretaciones incorrectas de acontecimientos.