Manifestaciones feministas en México: estigma y estereotipos

* * copiado tal cual del informe "México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan" de Amnistía Internacional

La mayoría de las mujeres entrevistadas para este informe declararon haber sufrido o tener en su entorno cercano mujeres que sufrieron diversas formas de violencia de género, incluyendo violencia sexual siendo niñas, violaciones sexuales de sus hermanas o madres, violencia física y psicológica por sus parejas, intentos de feminicidio, feminicidios de amigas o familiares, acoso callejero, entre otras.

La cotidianeidad de la violencia contra las mujeres hace que, frente a situaciones concretas de violencia de género, las mujeres se identifiquen y salgan a manifestarse, incluso si previamente no hacían parte de colectivas feministas, si no se identifican a sí mismas como feministas, o si nunca habían salido a protestar.

Por esta razón, las manifestaciones de colectivas feministas, de grupos de mujeres y de mujeres que no pertenecen a grupos de mujeres o colectivas feministas, por lo general, no sonconvocadas por organizaciones o grupos específicos de personas, sino que se dan orgánicamente, en muchas ocasiones de forma espontánea, ante la indignación y la frustración que producen diversas situaciones de violencia de género contra las mujeres que no tienen una respuesta idónea desde el Estado.

Estas manifestaciones, además, han captado la atención y sumado la participación de mujeres que tradicionalmente no se identificaban como parte del movimiento feminista, o que no se consideraban defensoras de derechos humanos.

Las manifestaciones feministas, de mujeres y de aquellas personas que se pronuncian contra situaciones concretas de violencia de género contra las mujeres, han atraído particularmente a mujeres de entre 20 y 35 años. Esta característica puede interpretarse como el resultado de que las manifestantes se sienten identificadas con los casos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres de edades similares que han desencadenado varias de las manifestaciones documentadas en este informe.

En las manifestaciones han participado también niñas y adolescentes desde los 12 años, quienes a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, gozan de protecciones especiales y a las que se debe tratar conforme al principio del interés superior de la niñez.

De otra parte, la vivencia de la violencia de género contra las mujeres también se entrecruza con otras situaciones de exclusión o discriminación que han vivido varias de las manifestantes por pertenecer a grupos que se encuentran en situación socioeconómica precaria y de exclusión frente a derechos, oportunidades, y la infraestructura que ofrece la capital del país. En particular, las manifestantes que viven en el Estado de México declararon pertenecer a la periferia, haciendo referencia a las zonas aledañas a la Ciudad de México en las que prevalece la pobreza, las violencias que suceden son invisibilizadas y mayormente reina la impunidad. 

A pesar de estar tan cerca de la capital de México, que se percibe como un lugar con un alto estándar de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, así como de oportunidades para la mejoría de las condiciones de vida, las mujeres del Estado de México viven una realidad bastante diferente.

La situación de marginalidad y exclusión que genera pertenecer a la periferia, especialmente cuando se es víctima de una violación de derechos humanos, también es conocida por las autoridades y parece ser aprovechada por las mismas. Así, Magda Soberanes, feminista presente en el desalojo de la CODHEM, relató a Amnistía Internacional que los policías le decían: “ahora sí, ya valieron verga, aquí no es la ciudad”

ESTIGMA SOBRE LAS MANIFESTACIONES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Desde agosto de 2019 en que se registró una ola de manifestaciones feministas, de mujeres y de quienes reclaman justicia en situaciones concretas de violencia de género contra las mujeres, éstas han sido estigmatizadas tanto por las autoridades como por los medios de comunicación, lo que ha redundado en estereotipos entre la sociedad en general. En 2019, por ejemplo, las declaraciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México que calificó una manifestación mayormente pacífica como “provocaciones”, dieron una falsa impresión de violencia generalizada. El estigma no solo ha continuado desde entonces, sino que se ha profundizado y ha tomado diversas formas. En 2020, los medios de comunicación se refirieron a la manifestación de 22 de agosto, en León, Guanajuato, como una que terminó en enfrentamientos con la policía, aunque en realidad la manifestación fue mayormente pacífica y las mujeres detenidas fueron detenidas arbitrariamente.

La estigmatización de los movimientos sociales, y en este caso de los movimientos feministas, y de las protestas feministas genera un ambiente hostil frente al derecho de reunión pacífica. Así, facilita y propicia diversas vulneraciones de los derechos humanos de las manifestantes por parte de agentes del Estado en distintas instituciones y niveles geográficos, así como por parte de personas no manifestantes.

Amnistía Internacional ha podido identificar cómo este tipo de declaraciones por parte de las autoridades, reproduce e intensifica el estigma que califica como violentas las manifestaciones feministas y de mujeres que reclaman justicia en situaciones concretas de violencia de génerocontra las mujeres.

De acuerdo con personas expertas en cuerpos policiales, las reivindicaciones en contra de la violencia contra las mujeres son inéditas para las fuerzas policiales. Para ellos y ellas, la violencia contra las mujeres se percibe como un tema doméstico y privado, pero que repentinamente se ha vuelto prioritario y de carácter público, lo que implica una carga extra de trabajo. El que las manifestaciones incomoden mucho a los cuerpos policiales, porque les interpela de una manera en la que no están acostumbrados, es un análisis compartido por algunas autoridades del Estado.

Asimismo, las protestas feministas y contra la violencia de género contra las mujeres, cuestionan fuertemente a las instituciones policiales. De una parte, varios de los casos de violencia de género que han desencadenado manifestaciones, involucran como perpetradores a integrantes de los cuerpos policiales, por lo que las exigencias de justicia en estos casos incluyen el inicio de investigaciones y la imposición de sanciones contra los responsables. De otra parte, durante las manifestaciones, se expone a los cuerpos policiales como incompetentes para prevenir e investigar la violencia sufrida por las mujeres, tal como lo muestra la consigna: “me cuidan mis amigas, no la policía”

Ante el ambiente hostil a la reunión pacífica de mujeres, la respuesta de las autoridades escala a convertirse en formas de violencia de género dirigidas contra las manifestantes y a la vulneración de múltiples derechos humanos. Es este ambiente hostil el que permite que las formas de violencia ejercidas por las autoridades incrementen en cada manifestación. Además, refuerza estereotipos de género, como los relativos a que las mujeres deben permanecer en casa o en ámbitos privados, para no buscarse problemas con las autoridades cuando salen a protestar, o para evitar que sus derechos humanos sean vulnerados.

La violencia de género sufrida por las manifestantes está fuertemente vinculada con los estereotipos y la discriminación que enfrentan cotidianamente las mujeres y las niñas en México. Los estereotipos son preconcepciones y asunciones generalizadas sobre las características o roles que deberían tener o cumplir las personas integrantes de cierto grupo. En particular, los estereotipos de género sobre las mujeres se refieren a la asignación social de un comportamiento o un rol que se considera apropiado para quienes son identificadas como tales. Entre los estereotipos de género operantes en el contexto de las manifestaciones, se puede mencionar a título de ejemplo, la consideración de que las mujeres deben permanecer en las casas o espacios privados y no en las calles protestando solas o acompañadas por otras mujeres, o que las mujeres que salen a manifestarse se buscan las violaciones de derechos humanos que les suceden, precisamente por su comportamiento.

Los Estados tiene la obligación de tomar medidas para contrarrestar los estereotipos basados en el género que discriminan a las mujeres o las ponen en situación de desventaja, tanto aquellos que se reflejan en actos individuales como los que se incorporan en leyes, políticas y estructuras e instituciones jurídicas y sociales. Tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estereotipos se constituyen en causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. Asimismo, la Corte ha considerado que argumentar como justificación de la violencia de género sufrida por las mujeres, su supuesta responsabilidad derivada de su comportamiento, es un estereotipo de género en sí mismo y por lo tanto, implica un trato discriminatorio contra las mujeres.

Tras la manifestación de 22 de agosto de 2020 en León, Guanajuato, en que hubo distintas vulneraciones de derechos humanos contra las mujeres manifestantes, el Secretario de Seguridad

Pública del Estado de Guanajuato se pronunció señalando que ni León, ni otras ciudades del estado, podían convertirse en un “manifestódromo violento”; declaraciones sin fundamento y estigmatizantes pues esta manifestación fue mayormente pacífica.

El estigma contra las manifestaciones feministas, de mujeres y contra la violencia de género se mezcla con otros tipos de estigmatización social, como el que opera de forma generalizada sobre el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica de otros movimientos sociales en México, o el referente a que estas manifestantes y los pedidos de justicia hechos por las vulneraciones de derechos humanos sufridas, son las responsables de afectar la economía de la zona. Una manifestante, detenida arbitrariamente en León, Guanajuato relató a Amnistía Internacional que las personas que transitaban en la zona, eran indiferentes ante las detenciones arbitrarias de mujeres tras la marcha del 22 de agosto: “La gente sólo volteaba a ver y escuchábamos que decían: ’Pues que bueno, pinches revoltosas’”.

Ekma, feminista de la Ciudad de México, también señaló que las manifestaciones feministas están muy estigmatizadas en las zonas periféricas de la capital. Así, relató que en alguna ocasión que se presentó a una reunión con un pañuelo verde, en un poblado en el que se exigía justicia en relación con un feminicidio, integrantes de la comunidad empezaron a increparle porque asumieron que venía a rayar las paredes e inmuebles del lugar.

En Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, las manifestantes que sufrieron ataques a su integridad personal por parte de la policía, expresaron a Amnistía Internacional que personas conocidas y autoridades estatales les han pedido parar sus reclamos de justicia para evitar un impacto negativo en el sector del turismo, del cual depende la economía local.

El estigma sobre las manifestaciones es tal que, en Culiacán, Sinaloa, tres mujeres feministas que se presentaron a manifestarse frente al Palacio Municipal en la madrugada del 10 de septiembre fueron detenidas arbitrariamente por la policía municipal sin que hubieran cometido falta alguna. Las detenciones impidieron que la manifestación se llevara a cabo.

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, las personas solo pueden ser privadas de su libertad, si su arresto o detención se lleva a cabo por razones establecidas previamente en la ley y no es arbitrario. Entre los motivos admisibles para realizar una detención, se encuentra el de llevar a alguien ante una autoridad competente cuando existe una sospecha razonable de que han cometido un delito.

En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que la detención preventiva de personas “para evitar que participen en manifestaciones puede constituir una privación arbitraria de la libertad, que es incompatible con el derecho de reunión pacífica”.

En respuesta a una solicitud de información presentada por Amnistía Internacional, el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán manifestó que la actuación policial comprende “la carga preventiva de conductas que puedan derivar en delictivas y por ende la acción de inhibirlas” y que “no existió una protesta originaria de la intervención policial y tales detenciones, sino la materialización de esas conductas antisociales fueron reportada (sic) a la Dirección del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata 9-1-1, pertenecientes a esta Institución, como reporte de alteración al orden público”. Además, añadió que las manifestantes fueron detenidas en flagrancia por incurrir en la falta de causar escándalo por cualquier medio, cosa u objeto. Sin embargo, el Secretario no determinó en ninguna parte de su escrito cuál fue la conducta concreta que se clasificó como “escándalo en la vía pública”, que llevó a la detención de las manifestantes y a la imposición de una sanción en su contra.

Posteriormente, en reunión con Amnistía Internacional, el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, manifestó que los policías municipales habrían detenido a las manifestantes porque al efectuar un recorrido alrededor de las instalaciones, las observaron con el rostro cubierto y con una lata de spray con la intención de pintar en las paredes. Esta declaración confirma a Amnistía Internacional que las tres mujeres fueron detenidas arbitrariamente, pues no cometieron ninguna falta que lo ameritara. Por el contrario, fueron detenidas por ser “sospechosas” de querer pintar las paredes del Palacio Municipal y para evitar que participaran en una protesta, violando así sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

EL ESTIGMA SOBRE LAS MUJERES ENCAPUCHADAS

De acuerdo con la investigación realizada por Amnistía Internacional, las autoridades están generando estigmas concretos sobre grupos específicos de manifestantes. De una parte, las autoridades asumen que las mujeres que tienen cubierto el rostro son sospechosas de haber cometido un delito o falta administrativa durante las manifestaciones en que participan. Esta sospecha se mantiene incluso en el caso del uso de cubrebocas empleados como una medida de protección frente a la pandemia de COVID-19. En el mismo sentido, las autoridades, particularmente en el centro de México, han comenzado a ver como sospechosas de delitos a las manifestantes que se visten de negro. 

Priscila Rebeca Salas Espinoza relató a Amnistía Internacional que cuando pasó a audiencia con un juez cívico o de barandilla, tras ser detenida arbitrariamente frente al Palacio Municipal de Culiacán, el funcionario le preguntó además de qué andaba haciendo en las inmediaciones del Palacio, por qué andaba caminando sola, lo que refleja que para el funcionario, una mujer sola es aquella que no está acompañada por un hombre. Asimismo, le preguntó por qué estaba encapuchada, aunque ella solo llevaba un cubrebocas, de acuerdo con el relato que hizo a Amnistía Internacional. Una de las manifestantes de León, Guanajuato, manifestó a la organización que personal de la agencia de Seguridad Pública del municipio le había señalado que las encapuchadas dan mala imagen. 

Según dijeron las manifestantes, a las autoridades les molesta que las mujeres se cubran el rostro porque quieren identificar a las supuestas lideresas de las manifestaciones, y el que se protejan el rostro dificulta tal actividad. Otra de las manifestantes de León indicó que cuando fueron arrestadas las policías les preguntaban insistentemente ¿quién es la líder?, ¿tú eres la líder?, y ella les respondía “No, no hay líder”.

Sin embargo, estas movilizaciones sociales, como lo explicó una experta en el movimiento feminista mexicano a Amnistía Internacional, se generan, por lo general, de forma orgánica y en muchas ocasiones espontánea. Aunque la información sobre las manifestaciones es difundida por colectivas y organizaciones feministas a través de las redes sociales, no hay una lideresa o grupo de lideresas detrás de las protestas. 

Una manifestante detenida arbitrariamente durante la manifestación de 9 de noviembre en Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; también indicó que cuando la policía golpea, agrede o detiene mujeres, se dirige primero a aquellas que están encapuchadas pues existe la presunción de que si se cubre el rosto “es porque va a hacer algo”. 

Contrariamente a las preconcepciones de los cuerpos policiales que ven como sospechoso el que las mujeres oculten su rostro, las mujeres manifestantes entrevistadas por Amnistía Internacional coinciden en que se cubren el rostro en ejercicio del derecho a la privacidad y para prevenir futuros abusos policiales. Por un lado, las mujeres expresaron que no quieren que su imagen circule sin control en las redes sociales o en los medios de comunicación. Las mujeres manifestantes entrevistadas señalaron además que, encapucharse les permite construir una identidad colectiva, donde no hay liderazgos o figuración de una sola persona.

Según el derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades deben asumir que las asambleas y sus participantes son pacíficas, en lugar de representar una amenaza contra el orden público. La prohibición de cubrirse la cara en el contexto de las protestas solo puede justificarse cuando una persona se involucra o muestra una clara intención de involucrarse inminentemente en actos de violencia. Tal como lo ha señalado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el hecho de que las y los participantes en una protesta se cubran la cara “o tomen otras medidas para participar anónimamente puede formar parte del elemento expresivo de una reunión pacífica o servir para contrarrestar las represalias o proteger la intimidad, en particular en el contexto de las nuevas tecnologías de vigilancia”. Por ello, las autoridades no deben equiparar el uso de máscaras o disfraces o de otras medidas para mantener el anonimato, con una intención violenta o de cometer un delito. 

Ekma, feminista que participó en la marcha del 28 de septiembre en la Ciudad de México, indicó a Amnistía Internacional que comenzó a encapucharse cuando participa en protestas, desde hace aproximadamente dos años, después de que imágenes de su cara fueran difundidas en medios de comunicación sin su permiso, lo que considera es una invasión de su privacidad.

Además, las manifestantes entrevistadas para este informe refirieron que la exposición de su imagen facilita que las autoridades y la sociedad en general, conozcan su identidad, lo que las expone a riesgos de ataques y otras violaciones de derechos humanos. Elizabeth Legarreta, manifestante de la Ciudad de México, expuso a Amnistía Internacional cómo fue hostigada de forma constante en las redes sociales cuando fue señalada como la supuesta autora de delitos cometidos durante una marcha realizada en junio de 2020, por parte de un usuario de las redes sociales. Con base en la difusión de su nombre en las redes sociales, personas particulares presentaron una denuncia en su contra por robo y destrucción a la propiedad privada, según le informaron las autoridades; por lo que los señalamientos en redes sociales pueden haber tenido un efecto negativo sobre su derecho a la presunción de inocencia. La difusión de su imagen en redes sociales hizo que perdiera su trabajo y le ha sido difícil superar el estigma de la acusación. Su salud mental también ha resultado afectada.

EL ESTIGMA SOBRE VESTIRSE DE NEGRO

De acuerdo con los relatos de las víctimas de detenciones arbitrarias en las manifestaciones documentadas para este informe, se ha comenzado a generar un estigma consistente en equiparar a las mujeres que visten de negro con ser sospechosas de cometer delitos y faltas administrativas. En León, Guanajuato, según relataron varias manifestantes, algunas mujeres fueron detenidas sin que siquiera hubieran participado en la manifestación del 22 de agosto, sólo porque estaban vestidas de negro. 

Laura García Aldana, feminista que se manifestó contra el feminicidio de Ámbar Viridiana, una adolescente de 17 años en Cuautitlán, Estado de México, relató a Amnistía Internacional que al denunciar las violaciones de derechos humanos que había sufrido durante la marcha ante una funcionaria pública, ésta le preguntó si iba vestida de negro. Al responder que sí, la funcionaria le dijo “ah bueno” con una actitud que denotaba que la funcionaria pensaba que el ir vestida de negro explicaba lo que le había sucedido.

Las autoridades asumen automáticamente que las mujeres que visten de negro pertenecen al “Bloque Negro”, que se caracteriza por realizar lo que las manifestantes denominan acción directa, aunque es importante destacar que no son las únicas manifestantes que realizan este tipo de acción. La acción directa no violenta engloba una diversidad de acciones pacificas que incluye pintar consignas, realizar modificaciones e intervenciones a monumentos, así como destrucción de cristales y otro tipo de propiedad. Sin embargo, el “Bloque Negro” ha sido estigmatizado como violento y como responsable de los daños a bienes inmuebles durante las manifestaciones. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, una protesta se considera pacífica salvo cuando “se caracterice por una violencia generalizada y grave”, y en este contexto, el término violencia se circunscribe a el uso por parte de las y los participantes “de una fuerza física contra otros que pueda provocar lesiones, la muerte o daños graves a los bienes.” Por lo tanto, aunque las autoridades podrían legítimamente intervenir ante hechos como el daño grave a propiedad privada, las intervenciones de estas colectivas son pacíficas y se encuentran protegidas por los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

De acuerdo con manifestantes entrevistadas por Amnistía Internacional, con la acción directa no violenta se busca generar una mayor reacción de indignación ante las autoridades y la sociedad en general, expresando el sentimiento de las manifestantes de que las mujeres ya no están dispuestas a esperar sin reaccionar a que aparezca otra mujer víctima de feminicidio, de violencia sexual, o de otra forma de violencia basada en el género. Porque cuando se trata de una vulneración de derechos humanos en curso, como una detención arbitraria, “cada segundo, algo puede estar pasando ahí dentro. No hay un plano de poder esperar, sino que es una emergencia absoluta”.

Suponer que una persona cometió o va a cometer un delito simplemente por estar vestida de negro, es contrario a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso. Asumir que una persona pertenece a un determinado grupo dentro de un movimiento social, y que per se la vinculación a dicho grupo implica que la persona es responsable de delitos, constituye una vulneración del derecho de asociación, de la presunción de inocencia y de las garantías del debido proceso.

En entrevista con Amnistía Internacional, el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México reconoció la discriminación que enfrentan las mujeres que hacen parte del “Bloque Negro”, al señalar que no todas las personas que ejercen funciones en el Estado entienden las manifestaciones feministas, y por ello siguen usando la expresión “bloque negro” para referirse a un supuesto bloque vandálico o al velo para ocultar oposición política partidista. Refirió que él y otros funcionarios han comenzado a ver a las mujeres que hacen acción directa de forma distinta, como una forma de expresar que se está ahí; sin embargo, ese entendimiento no ha permeado en todas las autoridades.

La sospecha consistente en que las mujeres que visten de negro o están encapuchadas son violentas o van a cometer delitos, además de ser estigmatizante y contraria a la presunción de inocencia, ha llevado a las autoridades a tomar decisiones que implican un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza en el manejo de las protestas feministas y la afectación de manifestantes que participan pacíficamente.

 

Por ejemplo, el 28 de septiembre en la manifestación feminista por la despenalización del aborto en la Ciudad de México, las autoridades decidieron utilizar la técnica del encapsulamiento para abordar las acciones de destrucción de cristales en algunos edificios de propiedad pública y privada y el lanzamiento de bombas molotov por parte de algunas manifestantes. El encapsulamiento abarcó muchas más manifestantes que aquellas que habían utilizado violencia en un cordón muy estrecho, e implicó que todas las manifestantes, incluidas las que participaban de forma pacífica, no podían ir a comer, ir al baño o retirarse de la manifestación.

Además, las manifestantes entrevistadas y observadoras de derechos humanos coincidieron en señalar que mientras estaban encapsuladas, algunos hombres y mujeres policías accionaron extintores a corta distancia de ellas y les lanzaron gas pimienta, que disimulaban en un contenedor adjunto a los extintores que portaban. Sobre las alegaciones de uso de algún tipo de gas durante el encapsulamiento, el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México señaló que el gobierno de la ciudad no había utilizado gases durante la manifestación. Igualmente, varias personas asistentes a las manifestaciones coincidieron en que algunos y algunas policías les lanzaron petardos, conocidos como “palomas” a las manifestantes. Pasadas varias horas y como condición para poder salir del encapsulamiento, las autoridades exigieron a las manifestantes que mostraran sus mochilas para ser revisadas o se quitaran el cubrebocas, conducta que puede tener un efecto intimidante e inhibidor del derecho de las manifestantes a la reunión pacífica. 

Según el derecho internacional, la técnica del encapsulamiento puede ser usada únicamente para contener a grupos pequeños de personas violentas, y no debe utilizarse como una forma de vulnerar el derecho a la reunión de manifestantes pacíficas. La forma en que esta técnica fue usada en la Ciudad de México implicó una vulneración de los derechos humanos a la reunión y la libertad de las manifestantes. Además, se puso en riesgo el derecho a la salud de las manifestantes que permanecieron encapsuladas por varias horas sin tener acceso a agua o alimentos. De acuerdo con Ekma, feminista de la Ciudad de México, ella duró encerrada en el encapsulamiento alrededor de seis horas. 

El Secretario de Gobernación de la Ciudad de México expresó a Amnistía Internacional que las autoridades optaron por el encapsulamiento para evitar daños adicionales a algunos edificios, que habían sido realizados por algunas manifestantes. 

La elección del encapsulamiento de las manifestantes para contener los daños que algunas estaban realizando constituye una restricción indebida de los derechos de las manifestantes pacíficas, y fue una medida desproporcionada para aislar y controlar aquellas personas que pudieran estar ejerciendo actos de violencia.