Criminalización del aborto en Ecuador: el caso de Soledad

* * * copiado tal cual del informe "¿Por qué me quieren volver hacer sufrir? El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador" de Human Rights Watch

Soledad creció en la pobreza y su madre falleció cuando ella era joven. Cuidó a su padre hasta que murió y trabajó en la actividad de jardinería a la que él se dedicaba. Permaneció aislada socialmente y solo pudo cursar estudios hasta el nivel secundario. Soledad tenía más de 30 años cuando tuvo su primera relación sentimental, con un hombre con el que se casó. En 2015, a los 38 años, quedó embarazada por primera vez. Para Soledad y su esposo, se trató de un embarazo deseado, planeado y celebrado. No buscó obtener atención prenatal pues no sabía que era necesario, ya que sus hermanas habían dado a luz en sus casas.

Una noche, sintió un fuerte dolor abdominal y la necesidad imperiosa de defecar. Luego de ir al baño, la llevaron al hospital con una fuerte hemorragia. Allí se enteró de que había dado a luz de manera prematura en el baño y que su hija había muerto. Los médicos del hospital la acusaron de haberse inducido un aborto y le preguntaron reiteradas veces qué pastillas había tomado. " A mí los médicos me trataron mal, a mí me consideraraban como que yo era la culpable, no me trataron bien”, contó Soledad. “Yo les decía que me dolía el estómago, no me tomaban en cuenta, ellos mismos me acusaban a mí”. Los médicos llamaron a la policía y Soledad fue trasladada a un centro de detención en Latacunga, Cotopaxi.

“Me llevó la policía”, dijo. “El doctor dijo que estaba bien, pese a que yo me paraba y me bajaba sangre y me dieron una toalla sanitaria. Mi esposo se arrodilló pidiendo que no me lleven, pero me llevaron. Estaba muy asustada y les pregunté: ‘¿Adónde me llevan? ¿Por qué me llevan?’ Al salir del hospital caminando, sentí mareos. Y así como estaba, me fui en la patrulla.

“Cuando llegué a Latacunga, fue tres noches sangrando. Estuve empapada de sangre hasta la espalda. Les pedí que llamaran a los médicos; [les dije] que me iba a morir, y la policía me decía ‘silencio’... Nunca me dieron ningún medicamento ni me vio un médico. Al cuarto día, ya no sangraba tanto y poco a poco se fue quitando. Ningún médico vino a revisar si estaba viva o muerta. Luego me llevaron a otro pabellón y sentí miedo. Me llevaron a una sala de reuniones y me sentaron. Me dijeron: ‘Tú eres la que llegó con un problema por un bebé’… Tenía mucho miedo de que me lastimaran, porque en esos pabellones suelen hacer que las otras presas te golpeen”.

El fiscal acusó a Soledad de homicidio agravado tras un intento de aborto, pues sostenía que la hija de Soledad había nacido con vida. El fiscal pidió la pena agravada mínima de 26 a 34 años y 9 meses de prisión. Durante el juicio, prestó declaración un perito de la fiscalía; para esto, se basó en la docimasia, una prueba médica desacreditada que indicaba que el bebé había respirado antes de fallecer durante el nacimiento. Soledad fue declarada inocente, pero ya había pasado cinco meses en prisión mientras aguardaba el juicio y durante su tramitación. Quedó embarazada nuevamente; el embarazo era de alto riesgo y estaba tan traumatizada por su experiencia anterior que se sentía aterrada y no quería recibir atención prenatal. Finalmente pudo acceder a una buena atención de salud y, pese a todo, tuvo un bebé saludable.

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