Impacto social y económico de la criminalización del aborto en Ecuador

 * * * copiado tal cual del informe "¿Por qué me quieren volver hacer sufrir? El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador" de Human Rights Watch

La criminalización del aborto tiene vastas consecuencias nocivas en Ecuador. Se cobra vidas a través de la creciente mortalidad y morbilidad materna, al excluir a mujeres y niñas de los servicios esenciales y mellar los esfuerzos más generales orientados a promover la salud sexual y reproductiva. La penalización del aborto frustra las medidas urgentes que debería adoptar Ecuador para combatir complicaciones de salud evitables, la mortalidad materna y las violaciones de derechos humanos. Tal como lo demuestran los datos en el presente informe, los procesos penales —además de otros daños causados por la criminalización del aborto y el acceso limitado al aborto legal— afectan en forma desproporcionada a adolescentes, mujeres jóvenes y personas que ya se encuentran marginadas, como las personas indígenas y afrodescendientes y las mujeres y niñas que viven en la pobreza o en la pobreza extrema.

Aunque el alcance de la sentencia que dictó la Corte Constitucional del Ecuador se limitó a la cuestión de la “discapacidad mental” y la violación, la corte dejó abierta la posibilidad de una despenalización más amplia, al concluir que la Asamblea Nacional no puede eludir su responsabilidad de legislar para defender y proteger todos los derechos constitucionales de las mujeres y las niñas. En su voto concurrente, el juez Ramiro Ávila Santamaría concluye que: “El derecho penal no es la herramienta adecuada para proteger derechos en este contexto e insta la despenalización del aborto, junto con una reglamentación que garantice el acceso a servicios seguros para “proteger íntegramente el derecho a la salud contra posibles violaciones cometidas por terceras partes’”.

MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNA

La criminalización del aborto implica graves riesgos para la salud de mujeres y niñas. La interpretación limitada del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador respecto de la excepción sobre salud y riesgo para la vida, que contempla únicamente la salud física y la amenaza inminente para la vida, impide que la mayoría de las mujeres tengan acceso a abortos legales. Debido al temor a la criminalización y la estigmatización, a menudo quienes están legalmente habilitadas a realizarse un aborto terapéutico esperan a que se desarrollen complicaciones que pueden poner en riesgo su vida antes de acceder al aborto.

Diversas investigaciones realizadas en el mundo muestran de manera congruente que la criminalización del aborto no reduce la cantidad de prácticas de este tipo, sino que lleva a mujeres y niñas a recurrir a abortos en condiciones inseguras, que contribuyen a agravar la morbilidad y la mortalidad materna prevenibles. En Ecuador, el problema tiene una magnitud alarmante, y se registran altos índices de morbilidad y mortalidad materna.

En la región de América Latina y el Caribe se encuentran las leyes contra el aborto más restrictivas del mundo. América Latina y el Caribe también tienen la segunda tasa de fertilidad adolescente más alta del mundo y, tal como se mencionó anteriormente, Ecuador tiene la tercera tasa de embarazo adolescente más alta de la región.

La tasa de mortalidad materna de Ecuador en 2018 fue de 41,1 por cada 100.000 nacimientos. Ese año hubo 221 muertes maternas y, de estas, la mitad fueron muertes de adolescentes y jóvenes; 3 de ellas fueron niñas de menos de 14 años. Las desigualdades persistieron entre las mujeres, adolescentes y jóvenes de sectores más pobres y en las zonas rurales. Las muertes maternas tardías aumentaron de 21 casos en 2016 a 84 casos en 2018. En un informe reciente, el relator especial sobre el derecho a la salud recomendó a Ecuador que: “fortalezca el sistema de seguimiento y evaluación de las muertes maternas, incluidas las muertes maternas tardías, e intensifique la labor a fin de aplicar planes de reducción de la mortalidad materna”.

El riesgo es particularmente acentuado para las niñas embarazadas. La OMS informa que los embarazos adolescentes presentan importantes riesgos para la salud física, incluida la muerte. Las complicaciones causadas por el embarazo y el parto son la principal causa de muerte de niñas de entre 15 y 19 años a nivel mundial. El riesgo de muerte por las complicaciones relacionadas con el embarazo es incluso mayor en el caso de niñas de menos de 15 años. Las niñas tienen cuatro veces más probabilidades que las mujeres adultas de sufrir complicaciones fatales durante el embarazo o el parto, como la presencia de tumores placentarios, embarazos ectópicos, embarazos múltiples y complicaciones derivadas de alteraciones en el trabajo de parto, entre otras.

Las niñas de menos de 14 años que dan a luz pueden enfrentar graves consecuencias para la salud mental. En un estudio realizado por Planned Parenthood Global, una importante proporción de niñas que tuvieron partos informaron síntomas de depresión, ansiedad y, en particular para las que habían sido agredidas sexualmente, de estrés postraumático. Según las investigadoras de Planned Parenthood Global: “El 91 por ciento de los casos revisados en las historias clínicas, reflejan ‘sintomatología depresiva’ y ‘trastorno adaptativo’”. En Ecuador, las participantes entrevistadas para el informe de Planned Parenthood Global expresaron una variedad de emociones, como espanto, fastidio, abandono, miedo, dolor, culpa, tristeza, ansiedad y depresión.

Diversos estudios también concluyeron que las niñas embarazadas y que están al cuidado de sus hijos o hijas con frecuencia se ven obligadas a dejar la escuela como consecuencia del embarazo o para dedicarse al cuidado infantil. Otros estudios recientes han demostrado que las madres adolescentes tienen menos posibilidades de completar su educación y capacitación y, en consecuencia, enfrentan limitaciones en cuanto a oportunidades laborales, lo cual implica la posibilidad de que se refuerce el círculo de privación y embarazo adolescente. En 2020, la Corte Constitucional del Ecuador falló a favor de una mujer que presentó una demanda tras haber sido separada de la formación militar por estar embarazada. En su sentencia, la corte estableció que imponer sanciones o mayores cargas a una persona debido al embarazo constituye una forma de discriminación y que el embarazo, al igual que el sexo, es una categoría protegida.

La sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador relativa a la despenalización del aborto en casos de violación estableció que la Defensoría del Pueblo debía preparar y presentar, en el término de dos meses, “un proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en caso de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual”. La ley que apruebe la Asamblea Nacional debe garantizar que todas las sobrevivientes de violación puedan tener acceso a la atención de la salud en forma oportuna, confidencial e integral, lo cual incluye el aborto seguro y la atención posterior al aborto. Teniendo en cuenta los riesgos particulares sobre la salud física y mental de las niñas y adolescentes que quedan embarazadas como consecuencia de una violación, la ley debería cumplir con los estándares internacionales establecidos por el Comité de los Derechos del Niño, que ha instado a los gobiernos a que garanticen “el interés superior de las adolescentes embarazadas y se escuche y se respete siempre su opinión en las decisiones relacionadas con el aborto”.

El aborto es una práctica segura si se realiza en forma adecuada utilizando uno de los métodos recomendados por la OMS. Los abortos seguros se pueden realizar con comprimidos (aborto con medicamentos) o con un simple procedimiento ambulatorio. La OMS informa que el aborto con medicamentos es seguro y muy efectivo. Recomienda utilizar una combinación de los medicamentos mifepristona y misoprostol para interrumpir un embarazo. Cuando la mifepristona no se encuentra disponible, la OMS recomienda el uso exclusivo de misoprostol como el segundo mejor tratamiento recomendado. Ambos medicamentos se encuentran en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. La mifepristona no está registrada en Ecuador; el misoprostol está incluido en Ecuador como un medicamento esencial y básico para uso obstétrico y gastroentérico, que puede proporcionarse en los tres niveles de atención médica.

Según la OMS, las complicaciones del aborto inseguro incluyen las siguientes: “aborto incompleto (no se retiran o no se expulsan del útero todos los tejidos embrionarios); hemorragias (sangrado abundante); infección; perforación uterina (cuando se atraviesa el útero con un objeto afilado); [y] daños en el tracto genital y órganos internos”.

Algunas mujeres y niñas ecuatorianas pueden pagar a proveedores de salud idóneos para que las ayuden a interrumpir un embarazo en forma segura, incluso en este entorno restrictivo. Sin embargo, muchas de ellas —especialmente quienes viven en comunidades de bajos recursos y rurales, como Gladis— ponen en riesgo su salud y sus vidas para someterse a abortos inseguros, con frecuencia sin ninguna orientación por parte de proveedores capacitados. Algunas mujeres y niñas sufren graves problemas de salud, o incluso mueren, a causa de abortos inseguros.

En 2009, Gladis, una mujer identificada como indígena, se inyectó en el abdomen “Perrofin”, un veneno que se utiliza para matar animales callejeros, con el fin de interrumpir un embarazo no deseado. Más tarde se presentó en una sala de urgencias, donde los médicos la denunciaron ante la policía. Gladis fue condenada a dos meses de prisión por aborto consentido.

A pesar de que cada vez más mujeres que intentan interrumpir un embarazo pueden obtener misoprostol para interrumpir de manera segura su embarazo no deseado, siguen estando en riesgo de sufrir consecuencias negativas para la salud si no pueden obtener la información que necesitan para usar el método en forma segura y eficaz. La criminalización del aborto en Ecuador aumenta este riesgo al dificultar que las mujeres y las niñas tengan acceso a esta información.

La obstetra A, dijo a Human Rights Watch que “[L]as pacientes saben muy poco. Hay buena y mala información en Internet… Las mujeres compran el medicamento, pero no reciben información adecuada y no saben qué hacer. La mayoría tiene miedo”. La obstetra A recordó el caso de una paciente que llegó a la sala de urgencias con hemorragia abundante luego de haberse colocado 15 pastillas en la vagina (una dosis normal sería de 3 pastillas tomadas una por vez, en intervalos de varias horas). La vida de la mujer corría peligro debido a esta sobredosis, que ocurrió porque no tenía información precisa sobre cómo utilizar el medicamento. “La mayoría de las pacientes tienen pocos recursos, en especial las mujeres solteras y las estudiantes. Las pacientes se preocupan sobre todo porque no tienen los recursos económicos para llevar adelante un embarazo y luego cuidar del niño o niña. Muchas de ellas ya tienen hijos. Y la mayoría recibió poca educación”, declaró la obstetra A.

La falta de acceso a información precisa y confiable también puede causar que algunas mujeres y niñas busquen atención médica de emergencia porque no saben qué esperar durante un aborto con medicamentos. Sin esa información, se sienten alarmadas por los efectos de la medicación. Y entonces corren el riesgo de ser arrestadas y sometidas a procesos legales.

En 2010, Mónica, de 17 años y embarazada de 4 semanas, tomó Cytotec porque “estaba embarazada y no sabía qué hacer”. Mónica les dijo a los médicos que había encontrado información en Internet sobre cómo usar las pastillas para inducir el aborto. Compró las pastillas por 30 dólares. Una hora después de tomarlas, comenzó a experimentar sangrado vaginal y contracciones. Mónica se asustó y llamó a una amiga, que la acompañó al hospital. El personal médico del hospital llamó a la policía, y Mónica fue acusada de aborto consentido. Por ser menor de 18 años, fue condenada a tres meses de orientación y apoyo familiar de conformidad con el Código de la Niñez y Adolescencia.

El temor a un proceso legal también puede hacer que las mujeres y niñas no busquen atención médica pese a necesitarla con urgencia si experimentan complicaciones como consecuencia de un aborto inseguro o incluso ante un aborto espontáneo, lo cual aumenta los riesgos para su salud. Estas barreras al acceso al aborto y a una atención posterior al aborto adecuada representan un grave peligro para las vidas de mujeres y niñas. Las víctimas de violación sexual pueden enfrentar graves consecuencias psicológicas si son forzadas a llevar un embarazo a término.

A pesar de la aprobación oficial de la Guía de Práctica Clínica para el Aborto Terapéutico en diciembre de 2014, los profesionales de la salud entrevistados por Human Rights Watch manifestaron que la guía no se ha implementado de manera sistemática. El sistema de salud ecuatoriano ha interpretado en forma incoherente y arbitraria qué constituye una amenaza para la salud de la mujer. A menudo, en la práctica los riesgos que afectan la salud mental de una persona embarazada o las circunstancias sociales que inciden en su salud física o mental no se consideran suficientes para reconocer el derecho a un aborto no punible, lo cual contradice lo indicado en la guía. El gobierno no ha establecido plazos para la implementación. Los profesionales médicos entrevistados por Human Rights Watch manifestaron que, en su opinión, la implementación adecuada de la guía mediante una interpretación amplia e integral del concepto de salud desde la perspectiva de los derechos humanos podría contribuir sustancialmente a reducir la mortalidad y morbilidad materna asociadas con el aborto inseguro.

EXCLUSIÓN DE MUJERES Y NIÑAS A LA ATENCIÓN ESENCIAL DE LA SALUD

Obstaculizar el acceso al aborto seguro y legal tiene un efecto devastador y, con frecuencia, permanente en las vidas de las mujeres y niñas que se enfrentan a un embarazo no deseado. Los altos índices de violencia sexual, además del acceso mínimo a servicios de salud sexual y reproductiva, hacen que mujeres y niñas se vean obligadas frecuentemente a llevar a término embarazos no deseados.

En 2014, Jessica, de 18 años, se practicó un aborto con medicamentos con la ayuda de su amiga Karla, también de 18 años de edad. Jessica comenzó a sangrar y, cuando los dueños de la casa en la que se encontraba se dieron cuenta de lo que ocurría, llamaron a la policía. Aunque Jessica necesitaba atención médica, tanto ella como Karla fueron detenidas de inmediato. Ambas fueron acusadas de aborto consentido y pasaron 17 días en prisión antes de declararse culpables. Luego de su declaración de culpabilidad, y aceptar un proceso abreviado, fueron condenadas a recibir tratamiento psicológico, presentarse periódicamente ante la fiscalía, hacer trabajo comunitario y pagar una multa.

Los embarazos no deseados a una edad temprana son experiencias particularmente traumáticas. Los embarazos en niñas de menos de 14 años en Ecuador son el resultado de violación, tal como se define en el código penal de Ecuador, cometido frecuentemente por familiares u otros hombres cercanos a ellas. Las niñas y adolescentes muy jóvenes tienen menos posibilidades de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, como la anticoncepción y la información de salud necesarias para encontrar servicios integrales de salud reproductiva, incluido el aborto, y esto las convierte en una población particularmente de alto riesgo.

En un testimonio brindado al Comité de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2020, Johana* de Ecuador explicó lo siguiente: “A los 8 años… mi mamá me dijo que vaya a dar de comer a las gallinas… En ese momento llegó mi padrastro… Yo lloraba y le decía que quería irme, pero me desvistió y él me violó… Empezó a seguir violándome y yo solo pensaba en morirme… Cuando tenía 12 años solo supe que estaba embarazada, yo no sabía porque nunca tuve la menstruación. Yo solo pensaba que me estaba engordando, ahí mi padrastro decidió sacarnos de la escuela y ya nadie fue a preguntar por qué no íbamos. Cuando tenía una barriga muy grande… mi mamá me dijo que he de estar preñada y yo enojada le dije de estar ‘preñada de tu marido’… Yo supe que estaba embarazada porque había visto a los animales y ya supe lo que eso era…. Empezó mi labor de parto y me llevaron al centro de salud… querían hacerme el tacto pero yo por nada del mundo quería sacarme el pantalón, las doctoras me insultaban, me decían ‘¡que para qué he abierto las piernas!’. Me mandaron a bañar y me pusieron unas cosas que me ajustaba el vientre, ahí fui al baño, me quedé dormida, yo solo quería morirme… Solo recuerdo que decían que el bebé ya debía haber nacido y ahí me hicieron una cesárea… me trajeron la guagua y yo me di la vuelta, yo no quería verle… los médicos me cogían el seno para darle de lactar a la bebé, eso fue por 3 días… Cuando yo tenía 14 años me junté con Pedro*. Yo viví con él 9 años y tuve dos hijos más. Cuando tenía 15 años llegó Norma* [hermana de Johana]. Norma me avisó que mi papá la estaba violando y ella se quedó conmigo… pusimos la denuncia…, solo supimos que mi papá se murió [varios años después]. Hace 3 meses me separé… Ahora vivo aquí cuidando chanchos y estoy tranquila. Quisiera decir que si alguna vez ven a una niña, que no le dejen sola, es fácil darse cuenta si algo le pasa, el silencio, ellas callan. Quisiera que ninguna niña viva lo que nosotras vivimos”.

Las niñas que se ven obligadas a ser madres con frecuencia dejan de asistir a la escuela y sufren altos niveles de violencia y pobreza. La maternidad forzada en las niñas perpetúa los ciclos de discriminación y pobreza. Tiene un efecto negativo sobre la salud mental, física y social de las niñas y las hace vulnerables a mayores riesgos de mortalidad materna, ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático y suicidio. En Ecuador, un estudio de 2015 analizó las historias clínicas de 139 niñas que se vieron obligadas a ser madres antes de cumplir los 14 años y observaron que más del 90 por ciento mostraba “síntomas de depresión” y “trastorno adaptativo”.

Human Rights Watch examinó nueve expedientes sobre niñas de menos de 18 años que fueron judicializadas por aborto. En dos de los nueve casos, sobre una niña de 17 años y otra niña de 15 años, las demandadas en un principio fueron imputadas como adultas. Siete casos se resolvieron por suspensión condicional de la pena, según se establece en el Código de la Niñez y Adolescencia, establecido en 2014. Con frecuencia en estos casos, los jueces dispusieron que se brindara terapia psicológica y “apoyo familiar”. La niña de 15 años fue acusada de homicidio y pasó cuatro años y tres meses en un centro de detención juvenil. En el otro caso, la niña de 17 años fue condenada a tres meses de arresto domiciliario, aunque no tuvo que estar más tiempo detenida dado que ya había pasado 18 meses de arresto domiciliario durante el juicio.

DEBILITAMIENTO DE LOS ESFUERZOS TENDIENTES A COMBATIR LAS VIOLACIONES SEXUALES Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La criminalización del aborto, hace más difícil que el gobierno pueda revertir los índices alarmantes de violencia contra las mujeres del país.

La violación tiene graves efectos sobre la salud de la mujer, y prohibir un aborto luego de que se haya experimentado este tipo de violencia implica no tener en cuenta el derecho de las mujeres ecuatorianas de acceder al aborto terapéutico cuando su salud se encuentra en peligro, lo cual incluye la salud mental y social. Expertos internacionales han manifestado que negar la posibilidad de aborto seguro a víctimas de violación sexual o incesto, según las circunstancias, puede equivaler a tortura o un trato cruel, inhumano o degradante. El Comité contra la Tortura, que supervisa que los estados cumplan con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT), ha señalado que la prohibición del aborto en casos de violación implica “para las mujeres afectadas una constante exposición a las violaciones cometidas contra ellas, lo que supone un grave estrés traumático con el riesgo de padecer prolongados problemas psicológicos”. 

La reciente sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador de despenalizar el aborto en todos los casos de violación es un paso importante; la Asamblea Nacional debe actuar rápidamente para cumplir la sentencia. Su negación constituiría una vulneración del derecho a la salud. Además, agudizaría el daño que ya implican los índices generalizados de violación sexual y otras formas de violencia de género del país. Hasta abril del 2021, Ecuador había fallado en cumplir con las reiteradas recomendaciones que formularon los organismos de las Naciones Unidas que instan a despenalizar el aborto en casos de violación.

En general, los hechos de violencia sexual no se denuncian en Ecuador. Incluso cuando se hace una denuncia, pocos casos terminan en condena. Según datos de la Fiscalía General del Estado obtenidos por organizaciones de la sociedad civil, solo el 17 % de los casos en los que se denunció violencia sexual contra una niña terminaron en condena en Ecuador entre 2016 y 2017. La ley actual sobre aborto desalienta que las mujeres y niñas que se someten a abortos o que experimentan emergencias obstétricas luego de ser victimizadas denuncien la violencia sufrida, ya que es probable que las sobrevivientes teman que brindar información sobre una violación haga que el personal sanitario concluya que ellas mismas han provocado el aborto. Esto dificulta la detección de la violencia contra las mujeres y niñas y contribuye a agravar la impunidad de estos hechos.

COSTOS ECONÓMICOS DE LA CRIMINALIZACIÓN

Ecuador también paga un alto costo económico por penalizar el aborto. Según un estudio realizado por el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador en 2017, el país gasta casi 5 millones por año en atención de complicaciones relacionadas con abortos inseguros. Algunas estimaciones calculan que un aborto no punible tiene un costo para el Estado de $160, mientras que atender las consecuencias de un aborto inseguro le cuesta al Estado $232. Ecuador pierde $448 millones por año debido a los embarazos no deseados.

En 2019, según el Ministerio de Salud del Ecuador, 21,939 mujeres recurrieron al sistema de salud pública ecuatoriano para recibir atención por abortos provocados o espontáneos, lo cual incluye a quienes solicitaron abortos inducidos o atención por abortos incompletos. El 42 por ciento (9,309) de quienes solicitaron atención eran niñas o jóvenes de menos de 24 años. En 2017, se señaló en los medios de comunicación que, según el gobierno, los abortos —que sumaban 19,737 ese año— eran la segunda causa principal de morbilidad femenina, mientras que los datos de ingresos hospitalarios muestran que los abortos se encuentran entre las diez causas principales de morbilidad femenina.

En países donde se garantiza el aborto seguro, legal y accesible, las mujeres y niñas que enfrentan embarazos no planificados pueden buscar libremente consejo y asesoramiento médico profesional y confidencial sobre sus opciones. La despenalización del aborto no solo ayuda a las mujeres y niñas a acceder al procedimiento, sino que además les ofrece mayor apoyo al momento de tomar decisiones, incluida la decisión de no interrumpir el embarazo. El asesoramiento previo al aborto puede permitir detectar si existen presiones indebidas o coerción por parte de parejas, padres/madres u otras personas para interrumpir el embarazo, y posibilitar que los profesionales de la salud ayuden a las pacientes a postergar la decisión o recibir asesoramiento adicional u otras derivaciones, según sea necesario.