Obstáculos para acabar con el trafico de mujeres y niñ@s
© MESECVI
Fuente:
http://www.oas.org
Al
considerar las políticas y los sistemas legislativos mencionados, de los que se
dispone para combatir el tráfico, es importante resaltar cómo han sido
aplicadas en la práctica estas medidas.
Sobre todo, la implementación de las medidas de protección vigentes es
escasa, lo que contribuye a la impunidad de los traficantes y a que no lleguen
a las víctimas y sobrevivientes del tráfico los servicios necesarios. Uno de los problemas más sustanciales es la
escasez de recursos, tanto humanos, técnicos
como financieros. Una gran
mayoría de las unidades policiales y de inmigración de la región desempeña sus funciones sin un equipo
adecuado (computadoras, vehículos, cámaras de video, grabadores, teléfonos,
faxes, etc.). Con la escasa tecnología disponible, actividades tales como el
control estricto de las fronteras y las operaciones secretas se ven sumamente
comprometidas. Dichas fuentes indicaron
la necesidad de incrementar la dotación de personal -en la policía y la
justicia, la inmigración y los servicios de protección y bienestar. La escasez
de personal hace que se sigan ignorando problemas acuciantes y no ha permitido la especialización
necesaria, especialmente cuando se responde a las actividades de tráfico, a sus
víctimas y sus sobrevivientes. Por
último, las limitaciones financieras generales han exigido que los servicios
del Estado establezcan prioridades.
Debido a la falta de información sobre el tráfico, las escasas
denuncias, la falta de presión política y otros factores, la cuestión pierde
competitividad para obtener los escasos recursos.
Existen
ciertas iniciativas que mantienen el status quo. Como la experiencia reciente ha enseñado a
muchos países de otras regiones del mundo, una respuesta efectiva al tráfico no
sólo debe focalizar la conducta criminal, sino también ofrecer servicios de
protección, recuperación e integración a
las víctimas. Se ha recomendado que
estas medidas de protección de los derechos humanos incluyan el ofrecimiento de
refugio, asistencia letrada, atención médica y asesoramiento, programas de visa
temporarias en los Estados de destino para permitir que las víctimas se
recuperen y participen en los procesos judiciales, así como programas de apoyo
y de capacitación profesional para quienes regresan a sus países o regiones de
origen. Para una infraestructura ya
empobrecida, estas obligaciones financieras pueden ser demasiado onerosas.
Pese a
reconocerse las limitaciones de recursos, ello de por sí no explica la
negligencia generalizada. Muchos otros
factores contribuyen a la inacción existente, los más visibles de los cuales
son los siguientes: 1) escasez de información sobre el tráfico y un número
mínimo de denuncias de parte de las víctimas; 2) ausencia del tema en los
temarios nacionales y regionales; 3) deficiencias en los mecanismos encargados
de hacer cumplir la ley; 4) falta de idoneidad y de servicios especializados, y
5) una coordinación mínima entre los actores pertinentes a todos los niveles
(dentro de los organismos; entre instituciones y entre gobiernos). Estos
elementos con frecuencia confluyen, por lo cual reducen la posibilidad de una
intervención positiva contra el tráfico e incrementan las posibilidades de que
se siga haciendo víctimas del tráfico o se vuelva a ser víctimas del tráfico a
mujeres y niños.
Necesidades
de información
El
proceso de consulta e investigación en la región ha revelado cómo hasta qué
punto las instituciones del Estado y, en menor medida, las organizaciones no gubernamentales,
desconocen el problema del tráfico. Esta
falta de conocimiento no ha de sorprender, dado el gran vacío de información
que ha permitido que el problema se mantenga en gran medida oculto.
Los
sistemas de datos existentes no producen una información que ayude a elaborar
una clara comprensión del fenómeno. Los
registros de las autoridades policiales y judiciales sobre el tráfico y delitos
afines sólo reflejan los casos resultantes de denuncias, que por muchas razones
son sumamente raros. Los informes sobre
el bienestar del niño utilizan las clasificaciones más elementales para
registrar a los niños –sea como adolescentes en conflicto con la ley o en
riesgo. La información que puede
revelarse en el curso del tratamiento no llega a las bases de datos
generalizadas. Las estadísticas sobre
migración, cuando existen, rara vez establecen un desglose por sexo y/o edad y
no informan de las condiciones de salida o retorno. Los sistemas de control de la salud de las
trabajadoras sexuales y los programas focalizados en el VIH/SIDA, aunque
ofrecen una información sistemática, revelan sólo indicadores indirectos sobre
el tráfico. Además, estos registros
difícilmente incluyan a la población de mujeres y niños traficados en las
circunstancias más extremas –los que no pueden o no quieren tener acceso a los
servicios. Actualmente, no se dispone de
ninguna estadística que cuantifique con precisión la magnitud del tráfico en la
región o dentro de cada país.
La
escasa información que se recaba no se distribuye debidamente. A lo largo y ancho de la región, se relataron
a los investigadores instancias en que la información clave no era compartida
con las autoridades pertinentes. Por
ejemplo, los inspectores de trabajo que sabían de niños que trabajaban en bares
y centro nocturnos no coordinaron la información con la policía y las
autoridades judiciales; estas no informaron a los consulados de los casos de
tráfico que involucraban a sus nacionales, sea como acusados o como víctimas;
los consulados, por su parte, no han informado a las autoridades policiales y
judiciales de sus países de origen, inclusive en los casos en que el
reclutamiento y otras actividades se producen en esos países. La lista de sospechosos de estar involucrados
en el tráfico internacional con frecuencia no está a disposición de todos los
puestos fronterizos. Por último, fuentes
de las ONG y de la sociedad civil poseen información valiosa que no siempre
llega a los actores estatales.
Los
sistemas de recolección e intercambio de información tienen que coincidir con
los de los propios traficantes.
Parecería que, a estar de las entrevistas, la inteligencia, inclusive la
generada por el gobierno, con frecuencia es más fácil de obtener en el mercado
negro que a través de los conductos oficiales.
En varios Estados, los fiscales y los abogados se quejan de la
incapacidad de responder con suficiente rapidez a las denuncias. Las batidas coordinadas de los
establecimientos con frecuencias comprueban que el bar había sido cerrado o que
están ausentes los menores que se habían denunciado trabajaban allí unas pocas
horas antes. Las autoridades sospechan
que existe corrupción pero es muy escasa la acción emprendida para abordar el
problema.
Inexistencia de compromiso político
Quizás
debido a la falta de información, el problema del tráfico de personas y
particularmente el tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual
comercial no ocupa un lugar prioritario en los temarios nacionales. Se está prestando cierta atención a través de
iniciativas de política contra la explotación sexual comercial de niños. Pero inclusive en los casos que en tales
plataformas se incluyen textos contra el tráfico, no ofrecen una explicación
acabada. Las recomendaciones de medidas
rara vez responden a la naturaleza particular del tráfico –el traslado forzado
que lo diferencia de otras prácticas de explotación. Además, estas políticas enfrentan la falta de
un financiamiento independiente y la frecuente desestabilización de sus órganos
de coordinación en la región. Aún menos
atención se presta al tráfico de mujeres.
De los ocho Estados, la República Dominicana era el único que había
asignado recursos institucionales para combatir el tráfico de mujeres.
A falta
de declaraciones de política firmes, ha sido difícil lograr que se preste
atención al problema. Las instituciones
encargadas de hacer cumplir la ley, de la inmigración y el bienestar, que
cuentan con numerosas competencias conflictivas, se ocupan de otros
problemas. Además, la coordinación entre
los organismos se hace difícil a falta de una visión clara y unificada que
pueda reconocer los papeles correspondientes a cada institución y a la sociedad
civil.
Desafíos de la aplicación de la ley
La
aplicación de sanciones penales y administrativas contra los traficantes es
sumamente frágil en la región y, ello, por una serie de razones. Ante todo, está el problema de las
denuncias. La actitud prevaleciente en la
policía y la justicia es que el delito de tráfico no ocurre si no es denunciado. En muchos casos esta posición refleja un
requisito legal que sólo permite la investigación del tráfico de adultos previa
denuncia oficial./ Dado que son muy
escasos los informes o denuncias de tráfico que involucra a mujeres, los
recursos y el tiempo se dedican a otros problemas. Aún en el caso del tráfico de niños, no se
realizan investigaciones independientes a menos que se establezca esa
prioridad, lo que rara vez ocurre.
Además, las dependencias están mal equipadas para realizar operativos
secretos debido a la falta de capacitación, tiempo y equipo técnico.
En la
práctica, los casos de tráfico son procesados sobre la base de las
declaraciones de la víctima y muy poco más.
La cooperación tras los procedimientos iniciales en general plantea deficiencias
y en la mayoría de los casos son desestimados por falta de pruebas. Los Estados son particularmente incapaces de
manejar los casos de tráfico en que la víctima es un extranjero y carece de
medios independientes para mantenerse en el país. Los casos comúnmente se abren con una
declaración inicial de la víctima pero son abandonados después que la persona
es deportada o devuelta al país de origen.
Compete a la víctima encontrar los medios para regresar a brindar
testimonio ante la justicia dentro de los plazos correspondientes.
En la
práctica, las medidas policiales y judiciales tienen mayores consecuencias
(positivas y negativas) para la víctima que las del traficante, dado que es más
fácil aplicar la legislación correspondiente a las circunstancias de la
víctima. En lugar de procesar a los
traficantes, los funcionarios policiales y judiciales en la mayoría de los
casos simplemente deportan a las víctimas. Se concentran en el arresto de
adultos en base a cuestiones de inmigración , cuando muchos de ellos pueden ser
víctimas, y rescatan a las víctimas menores en base a preocupaciones de
protección. Dado que las acusaciones
penales vinculadas al tráfico y otros delitos han demostrado ser difíciles de
procesar, especialmente cuando no se dispone de testigos materiales, el
traficante permanece impune.
Tráfico de niños
El
tráfico de menores implica una mayor responsabilidad y carga para los gobiernos
y los proveedores de servicios que los adultos debido a la vulnerabilidad
particular de esta población. El
creciente número de niños no acompañados en el proceso de migración sólo
incrementará el número de víctimas menores potenciales del tráfico sexual.
En base
a las entrevistas, la identificación de niños en el tráfico se hace cada vez
más difícil con el uso de identificaciones falsas y debido a que se aconseja a
los menores declarar a las autoridades una edad mayor. Una vez identificados, los niños rara vez
obtienen la atención y el tratamiento necesarios de acuerdo con su
experiencia. Las instituciones estatales
encargadas del cuidado de los niños fueron categorizadas como las peores de la
región, al estar afectadas por falta de financiamiento y de recursos humanos
(en cantidad y calidad) y una organización deficiente. Como informa Casa Alianza, las niñas
traficadas rescatadas de burdeles en Ciudad de Guatemala a comienzos de julio
fueron alojadas en la penitenciaría “por su seguridad.” Las instituciones rara vez ofrecen programas
de integración y el seguimiento de los casos es prácticamente inexistente
Necesidades en materia de especialización
Si bien
las autoridades policiales y judiciales han avanzado hacia el establecimiento
de unidades especializadas para atender delitos tales como la violencia contra
la mujer, la explotación sexual de niños y el delito organizado, la mayoría de
ellas están escasamente financiadas y
pocas superan las fronteras de la capital de los países. El problema surge cuando una rama está especializada
pero las demás ramas fundamentales para la investigación y otras actividades
mantiene un carácter generalizado. La
información con frecuencia se pierde o se canaliza erróneamente en un trámite
necesario entre ellas.
La
capacitación especializada en delito organizado, incluido el tráfico de
personas, se está iniciando con la existencia y cooperación de países tales
como Estado Unidos y España, pero muchos de los consultados observaron que, una
vez capacitados, las personas con frecuencia no van a ocupar los cargos donde
pueden utilizar la especialización o se imparte la capacitación a personas que
ya se ocupan de cuestiones diferentes.
Los
cambios de administración con frecuencia complican la continuidad de las
políticas y los servicios. En el curso
de esta investigación, Nicaragua, Costa Rica y Honduras tuvieron elecciones
presidenciales que alteraron radicalmente el contexto gubernamental. Los programas establecidos por la
administración anterior, inclusive del mismo partido político, fueron
interrumpidos por su evaluación e inclusive suspendidos. Un alto porcentaje del personal político y
técnico fue sustituido, sacrificando todo fortalecimiento de la capacidad que
se hubiera logrado en el gobierno anterior.
Falta de cooperación y coordinación regional o
internacional
El
tráfico en la región comúnmente implica un movimiento transnacional; sin
embargo, no existe una coordinación de las actividades policiales y judiciales
a través de esa frontera. El rescate de
menores extranjeros puede dar inicio a una investigación por parte de la
policía y la justicia en el país de destino, pero la información sobre los
casos nunca es trasmitida a los organismos policiales y judiciales del país de
origen. Inclusive a lo largo de las
zonas fronterizas, los funcionarios gubernamentales no han emprendido ninguna
actividad bilateral para hacer cumplir la ley.
Como lo señaló un investigador policial de Nicaragua, la comunicación
entre las contrapartes es vital no sólo para intercambiar información sino
también para comprender mejor las capacidades y las limitaciones humanas y
tecnológicas del otro país. Ninguna de
las dependencias policiales y judiciales consultadas tenían capacidad para
realizar llamadas telefónicas o trasmitir faxes a nivel internacional. INTERPOL ayuda en escasa medida suministrando
listas de fugitivos internacionales pero pocos agentes consultados consideraron
que la INTERPOL tenía una participación suficientemente activa.
Los
principales mecanismos de intercambio de información regional son los
consulados, las oficinas de los defensores de los derechos humanos y las
organizaciones no gubernamentales. Los
consulados han constituido un importante enlace entre los peticionarios, tales
como los padres de menores desaparecidos y los organismos policiales y
judiciales locales del país anfitrión.
Las denuncias recibidas a través de las oficinas de los defensores de
los derechos humanos en un país habitualmente son compartidas con la
institución de contrapartida del país afectado.
Por último, la vaga red de organizaciones de derechos humanos que acepta denuncias sobre
estos problemas habitualmente se apoyan mutuamente en la investigación,
transmisión de denuncias a las autoridades locales o información a la prensa. Estas redes de comunicaciones han demostrado
ser sumamente eficaces y están en condiciones de brindar la protección
necesaria y los servicios de integración a las víctimas. Sin embargo, estas instituciones están
significativamente restringidas: las organizaciones e instituciones a menudo
están restringidas en su capacidad para continuar otras investigaciones y
carecen de competencias para procesar y arrestar a los traficantes. En ausencia de una coordinación similar entre
los organismos policiales y judiciales, el problema del tráfico en la región
sólo será encarado pero no resuelto.
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