Tráfico de mujeres y niñ@s en Latinoamérica 2

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Fuente: http://www.oas.org

El tráfico es un delito y una violación de los derechos humanos que afecta individualmente a cada país de la región ampliada de Centroamérica en su conjunto.  Las mujeres y los niños son traficados con fines de explotación sexual dentro de los países, dentro de la región y a nivel internacional.  Las redes de contrabando y tráfico explotan las necesidades económicas y las ambiciones de una vida mejor de los ciudadanos más vulnerables de la región.  El comportamiento de estas redes delictivas –que existen a todos los niveles de organización y perfeccionamiento- siguen prácticamente incontroladas, lo que estimula aún más el tráfico.  Los niños, muchos de los cuales han sufrido abuso sexual en el pasado, se tornan especialmente desprotegidos contra las bandas  de explotación nacional e internacional, estimuladas por un creciente mercado de prostitución infantil.

Los traficantes actúan primordialmente mediante engaño, con falsas promesas de un empleo decente en maquilas, restoranes, bares, hoteles y hogares, entre otros.  Luego de estas promesas de prosperidad, las mujeres y los niños son forzados a la servidumbre sexual para solventar los gastos de transporte y otras deudas.  El control se mantiene mediante violencia y amenazas, deudas y multas, restricción al acceso a sus ingresos, restricciones físicas y uso de guardias armados, y demostraciones de impunidad mediante una colaboración abierta con las autoridades.  La inversión inicial en migración y la falta de alternativas visibles una vez transportados, dejan a las mujeres y los niños sin opciones.  El riesgo de deportación, de devolución o institucionalización (en el caso de los menores) mantiene a muchas víctimas en silencio acerca de su situación.

En el curso  del tráfico, los traficantes violan los siguientes derechos humanos de sus víctimas:

- El derecho a no ser esclavizado, a no ser sometido a una servidumbre involuntaria o a condiciones prácticamente de esclavitud;

- El derecho a estar libres de explotación;

- El derecho a estar libres de un trato cruel e inhumano;

- El derecho a estar libres de la violencia;

- El derecho a estar libres de la discriminación basada en el género;

- El derecho a la salud; y

- La garantía de libertad de movimiento

La tolerancia de la sociedad de la explotación sexual comercial de mujeres y niños, los tabús en relación con la sexualidad y una cultura  que desalienta la denuncia de sospecha de tráfico y explotación sexual contribuyen a dar invisibilidad al fenómeno.

Hasta ahora, los mecanismos de respuesta del gobierno son inexistentes o inadecuados.  El desinterés, la corrupción y la limitación de recursos  reinan en las comunidades policiales y judiciales y de inmigración, lo que ha limitado gravemente su eficacia.  Los procesamientos penales por tráfico sexual y delitos conexos son mínimos y las condenas son muy raras.  Los organismos de bienestar del niño y la mujer ofrecen pocos servicios o servicios insuficientes para satisfacer las necesidades especiales de los sobrevivientes del tráfico.

En términos generales, la región sufre una absoluta escasez de estrategias de  prevención, protección, eliminación e integración.  El tráfico de niños ha despertado una atención incipiente pero la falta de financiamiento y otros obstáculos han impedido la implementación de programas focalizados.

La información disponible pinta un panorama perturbador de delincuentes que actúan con casi absoluta impunidad y la inexistencia de identificación, tratamiento y protección de las víctimas.  Existen numerosos foros para la acción, la defensa y la atención del problema pero no se utilizan actualmente, en parte, porque el tráfico de personas no ocupa un lugar preponderante en el temario de la mayoría de los países de la región.   Estas instancias, de ser movilizadas, pueden crear conciencia, ayudar a armonizar la recolección de datos de diferentes instituciones  y países, contribuir a la investigación, a la redacción de documentos de política y a la reforma legislativa, así como a articular estrategias para protección e integración de las víctimas, la prevención y la sanción.

RECOMENDACIONES

Para que sean efectivos, los esfuerzos encaminados a abordar el problema del tráfico, exigen que los Estados adopten tácticas que respondan a la dinámica específica del problema.  El tráfico involucra actividades intra estatales e internacionales que abarcan a poblaciones vulnerables en gran medida incapaces de aprovechar ellos mismos los mecanismos de protección existentes.  Ello exige una estrategia del Estado que ataque el problema a nivel regional, internacional y local.

A. A nivel regional

1.  Creación de un marco regional.  Como lo revela esta investigación y la larga historia del tráfico sexual en la región, todavía no existe una comprensión común del tráfico y un acuerdo en torno a principios básicos.  Sin embargo, la  respuesta coordinada necesaria no puede surgir si no existe ese acuerdo.  Dado que una serie de instrumentos internacionales ofrecen un contexto útil a través del cual se puede abordar este problema, se recomienda que los gobiernos:

a.  Aprueben la Convención de la ONU sobre el Delito Transnacional Organizado y su Protocolo sobre Tráfico.  La Convención de la ONU sobre el Delito Transnacional Organizado y su Protocolo sobre Tráfico, ya adoptado por la comunidad internacional y que se prevé entre en vigor en un futuro cercano, puede ser utilizado para introducir un lenguaje uniforme que facilite la creación e implementación de estrategias regionales.  La ratificación de estos documentos significará una orientación sustancial para los Estados que empiecen a abordar el problema del tráfico en la región.

b.  Implementen los tratados afines existentes.  Reconociendo que la Convención sobre el Delito Organizado y su Protocolo sobre Tráfico fueron diseñados para ayudar a los Estados a combatir el delito internacional, las disposiciones del Protocolo sobre Tráfico deben entenderse como complementarias de las protecciones de derechos humanos relacionadas con el tráfico contenidas en tratados universalmente ratificados por los Estados de la región: La Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención No. 182 de la OIT, la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana de Belém do Pará.  Con ese fin, los Principios Básicos y las Directrices sobre Derechos Humanos y Tráfico Humano impartidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ofrecerán una orientación importante. 

c.  Aprueben la Convención Interamericana Contra el Tráfico de Niños y el Protocolo Opcional sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Pornografía Infantil.

d.  Coordinación a través del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).  Dada las similitudes en la legislación existente sobre tráfico, la armonización de la legislación vigente entre los distintos países y el mejoramiento de esa legislación en los casos en que sea necesario, se puede ver facilitado a través del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y con la formulación de una legislación modelo contra el tráfico que incluya todas las formas de explotación.

2.  Coordinación regional. El tráfico en los países que participaron de este estudio parece tener una dinámica regional importante.  Particularmente entre los Estados de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice, el tráfico se produce prácticamente desconociendo las fronteras entre los Estados.  Como se ha demostrado, la respuesta internacional necesaria a nivel policial, judicial, de inmigración y de organismos de bienestar infantil y de protección de la mujer y otros, se ve limitada por las fronteras nacionales. A efectos de abordar estos problemas se recomienda:

a.  Acuerdos bilaterales y multilaterales.  Los mecanismos regionales y los acuerdos bilaterales y multilaterales en estas esferas son instrumentos necesarios para la acción pese a la separación física de los Estados.  En base a la actividad de tráfico actual, los aspectos prioritarios para los acuerdos regionales incluyen:

- Cooperación policial, judicial y de investigación e intercambio de inteligencia;

- Regreso seguro de los ciudadanos traficados;

- Procedimientos especiales para intervenciones, tratamiento, protección y devolución de niños traficados dentro de la región;

- Mecanismos para la participación de testigos materiales no nacionales de las víctimas en los procesos penales y demás procesos legales, y

- Sistemas y bases de datos para la recabación de información a nivel regional.

b. Foros bilaterales y cooperación de las organizaciones.  Los mecanismos y foros regionales existentes -gubernamentales, no gubernamentales y mixtos- pueden desempeñar un papel importante en el diálogo entre los Estados.  Además, la coordinación entre organizaciones no gubernamentales que actualmente contribuyen a combatir el tráfico también se puede estimular más; deben fomentarse la cooperación entre actores estatales y no estatales.

B. A nivel nacional

El tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual comercial en la región ha demostrado de por sí ser un asunto complejo y delicado que afecta a la dignidad básica y los derechos humanos fundamentales de sus víctimas.  En consecuencia, se requerirán estrategias para combatir  la actividad de tráfico que aborden la diversidad de problemas que contribuyen a su existencia.  Acciones amplias coordinadas entre todos los actores pertinentes al cumplimiento de la ley, los departamentos de inmigración, los servicios sociales y de salud, las entidades educativas, laborales, de relaciones exteriores y de derechos humanos ayudarán a responder a esta característica del tráfico.

1. Creación de un sistema de información completo

Para formular una política y cuantificar los gastos y el logro de metas identificadas, es necesario  primero crear sistemas de información adecuados para cuantificar el problema.  A estos efectos, se recomienda que los gobiernos creen un sistema centralizado de gestión de la información para recabar, ordenar, analizar y distribuir datos confiables sobre tráfico.  Este sistema de recolección de datos debe ser sensible a la manera en que se almacena la información en otros sistemas, inclusive que: 

- La información puede estar registrada por una serie de instituciones diferentes: la policía y la justicia, las autoridades de migración, los departamentos de salud y de trabajo, las oficinas de los defensores de los derechos humanos y el sector de la justicia en general.

- Los datos pueden estar ocultos u obscurecidos por sistemas de registros particulares de una determinada institución.

- La información disponible puede no recabarse debido a que los formularios son incompletos o con otras deficiencias.

2. Establecimiento de un contexto de política integrado.  Una acción amplia y coordinada entre todos los actores relevantes de la policía y la justicia, inmigración, servicios sociales, salud, educación, trabajo, relaciones exteriores y derechos humanos ayudará a responder al carácter multidimensional del tráfico.  Como se hizo en el caso de la explotación sexual comercial de niños y del trabajo infantil, un plan de acción nacional sobre el tráfico de personas puede contribuir a crear conciencia, estimular la denuncia, articular objetivos claros de política y asistir en el intercambio de información entre instituciones.  También es un medio para fortalecer  y hacer valer las obligaciones jurídicas internacionales a través de la región, como es el caso de la CRC, la Convención N°182 de la OIT, la COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER y la Convención Interamericana de Belém do Pará.  Los planes también puede reforzar las disposiciones vigentes sobre el tráfico en los planes nacionales contra la explotación sexual comercial de niños y otras políticas.

3. Liderazgo efectivo del Estado. La experiencia en la formulación  e implementación de políticas en la región ha demostrado la importancia de un liderazgo firme e independiente a cargo de un órgano coordinador y la necesidad de recursos financieros independientes para financiar el plan.  Es importante que exista un grupo técnico independiente, con personal y financiamiento suficientes para supervisar y gestionar este proceso.  Dada la característica permanentemente cambiante del tráfico, será crucial el exámen y la actualización periódicas de las políticas, los planes y las iniciativas.

4. Adaptación de los programas para atender las necesidades de las personas traficadas.  Como se señaló reiteradamente, el flagelo del tráfico no se puede enfrentar totalmente -sea en términos del procesamiento de los traficantes o de la corrección de los daños del tráfico- sin prestar atención cuidadosa a las necesidades de las víctimas del tráfico.  Se han documentado claramente que las necesidades específicas de las personas traficadas son singulares en comparación con otras víctimas del delito.  En particular, el hecho de que el tráfico involucre el traslado hace que la víctima no cuente con las fuentes normales de protección.  Esto incluye los servicios gubernamentales que no están al acceso de las víctimas traficadas en el exterior.

a. Capacitación de funcionarios. El primer desafío es identificar a las víctimas y orientarlas hacia una atención adecuada.  La existencia de funcionarios sensibles y capacitados en el área de la protección en todos los puntos de la experiencia del tráfico (desde el reclutamiento a la recuperación) puede contribuir a garantizar que se reconocen y se atienden las necesidades.  La capacitación debe estar orientada a los funcionarios que más probablemente entrarán en contacto con las víctimas, incluidos

- Funcionarios consulares: los funcionarios consulares han demostrado que actúan en el frente de este problema.  Los que probablemente interactúen con las víctimas deben recibir la capacitación adecuada.

- Proveedores de servicios: la capacitación para los trabajadores sociales infantiles en las áreas de los organismos de bienestar en que los niños vícitimas pueden recibir evaluación y atención.

b.  Programas de transición para la integración.  Deben formularse programas que ofrezcan esperanzas, tales como:

- Programas de integración bien financiados y efectivos para atender las necesidades específicas de las víctimas traficadas.  La participación de los adultos traficados debe ser voluntaria.

- Adaptación de los servicios de salud para las mujeres y los niños repatriados incluido la atención física y psicológica.

c.  Apoyo a la participación de las víctimas en los procesamientos.  Muchas víctimas no pueden participar en las tareas de procesamiento por ignorancia o por problemas vinculados a su condición dentro del país al que han sido traficadas.  Deben formularse programas para contrarrestar esta situación incluyendo:

- Protocolos sobre el tratamiento consultar.  Los consultados deben establecer un protocolo uniformo para gestionar los casos de tráfico.  Ello incluiría la adopción de medidas para registrar los casos y facilitar la participación de la víctima en los procesos legales contra los traficantes, si así lo desean.

- Servicios para ofrecer orientación y compañía a través de los procesos legales.