Violencia contra las mujeres en América Latina
* * copiado tal cual del informe “Feminicidio en América Latina”, elaborado con motivo de la Audiencia sobre “Feminicidio en América Latina” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de este año
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y EL FEMINICIDIO/FEMICIDIO EN AMÉRICA LATINA.
En 1994 la Organización de Estados Americanos al aprobar la Convención de Belém do Pará afirmó que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades” y se manifestó preocupada “porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.”
Esta Convención ha sido ratificada por todos los Estados de América Latina y del Caribe. En su artículo primero define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”
La información disponible sobre la muerte violenta de mujeres es proporcionada y registrada principalmente por los familiares de las víctimas y las compilaciones de datos que organizaciones civiles no gubernamentales logran hacer juntando datos publicados en la prensa y algunos disponibles por parte de autoridades gubernamentales.
Entre los deberes inmediatos que los Estados tienen que cumplir respecto a la Convención de Belém de Pará está el deber de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” (art. 7, b). En este deber está incluido el conocer e investigar los patrones de violencia que afectan a las mujeres, como es lo que ahora se ha nombrado como femicidio o feminicidio.
Al reconocer que los patrones de violencia que afectan a los hombres son distintos de aquellos que afectan a las mujeres, identificamos un presupuesto para la actuación del Estado en cumplimiento a su deber de debida diligencia: los patrones de violencia que afectan a las mujeres deben ser investigados en cualquier situación, incluso en aquellas en las que no se identifica inmediatamente un contenido de género.
Los casos de feminicidio/femicidio hacen evidente la necesidad de trabajo pro-activo de los Estados para conocer - comprender - mediante investigación, recolección de datos, entre otros medios, los patrones de violencia contra las mujeres.
En este informe presentamos algunas cifras y situaciones de muertes violentas de mujeres que implican dolo en la ejecución. En general son reiteradas, y algunas hasta con características de sistemáticas.
CIFRAS
Los Estados no cuentan con un sistema oficial de compilación de la información que podría permitir conocer de manera exacta la magnitud del problema y así encontrar las respuestas adecuadas. Esta es una característica que los países de América Latina tienen en común. Además, cuando hay cifras oficiales, estas se encuentran siempre debajo de las cifras enunciadas por las organizaciones no gubernamentales, lo que muestra una tendencia de los gobiernos a minimizar el problema.
En términos generales, los sistemas de información no desagregan los datos según sexo, edad ni etnia. Tampoco permiten establecer el tipo de relación entre víctima y victimario. Cada país cuenta con indicadores diferentes para sistematizar los datos relativos a los asesinatos de mujeres, lo que dificulta realizar estudios comparados en la región y al interior de los propios países los sistemas de información son heterogéneos.
En muchos de los casos, las organizaciones de derechos humanos o de derechos de las mujeres, han recurrido a la elaboración de bases de datos tomando como base las notas periodísticas, sin embargo, existe un importante margen de error puesto que los periódicos no escriben notas de cada uno de los asesinatos violentos contra las mujeres, ni dan un seguimiento puntual al procedimiento que se siguió en cada caso. A pesar de que las cifras siguen siendo inexactas e imprecisas, este esfuerzo de las organizaciones permite tener una idea de la magnitud del problema en los diversos Estados.
A continuación, expondremos algunas cifras de asesinatos contra mujeres en varios países latinoamericanos:
COLOMBIA: De acuerdo con el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Colombia muere aproximadamente cada 6 días una mujer a manos de su pareja o ex pareja.
La revisión de los archivos electrónicos de los principales periódicos, entre los que se encuentra el de mayor circulación en el país “El Tiempo”, para el periodo 2001-2004, arrojó 3,104 artículos sobre homicidio, de los cuales 9 (0.3%) aludían al tema de muertes violentas de mujeres propinadas por sus parejas.
Asimismo, en la prensa se informó que en la ciudad de Bogotá durante el año 2004 se conocieron 16 casos en los que el maltrato familiar terminó en asesinato, con un total de 21 personas asesinadas, pues también fueron víctimas otras personas de la familia. En el mes de enero de 2005 se registraron 4 casos en que el compañero o esposo asesinó a su pareja. En el período comprendido entre 2000 y 2003 en la ciudad de Bogotá se registraron 91 casos de feminicidio/femicidio y en todos los casos el hombre había amenazado a la víctima.
En cuanto asesinatos y desapariciones de mujeres relacionados con el conflicto armado interno que vive el país, la proporción de mujeres asesinadas por persecución política reportadas durante el período 2003 – 2004 equivale aproximadamente a un 12% respecto de los hombres, y en lo relativo a desapariciones, las mujeres ascienden a aproximadamente un 16% respecto de las desapariciones de los hombres.
GUATEMALA: El instituto Nacional de Estadística (INE) es la instancia oficial encargada de centralizar y consolidar la información estadística proveniente de las diferentes instituciones. Sin embargo, se considera que esta no es analizada estrictamente, lo que dificulta la obtención de cifras definitivas que puedan mostrar la verdadera magnitud de la problemática. Asimismo, el conjunto de instituciones no cuentan con políticas de registro, procesamiento y uso de la información, por lo tanto se observan deficiencias tanto en el acopio como en el procesamiento de los datos.
De acuerdo con la información del Grupo Guatemalteco de Mujeres basado en los datos de la Policía Nacional Civil de Guatemala, el número de muertes violentas de mujeres comprendidas en el periodo del 2000 al 2005 es el siguiente:
En 2000, 213, en 2001, 303, en 2002, 317, en 2003, 416, en 2004, 497, y en 2005, 600, en 2006, 90. Teniendo como total 2,170.
Se identifica que la mayoría de estas mujeres estaban en edad reproductiva (de 15 a 49 años) y la causa de muerte principalmente identificada fue por arma de fuego y después estrangulamiento, además de presentar señales de tortura y violencia sexual.
PERÚ: Ante la inexistencia de datos oficiales sobre el número de asesinatos contra mujeres que se pudieran tipificar como feminicidio/femicidio, diversas instituciones han utilizado una misma metodología, basándose en la prensa escrita de alcance nacional para tener un registro.
De acuerdo al primer informe elaborado por Demus, en donde se tomaron como base tres periódicos de alcance nacional, entre enero y septiembre de 2001 se detectaron 30 casos, 25 de los cuales culminan con la muerte de una mujer y 5 permanecían indefinidos. Por el tipo de fuente que se usa en las investigaciones es difícil tener información uniforme en los casos hallados, así un periódico ofrece un seguimiento más detallado de la noticia y otros lo abordan de manera sensacionalista o amarillista resaltando los detalles escabrosos. Por lo señalado surgen dificultades al momento de especificar la relación entre víctima y victimario, prestándose a confusiones, es frecuente que los periódicos usen indistintamente la palabra esposos o convivientes, o que se hable de “su mujer” sin hacer mayores distingos sobre cuál era la relación entre ambos.
Pero, lo que queda claro es que en la mayoría de los casos (56%) el agresor, sea este esposo o conviviente, comparte el hogar con su víctima. En cuanto a los motivos esgrimidos por el atacante, el 43% de estos afirman que fue por celos, el resto manejó explicaciones diversas, existiendo además una cantidad no precisada de casos en los cuales no surge razón alguna.
En el año 2002 Demus realizó una nueva investigación basándose en la información publicada por dos periódicos de alcance nacional. De la búsqueda resultaron 35 casos de feminicidio/femicidio. Este nuevo informe aporta datos sobre cuál era la relación de la víctima con el agresor, pero, a diferencia del anterior no se desprende de si ambos compartían el hogar. Además, se utiliza un término muy ambiguo “pareja sentimental”, que engloba a quienes mantenían o habían mantenido una relación sentimental con su agresor, no aclara tampoco si esta relación era de esposos, enamorados, etc.
Sin embargo, un dato interesante del estudio indica que un 29.2% de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas, o ex parejas sentimentales, era maltratada física y/o psicológicamente por quienes luego se convirtieron en sus asesinos. Porcentaje que seguramente ha de ser mayor, si tenemos en cuenta que casi el 60% de las notas periodísticas no consignan información al respecto.
Otro dato revelador es que el 5.9% de las víctimas se vieron obligadas a solicitar garantías personales debido a las amenazadas de muerte recibidas y a las que no se fue capaz de proteger, lo que revela la poca capacidad de las instituciones públicas para responder a esta problemática y nos interpela como sociedad sobre la efectividad de los mecanismos y las garantías de protección a las mujeres.
En el año 2003 Demus realizó un nuevo estudio, y de mayor alcance ya que al mismo tiempo que realizó la búsqueda en los antes mencionados periódicos nacionales, hizo un seguimiento de lo publicado en un periódico local de siete ciudades del interior del país. Se registró un total de 143 casos, lo que indica que durante el año 2003 fue asesinada en Perú una mujer cada dos días y fracción. Es importante recordar que estos son únicamente los casos hallados en la prensa, por lo que resulta lógico pensar que la realidad es más dramática.
De los diarios de circulación nacional surgieron 70 casos con un total de 79 víctimas. De los recortes de prensa se desprende que en más del 70% de los casos el perpetrador es una persona cercana a la víctima, familiar, amigo o que sostuvieron una relación de pareja. Un alto porcentaje de autores de estos crímenes entran en la categoría “desconocido”.
Asimismo, se encontró que la mayor cantidad de las víctimas se encuentran entre los 16 y 25 años.
En la investigación realizada en el 2004, también basada en las informaciones publicadas en la prensa escrita, DEMUS halló 100 casos de feminicidio/femicidio. De ellos, el 20% de las mujeres asesinadas había sido previamente víctima de violencia por parte del asesino. El mayor porcentaje de mujeres asesinadas se concentra en el grupo etáreo de 16 a 45 años, el cual alcanza al 58% de los casos, esto significa que poco más de la mitad de las víctimas son mujeres jóvenes. En el 15% de los casos recabados la víctima fue una menor de 15 años.
Cabe destacar que sólo un 14% de los asesinatos es cometido por un extraño, en el 86% restante el agresor es una persona conocida de la víctima.
En las investigaciones realizadas por Flora Tristán y Amnistía Internacional han detectado un total de 265 casos, acontecidos entre febrero del 2003 y setiembre de 2005. Esto arroja un promedio mensual de 8 mujeres víctimas de feminicidio/femicidio al mes. De los estudios realizados resulta que en la mayoría de los casos el agresor era una persona conocida de la víctima.
MÉXICO: Hasta la fecha es muy complicado hablar de una cifra precisa de asesinatos de mujeres. En el caso de Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, estas varían dependiendo la fuente, por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua habla de 370 víctimas hasta septiembre de 2005, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 263 hasta junio de 2003, Amnistía Internacional de más de 370 hasta agosto de 2003, la investigadora Julia Monarrez de 382 a noviembre de 2004, la Fiscalía Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua de 353 hasta marzo de 2005, y la Fiscalía especial de la Procuraduría General de la República de 323 hasta enero de 2005.
La Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República mexicana y la procuración de justicia vinculada, realizó un registro de asesinatos de mujeres solicitando información a las Procuradurías Generales de Justicia de cada uno de los estados de la República mexicana, entre lo que resaltan el estado de Chiapas con 1,456 asesinatos de mujeres en el último lustro.
Asimismo, dentro de los estados que presentan mayores índices de asesinatos en contra de las mujeres, se encuentran el estado de Veracruz con más de 900 asesinatos de mujeres en el periodo de 2000 al 2004, el Estado de México con 236 de 2002 al 2004 y el Distrito Federal con 220 del 2003 al 2004.
BOLIVIA: De acuerdo con un estudio de feminicidio/femicidio que comprende de 2003 a 2004, en Bolivia se registraron 373 asesinatos de mujeres, en donde el 7.7% corresponde a menores de 20 años, el 6.17% a mujeres entre 21 y 30 años, el 2.9% a mujeres entre 31 y 40 años, el 4.02% a mujeres de más de 41 años y el 80.16% a mujeres de quienes se desconoce su edad.
Se considera que estas cifras, no reflejan con precisión la realidad, pues resultan conservadoras en el entendido de que en muchos casos de asesinato u homicidio de mujeres no llegan siquiera a denunciarse; los denunciados muchas veces se encuentran paralizados y no se puede desarrollar un proceso judicial para sancionar al o los culpables; cuando se llega a la justicia, son más los casos de homicidio y asesinato de mujeres y poquísimas las sentencias, por lo que la mayoría quedan en la impunidad; si se comparan las noticias sobre asesinatos de mujeres que aparecen en la prensa, con los casos denunciados en estrados policiales y judiciales no existe relación, son mucho mayores las cifras de muerte que aparecen en la prensa y pocos los casos que se denuncian.
CONDICIONES DE MAYOR VULNERABILIDAD. LAS MUJERES EN LOS CONFLICTOS ARMADOS.
La Convención de Belém do Pará en su artículo 9 define que para “la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.”
Las situaciones de conflicto armado interno generan estados excepcionales de violencia y desorden social, perturbando los mecanismos habituales de mantenimiento del orden y de justicia, favoreciendo el desarrollo de un clima de impunidad incrementando y agravando las violaciones de derechos humanos, lo que coloca a las mujeres en un mayor grado de vulnerabilidad. Así, la violencia y la discriminación que tocan generalmente a las mujeres se ven exacerbadas dentro del conflicto armado. Sean civiles o combatientes, refugiadas o desplazadas, el impacto de la guerra tiene una afectación desproporcionada para las mujeres.
Debido a su posición en la sociedad, a su género y a su alta vulnerabilidad, las mujeres se convierten en objeto y objetivo de guerra, así como sus cuerpos un terreno de batalla: las mujeres son así las víctimas directas e indirectas de los actos de terrorismo y de los métodos violentos utilizados para demostrar el poder de un grupo. Estas “técnicas” de humillación del enemigo a través de la violencia contra las mujeres son comunes a todos los conflictos como en el caso de Colombia y el estado de Chiapas, México. Por otra parte, en periodos de post conflicto como los que viven actualmente Guatemala y Perú, la mayor vulnerabilidad de las mujeres continúa.
Algunos ejemplos al respecto:
En el caso de México, la masacre que se llevó a cabo en Acteal, Chiapas, en donde de las 45 víctimas mortales había 11 niñas, 21 mujeres (4 de ellas estaban embarazadas y sufrieron el mayor número de lesiones y las más crueles mutilaciones que exponían sus vientres), 3 niños, un bebé y 9 hombres.
Guatemala vivió alrededor de 36 años de guerra hasta la firma de la paz en diciembre de 1996. Se calcula que durante el conflicto interno aproximadamente 200,000 personas fueron víctimas de homicidio o desaparición. En un estudio realizado en 1998, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala concluyó que la violación de mujeres y niñas fue un problema generalizado durante el conflicto y tuvo lugar en una de cada seis matanzas.
Durante el conflicto, los miembros de las fuerzas armadas cometieron actos deliberados de violencia contra las mujeres, utilizados como arma de guerra. En efecto, según Walda Barrios, directiva de la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala, “el cuerpo de la mujer fue visto como botín o utilizado como instrumento de guerra y las violaciones masivas y los asesinatos atroces cometidos contra mujeres en el área rural tenían como objetivo humillar a los pueblos y enviar un mensaje de terror para paralizar a la sociedad”.
Otro ejemplo al respecto es lo sucedido en Colombia, en donde a lo largo del conflicto armado interno se han realizado ataques contra comunidades civiles, masacres y homicidios. En mayo del 2003, hombres armados violaron y mataron en Parreros, municipio de Tame, a Omaira Fernández de 16 años, quien estaba embarazada. Según los testigos, “ante los ojos de todos la abrieron (el vientre) y los cuerpos de la muchacha y del bebé fueron lanzados al río”. Posteriormente tres niñas fueron violadas en la comunidad de Velasqueros por los mismos hombres armados. Según una fuente de Amnistía Internacional, estos hombres eran paramilitares que vivían en el Batallón con los militares.
En el caso del conflicto armado interno que vivió Perú durante veinte años (1980-2000). En agosto del 2003, después de casi dos años de trabajo continuo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presentó su Informe, el cual señalaba por primera vez datos globales de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. A diferencia de otras experiencias de la misma envergadura, este Informe dedicó una sección a las violaciones de los derechos de las mujeres, centrándose básicamente en la modalidad de violación sexual como forma de tortura.
El Informe hizo especial referencia a los abusos perpetrados durante las incursiones a las casas y a las comunidades, así como en cuarteles y penales, que atentaron directamente contra la sexualidad y la dignidad de las mujeres, pues a pesar de que la violación sexual es el atentado más grave contra la libertad sexual y la dignidad de las mujeres, no fue el único que se cometió sino que también se produjeron otras formas de violencia sexual, como el aborto forzado, la unión forzada, prostitución forzada, esterilización forzada, esclavitud sexual, entre otros. Así como desnudamientos y descargas eléctricas aplicadas a los genitales.
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DEL FEMINICIDIO/FEMICIDIO
Los términos feminicidio/femicidio se encuentran aún en construcción y su referente no se limita a lo jurídico penal. Su conceptualización ha servido para poner de relieve la existencia de una grave violación de derechos humanos de las mujeres que se diferencia del simple homicidio.
Los Estados de la región han firmado y ratificado los diferentes tratados internacionales sobre derechos humanos y sobre los derechos de las mujeres, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Sin embargo, a pesar de los compromisos que contrajeron estos países con la firma y ratificación de los tratados, su implementación es incipiente.
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Condición de las Mujeres en las Américas señala que “desde el punto de vista legislativo o reglamentario se han establecido además en distintos países de la región, normas y servicios dirigidos a posibilitar y/o facilitar la formulación de denuncias en los casos de violencia”, sin embargo en el mismo informe, la CIDH reconoce que aún falta mucho por hacer.
El informe de la CIDH sobre la Condición de las Mujeres en las Américas hace referencia a lo antes mencionado y asegura que “un problema generalizado que existe en relación con estos delitos es que el bien protegido en varias de estas legislaciones continua siendo la honra, lo que significa que solo mujeres honestas pueden ser objeto de violación”.
Los gobiernos no tienen una respuesta adecuada y eficaz para poner fin a los asesinatos violentos de mujeres y de niñas, no son capaces de tomar las medidas indispensables para prevenir y erradicar esta violencia, así como sancionar a los culpables. En este contexto, es necesario que el Poder Judicial cumpla con su deber de controlar la legalidad de los actos de autoridad; que el Poder Ejecutivo cumpla con su deber cumplir y hacer cumplir la ley; y el Poder Legislativo asuma eficientemente su deber de incorporar las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito interno.
LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Algunos de los mecanismos internacionales más importantes que atienden el problema de la violencia contra las mujeres son, en el sistema internacional de protección de los derechos humanos, el Comité de la CEDAW, la Relatoría sobre violencia contra las mujeres, y en el sistema interamericano la Relatoría de la CIDH sobre derechos de las mujeres y el Comité Técnico del Mecanismo de Seguimiento para la implementación de la Convención de Belém do Pará. Sin embargo, la intervención de estos mecanismos varía de acuerdo a la difusión o visibilidad que se le ha dado al feminicidio dentro de cada uno de los países de la región.
En países como Bolivia, Paraguay, Colombia y Perú el tema del feminicidio/femicidio no se ha visibilizado en las instancias oficiales, pareciera que este problema no existe y los gobiernos no han llevado a cabo acciones tendientes a su erradicación.
En el caso de Colombia, en numerosas ocasiones, la Mesa de Mujer y Conflicto Armado, la Red Nacional de Mujeres y la Confluencia de Redes de Mujeres entre otras organizaciones de defensa de derechos de las mujeres han presentado informes tanto a la CIDH como a la ONU con el fin de denunciar los altos niveles de violencia contra las mujeres, para atraer la atención de estos organismos y suscitar visitas por parte de los expertos y expertas para que éstos exhorten el gobierno colombiano a tomar las medidas necesarias para lograr una erradicación total del problema.
En México y Guatemala, al estar más visible la presencia del feminicidio/femicidio, ha habido una intervención constante e importante de los diferentes mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos que han exhortado a ambos gobiernos a realizar acciones en pro del control y erradicación del problema así como del acceso a la justicia para las mujeres , aunque de un análisis detallado podría reflejarse el incumplimiento por parte de los gobiernos respectivos, de las recomendaciones y observaciones formuladas por dichos mecanismos.
Resulta importante poner de relieve los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil de cada país para difundir información y atraer la atención internacional sobre la situación de feminicidio/femicidio en sus países, a fin de contrarrestar la voluntad de las autoridades de dejar este problema en el silencio.
LA RESPUESTA DEL ESTADO FRENTE AL FEMINICIDIO/FEMICIDIO
A pesar de la ratificación por parte de la mayoría de los Estados de América Latina de los tratados internacionales especializados en la lucha contra la violencia hacia las mujeres (CEDAW y Convención de Bélem do Pará), pocos de estos han llevado a cabo acciones para respetar y aplicar los principios enunciados en estas convenciones. En efecto, es posible afirmar que la implementación de estos tratados es incipiente en América Latina, ya que las mujeres de estos países siguen sufriendo discriminación y violencia en las diferentes esferas de vida.
Los Estados latinoamericanos enfrentan el problema del feminicidio/femicidio. De hecho, la respuesta que dan a este problema está estrechamente relacionada con la aceptación de la existencia del problema y como se ha mencionado antes, algunos países siguen negando su existencia. En este sentido, es prácticamente imposible que implementen políticas públicas y que busquen soluciones para resolver un problema que, según ellos, no existe.
En el ámbito preventivo, durante los últimos años los Estados de la región han adoptado leyes con el fin de responder al problema de la violencia intrafamiliar, además de crear instancias que atiendan dicha problemática. No obstante, el problema continúa en aumento y tiene una relación estrecha con el feminicidio/femicidio perpetrado por la pareja o ex pareja de la víctima.
En México por su parte, algunas instancias, en especial en el poder legislativo, han reconocido el feminicidio/femicidio como un problema alarmante. Como resultado de esto, se han creado instituciones y comisiones especiales respecto de la violencia contra las mujeres.
En Guatemala, existen algunas experiencias importantes impulsadas por las organizaciones de mujeres bloqueadas en la actualidad por falta de presupuesto y de voluntad política del Gobierno, por ejemplo el mandato de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer -CONAPREVI-, que ha desarrollado estrategias y acciones tales como el diseño del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres –PLANOVI 2004-2014, que aún no ha sido implementado por carecer de presupuesto.
Sin embargo, resulta indispensable poner de relieve la poca eficacia de la mayoría de estas instancias, pues la respuesta que el Estado está dando no ha sido adecuada, ni suficiente, ya que los asesinatos y la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema común en estos países.
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y EL FEMINICIDIO/FEMICIDIO EN AMÉRICA LATINA.
En 1994 la Organización de Estados Americanos al aprobar la Convención de Belém do Pará afirmó que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades” y se manifestó preocupada “porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.”
Esta Convención ha sido ratificada por todos los Estados de América Latina y del Caribe. En su artículo primero define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”
La información disponible sobre la muerte violenta de mujeres es proporcionada y registrada principalmente por los familiares de las víctimas y las compilaciones de datos que organizaciones civiles no gubernamentales logran hacer juntando datos publicados en la prensa y algunos disponibles por parte de autoridades gubernamentales.
Entre los deberes inmediatos que los Estados tienen que cumplir respecto a la Convención de Belém de Pará está el deber de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” (art. 7, b). En este deber está incluido el conocer e investigar los patrones de violencia que afectan a las mujeres, como es lo que ahora se ha nombrado como femicidio o feminicidio.
Al reconocer que los patrones de violencia que afectan a los hombres son distintos de aquellos que afectan a las mujeres, identificamos un presupuesto para la actuación del Estado en cumplimiento a su deber de debida diligencia: los patrones de violencia que afectan a las mujeres deben ser investigados en cualquier situación, incluso en aquellas en las que no se identifica inmediatamente un contenido de género.
Los casos de feminicidio/femicidio hacen evidente la necesidad de trabajo pro-activo de los Estados para conocer - comprender - mediante investigación, recolección de datos, entre otros medios, los patrones de violencia contra las mujeres.
En este informe presentamos algunas cifras y situaciones de muertes violentas de mujeres que implican dolo en la ejecución. En general son reiteradas, y algunas hasta con características de sistemáticas.
CIFRAS
Los Estados no cuentan con un sistema oficial de compilación de la información que podría permitir conocer de manera exacta la magnitud del problema y así encontrar las respuestas adecuadas. Esta es una característica que los países de América Latina tienen en común. Además, cuando hay cifras oficiales, estas se encuentran siempre debajo de las cifras enunciadas por las organizaciones no gubernamentales, lo que muestra una tendencia de los gobiernos a minimizar el problema.
En términos generales, los sistemas de información no desagregan los datos según sexo, edad ni etnia. Tampoco permiten establecer el tipo de relación entre víctima y victimario. Cada país cuenta con indicadores diferentes para sistematizar los datos relativos a los asesinatos de mujeres, lo que dificulta realizar estudios comparados en la región y al interior de los propios países los sistemas de información son heterogéneos.
En muchos de los casos, las organizaciones de derechos humanos o de derechos de las mujeres, han recurrido a la elaboración de bases de datos tomando como base las notas periodísticas, sin embargo, existe un importante margen de error puesto que los periódicos no escriben notas de cada uno de los asesinatos violentos contra las mujeres, ni dan un seguimiento puntual al procedimiento que se siguió en cada caso. A pesar de que las cifras siguen siendo inexactas e imprecisas, este esfuerzo de las organizaciones permite tener una idea de la magnitud del problema en los diversos Estados.
A continuación, expondremos algunas cifras de asesinatos contra mujeres en varios países latinoamericanos:
COLOMBIA: De acuerdo con el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Colombia muere aproximadamente cada 6 días una mujer a manos de su pareja o ex pareja.
La revisión de los archivos electrónicos de los principales periódicos, entre los que se encuentra el de mayor circulación en el país “El Tiempo”, para el periodo 2001-2004, arrojó 3,104 artículos sobre homicidio, de los cuales 9 (0.3%) aludían al tema de muertes violentas de mujeres propinadas por sus parejas.
Asimismo, en la prensa se informó que en la ciudad de Bogotá durante el año 2004 se conocieron 16 casos en los que el maltrato familiar terminó en asesinato, con un total de 21 personas asesinadas, pues también fueron víctimas otras personas de la familia. En el mes de enero de 2005 se registraron 4 casos en que el compañero o esposo asesinó a su pareja. En el período comprendido entre 2000 y 2003 en la ciudad de Bogotá se registraron 91 casos de feminicidio/femicidio y en todos los casos el hombre había amenazado a la víctima.
En cuanto asesinatos y desapariciones de mujeres relacionados con el conflicto armado interno que vive el país, la proporción de mujeres asesinadas por persecución política reportadas durante el período 2003 – 2004 equivale aproximadamente a un 12% respecto de los hombres, y en lo relativo a desapariciones, las mujeres ascienden a aproximadamente un 16% respecto de las desapariciones de los hombres.
GUATEMALA: El instituto Nacional de Estadística (INE) es la instancia oficial encargada de centralizar y consolidar la información estadística proveniente de las diferentes instituciones. Sin embargo, se considera que esta no es analizada estrictamente, lo que dificulta la obtención de cifras definitivas que puedan mostrar la verdadera magnitud de la problemática. Asimismo, el conjunto de instituciones no cuentan con políticas de registro, procesamiento y uso de la información, por lo tanto se observan deficiencias tanto en el acopio como en el procesamiento de los datos.
De acuerdo con la información del Grupo Guatemalteco de Mujeres basado en los datos de la Policía Nacional Civil de Guatemala, el número de muertes violentas de mujeres comprendidas en el periodo del 2000 al 2005 es el siguiente:
En 2000, 213, en 2001, 303, en 2002, 317, en 2003, 416, en 2004, 497, y en 2005, 600, en 2006, 90. Teniendo como total 2,170.
Se identifica que la mayoría de estas mujeres estaban en edad reproductiva (de 15 a 49 años) y la causa de muerte principalmente identificada fue por arma de fuego y después estrangulamiento, además de presentar señales de tortura y violencia sexual.
PERÚ: Ante la inexistencia de datos oficiales sobre el número de asesinatos contra mujeres que se pudieran tipificar como feminicidio/femicidio, diversas instituciones han utilizado una misma metodología, basándose en la prensa escrita de alcance nacional para tener un registro.
De acuerdo al primer informe elaborado por Demus, en donde se tomaron como base tres periódicos de alcance nacional, entre enero y septiembre de 2001 se detectaron 30 casos, 25 de los cuales culminan con la muerte de una mujer y 5 permanecían indefinidos. Por el tipo de fuente que se usa en las investigaciones es difícil tener información uniforme en los casos hallados, así un periódico ofrece un seguimiento más detallado de la noticia y otros lo abordan de manera sensacionalista o amarillista resaltando los detalles escabrosos. Por lo señalado surgen dificultades al momento de especificar la relación entre víctima y victimario, prestándose a confusiones, es frecuente que los periódicos usen indistintamente la palabra esposos o convivientes, o que se hable de “su mujer” sin hacer mayores distingos sobre cuál era la relación entre ambos.
Pero, lo que queda claro es que en la mayoría de los casos (56%) el agresor, sea este esposo o conviviente, comparte el hogar con su víctima. En cuanto a los motivos esgrimidos por el atacante, el 43% de estos afirman que fue por celos, el resto manejó explicaciones diversas, existiendo además una cantidad no precisada de casos en los cuales no surge razón alguna.
En el año 2002 Demus realizó una nueva investigación basándose en la información publicada por dos periódicos de alcance nacional. De la búsqueda resultaron 35 casos de feminicidio/femicidio. Este nuevo informe aporta datos sobre cuál era la relación de la víctima con el agresor, pero, a diferencia del anterior no se desprende de si ambos compartían el hogar. Además, se utiliza un término muy ambiguo “pareja sentimental”, que engloba a quienes mantenían o habían mantenido una relación sentimental con su agresor, no aclara tampoco si esta relación era de esposos, enamorados, etc.
Sin embargo, un dato interesante del estudio indica que un 29.2% de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas, o ex parejas sentimentales, era maltratada física y/o psicológicamente por quienes luego se convirtieron en sus asesinos. Porcentaje que seguramente ha de ser mayor, si tenemos en cuenta que casi el 60% de las notas periodísticas no consignan información al respecto.
Otro dato revelador es que el 5.9% de las víctimas se vieron obligadas a solicitar garantías personales debido a las amenazadas de muerte recibidas y a las que no se fue capaz de proteger, lo que revela la poca capacidad de las instituciones públicas para responder a esta problemática y nos interpela como sociedad sobre la efectividad de los mecanismos y las garantías de protección a las mujeres.
En el año 2003 Demus realizó un nuevo estudio, y de mayor alcance ya que al mismo tiempo que realizó la búsqueda en los antes mencionados periódicos nacionales, hizo un seguimiento de lo publicado en un periódico local de siete ciudades del interior del país. Se registró un total de 143 casos, lo que indica que durante el año 2003 fue asesinada en Perú una mujer cada dos días y fracción. Es importante recordar que estos son únicamente los casos hallados en la prensa, por lo que resulta lógico pensar que la realidad es más dramática.
De los diarios de circulación nacional surgieron 70 casos con un total de 79 víctimas. De los recortes de prensa se desprende que en más del 70% de los casos el perpetrador es una persona cercana a la víctima, familiar, amigo o que sostuvieron una relación de pareja. Un alto porcentaje de autores de estos crímenes entran en la categoría “desconocido”.
Asimismo, se encontró que la mayor cantidad de las víctimas se encuentran entre los 16 y 25 años.
En la investigación realizada en el 2004, también basada en las informaciones publicadas en la prensa escrita, DEMUS halló 100 casos de feminicidio/femicidio. De ellos, el 20% de las mujeres asesinadas había sido previamente víctima de violencia por parte del asesino. El mayor porcentaje de mujeres asesinadas se concentra en el grupo etáreo de 16 a 45 años, el cual alcanza al 58% de los casos, esto significa que poco más de la mitad de las víctimas son mujeres jóvenes. En el 15% de los casos recabados la víctima fue una menor de 15 años.
Cabe destacar que sólo un 14% de los asesinatos es cometido por un extraño, en el 86% restante el agresor es una persona conocida de la víctima.
En las investigaciones realizadas por Flora Tristán y Amnistía Internacional han detectado un total de 265 casos, acontecidos entre febrero del 2003 y setiembre de 2005. Esto arroja un promedio mensual de 8 mujeres víctimas de feminicidio/femicidio al mes. De los estudios realizados resulta que en la mayoría de los casos el agresor era una persona conocida de la víctima.
MÉXICO: Hasta la fecha es muy complicado hablar de una cifra precisa de asesinatos de mujeres. En el caso de Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, estas varían dependiendo la fuente, por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua habla de 370 víctimas hasta septiembre de 2005, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 263 hasta junio de 2003, Amnistía Internacional de más de 370 hasta agosto de 2003, la investigadora Julia Monarrez de 382 a noviembre de 2004, la Fiscalía Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua de 353 hasta marzo de 2005, y la Fiscalía especial de la Procuraduría General de la República de 323 hasta enero de 2005.
La Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República mexicana y la procuración de justicia vinculada, realizó un registro de asesinatos de mujeres solicitando información a las Procuradurías Generales de Justicia de cada uno de los estados de la República mexicana, entre lo que resaltan el estado de Chiapas con 1,456 asesinatos de mujeres en el último lustro.
Asimismo, dentro de los estados que presentan mayores índices de asesinatos en contra de las mujeres, se encuentran el estado de Veracruz con más de 900 asesinatos de mujeres en el periodo de 2000 al 2004, el Estado de México con 236 de 2002 al 2004 y el Distrito Federal con 220 del 2003 al 2004.
BOLIVIA: De acuerdo con un estudio de feminicidio/femicidio que comprende de 2003 a 2004, en Bolivia se registraron 373 asesinatos de mujeres, en donde el 7.7% corresponde a menores de 20 años, el 6.17% a mujeres entre 21 y 30 años, el 2.9% a mujeres entre 31 y 40 años, el 4.02% a mujeres de más de 41 años y el 80.16% a mujeres de quienes se desconoce su edad.
Se considera que estas cifras, no reflejan con precisión la realidad, pues resultan conservadoras en el entendido de que en muchos casos de asesinato u homicidio de mujeres no llegan siquiera a denunciarse; los denunciados muchas veces se encuentran paralizados y no se puede desarrollar un proceso judicial para sancionar al o los culpables; cuando se llega a la justicia, son más los casos de homicidio y asesinato de mujeres y poquísimas las sentencias, por lo que la mayoría quedan en la impunidad; si se comparan las noticias sobre asesinatos de mujeres que aparecen en la prensa, con los casos denunciados en estrados policiales y judiciales no existe relación, son mucho mayores las cifras de muerte que aparecen en la prensa y pocos los casos que se denuncian.
CONDICIONES DE MAYOR VULNERABILIDAD. LAS MUJERES EN LOS CONFLICTOS ARMADOS.
La Convención de Belém do Pará en su artículo 9 define que para “la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.”
Las situaciones de conflicto armado interno generan estados excepcionales de violencia y desorden social, perturbando los mecanismos habituales de mantenimiento del orden y de justicia, favoreciendo el desarrollo de un clima de impunidad incrementando y agravando las violaciones de derechos humanos, lo que coloca a las mujeres en un mayor grado de vulnerabilidad. Así, la violencia y la discriminación que tocan generalmente a las mujeres se ven exacerbadas dentro del conflicto armado. Sean civiles o combatientes, refugiadas o desplazadas, el impacto de la guerra tiene una afectación desproporcionada para las mujeres.
Debido a su posición en la sociedad, a su género y a su alta vulnerabilidad, las mujeres se convierten en objeto y objetivo de guerra, así como sus cuerpos un terreno de batalla: las mujeres son así las víctimas directas e indirectas de los actos de terrorismo y de los métodos violentos utilizados para demostrar el poder de un grupo. Estas “técnicas” de humillación del enemigo a través de la violencia contra las mujeres son comunes a todos los conflictos como en el caso de Colombia y el estado de Chiapas, México. Por otra parte, en periodos de post conflicto como los que viven actualmente Guatemala y Perú, la mayor vulnerabilidad de las mujeres continúa.
Algunos ejemplos al respecto:
En el caso de México, la masacre que se llevó a cabo en Acteal, Chiapas, en donde de las 45 víctimas mortales había 11 niñas, 21 mujeres (4 de ellas estaban embarazadas y sufrieron el mayor número de lesiones y las más crueles mutilaciones que exponían sus vientres), 3 niños, un bebé y 9 hombres.
Guatemala vivió alrededor de 36 años de guerra hasta la firma de la paz en diciembre de 1996. Se calcula que durante el conflicto interno aproximadamente 200,000 personas fueron víctimas de homicidio o desaparición. En un estudio realizado en 1998, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala concluyó que la violación de mujeres y niñas fue un problema generalizado durante el conflicto y tuvo lugar en una de cada seis matanzas.
Durante el conflicto, los miembros de las fuerzas armadas cometieron actos deliberados de violencia contra las mujeres, utilizados como arma de guerra. En efecto, según Walda Barrios, directiva de la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala, “el cuerpo de la mujer fue visto como botín o utilizado como instrumento de guerra y las violaciones masivas y los asesinatos atroces cometidos contra mujeres en el área rural tenían como objetivo humillar a los pueblos y enviar un mensaje de terror para paralizar a la sociedad”.
Otro ejemplo al respecto es lo sucedido en Colombia, en donde a lo largo del conflicto armado interno se han realizado ataques contra comunidades civiles, masacres y homicidios. En mayo del 2003, hombres armados violaron y mataron en Parreros, municipio de Tame, a Omaira Fernández de 16 años, quien estaba embarazada. Según los testigos, “ante los ojos de todos la abrieron (el vientre) y los cuerpos de la muchacha y del bebé fueron lanzados al río”. Posteriormente tres niñas fueron violadas en la comunidad de Velasqueros por los mismos hombres armados. Según una fuente de Amnistía Internacional, estos hombres eran paramilitares que vivían en el Batallón con los militares.
En el caso del conflicto armado interno que vivió Perú durante veinte años (1980-2000). En agosto del 2003, después de casi dos años de trabajo continuo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presentó su Informe, el cual señalaba por primera vez datos globales de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. A diferencia de otras experiencias de la misma envergadura, este Informe dedicó una sección a las violaciones de los derechos de las mujeres, centrándose básicamente en la modalidad de violación sexual como forma de tortura.
El Informe hizo especial referencia a los abusos perpetrados durante las incursiones a las casas y a las comunidades, así como en cuarteles y penales, que atentaron directamente contra la sexualidad y la dignidad de las mujeres, pues a pesar de que la violación sexual es el atentado más grave contra la libertad sexual y la dignidad de las mujeres, no fue el único que se cometió sino que también se produjeron otras formas de violencia sexual, como el aborto forzado, la unión forzada, prostitución forzada, esterilización forzada, esclavitud sexual, entre otros. Así como desnudamientos y descargas eléctricas aplicadas a los genitales.
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DEL FEMINICIDIO/FEMICIDIO
Los términos feminicidio/femicidio se encuentran aún en construcción y su referente no se limita a lo jurídico penal. Su conceptualización ha servido para poner de relieve la existencia de una grave violación de derechos humanos de las mujeres que se diferencia del simple homicidio.
Los Estados de la región han firmado y ratificado los diferentes tratados internacionales sobre derechos humanos y sobre los derechos de las mujeres, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Sin embargo, a pesar de los compromisos que contrajeron estos países con la firma y ratificación de los tratados, su implementación es incipiente.
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Condición de las Mujeres en las Américas señala que “desde el punto de vista legislativo o reglamentario se han establecido además en distintos países de la región, normas y servicios dirigidos a posibilitar y/o facilitar la formulación de denuncias en los casos de violencia”, sin embargo en el mismo informe, la CIDH reconoce que aún falta mucho por hacer.
El informe de la CIDH sobre la Condición de las Mujeres en las Américas hace referencia a lo antes mencionado y asegura que “un problema generalizado que existe en relación con estos delitos es que el bien protegido en varias de estas legislaciones continua siendo la honra, lo que significa que solo mujeres honestas pueden ser objeto de violación”.
Los gobiernos no tienen una respuesta adecuada y eficaz para poner fin a los asesinatos violentos de mujeres y de niñas, no son capaces de tomar las medidas indispensables para prevenir y erradicar esta violencia, así como sancionar a los culpables. En este contexto, es necesario que el Poder Judicial cumpla con su deber de controlar la legalidad de los actos de autoridad; que el Poder Ejecutivo cumpla con su deber cumplir y hacer cumplir la ley; y el Poder Legislativo asuma eficientemente su deber de incorporar las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito interno.
LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Algunos de los mecanismos internacionales más importantes que atienden el problema de la violencia contra las mujeres son, en el sistema internacional de protección de los derechos humanos, el Comité de la CEDAW, la Relatoría sobre violencia contra las mujeres, y en el sistema interamericano la Relatoría de la CIDH sobre derechos de las mujeres y el Comité Técnico del Mecanismo de Seguimiento para la implementación de la Convención de Belém do Pará. Sin embargo, la intervención de estos mecanismos varía de acuerdo a la difusión o visibilidad que se le ha dado al feminicidio dentro de cada uno de los países de la región.
En países como Bolivia, Paraguay, Colombia y Perú el tema del feminicidio/femicidio no se ha visibilizado en las instancias oficiales, pareciera que este problema no existe y los gobiernos no han llevado a cabo acciones tendientes a su erradicación.
En el caso de Colombia, en numerosas ocasiones, la Mesa de Mujer y Conflicto Armado, la Red Nacional de Mujeres y la Confluencia de Redes de Mujeres entre otras organizaciones de defensa de derechos de las mujeres han presentado informes tanto a la CIDH como a la ONU con el fin de denunciar los altos niveles de violencia contra las mujeres, para atraer la atención de estos organismos y suscitar visitas por parte de los expertos y expertas para que éstos exhorten el gobierno colombiano a tomar las medidas necesarias para lograr una erradicación total del problema.
En México y Guatemala, al estar más visible la presencia del feminicidio/femicidio, ha habido una intervención constante e importante de los diferentes mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos que han exhortado a ambos gobiernos a realizar acciones en pro del control y erradicación del problema así como del acceso a la justicia para las mujeres , aunque de un análisis detallado podría reflejarse el incumplimiento por parte de los gobiernos respectivos, de las recomendaciones y observaciones formuladas por dichos mecanismos.
Resulta importante poner de relieve los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil de cada país para difundir información y atraer la atención internacional sobre la situación de feminicidio/femicidio en sus países, a fin de contrarrestar la voluntad de las autoridades de dejar este problema en el silencio.
LA RESPUESTA DEL ESTADO FRENTE AL FEMINICIDIO/FEMICIDIO
A pesar de la ratificación por parte de la mayoría de los Estados de América Latina de los tratados internacionales especializados en la lucha contra la violencia hacia las mujeres (CEDAW y Convención de Bélem do Pará), pocos de estos han llevado a cabo acciones para respetar y aplicar los principios enunciados en estas convenciones. En efecto, es posible afirmar que la implementación de estos tratados es incipiente en América Latina, ya que las mujeres de estos países siguen sufriendo discriminación y violencia en las diferentes esferas de vida.
Los Estados latinoamericanos enfrentan el problema del feminicidio/femicidio. De hecho, la respuesta que dan a este problema está estrechamente relacionada con la aceptación de la existencia del problema y como se ha mencionado antes, algunos países siguen negando su existencia. En este sentido, es prácticamente imposible que implementen políticas públicas y que busquen soluciones para resolver un problema que, según ellos, no existe.
En el ámbito preventivo, durante los últimos años los Estados de la región han adoptado leyes con el fin de responder al problema de la violencia intrafamiliar, además de crear instancias que atiendan dicha problemática. No obstante, el problema continúa en aumento y tiene una relación estrecha con el feminicidio/femicidio perpetrado por la pareja o ex pareja de la víctima.
En México por su parte, algunas instancias, en especial en el poder legislativo, han reconocido el feminicidio/femicidio como un problema alarmante. Como resultado de esto, se han creado instituciones y comisiones especiales respecto de la violencia contra las mujeres.
En Guatemala, existen algunas experiencias importantes impulsadas por las organizaciones de mujeres bloqueadas en la actualidad por falta de presupuesto y de voluntad política del Gobierno, por ejemplo el mandato de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer -CONAPREVI-, que ha desarrollado estrategias y acciones tales como el diseño del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres –PLANOVI 2004-2014, que aún no ha sido implementado por carecer de presupuesto.
Sin embargo, resulta indispensable poner de relieve la poca eficacia de la mayoría de estas instancias, pues la respuesta que el Estado está dando no ha sido adecuada, ni suficiente, ya que los asesinatos y la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema común en estos países.
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