Susana Chiarotti Boero: ¿Pueden lograrse los Objetivos del Milenio olvidando Beijing?

* * presentación de Susana Chiarotti Boero en las Naciones Unidas

* * Susana Chiarotti Boero es directora de CLADEM Argentina.

Quisiera en primer lugar expresar mi agradecimiento a la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer por la invitación a integrar este panel, que significa una oportunidad para expresar mis preocupaciones y expectativas con relación a la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing y sus conexiones con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En 1995, junto a miles de mujeres de Latinoamérica y el Caribe, participé de la Conferencia de Beijing, y pude compartir con gente proveniente de los más diversos países y culturas del mundo, el entusiasmo de plasmar la Plataforma de Acción, uno de los documentos más completos en relación a programas de acción para el avance de las mujeres, que lleva al terreno político y programático los derechos consagrados en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Dentro del feminismo, había acuerdo en que la PA, al ser un documento negociado y consensuado entre los Estados, no expresaba el máximo de nuestras aspiraciones como mujeres, sino que constituía un piso, una plataforma, de la cual partir para reclamar nuestros derechos. También discutíamos las posibilidades de, en un futuro próximo, ir diseñando nuevos instrumentos que avanzaran mucho más allá en la garantía de los derechos de las mujeres, sobre todo, en los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

Cinco años después, en Junio de 2000, volvimos a reunirnos, esta vez en Nueva York, para revisar el estado de la implementación de la Plataforma de Acción. Allí se pudo constatar la dimensión de los obstáculos que se enfrentaban para obtener esos objetivos y las tremendas dificultades para removerlos. El documento “Mujeres 2000: Equidad de Género, Desarrollo y Paz para el Siglo 21”, realiza un lúcido análisis de la situación, marcando no sólo los desafíos que se presentaban, sino la necesidad de nuevas y urgentes acciones para lograr la igualdad entre mujeres y varones. Las mujeres asistentes a esta Conferencia de revisión, observamos que, mientras se apagaban los ecos de la Conferencia de Beijing en los medios de comunicación, se iban debilitando los compromisos asumidos por los gobiernos. Por otro lado, las reacciones de los sectores conservadores, que intentaban frenar a toda costa la aplicación de las medidas contenidas en la Plataforma, iban aumentando.

Entre las medidas que se solicitaban en el documento del año 2000, figura: “recomendar… la integración de la perspectiva de género en todas las actividades y documentos relacionados con la Cumbre y Asamblea del Milenio, incluso en las consideraciones de la erradicación de la pobreza”.

A diez años de la Conferencia de Beijing y cinco de la primera revisión, las mujeres de nuestra región nos encontramos ante un escenario tan preocupante, que las medidas de la PA, en numerosas áreas, parecieran haberse constituido en metas soñadas y no en el simple piso del que queríamos partir.

Nos parece meritorio que la ONU haya hecho énfasis en el combate a la pobreza, ya que esta es la violación a los derechos humanos más extendida del planeta y además es causa de otras muchas violaciones. Los 8 objetivos, y sus metas, están entre las preocupaciones de todos los movimientos sociales del mundo. Además, el hecho de que las metas sean numéricas y tengan plazo determinado, obliga a los gobiernos a extremar sus responsabilidades para asegurar su cumplimiento. También es positivo que tanto los gobiernos como los organismos financieros y agencias donantes asignen fondos para combatir la pobreza y los otros problemas listados en los ODM.

Avances

Numerosas personas e instituciones preocupadas por obtener la equidad de género, han elaborado documentos con referencias e indicadores que permiten incorporar la perspectiva de género y ampliar las áreas contempladas en las Metas de los ODM, cruzando la PA con los ODM.

Entre estos esfuerzos merece mencionarse la oficina regional de la ONU, la CEPAL, que ha elaborado indicadores de género e indicadores adicionales, que amplían considerablemente el ámbito de aplicación de los ODM y se constituyen en una guía para los gobiernos.

Asimismo el Grupo de Trabajo 3, sobre Educación e Igualdad de Género del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, ya produjo algunos documentos donde analizan los medios que permitirían lograr avances significativos en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los países en desarrollo.

Brechas

Las acciones y estrategias recomendadas en la PA en 1995, así como las diseñadas en el documento del año 2000, fueron ejecutadas solo parcial y esporádicamente. Más aún, algunas iniciativas que se habían encarado en años posteriores a Beijing, han desaparecido, disminuido o están en riesgo de desaparecer.

Uno de los reclamos desatendidos fue el de integrar la perspectiva de género en todas las actividades y documentos relacionados con la Cumbre del Milenio. Tanto la Declaración del Milenio como los Objetivos del Milenio y sus metas respectivas han incorporado solo parcialmente esta perspectiva, produciendo como resultado que la mayoría de los gobiernos sólo se sienten obligados a reportarla en el ODM número 3 cuando la equidad de género y la autonomía de las mujeres son indispensables para el logro de todos los Objetivos. Vemos con preocupación este planteo reduccionista y que la mayoría de las metas sean ciegas a las diferencias de género. Los logros de las Conferencias de la Mujer (de México a Beijing), han sido minimizados. Si bien los documentos emitidos por la ONU no se desplazan entre sí, las agendas de los gobiernos y de algunas agencias donantes están otorgando más importancia a los ODM que al cumplimiento de los otros Programas, incluida la Plataforma de Acción de Beijing, que corre el riesgo de ser relegada al olvido. En los reportes de seguimiento a los ODM de los países ya se puede observar la ceguera de género en 7 de los 8 ODM.

Los ODM no están enmarcados en los derechos humanos. Estos derechos, que son la base del sistema de Naciones Unidas, y cuyo respeto es prioritario según la Carta de la ONU, deberían aparecer como marco teórico, componente indispensable y meta dentro de los ODM. Además, tanto los ODM, como sus metas e indicadores guardan silencio con respecto al racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación, que afectan la manera en que las personas se relacionan y acceden a los recursos y al ejercicio de los derechos.

En relación a la Pobreza, que es el ODM número 1 y la primer área de preocupación de la PA, podríamos decir que si bien los ODM se plantean erradicar o reducir algunos de los graves problemas que enfrenta la humanidad, tanto los Objetivos como las Metas están enfocados en los efectos de los problemas y no contemplan la posibilidad de revisión de las causas de los mismos.

Además, aunque todos los puntos contenidos en los ODM formen parte de cualquier agenda mínima de justicia social, los ODM carecen de un enfoque de justicia social. Para América Latina y el Caribe, la región con distribución de recursos e ingresos más injusta del mundo, este no es un tema menor. Sin una redistribución de la riqueza que disminuya significativamente la brecha entre los más ricos y los más pobres y entre mujeres y varones, no habrá posibilidades de desarrollo reales.

En varios de nuestros países hay, por ejemplo, trabas legales y/o culturales para que las mujeres accedan a la propiedad de la tierra. Si no se remueven esos obstáculos, se agregan desventajas a su lucha para superar la pobreza. Algunos gobiernos hacen una interpretación errada de la necesidad de respetar la diversidad y las culturas de los pueblos originarios. En lo relacionado con la tierra, en algunos países se exige la igualdad entre los sexos en el acceso a la tierra a nivel nacional, exceptuando de esa medida a las comunidades indígenas, “donde la tierra comunitaria se repartirá conforme a sus usos y costumbres”. La realidad indica que esos usos y costumbres mantienen el liderazgo masculino en los sindicatos agrarios y otras autoridades comunitarias, quienes continúan transfiriendo la tierra a los varones de la comunidad, manteniendo a las mujeres en un lugar subordinado.

Nuestra región ha retrocedido en el tema de la pobreza, aumentando considerablemente el número de pobres. Entre ellos, las mujeres son mayoría. Numerosas investigaciones demostraron las conexiones entre pobreza e inequidad de género y la necesidad de eliminar la discriminación contra las mujeres como una manera de garantizar el desarrollo. La pobreza no podrá revertirse si no se garantiza a las mujeres libre e igualitario acceso a los recursos. Según datos de la CEPAL, Las mujeres son mayoría entre la población sin ingresos propios, siendo el 62% (urbana) y el 71% (rural), comparado con los varones, que llegan al 49% (urbana) y al 45% (rural). La desocupación ha crecido y es mayor en las mujeres, siendo, para el 2002, el 12,6% para las mujeres contra un 9,7 para los varones. Las mujeres ganan entre un 45 y un 70% de lo que ganan los varones, según el país y la pertenencia étnico-racial; realizan la mayor parte del trabajo no remunerado y éste, que incluye tareas de cuidado, reproducción y mantenimiento del hogar, vitales para las familias y comunidades, sigue sin registrarse en las cuentas nacionales.

El recorte de gastos estatales realizado para pagar los servicios de la deuda externa disminuye las posibilidades de las mujeres de acceder a servicios de salud, educación o cuidado comunitario. Por otro lado, el aumento de tarifas exigido a los Estados por las agencias financieras internacionales que controlan el pago de la deuda, está impidiendo a miles de familias, muchas de ellas a cargo de mujeres, que hagan frente a los pagos de los servicios de la vivienda urbana, creciendo el número de mujeres que deben abandonar sus casas para vivir en tugurios.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC) señaló que las obligaciones mínimas o esenciales en materia de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tienen un papel crucial que jugar en las políticas de desarrollo nacionales e internacionales, incluyendo las estrategias antipobreza. En conjunto, estas obligaciones establecen el umbral mínimo que deben respetar todas las políticas públicas. Si una estrategia de combate a la pobreza ya sea nacional o internacional, no refleja este umbral mínimo será inconsistente con las obligaciones jurídicamente vinculantes del Estado Parte del Pacto. El Comité sostiene que la pobreza constituye una negación a los derechos humanos y considera que “las políticas de combate a la pobreza serán más efectivas, sostenibles, incluyentes, equitativas y significativas para aquellos viviendo en la pobreza si están basadas en los derechos humanos reconocidos internacionalmente.” El Comentario General 16 de este Comité, contiene recomendaciones a los gobiernos para que garanticen el goce equitativo de estos derechos tanto para varones como para mujeres.

En relación a la Educación, en América Latina, si bien se han obtenido logros gigantescos en relación al objetivo del acceso a la escuela primaria, se mantienen grandes diferencias en países donde a la discriminación de género se suma la étnico racial. En algunos de ellos, la tasa de analfabetismo de las mujeres indígenas es de 37%, comparada con el 20% para los varones indígenas. Entre las mujeres no indígenas la tasa es del 12%, contra el 9% de los varones no indígenas.

A pesar del mayor ingreso a la escuela primaria, no ha variado la situación de  discriminación de las mujeres. Una de las causas posibles es que los programas de enseñanza continúan siendo discriminatorios, los docentes permanecen sin recibir capacitación sobre equidad de género y los materiales y metodologías educativas continúan transmitiendo estereotipos tradicionales.

Aunque se realizaron algunas iniciativas para transformar contenidos curriculares y dar capacitación a docentes, estas han sido parciales y aisladas y no pueden competir con la avasallante y acelerada influencia de nuevas tecnologías de información. Los videojuegos, las páginas web y demás productos ofertados de manera atractiva, en su mayoría, fomentan la vulneración de los derechos de las mujeres, que aparecen como prostitutas, o que son sometidas a violaciones y torturas. Muchos de ellos ofrecen la opción al jugador de ser protagonista en la realización de estos atropellos. Millones de niños y jóvenes, en su mayoría varones, reciben cotidianamente la poderosa influencia de estas imágenes discriminatorias que promueven la violencia contra la mujer. El Estado debe realizar una supervisión activa y urgente de esta actividad y dictar las normas correspondientes para erradicar imágenes que promuevan la discriminación o la comisión de delitos contra las mujeres.

Los avances realizados en el ODM N.3, “Igualdad entre los Géneros y autonomía de la Mujer”, en la región son importantes. Sin embargo, aún distan mucho de acercarse a la meta buscada. En relación a la participación política, en el año 2004, el porcentaje de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos de América latina y el Caribe eran sólo el 16,1% del total.

En cuanto a la promoción de espacios de género dentro del Estado, si bien en algunos países se han hecho esfuerzos para promoverlos, en otros se observa la pérdida de estatus dentro del organigrama estatal y la disminución de los fondos destinados a programas de igualdad. También vemos con preocupación que en algunos países se está dando un deslizamiento de estos espacios, para convertirlos en organismos defensores de la familia, con un enfoque conservador; y se ha abandonado la propuesta de transversalizar el enfoque de equidad de género de manera intrasectorial e intersectorial.

La misma tendencia se observa con los Programas de Violencia contra la Mujer creados desde el Estado. En muchos de ellos, el enfoque de violencia de género ha sido mudado a uno más amplio, de violencia familiar, ignorando el hecho de que más del 90% de las víctimas son mujeres de distintas edades.

La violencia contra las mujeres se agrava en aquellos países donde existen conflictos armados, o en aquellos donde han existido hasta hace poco tiempo y aún mantienen una cultura de guerra, que ensalza la agresividad, la osadía y el heroísmo a expensas de la vida. Según un reporte reciente realizado en uno de los países de la región, “todos los grupos armados– las fuerzas de seguridad, los paramilitares apoyados por el ejército y la guerrilla– han abusado de las mujeres o las han explotado sexualmente y han tratado de controlar las esferas más íntimas de sus vidas. Estas violaciones, cometidas tanto contra las civiles como contra las propias combatientes de los grupos armados, siguen ocultas tras un muro de silencio, alimentadas por la discriminación y la impunidad.”

La discriminación contra las mujeres tiene su aspecto más severo entre aquellas que están en situación de prostitución. Los escasos beneficios de la globalización son pequeños al lado del peligro que significan las nuevas tecnologías al servicio de la explotación sexual de las mujeres y las niñas y el tráfico internacional, que reporta ganancias anuales millonarias. El número de mujeres y niñas en situación de prostitución sigue creciendo en forma alarmante en nuestros países, a un ritmo paralelo al crecimiento de la pobreza. Nos solidarizamos con estas mujeres y con su reclamo de organizarse, constituirse en actoras políticas y rechazar la estigmatización y la expoliación que sufren cotidianamente por parte de explotadores sexuales, funcionarios y fuerzas de seguridad. A la vez, advertimos con preocupación el crecimiento de una corriente de pensamiento que tiende a confundir las causas de la prostitución, y minimizar sus conexiones y efectos en la vida de las mujeres. Rechazamos una filosofía que convierte a las mujeres y niñas en mercaderías que pueden usarse, venderse o alquilarse y disfraza a la institución de la prostitución, que se basa en la mercantilización de los cuerpos, en un trabajo o industria más. Esta filosofía es funcional al neoliberalismo.

En relación al ODM 5: “Mejorar la salud materna”, debemos señalar que los ODM no han incorporado los derechos sexuales y reproductivos, ni sus metas reflejan lo propuesto en la PA de Beijing, en el área salud. El escueto Objetivo 5, no podrá cumplirse si los gobiernos no implementan algunos cambios mínimos propuestos en la PA, así como en el Programa de Acción de El Cairo. Muchas de las llamadas muertes maternas son de mujeres que no han podido ejercer adecuadamente sus derechos sexuales y reproductivos y que no han tenido autonomía sobre sus cuerpos, especialmente, cuando no desean ser madres. Un paso importante para reducir esas muertes sería despenalizar el aborto, que en la mayoría de los países de la región aún es un crimen, incluso cuando una mujer es violada o el feto es inviable, en abierta contravención a las Recomendaciones Generales del Comité de la CEDAW y a las Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos a varios países, así como las concordantes de otros Comités y Relatorías.

En varios países de la región, las decisiones en esta área son tomadas porfuncionarios gubernamentales, que muchas veces acuerdan retacear o controlar la libertad y autonomía de las mujeres en connivencia con sectores conservadores. Estos sectores, que utilizan la cobertura de la cultura y la religión, especialmente la católica, presionan de manera constante y poco transparente a los funcionarios, para que se mantengan controles sobre los cuerpos de las mujeres. Muchos de esos acuerdos son secretos y en ellos la despenalización del aborto puede intercambiarse por un apoyo del Vaticano para reducir la deuda externa o por la promesa de disminuir las críticas al gobierno u otros intercambios desconocidos, y no toman en cuenta las necesidades de las ciudadanas mujeres, sino necesidades coyunturales de los gobiernos de turno.

Por otro lado, las adolescentes no reciben atención desde que tienen capacidad reproductiva, sino de acuerdo a fechas arbitrarias, fijadas siguiendo criterios morales que nada tienen que ver con las necesidades de las jóvenes.

También se han ignorado los informes de los Relatores Especiales: Así, el Relator Especial de Salud, atendiendo a la innumerables pérdidas de vida que se originan por la legislación restrictiva en salud sexual y reproductiva, en un reciente informe expresó “Las mujeres que han quedado embarazadas involuntariamente deberían recibir información fiable y asesoramiento comprensivo, con indicación de los lugares y plazos en los que pueda ponerse fin legalmente al embarazo

En relación al ODM 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, consideramos que no habrá posibilidades de desarrollo para los países más pobres si no se revisan los mecanismos abusivos y poco transparentes de comercio internacional, implementados actualmente a través de la OMC, donde los derechos humanos y la equidad de género son premisas inexistentes. Difícilmente se puedan reducir las asimetrías si no se imponen reglas de comercio justas y transparentes y se enmarcan los tratados de libre comercio en los principios de derechos humanos, incluyendo el derecho a no ser discriminada por sexo.

Debe condonarse el pago de la deuda externa que agobia a los países más pobres y establecerse un compromiso serio de ayuda por parte de los países más ricos. Ahora bien, no es suficiente condonar la deuda. Si en el país donde ésta se condona no se celebra un nuevo contrato social, que contemple la posibilidad de que las mujeres sean sujetos plenos en igualdad de derechos con los varones; si no se redefine la democracia, no habrá cambios ni mejoras sustanciales.

Desafíos

El proceso iniciado con la Conferencia de México, seguido por Copenhague, Nairobi y Beijing, deberá ser mantenido de manera permanente en el centro de la agenda tanto de Naciones Unidas como de los Estados, para lograr la igualdad entre varones y mujeres en este planeta.

En el terreno de la igualdad formal deben derogarse todas aquellas normas discriminatorias, así como aquellas que, aunque no discriminen formalmente, perpetúan la desigualdad, discriminación y violencia de género contra las mujeres y, especialmente, asegurarse de "revocar cualesquiera leyes restantes que discriminen por motivo de sexo y eliminar el sesgo de género en la administración de justicia". Adherimos a la campaña para la creación de una Relatoría Especial para la Derogación de Leyes Discriminatorias.

Estos compromisos sólo serán reales y serios si nuestros Estados garantizan su secularidad y como Estados laicos, promueven y se responsabilizan del pleno respeto a todas las y los ciudadanos, sin más objetivo que el de lograr la realización plena de los derechos ciudadanos, independientemente de su religión o cultura. El enfoque de desarrollo basado en los derechos implica un paradigma de desarrollo participativo, no discriminatorio, que potencie a las personas, sujeto a rendición de cuentas, basado en derechos y libertades fundamentales universales e inalienables.

Para lograr el desarrollo con este enfoque, incluyendo a las mujeres, tanto gobiernos como agencias donantes e instituciones financieras, deben garantizar la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, así como el documento “Mujeres 2000: Equidad de Género, Desarrollo y Paz para el Siglo 21” y todos los tratados y programas que los obligan y comprometen a erradicar la discriminación de género, especialmente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Para ello, todos los Objetivos del Milenio deben implementarse con un enfoque sensible al género; a la vez que se analizan y combaten las causas de los problemas que se enfrentan, teniendo en cuenta las diferentes dificultades que varones y mujeres encuentran a la hora de ejercer sus derechos.

Asimismo, deben diseñarse indicadores que muestren la búsqueda de la justicia social y la equidad de género, tanto dentro de los países como a nivel internacional. Además, todos los Fondos globales creados para implementar los ODM deben tener en consideración criterios de justicia social y equidad de género.