Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Ashaninka de Perú
©
Ángeles Cabria
Fuente:
"Sexualidad, Estigma y derechos humanos. Desafíos para el acceso a la
salud en América Latina" de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (ISBN
9972-806-25-1).
Más allá del proteccionismo y las buenas intenciones.
Un análisis de la situación de los derechos sexuales y derechos reproductivos
de las mujeres indígenas de América Latina: el caso de las mujeres Ashaninka
del Perú.
"Las
mujeres indígenas no solo tenemos mayores dificultades para acceder a los
servicios educativos sino más dificultades para salir de la pobreza por las
responsabilidades familiares y el cuidado de los niños, la discriminación para
acceder al mercado de trabajo, la segmentación de las ocupaciones y los menores
salarios. Hay una complementariedad entre la dominación etno-cultural y la de género,
es decir las mujeres somos consideradas inferiores no solo por ser mujeres sino
también por ser pobres e indígenas"
Este
artículo no pretende dar respuesta a la complejidad de factores que determinan
la situación actual de falta de acceso y ejercicio de las mujeres indígenas de
América Latina a sus derechos sexuales y reproductivos (DDSSyRR) sino
contribuir a visibilizar y analizar su situación, planteando algunos argumentos
que amplíen el debate entre la diversidad del movimiento indígena del
continente y la pluralidad de sectores, incluyendo el gubernamental, no
gubernamental y la cooperación internacional al desarrollo, que juegan un papel
clave en posibilitar el ejercicio de los mismos. Como caso emblemático de
análisis de los DDSSyRR me centraré en las mujeres Ashaninka de la selva
central peruana, cuya precaria situación de salud sexual, y la ausencia de un
concepto de derechos sobre su sexualidad y sus vidas, están directamente
relacionadas tanto a la falta de equidad en la toma de decisiones en el
contexto familiar y comunitario, como a la casi total falta de acceso a la
educación y a los servicios de salud sexual y reproductiva. Las informaciones y
datos presentados sobre las mujeres Ashaninka son el resultado, principalmente,
de las investigaciones llevadas a cabo por Astrid Bant, desde una perspectiva
antropológica feminista sobre asuntos de género con comunidades amazónicas, y
del diagnóstico de salud sexual y reproductiva realizado bajo la coordinación
de Giovanna Cavero desde la Asociación para la Conservación del Patrimonio
Cutivireni (ACPC) en las comunidades de los ríos Ene y Tambo de la región Junín
de la selva central peruana.
Las
mujeres indígenas del continente americano han contribuido en gran medida a las
luchas reivindicativas por la supervivencia y autodeterminación de los pueblos
indígenas, asumiendo solas, en muchas ocasiones, la responsabilidad de los
hogares debido a la ausencia de los hombres por conflictos violentos o
desplazamientos forzados; se han organizado en asociaciones o cooperativas a
nivel local y, en la última década, con otras mujeres indígenas de las Américas
y del mundo. Sin embargo, como apunta la activista quechua Tarcila Rivera Zea
(Rivera, 2003), aún no se ha dado una articulación entre las mujeres
activistas de los movimientos indígenas en materia de género, sexualidad y
derechos de las mujeres. Aunque el movimiento de mujeres indígenas contribuyó a
que se incluyera en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de
Población y Desarrollo del Cairo (1994) el reconocimiento de la medicina
tradicional y el respeto al papel de los proveedores de salud tradicionales, y
consiguió elaborar una Declaración de Mujeres Indígenas de Beijing5, documento
sin precedentes en conferencias anteriores, las voces de las mujeres indígenas
no han sido suficientemente recogidas en las conferencias de las mujeres y
sobre DDSSyRR y, por lo tanto, sus necesidades y propuestas están en su mayoría
aún ausentes en los acuerdos internacionales.
Las
causas de la invisibilidad de la situación de falta de equidad y de acceso de
la diversidad de mujeres indígenas del continente a recursos y servicios de
salud sexual y reproductiva están así mismo relacionadas a la ausencia de
inclusión de la perspectiva étnica y de raza en la mayoría de las encuestas demográficas
y documentos a nivel tanto nacional como internacional, concretamente en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), como veremos mas adelante en este
artículo. Consecuentemente, la escasez de información sobre la situación de los
DDSSyRR de las mujeres indígenas evidencia la falta de adecuación de medidas y
acciones necesarias para lograr la equidad en el acceso de todas las mujeres a
sus derechos, y no meramente a una protección patriarcal por parte de las
instituciones del Estado que tiende a perpetuar la situación de inequidad
Uno de
los dilemas claves en el debate sobre los DDSSyRR de las mujeres indígenas se
presenta en el contexto del conflicto entre los modelos occidentales de
desarrollo de visión "globalizadora" que imponen un modelo hegemónico
y universalista de derechos humanos en el actual marco capitalista global de
economía de mercado, y la visión del relativismo cultural basada en la
variabilidad de las normas o reglas éticas inherentes a la diversidad de
culturas del mundo, que solo pueden ser, de acuerdo a la doctrina relativista,
juzgadas o validadas dentro de cada cultura y no desde la perspectiva de
fuerzas exteriores (Donnelly, 2000). El relativismo cultural, por tanto, afirma
"el derecho universal a la diferencia" en contraposición al absolutismo
de los derechos universales (Bant & Motta, 2001).
Si a
esta disyuntiva relativista del derecho universal a la diferencia frente a la
globalización o universalidad del derecho añadimos la superioridad que el derecho
colectivo de la comunidad tiene en el contexto del derecho indígena respecto a
los derechos individuales de las personas, nos acercamos a uno de los
cuestionamientos concretos que se viene debatiendo desde diversos frentes, en
lo que se refiere a la idoneidad de la Declaración Universal de Derechos
Humanos así como de los programas y plataformas de acción sobre DDSSyRR de las
conferencias internacionales de las mujeres, (y de población y desarrollo de la
última década) para ser aceptados por las comunidades indígenas como los marcos
referenciales para avanzar en la situación de los DDSSyRR de las poblaciones
indígenas.
Las
mujeres indígenas organizadas hoy en día están abogando desde el derecho
colectivo por el desarrollo político, económico, social y cultural de los
pueblos indígenas, el derecho tanto colectivo como individual de las mujeres
indígenas a la equidad de los géneros y contra toda forma de discriminación
contra las mujeres a lo interno de las comunidades indígenas. Las dos
concepciones de derechos individuales y colectivos no solamente no son opuestas
sino que obligan a que unos no se puedan dar sin la realización de los otros.
Además, para que se de un progreso en el acceso de las mujeres indígenas al
ejercicio de sus DDSSyRR, éstos deben de ser entendidos como derechos
ciudadanos esenciales en el desarrollo integral de las mujeres y sus comunidades,
y no como derechos de segunda fila solo accesibles a las mujeres urbanas de clase socio-económica
media-alta.
Las
respuestas a estas problemáticas tienen que resultar de un amplio diálogo intercultural
entre la diversidad de actores que pueden influenciar en los cambios tanto de
comportamiento como legislativos, necesarios para garantizar el empoderamiento
de las mujeres indígenas que, a su vez, contribuya a situarlas en el centro del
debate y articulación sobre sus DDSSyRR, y facilite la implementación de los
acuerdos internacionales ratificados por la mayoría de los países de América
Latina6. Para ello, es fundamental definir claramente los posibles roles que
las organizaciones no gubernamentales y agencias cooperantes internacionales
puedan jugar en este escenario.
Como
destaca Beth Conklin (2004), la temática de los derechos reproductivos no solo
abre un nuevo espacio de diálogo entre sectores, sino que su entendimiento de
la salud pública desde una perspectiva integral facilita dicho diálogo al
aproximarse al concepto holístico de la sabiduría tradicional de los pueblos
indígenas. Las organizaciones indígenas de mujeres están identificando un
lenguaje y argumentos comunes que les permita avanzar en el campo de los
DDSSyRR dentro del contexto de las luchas socio-políticas, económicas y
culturales de los pueblos indígenas.
Perfil
demográfico y epidemiológico de las mujeres indígenas y Ashaninka
En los
albores del siglo XXI y a más de una década de la instauración de un nuevo
paradigma sobre población y desarrollo centrado en la integralidad de la salud
sexual y reproductiva en base a los derechos sexuales y reproductivos como
parte fundamental de los derechos humanos, éstos están muy lejos de
materializarse para una gran proporción de las mujeres, hombres y jóvenes de
América Latina y el Caribe (ALC), principalmente en las áreas rurales y entre
las poblaciones indígenas. El actual perfil epidemiológico de las poblaciones
indígenas continúa asociado a altos índices de pobreza, desempleo, migración,
analfabetismo, exclusión del sistema de salud y falta de acceso a servicios en
general, ausencia de derechos a la tierra y destrucción del ecosistema en que
habitan, entre otras necesidades básicas sin cubrir (PAHO, 2004(a)). Además, los
índices de mortalidad materna entre las mujeres indígenas son al menos dos
veces más altos que entre el resto de la población. Entre las mujeres indígenas
del Perú se producen 448 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, principalmente
durante el parto y como consecuencia de abortos practicados en condiciones de
alto riesgo por falta de atención profesional de salud y medidas sanitarias
(PAHO, Fact Sheet). De acuerdo a Paul Hunt (2004), Relator Especial de Naciones
Unidas, el desafío principal con respecto al derecho a la salud que enfrenta el
Perú, es el resultado de la pobreza y la inequidad, y su solución tiene que
pasar por un compromiso político que convierta la meta de una política de salud
basada en la equidad en una política de Estado y no de Gobierno.
Actualmente
existen aproximadamente 42 millones de indígenas pertenecientes a unos 400
grupos en las Américas, representando el 10% de la población de América Latina
y el Caribe. El 80% de toda la población indígena de ALC se encuentra en
Centroamérica y la región Andina. En el Perú, el 47% de la población es
indígena (9.3 millones) (Huges, 2004), de la cual una minoría (unos 300.000 indígenas)
pertenecientes a una miríada de grupos etnolingüísticos (56) están en la región
Amazónica ocupando el 62% del territorio nacional (GEF/PNUD/ UNOPS, 1997).
El
43.3% de las mujeres indígenas del Perú no ha tenido ningún acceso a educación,
y 30.8% de mujeres Shipibo de la Amazonía, son analfabetas, mientras que el
5.3% de las comunidades indígenas tienen acceso a agua potable (en comparación
con el 72% de la población general). El índice de fecundidad en las poblaciones
amazónicas es de los más altos de la región y del Perú, estando en 8.4 hijos
por mujer entre las mujeres Shipibo, y 6 a 8 hijos por mujer entre las mujeres
Ashaninka. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 1993, la
población Ashaninka con 52,000 habitantes censados (el registro omite a las
poblaciones referidas en este artículo de los ríos Ene y Tambo de la selva
central, región Junín, debido al conflicto armado que se vivía en la zona)
constituye el grupo étnico más numeroso de la Amazonía Peruana (Cavero, 2002).
Las
comunidades Ashaninka sufrieron de forma desproporcionada durante los veinte
años de violencia política en el Perú iniciada por el Movimiento Revolucionario
Sendero Luminoso e igualada y superada por las Fuerzas Armadas. Según la
Comisión de la Verdad y Reconciliación que investigó las atrocidades cometidas,
de 1980 a 2000 alrededor de 6 mil Ashaninkas fueron asesinados, cerca de 10 mil
fueron desplazados forzosamente en los valles del Ene, Tambo y Perené, cerca de
5 mil fueron secuestrados y permanecieron cautivos por años y de 30 a 40
comunidades Ashaninkas desaparecieron durante el conflicto armado (Comisión de
la Verdad y Reconciliación, 2004). El sistema de retribuciones a las
poblaciones Ashaninka por los años de la violencia y su consecuente impacto en
la desarticulación familiar y social y en la alienación de las comunidades, no
se ha hecho efectivo ni en la devolución de las tierras invadidas ni en el
acceso de la población a servicios de salud y educación. El pueblo Ashaninka
continúa sufriendo el impacto de viejas y nuevas agresiones que atentan contra
su supervivencia (Heredia, 1998). No ha concluido aún el proceso de
pacificación y se siguen afectando los derechos humanos de varias comunidades
(especialmente en el Río Ene y Apurímac) con la invasión de sus territorios
comunales por empresas petroleras que no respetan sus derechos ambientales, la
apropiación y destrucción de sus bosques por empresas madereras, la falta de reconocimiento
de sus territorios y reservas comunales (en el Sira, el Ene y el Tambo), la
implementación de algunos proyectos de desarrollo sin evaluar el posible
impacto ambiental ni consultar con las comunidades, la explotación de sus
productos medicinales naturales como la Uña de Gato (Uncaria Tomentosa)
comercializada por más de 32 empresas sin revertir en lo más mínimo en la
economía de las comunidades Ashaninka (en 1997 se comercializaron 5 millones de
dólares con la Uña de Gato sin ningún aporte a los Ashaninka).
El
acceso a servicios de salud de calidad es inexistente para una gran mayoría de
las mujeres Ashaninka. En el mejor de los casos, el único puesto de salud para
todo un distrito puede contar con un par de técnicos de enfermería, como es el
caso del puesto de Cutivireni, en el distrito del Río Ene. De acuerdo a la
Organización Panamericana de Salud, el riesgo más alto de exclusión social y en
salud corresponde a las poblaciones mas pobres (87%) que residen en áreas
rurales (80%), principalmente en la región andina y amazónica (PAHO, 2004(b)).
La escasez de profesionales sensibilizados y formados cultural y
lingüísticamente para atender las necesidades de salud de las mujeres Ashaninkas
determina la baja calidad de atención en los escasos servicios existentes junto
a un trato culturalmente inadecuado y discriminatorio, lo que hace que las
mujeres indígenas decidan no acudir al centro de salud u hospital rural y
prefieran la ayuda de un familiar en la casa, razón por la cual es muy poco
común el cuidado prenatal y de parto atendido por profesionales. Muchas mujeres
indican que el problema no es tanto con la medicina occidental como con la
forma como ésta es administrada y dispensada.
Un
problema común en el sistema público de salud peruano es la distribución y
redistribución de los recursos humanos. En la Amazonía, el personal de salud
típicamente procede de la región Andina. Generalmente, los candidatos con menos
calificaciones o menos conexiones dentro del sistema son enviados a las
comunidades indígenas dejando atrás a sus familias y por lo tanto, intentando
reubicarse en un mejor puesto tan pronto como les es posible. Esta situación
hace que los esfuerzos de sensibilización y capacitación de profesionales para
atender apropiadamente las necesidades de salud de las comunidades Ashaninka, se
vean frustrados con la constante pérdida de personal capacitado, teniendo que
comenzar de nuevo aproximadamente cada año, además de no contar, en primer
lugar, con personal lingüísticamente competente para atender a la población
Ashaninka. Por esta razón, se convierte en vital la necesidad de un sistema que
garantice la continuidad del personal preparado para dar servicios de calidad;
comenzando por dar oportunidades de educación a nivel profesional a la
población nativa al mismo tiempo que capacita a promotoras y promotores
indígenas para cuidar de la salud de la comunidad y trabajar conjuntamente con
los puestos de salud, refiriendo los casos que deban ser atendidos en centros especializados.
Desafortunadamente,
ni la Constitución del Estado Peruano de 1993 ni la firma de pactos y acuerdos
internacionales de derechos humanos, o la creación del Ministerio de la Mujer y
Promoción del Desarrollo, en 1995, la aprobación de una nueva Ley General de
Salud en 1997 o la promulgación de la Ley de Protección contra la Violencia
Familiar llegaron a revertir en beneficios para las comunidades Ashaninka.
Aunque la inversión extranjera en salud experimentó un gran incremento durante
los 90, ésta no invirtió en un mayor acceso a servicios por parte de los
sectores más marginados y en extrema pobreza (Chávez, 2004). Asimismo, el
retorno a la democracia en el Perú tras la dictadura de Fujimori no constituyó
una afirmación de los DDSSyRR de las personas debido a la influencia de fuerzas
fundamentalistas actuando en sectores claves de gestión de los programas
sociales del Estado (Chávez, 2004). Además, durante la gestión de los ex
ministros de salud, Luis Solari y Fernando Carbone, del periodo de julio de
2001 a junio de 2003, se produjo una desintegración de los avances en las
políticas y programas de salud sexual y reproductiva en el país, entre las que
se incluye el Seguro Público destinado a la población de menos recursos.
Las
comunidades Ashaninka: sexualidad y relaciones de género
Los
Ashaninka pertenecen a la familia etnolingüística de los Arawak y son culturalmente
cercanos a los Machiguenga, Nomatsiguengas, Kakintis y Amuesha de la Selva
Central Peruana. Gran parte del territorio ancestral ha sido colonizado por
poblaciones andinas y mestizas dedicadas a la agricultura y, progresivamente,
al comercio y a la industria en crecientes centros urbanos. El Río Ene,
distrito en el que se basan los hallazgos detallados en este artículo, ha
estado históricamente en las márgenes de la colonización y hasta hace relativamente
poco ha sido de difícil acceso, por lo que ha sido y es, hogar para las
comunidades Ashaninka más tradicionales que habitan en pequeños grupos
familiares a lo largo del territorio, construyendo sus casas cerca de ríos y
arroyos. El matrimonio constituye la forma más importante de iniciar y mantener
alianzas entre los jefes de hogares, que son siempre hombres (Bant, 2005).
El
grupo étnico Ashaninka es uno de los que ha sufrido mayores cambios en los
últimos 30 años, con un rápido incremento de los proceso de colonización y
migración. Como consecuencia de la violencia estructural sufrida durante los "años
de la violencia" (1980-2000) que diezmó a la población Ashaninka, las
mujeres no podían trabajar en el campo por temor a ser atacadas, quedando por lo tanto dependientes de
programas alimentarios de ayuda humanitaria, mientras los hombres debido a
desplazamientos o militarización no pudieron tampoco cumplir con sus tareas
tradicionales masculinas por estar ausentes o muertos. Esta situación modificó
el papel de las mujeres en la sociedad Ashaninka teniendo que vivir solas con
sus hijos, organizándose para acceder a donaciones de comida y mantener a la
comunidad. Algunas de las mujeres se convirtieron en líderes comunitarias,
iniciando pequeños negocios de mercadeo de productos como útiles de aluminio y
ropa. Al regreso de los compañeros que no fueron asesinados, las mujeres
retornaron a sus roles tradicionales, como el cuidado de la casa, los niños y
la agricultura, perdiendo en muchos casos su estatus de lideresas.
El
patrón de autosuficiencia que ha caracterizado a las comunidades Ashaninka se
ha visto modificado por el avance y los términos de la economía de mercado. Los
roles tradicionales de género se vieron reforzados por las expectativas de
género de la sociedad más occidentalizada que las rodeaba, lo cual ha resultado
en un poder y control generalizado del hombre sobre las ventas de los productos
agrícolas y otros, así como sobre las decisiones en cuanto al gasto del escaso
dinero disponible para la familia.
La
educación básica está disponible para niños y niñas en igual proporción, aunque
muy pocas niñas llegan al sexto grado de la educación básica o continúan en la
escuela secundaria. Una de las explicaciones de la deserción de las
adolescentes es el embarazo precoz que las obliga a abandonar la escuela para
dedicarse a su nueva tarea de cuidado de los hijos. Además, la calidad de la
educación es ínfima y lingüística y culturalmente inadecuada. Un porcentaje
mucho mayor de hombres que de mujeres, hablan español aunque sea rudimentario,
mientras que la mayoría de las mujeres del Río Ene son analfabetas y
monolingües.
La edad
promedio de matrimonio para la mujer es de 15 a 19 años pero es común que niñas
de hasta 12 años se casen apenas tienen su primer ciclo menstrual (Huges,
2004). Considerando que muchos de los problemas de salud sexual de las mujeres
son resultado de un inicio temprano de la actividad sexual y que el 48% de la
población Ashaninka está por debajo de los 15 años, hay una necesidad
imperativa de educar a las y los adolescentes sobre la interrelación de los
roles de género con la sexualidad y la salud.
Los
Ashaninka entienden el bienestar como el mantenimiento del equilibrio entre la
comunidad y sus alrededores, incluyendo las relaciones con familiares, la
comunidad y el medio ambiente. Las enfermedades son entendidas, por tanto, como
la manifestación física de la pérdida del equilibrio entre las fuerzas
espirituales y supranaturales. Cuando se pregunta a las mujeres sobre sus
preocupaciones en sus vidas y su salud, ellas mencionan el matrimonio y embarazo
precoces, la baja autoestima, la violencia sexual (incluyendo la violación en
la pareja), el elevado número de hijos, y los dolores internos y hemorragias.
Entre
los Ashaninka, la sexualidad de las mujeres es entendida en términos de las
necesidades y las expectativas de los hombres. Las mujeres complacen a los
hombres y les dan hijos por temor a ser abandonadas en caso contrario. Las
mujeres manifiestan el deseo de tener familias de cuatro o cinco hijos como
máximo pero debido a la falta de acceso a contraceptivos y al deseo de los
varones de tener familias más extensas, el promedio de hijos por mujer es de
siete a ocho. Aunque las mujeres reconocen que los hijos son una fuente de
ayuda para la familia y la comunidad, también reconocen que los embarazos
múltiples y seguidos deterioran su salud y no les permiten mantener una
adecuada situación de salud y nutrición dentro de la familia. La sexualidad es
considerada como una actividad física, afectiva y social, necesaria e
importante a la par que peligrosa. La infidelidad no es aceptada en las mujeres
ya que ellas son propiedad de sus compañeros y se considera una amenaza para la
pareja, la familia y la comunidad, mientras que para éstos, la infidelidad no
es considerada como tal sino como parte del poder de posesión que ostentan (por
ejemplo, si la nueva pareja es una mujer casada, el hombre infiel es
considerado "ladrón de mujeres").
La
violencia física y psicológica contra las mujeres es el resultado de las desequilibradas
relaciones de poder en las parejas. Los hombres, además de decidir cuántos
hijos va a tener la mujer, comúnmente fuerzan a sus compañeras a tener
relaciones sexuales contra su voluntad. Aunque las mujeres perciben la
violencia sexual y física como uno de los problemas más graves en su vida
diaria, la que se ve amenazada por los celos o el exceso de alcohol de sus
parejas, ellas internalizan este tipo de abuso sexual como legítimo, dado el
papel subordinado de las mujeres en la pareja, la familia y la comunidad.
Movimientos
organizados de las mujeres indígenas
"Como
indígena feminista pretendo recobrar los principios filosóficos de mi cultura y
tratar de adaptarlos a la realidad del siglo XX; es decir, criticando lo que no
me gusta de mi cultura mientras acepto orgullosamente mi pertenencia a esa
cultura". Alma López, mujer Quiche, concejala de la ciudad de Quetzalte ango,
Guatemala.
Las
luchas históricas por la causa indígena contra las decisiones injustas de las
administraciones en el poder y la toma de tierras por parte de los colonos, han
unido a la diversidad de etnias en federaciones a nivel nacional e internacional
contra el mundo no indígena. La reciente y creciente liberalización política en
los países con más población indígena en la región (Ecuador, Bolivia,
Guatemala, México y Perú) ha contribuido al crecimiento de la sociedad civil
organizada y de los movimientos indígenas y de mujeres, con el establecimiento
de organizaciones no-gubernamentales e instituciones estatales de defensa de
los derechos de las poblaciones indígenas (Yashar, 1998), aunque la mayor parte
de la investigación académica sobre movimientos indígenas no menciona la
participación de las mujeres (Hernandez, 2002). Los pueblos indígenas
amazónicos en el Perú se han conformado en aproximadamente 50 federaciones
étnicas e inter- étnicas con prioridades que con frecuencia no solo no
responden a las demandas de las mujeres sino que están en contra de ellas.
El
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptado en
Ginebra en junio de 19899 representa el instrumento jurídico vigente más actualizado
y específico en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas y dio lugar a un
aumento del movimiento organizado indígena. La década de los 90 ha visto
emerger movimientos de mujeres indígenas en varios países latinoamericanos
luchando en diversos frentes. El Primer Encuentro Continental de Mujeres
Indígenas se llevó a cabo en Quito, Ecuador, en 1995. Desde entonces, las
mujeres indígenas han contribuido con la mencionada Declaración de Mujeres
Indígenas de Beijing y participado en diversos foros y encuentros, incluido el
último Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas celebrado en
Lima, Perú en 2004. La propuesta de red mundial de mujeres indígenas se
constituyó en las reuniones preparatorias a Beijing + 5 en Nueva York,
conformando el Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Sin embargo, en los
espacios internacionales de participación indígena de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) o los Grupos
de Trabajo sobre temas indígenas aún no se cuenta con participación activa de
las mujeres.
El
contexto económico y cultural en el que las mujeres indígenas han construido
sus identidades de género, clase y etnia, determina su lucha específica,
mientras –cada vez más– se buscan espacios comunes junto a otros movimientos
indígenas de mujeres para compartir, sentir, pensar y desarrollar estrategias
juntas. Entre otras cosas, las mujeres indígenas organizadas han cuestionado el
modelo de feminismo latinoamericano, haciendo
imperativa la necesidad de construir un feminismo más inclusivo y multicultural.
Las
mujeres amazónicas enfrentan muchas barreras para poder ejercer el papel de
líderes en las comunidades ya que para comenzar, éstas no les facilitan la
entrada a espacios de liderazgo reservados para los hombres. El monolingüismo y
escasa educación de las mujeres les representa un serio obstáculo para
interactuar con el mundo exterior. El papel de las mujeres Ashaninka en las
organizaciones comunitarias es todavía débil y es muy poco común su presencia
en posiciones de autoridad en las federaciones Ashaninka de los ríos Ene y
Tambo. A pesar de los roles conferidos a las mujeres durante el periodo de la
violencia estructural, la tendencia ha sido de retorno a los patrones
tradicionales. Las mujeres son representadas por sus compañeros en las
reuniones y votaciones comunitarias. La única estructura donde las mujeres
ostentan posiciones de poder es en los llamados "Clubes de Madres" instalados
por el Gobierno en la década de los 80 para la distribución de comida de la
ayuda humanitaria. Sin embargo, las organizaciones de mujeres han crecido en
otros territorios Ashaninka, especialmente en las comunidades más integradas en
la sociedad peruana. Por ejemplo, la Federación Ashaninka, Nomatsiguenga y
Kakinti de Mujeres, fundada en 1998, está adquiriendo creciente visibilidad en
el desarrollo de su misión de promover y proteger el liderazgo de las mujeres
indígenas, trabajando en la obtención de la equidad entre los géneros al tiempo
que preserva la identidad cultural.
La
invisibilidad de la perspectiva étnica
Teóricamente,
la incorporación de la perspectiva de género se ha transversalizado e
institucionalizado en gran medida en la mayoría de políticas, programas
nacionales y documentos internacionales a raíz de la IV Conferencia Mundial de
la Mujer en Beijing (1995) con miras a garantizar que las cuestiones de género
sean tomadas en cuenta en todos los sectores, tanto gubernamentales como de las
ONG. Sin embargo, los hombres continúan invisibilizados en la perspectiva de
género, reduciéndose ésta a la mujer, al tiempo que persiste una carencia
prácticamente absoluta de perspectiva de etnia, raza o nación (Radcliffe,
Laurie & Andolina; 2003). Incluso muchas políticas y programas que
institucionalizan el concepto universal de derechos de las mujeres fallan en
integrar una perspectiva más compleja de clase, género y raza
Mientras
que para todas y todos los expertos en el campo de la salud pública y los
DDSSyRR y derechos humanos queda clara la falta de perspectiva de género de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), no ha habido ninguna mención a su
falta total de perspectiva étnica y de raza, ni siquiera por parte de quienes
han llevado a cabo revisiones y análisis para hacer los ODM más integrales y
realistas. Esta ausencia se da igualmente en encuestas demográficas,
evaluaciones de programas nacionales, monitoreo de políticas de salud y del
Programa de Acción de Cairo, entre otros. La diversidad de naciones y grupos
indígenas continúa amalgamada en la categoría "rural" o a lo mucho
como "indígena". Esta falta de perspectiva de diversidad étnica
invisibiliza una multiplicidad de aspectos culturales y estilos de vida,
comportamientos, mitos, creencias y división laboral por género que son
específicas de cada grupo étnico y que determinan su salud sexual y
reproductiva, comenzando por su capacidad de vivir una sexualidad placentera y
libre de violencia, y de tomar decisiones respecto, por ejemplo, al número de
hijos que desean tener.
De
acuerdo a un estudio sobre equidad de género en los ODM, si las mujeres pudiesen
ejercer sus derechos reproductivos y tener solo el número de hijos que desean,
la fecundidad se reduciría en un 38% (Bravo, 2003). Los ODM reconocen que la
igualdad de género es no solo un objetivo en sí mismo sino que favorece la consecución
de otras metas. Este reconocimiento es fundamental para diseñar estrategias de
desarrollo de reducción de la pobreza que contemplen una perspectiva de género.
De igual forma, la perspectiva étnica debería ser parte esencial en el
desarrollo de estrategias orientadas al logro del mismo objetivo. Es de
importancia crítica conocer los aspectos demográficos e históricos de las
comunidades Ashaninka; los detalles relacionados a la violencia estructural
sufrida durante las dos décadas llamadas "de la violencia"; los
desplazamientos forzados; los asentamientos en territorios ajenos; la división
del trabajo y demás, para poder planificar o evaluar cualquier programa
diseñado a reducir la pobreza y la mortalidad materna y neonatal de este grupo
étnico, así como para evaluar los ODM en Perú.
La "universalidad"
de los derechos y el relativismo cultural: prerrogativas y controversias
Aquí
llegamos a uno de los debates fundamentales en las ciencias sociales: el del
relativismo cultural frente a la "universalización", desde una perspectiva
occidental del principio o concepto a tratar; en este caso, la "universalidad"
de los derechos humanos y concretamente de los DDSSyRR. A pesar de que el
relativismo cultural surgió no hace mucho desde una posición crítica post-colonial
y como alternativa al concepto de "globalización" de las colonias,
existen grupos relativistas radicales que han llevado el concepto a un extremo
de intolerancia hacia todo lo universalista que pone en entredicho, muchas
veces, la noción misma del relativismo cultural. De acuerdo a Zechenter (2000),
todas las formas de relativismo cultural fallan fundamentalmente al no
reconocer la cultura como adaptación constante al medioambiente, considerándola
como algo estático y no como un proceso histórico e institucional donde la
existencia de una costumbre no significa que ésta sea considerada óptima y
adoptada por la mayoría de las personas que se adhieren a esa cultura
particular. El argumento del relativismo cultural es especialmente difícil de
aceptar por la mayoría cuando favorece a una elite que se otorga el derecho a representar
a su cultura y de esa forma impone su propio interés o punto de vista
particular al resto de la sociedad.
El
argumento más apoyado por defensores y expertos en derechos humanos es que
éstos no son un artefacto de fabricación occidental, irrelevante para el resto
del mundo no occidental. Independientemente de quiénes los desarrollaron, dónde
y cuándo, existe una amplia acepción de que los derechos humanos universales
deben ser reconocidos como tales, aceptando al mismo tiempo un grado de
relativismo cultural con respecto, sobre todo, a las formas de implementarlos
(Donnelly, 2000). En referencia a los DDSSyRR, Petchesky (2003) puntualiza que
las ideas no son propiedad de una nación o cultura sino que se adaptan a los
tiempos y las circunstancias en la medida que lo hacen las culturas, por lo
tanto desacreditar los derechos como importación occidental no tendría mucho
sentido a menos que por la misma razón se repudiaran también los conceptos de
democracia, libertad, soberanía nacional o desarrollo. Como argumenta Yamin
(2004) ante el cuestionamiento de si el énfasis en la autodeterminación hace
que los derechos se conviertan en conceptos occidentales extremadamente individualistas
como para aplicarlos en la Amazonía, o simplemente derechos sobre los que
hablan las feministas de la ciudad, "el plantear el tema de la salud
reproductiva desde el punto de vista de derechos y ciudadanía social obliga a
discutir el problema de la equidad como un concepto con significado colectivo
[...] trabajar con un enfoque de género también implica visibilizar relaciones
de poder, lo que hace de esta perspectiva un instrumento subversivo".
En
contraposición, Reátegui (2004)10, director de salud indígena de la Asociación
Inter-Étnica de la Selva Peruana-AIDESEP, manifiesta, en claro antagonismo con
sus colegas de la Cartera Mujer de su misma asociación, que "la salud
reproductiva significa en nuestra civilización muchos frutos, mucha pesca,
mucha caza, muchos hijos. El fracaso de uno de estos subsistentes afecta de
manera directa a los otros". Según el autor, no se debe llamar salud
reproductiva a "una política de reducción de embarazos y espaciamiento de
los mismos" por lo que hace un llamado a contrastar los criterios de la
cultura indígena con los de la cultura occidental, a construir un sistema
intercultural de salud reproductiva que tenga en cuenta la concepción indígena
del tema y su marco cultural de conocimientos y prácticas. Este conflicto de percepciones
deja claro que ambos conceptos, el de derechos universales y el del relativismo
cultural, pueden ser utilizados tanto en la defensa de principios democráticos
basados en la equidad de género como en la de otros principios de corte
fundamentalista; es decir, aquellos que difunden principios en defensa de unos
intereses que perpetúan el poder político patriarcal a través del control de
los cuerpos de las mujeres.
De
igual forma, este conflicto deja claro que la comunidad de los derechos humanos
internacionales necesita ampliar el diálogo intercultural que permita la
incorporación de simbolismos no occidentales al discurso y contribuya a
incrementar el apoyo a los derechos humanos entre sociedades indígenas.
Es
importante hacer algunas observaciones sobre la semántica de los derechos, ya
que para comenzar, en lo percibido a través de talleres de distintos grupos que
trabajan con mujeres de la Amazonía, cuando se les pregunta, a menudo no
distinguen claramente entre derechos y deberes (Elías & Neyra (comp.)
2002). El término "derechos reproductivos" no posee el mismo
equivalente en todos los países o comunidades, y por lo tanto, no es comprendido
de idéntica forma. Mientras para unos se contempla en términos de salud y
bienestar, en otros conlleva una significación activista de empoderamiento
(PAHO, 2004), y en otros exige un proceso de conceptualización en un marco del
derecho consuetudinario o indígena en el que no existe este concepto, dándose
por lo general una especie de sincretismo con el concepto existente en el
derecho occidental.
El
papel de la sociedad civil organizada y la cooperación para el desarrollo
Especialmente
en la última década hemos sido testigos del creciente papel de la sociedad
civil y el movimiento organizado de mujeres en el monitoreo de políticas y
programas de salud sexual y reproductiva y en la vigilancia de las
instituciones gubernamentales en la implementación de los mismos. La base de
datos Atenea11 es un ejemplo de la práctica de las organizaciones de mujeres en
monitorear desde una perspectiva feminista la implementación del Programa de
Acción de Cairo en siete países (incluido Perú) a través de 147 indicadores
cuantitativos y cualitativos que muestran los logros y las falencias de los
respectivos gobiernos.
Otro rol
fundamental de la sociedad civil que da seguimiento y complementa el monitoreo
y vigilancia, es el de la denuncia y demanda a las instituciones nacionales e
internacionales a través, por ejemplo, de los informes de derechos humanos e
informes sombra a comités específicos del sistema de Naciones Unidas, como el
Comité de la CEDAW (Convención por la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Contra las Mujeres). Los objetivos principales de los informes
de derechos humanos se centran en la descripción detallada de los abusos, la
identificación de los abusadores y el llamado a la acción para dar solución
tanto a la situación de abuso como al clima que la hizo posible (Rothschild,
2004). El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán presenta una denuncia de los
casos de violencia contra las mujeres Aguaruna, Shipibo y Ashaninka en un
informe de derechos humanos cuyo objetivo es visibilizar y denunciar las
situaciones de violencia, discriminación y ausencia de ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres en estas comunidades indígenas (Paredes, 2005).
El papel crítico de las ONG en el monitoreo, vigilancia, denuncia y demanda a
las instituciones del Estado para garantizar la protección de los derechos de
las mujeres (y no la protección de las mujeres como sujetas vulnerables) puede
adquirir una dimensión más amplia cuando es apoyada por las agencias
internacionales de cooperación.
Existen
innumerables ejemplos de "bien intencionados" intentos de protección
de las mujeres indígenas, por parte tanto del Estado como de entidades
religiosas y agencias de desarrollo fundamentalmente, que no han resultado en
una mejora de las condiciones de vida de las mujeres debido a que no se han
enfocado en la defensa de sus derechos, lo cual siempre implica una inversión en
la educación y en el empoderamiento de las mujeres como ciudadanas y sujetas de
derechos. Estas "bien intencionadas" instituciones en su intento de
proteger a las mujeres pueden generar por lo tanto mas daño que beneficio. Como
advierte Miller (2004), un enfoque simplista al tema de la violencia sexual,
por ejemplo, que no tome en consideración la multiplicidad de factores que la
generan desde un enfoque integral, puede inadvertidamente frustrar algunos de
los objetivos de derechos humanos, como son los de facilitar las condiciones
que mejoren las capacidades de mujeres y hombres para vivir relaciones sin
violencia. Para avanzar conjuntamente en la demanda de políticas que promuevan
los DDSSyRR de las mujeres indígenas hay una clara necesidad de ampliar el diálogo
sobre la estrecha interrelación entre sexualidad, salud y derechos entre las
organizaciones de derechos humanos y las instituciones y organizaciones de
salud pública, así como de fomentar colaboraciones mutuamente beneficiosas que
ayuden por ejemplo a las organizaciones que trabajan en salud sexual y
reproductiva a integrar un marco referencial de derechos humanos en todos sus
programas y servicios.
En el
caso de la integración de las comunidades Ashaninka al sistema nacional peruano
tanto de salud como de educación y servicios, es prioritaria la colaboración
entre los diversos sectores, en los que la sociedad civil organizada y las ONG
tienen un papel particularmente importante como negociadoras con el Estado al
tiempo que cubren el vacío dejado por el sistema público.
Recomendaciones
generales
Los
resultados y lecciones aprendidas a través de múltiples programas encaminados a
la mejora del ejercicio de los DDSSyRR, indican que la situación de éstos
avanza cuando: i)se aplican medidas que fomenten la equidad de género y las
condiciones para el ejercicio de los DDSSyRR a nivel local y nacional, ii)se
fortalecen los grupos comunitarios de mujeres a través del empoderamiento de
sus miembras, iii)y se involucra a los hombres en el compromiso con los
derechos humanos de la comunidad y de cada una y uno de sus miembros. El
empoderamiento de las mujeres se contempla tanto como incremento del poder en
la toma de decisiones como aumento de la autoestima individual y colectiva de
las mujeres que les proporcione un mayor capital social humano y control sobre
los recursos sociales (Loermans, 1993). Los esfuerzos a nivel local tienen que
complementarse con el trabajo a nivel de seguimiento de políticas nacionales de
promoción de los DDSSyRR. Este acercamiento, desde lo local a lo nacional,
resulta más efectivo y adaptado a la realidad de las necesidades de las
comunidades.
Para
visibilizar la situación de los DDSSyRR de los pueblos indígenas y adecuar las
políticas y programas (comenzando por los Objetivos de Desarrollo del Milenio) y así dar respuesta efectiva a sus
necesidades, es esencial la colaboración multisectorial en la introducción de
la perspectiva de género, clase, etnia y raza, y en el monitoreo de su
implementación.
Es
importante rescatar y enfatizar las principales recomendaciones en materia de
derechos humanos y salud reproductiva emitidas durante el Encuentro Continental
de Mujeres Indígenas de las Américas, "Sintiendo, Pensando y Haciendo el
Futuro" celebrado en Lima, Perú, en abril de 2004, consolidadas aquí en
los siguientes puntos:
-
Establecer una agencia nacional y regional para fomentar los derechos humanos, asegurando el apoyo de los
fondos de la cooperación internacional, y promoviendo la constitución de una
red de organizaciones indígenas que la visibilice y apoye en sus acciones;
-
Recoger la información básica en cada Estado Nación para elaborar un diagnóstico participativo sobre
la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas y priorizar de
esa manera las acciones de mayor impacto
a corto y mediano plazo;
-
Identificar los problemas centrales de salud reproductiva y construir
mecanismos de participación de las mujeres indígenas en el diseño, seguimiento
y evaluación de las políticas y servicios de salud, apoyándose en el Programa y
Plataforma de Acción de Cairo y Beijing;
-
Encarar los problemas de acceso de las mujeres indígenas a servicios de calidad
reorientándolos hacia la superación de las barreras lingüísticas, el trato
discriminatorio, la carencia de calidad humana y prácticas médicas agresivas
por parte de prestadores de servicios de salud;
- Pedir
a los Estados que en la elaboración de los presupuestos nacionales prioricen la
atención a la salud de las mujeres indígenas, facilitando mecanismos que
garanticen la fiscalización por parte de las usuarias
- Desde
un enfoque intercultural, promover la generación de recursos humanos propios en
las comunidades indígenas para la atención en aspectos de salud, a través de la
capacitación de promotoras, parteras y prestadoras/es institucionales;
-
Promover la difusión masiva de información sobre la salud y los derechos de las
mujeres indígenas para garantizar la participación efectiva de las mujeres en
la toma de decisiones sobre su salud reproductiva e integrando a las y los
jóvenes con un enfoque en la prevención de la maternidad temprana.
Así
mismo, es imperativo vigilar el cumplimiento de las recomendaciones específicas
en materia de derechos humanos en áreas de conflicto armado, formuladas por la Conferencia sobre las
Mujeres Indígenas y Relaciones de Género celebrada en abril de 2004 en
Fredensborg, Dinamarca, con la participación de mujeres indígenas de cuatro
continentes (América, África, Asia y Europa) para ser presentadas ante la
Tercera Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Asuntos
Indígenas que se llevó a cabo en mayo de 2004, en el sentido que:
Los
Relatores Especiales temáticos, los expertos de la Comisión para los Derechos
Humanos de la ONU y todos los restantes organismos y agencias de las Naciones
Unidas involucrados en la situación de los derechos humanos en áreas de
conflicto armado:
1.
Presten atención al impacto de tales conflictos sobre las mujeres indígenas; e
2. Insistan
en la investigación de actos de violencia contra mujeres indígenas perpetrados
por las fuerzas armadas o personal similar, asegurándose que los responsables
sean inculpados y procesados en cortes civiles.
Paul
Hunt, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, en misión al
Perú, en sus recomendaciones para una estrategia y política de salud basada en
la equidad, enfatiza la "necesidad urgente de desarrollar una política
inter-sectorial sobre la salud sexual y reproductiva con enfoque en las
necesidades de salud de las mujeres, especialmente de aquellas que son social y
económicamente marginalizadas. En particular, leyes, políticas y programas
sobre la salud reproductiva y sexual deben ser diseñados para proteger a mujeres
viviendo en condiciones de pobreza, a poblaciones indígenas y poblaciones
campesinas, basados en el respeto a los derechos humanos" (Hunt, 2004).
Además, los y las profesionales de la salud y personal de centros de salud,
programas y proyectos deben ser sensibilizados para proveer servicios cultural
y lingüísticamente apropiados.
Para
mejorar la situación de los DDSSyRR de las comunidades Ashaninka, amazónicas e
indígenas en general, se deben coordinar acciones con las organizaciones
locales, federaciones, redes y organizaciones de cooperación12, en el
desarrollo de estrategias de advocacy a diversos niveles, desde la comunidad,
distrito, región y gobierno nacional, capacitando líderes indígenas para llevar
a cabo las acciones a todos esos niveles. Además, es clave la coordinación con
redes nacionales e internacionales de organizaciones de mujeres indígenas.
Igualmente, es crucial involucrar a los hombres y jóvenes para conseguir la
equidad de los géneros y mejorar la calidad de vida de las mujeres, así como
para que realmente la consecución de los derechos sea responsabilidad integral
de las comunidades. Sin una revisión interna conjunta con hombres y mujeres de
todas las edades de los papeles de poder en la sociedad Ashaninka, los hombres
seguirán ostentando el poder en las decisiones sobre los recursos económicos y
la movilidad geográfica, así como su posición privilegiada en las relaciones de
género que determina mayoritariamente la situación de violencia que viven las mujeres
Ashaninka.
Conclusiones
Para
que los DDSSyRR se hagan realidad para las mujeres indígenas deben de integrarse
plenamente, no solo en la agenda de los movimientos feminista y de mujeres,
comenzando por el de mujeres indígenas, sino también en la de los movimientos
de democratización y justicia social. En este sentido, la movilización de
mujeres indígenas en grupos organizados y alianzas puede ejercer una fuerte
influencia para estimular la voluntad política de los gobiernos e instituciones
de derechos humanos internacionales para cumplir con las normas y leyes
nacionales, así como con los acuerdos internacionales firmados por los países
en las conferencias de Naciones Unidas de la ultima década, incluyendo la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de Cairo (1994) y la IV
Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing (1995) y sus revisiones a los cinco
y diez años. Tanto Cairo como Beijing adoptan una doble perspectiva feminista
de integridad del cuerpo y autonomía de la persona en materia de DDSSyRR que se
vincula directamente con los derechos sociales, políticos y económicos
necesarios para conseguir la justicia de género, clase y raza, que las
comunidades indígenas están demandando (Petchesky & Judd, 1998). El gran
desafío permanece en cómo convertir en vinculantes los compromisos políticos de
los gobiernos, de forma que los derechos sexuales y los derechos reproductivos
sean legalmente exigibles (Cook, Dickens & Fathalla; 2003). En Perú, a
pesar de las ratificaciones de las conferencias internacionales, el Programa
Nacional de Salud Reproductiva no ha incluido a las mujeres indígenas
amazónicas, quienes en su mayoría carecen de acceso a servicios apropiados de
salud sexual y reproductiva, y aunque el actual Ministerio de Salud ha
expresado su preocupación por el tema, aún no se han tomado medidas para
mejorar la situación.
Las
agencias de cooperación para el desarrollo y las ONG internacionales y nacionales
que trabajan con comunidades indígenas deben de reforzar su compromiso con
éstas a través del fortalecimiento del diálogo con las organizaciones de
mujeres y grupos comunitarios indígenas con vistas a comprender mejor sus
prioridades aunque éstas no coincidan con las de las agencias. Este diálogo
puede facilitar igualmente el encuentro de alternativas a las dificultades más
clásicas en el trabajo con organizaciones indígenas, principalmente debidas a
la escasez de recursos, así como a la precariedad de la infraestructura y
capacidad institucional de las mismas.
Desde
el mundo indígena persiste la necesidad de construir un discurso de equidad de
género y derechos de las mujeres dentro de la cultura indígena que no separe la
búsqueda del derecho colectivo de la de los derechos individuales, que no son
ni más ni menos que una consecución del derecho colectivo, sin el cual no
serían posibles. A su vez, el mundo occidental tiene que reconocer la
ciudadanía de las mujeres y de las comunidades indígenas en toda la amplitud de
sus derechos ciudadanos y contribuir a la incorporación de sus identidades,
discursos e imágenes, en los acuerdos internacionales, y a la educación de toda
la población con miras a la aceptación de todos los grupos y personas que
conforman la sociedad de un país. Tarcila Rivera Zea, enfatiza que "La
actitud discriminatoria está tan íntimamente ligada con las formas de opresión
y exclusión que no será posible erradicarlas con un decreto de ley sino por
medio de programas de educación efectivos que contribuyan al cambio de
mentalidad, así como de actitudes en la vida cotidiana" (Rivera, 2003). El
debate de los DDSSyRR abre nuevos espacios de diálogo al interior de los
pueblos indígenas, de los movimientos sociales, de los gobiernos, del sector
salud y del de desarrollo, que deben ser aprovechados en su máximo potencial
para generar los cambios ineludibles que garanticen la equidad y justicia
social para la diversidad de mujeres y poblaciones indígenas de América Latina
y del mundo, una deuda que ya se ha hecho esperar demasiado.
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