Marisela Ortiz: La respuesta social ante los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez
© Marisela Ortiz, Nuestras Hijas de Regreso a Casa
LA RESPUESTA SOCIAL ANTE LOS ASESINATOS DE MUJERES EN CIUDAD JUÁREZ
En Ciudad Juárez ser mujer, joven y carente de poder económico representa el mayor riesgo de ser secuestrada, violada de manera tumultuaria, golpeada brutalmente y sometida a toda clase de torturas para luego ser estrangulada y lanzado su cuerpo a la calle, en algún terreno solitario o el propio desierto, para luego ser encontrados sus restos de casualidad, sin que autoridad alguna se ocupe de investigar quiénes cometieron las atrocidades que llevaron a su espantosa muerte, pero sí de hacer declaraciones para difamar la moral de las víctimas y sus familiares, a fin de justificar sus asesinatos afirmando que se les asesina por relacionarse con gente del mundo de la droga y la prostitución quedando por ello su terrible crimen impune, y a su familia en la más profunda tristeza, indignación, dolor e impotencia, sometidos al acoso, intimidación y amenazas de muerte por parte de las autoridades si se atreven iniciar una lucha por conocer la verdad y hacer cumplir la justicia.
Esta historia se convierte en el paradigma más terrible y desgarrador de violencia contra el sexo femenino, y otorga a México la exclusividad como único país del mundo actual en que se asesina a jóvenes sistemática y habitualmente a base de torturas, incluida la violación y mutilaciones, por el solo hecho de tener cuerpo de mujer, características de exterminio regular por razones de sexo que tornan este crimen atroz en un femicidio, delito contra la humanidad.
Ante estos dolorosos como vergonzantes asesinatos, los diferentes niveles de gobierno y las autoridades encargadas de procurar y administrar la justicia responden con indiferencia, omisiones, ineptitud, pasividad y negligencia en las investigaciones.
En lugar de investigar, reaccionan con descalificaciones denigrantes hacia las víctimas y sus familias; intimidaciones y amenazas a familiares y defensoras de derechos humanos; fabricación de pruebas y culpables; entrega de cuerpos a las familias sin evidencias suficientes que demuestren su identidad y no existen políticas de prevención que garanticen la vida de las mujeres en la comunidad donde pertenecer al sexo femenino es un riesgo permanente.
Además de la indiferencia, el gobierno del Estado de Chihuahua, al cual pertenece Ciudad Juárez, hostiga, amenaza y descalifica sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas, además de comprar a los medios de comunicación.
La represión es generalizada, a grado que existen amenazas de muerte a madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas, golpes, y hasta el homicidio del abogado de uno de los chivos expiatorios a quienes intentan hacer aparecer como culpables, aun sabiendo que son obligados a confesar a punta de torturas, también se desacredita a los periodistas honestos y ante cualquier tipo de manifestación en contra de las actuales políticas o bien declaraciones en que se evidencie la falta de voluntad de las autoridades o su incapacidad para investigar existe la represión y las amenazas.
Aún no hay una respuesta contundente puesto que la desatención al problema ha prevalecido, sin embargo, se han generado infinidad de hipótesis en torno a las causas de estas muertes, sin que se haya podido establecer una línea de investigación derivada de ellas. No obstante, se encuentra en la actualidad en la mesa de discusión una nueva y más creíble versión acerca de lo que ocurre en Ciudad Juárez y los posibles móviles de estos crímenes: “Crímenes semejantes, considerados inexplicables por los medios y los militantes, “sin líneas de investigación” por los funcionarios de gobierno y la policía, y vinculados al tráfico y al poder económico por la opinión pública, obedecen, según creo, a la creación y perpetuación de fraternidades mafiosas. Los miembros de estas fraternidades sellan su pacto de silencio y lealtad al manchar, en comunión nefasta, sus manos con la sangre de las mujeres mediante su muerte atroz, en verdaderos rituales donde la víctima sacrificial es colocada en esa posición por ninguna otra razón más que la marca de su anatomía femenina - índice último de subalternidad en la economía desigual del género –, destinada al consumo canibalístico en el proceso de realimentación de la fratria mafiosa. Lejos de ser la causa del crimen, la impunidad es su consecuencia, pues la cofradía mafiosa sella su juramento de lealtad y silencio con la sangre del cuerpo profanado en complicidad. El tributo, rendido en un festín macabro, aquí coincide con la propia vida subalterna, y su destino es acreditar a los cofrades para el ingreso o la permanencia en el orden de pares. En este sentido, esta nueva modalidad de femicidio – el femicidio mafioso o femicidio de fratrias – es la alegoría perfecta, el caso extremo y la concreción misma del modelo que aquí presento.”
Hasta ahora la responsabilidad sólo la han asumido las familias y las organizaciones, pero la obligación es de las autoridades y el gobierno, para investigar y castigar a los culpables, mas lejos de entenderlo engañan, alteran cifras, minimizan los hechos y ocultan información y hasta cadáveres.
Argumentan que “hacen lo que pueden” y que “tienen la mejor intención de resolver”. Hacemos entonces un cuestionamiento porque pueden cobrar muy bien y hacer muy poco. Repetidas ocasiones se les ha invitado por parte de la sociedad a que dejen sus cargos y los tomen otros que sí puedan, porque no es difícil detener a quienes torturan y asesinan cuando los nombres de quienes pueden aportar datos que lleven a la detención de los criminales ya circulan en diarios mexicanos y extranjeros. Ninguna solución aporta quien solo manifiesta buenas intenciones; éstas hay que demostrarlas con hechos.
Ante unas autoridades que presionadas por resolver torturan a quienes pretenden presentar como culpables, familiares de mujeres victimadas y familiares de detenidos que son torturados para confesar crímenes que quizás no cometieron, se unen en una lucha por encontrar la justicia y la verdad, y agotando las posibilidades de alcanzarla en su propio país, acuden ante las instancias internacionales
Como respuesta, gobierno y autoridades estatales han tratado de impedir que familiares y defensoras de derechos humanos continuemos esta lucha tan importante, y a la fuerza del poder tienen todos los medios para hacerlo, como manipular incluso a un grupo de madres de jovencitas desaparecidas que a partir de las imprecisiones, falta de información, y ocultamiento de la misma, y sobre todo a partir de los resultados de ADN practicados a los restos y sus supuestas familias, no es posible determinar si todos los cuerpos encontrados en un campo algodonero en noviembre de 2001 sean los de estas jóvenes mujeres, hijas de quienes han sido y son manipuladas por el Gobierno, a través del recién instalado Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHiMu), cuya titular, olvidando los fines para los que fue creado este instituto, y aunque fue conocida por difundir los crímenes de mujeres en esta frontera, ahora, desde su posición como parte del gobierno ha tomado como principal objetivo atacar a las organizaciones y enfrentar grupos con el fin de desviar la atención hacia situaciones que si bien son importantes como lo es el dinero, no son lo primordial, que es por lo que trabajamos: el esclarecimiento de este femicidio.
También, pretendiendo dar legitimidad a “su” Instituto, y sobre todo orientar su funcionamiento basándose en los intereses del gobierno, la titular del ICHiMu no se percata del juego perverso del gobierno para el cual ahora trabaja. No se da cuenta cómo es utilizada para que, desde su posición, desarticule todo el movimiento que ha encabezado la sociedad civil, y así, a través del Instituto Chihuahuense de la Mujer, se lleve a cabo cualquier gestión, con el riesgo de no contar con los contrapesos necesarios que toda sana democracia exige. Sólo se quiere una voz: la oficial.
Y es que las autoridades quieren remediar los problemas limpiando su imagen en lugar de investigar. Y van a donde hemos ido compartiendo nuestra lamentable experiencia en esta historia de dolor e indignación, desmintiendo nuestra voz como derechohumanistas y negando las versiones de las familias afectadas. El gobernador del Estado de Chihuahua incluso ha puesto en entredicho la capacidad y la ética de instancias internacionales defensoras de los derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que en su reciente informe refiere más de cuatro mil denuncias de desapariciones de mujeres en la ultima década.
Los informes de los diferentes relatores que han acudido a Ciudad Juárez atraídos por la insistencia de las organizaciones y sus denuncias, coinciden en que persiste un sistema de impunidad por una posible complicidad de las autoridades con los asesinos, donde la policía colabora en los secuestros y asesinatos.
Como este fenómeno social de una década de duración no ha sido resuelto por el Estado, tenía que operar una fuerza social organizada intentando detener el problema y aplicar la justicia. Este movimiento social es iniciado por un grupo de madres de jovencitas asesinadas y desaparecidas que han formado una red a nivel local, estatal, nacional, y ahora internacional con organizaciones y grupos de la sociedad civil para hacer del conocimiento de todos esta problemática. Sin duda había necesidad de una gran presión internacional. Toda vez que la respuesta local y nacional no llegaba a pesar de las presiones e intenso trabajo de las familias organizadas, uno de los objetivos que se plantearon fue la difusión a nivel nacional e internacional que incidiera en los diferentes países para que sus respectivos gobiernos comenzaran a exigir al gobierno mexicano una solución.
Al mismo tiempo, llaman la atención de las diferentes instancias a nivel internacional que promueven el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la discriminación, y que es sabido que intervienen cuando los mecanismos de justicia del país no han resuelto ya sea por incapacidad u omisión.
Era pues, necesario evidenciar los sucesos y la desatención de las autoridades para que la comunidad internacional tomara acciones y que en cada informe presentado en torno a los derechos humanos, se cruzara información que resaltara el caso llamado “Las muertas de Juárez”, lo cual ha generado una enorme difusión de la constante violación a los derechos humanos de las mujeres en esta comunidad fronteriza y la falta de respuesta de las autoridades para un freno a las matanzas de mujeres y la consecuente impunidad que las rodean.
Esta presión en los dos últimos años, de personalidades y organizaciones nacionales e internacionales para acabar con los asesinatos “normales” o “merecidos” –según funcionarios de procuración de justicia a las denuncias angustiadas de madres y familiares de las víctimas- “ha logrado que esa “normalidad” misógina y aberrante sea vista por todo el mundo como el escándalo intolerable y la abyección humana que es”.
A partir de ello se suceden en cadena una serie de intervenciones gubernamentales de nuestro país, que aun con todo el aparato con que son anunciadas y puestas en marcha, de ninguna manera han significado una solución. Sucede es que las autoridades han llegado tan tarde que, a estas alturas, los asesinatos de mujeres constituyen un crimen contra la humanidad, o sea, un exterminio regular y sistemático por la sola razón de ser mujeres, de tener cuerpo de mujer.
Sin embargo, hay quienes consideran que la intervención de los organismos internacionales en casos internos de México es una intromisión inaceptable. Pero debe recordarse que esas leyes internacionales y la acción de sus agencias son parte de la legislación mexicana. Son compromisos hechos propios (...)”.
La función de la nueva comisionada generó en principio una esperanza más entre muchas que han surgido en este camino de búsqueda de la verdad y la justicia, las organizaciones y familias ruegan por que no constituya un fracaso más, y motivo de nuevas desesperanzas que acrecienten la desconfianza a todo lo que se emprende por parte del gobierno. Sin embargo, no es la solución única al enorme conjunto de problemas que se han vuelto como una maraña inmensa difícil de deshacer, dadas las facultades tan limitadas que le han otorgado.
Otra de las estimaciones que haríamos al nombramiento, no a la persona, es que es corresponde a una salida del gobierno mexicano ante las severas críticas internacionales.
Por otra parte, cuando Guadalupe Morfín declara que los crímenes se deben a la descomposición del tejido social, dudamos que se pueda facturar a la sociedad un problema de esta naturaleza cuando se está tan cerca de la verdad y se mencionan nombres de gente que puede aportar datos importantes acerca de los supuestos asesinos, y se conocen los posibles móviles de los asesinatos.
Por ello, aunque las autoridades federales implementaron con mucho ruido un plan integral de seguridad, sabemos que de ninguna manera garantizará la vida a las mujeres que viven en ciudad Juárez y que están en el mismo riesgo de ser víctimas de estas tragedias, porque éste es producto de la impunidad, y la impunidad no se soluciona precisamente con acciones preventivas o punitivas: corresponde al aparato de procuración y administración de justicia atacarla.
Frente a las formas erradas del gobierno de concebir el femicidio y las soluciones a esta creciente problemática, surgen los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de la Organización de Estados Americanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana, basados todos en investigaciones a través de los testimonios las familias y las partes involucradas en una posible solución, y al momento de dar a conocer dichos informes el gobierno ha respondido con las más aberrantes descalificaciones, mismas que incluso ha hecho publicas en ocasiones pagando a los medios grandes sumas de dinero por la publicación.
El gobierno del Estado de Chihuahua, calificó el informe de Amnistía Internacional de ''parcial, sesgado, distorsionado y tendencioso'', quizá porque se denuncian ahí errores y negligencias del sistema judicial mexicano y se acusa a los gobernantes y autoridades de tolerar estos crímenes, y a las autoridades estatales y municipales de hostigar a las familias de las víctimas y contemplar los asesinatos con indiferencia. Dicha descalificación hacia el informe de Amnistía Internacional también contiene una crítica de esta naturaleza porque “denigra a Chihuahua y a sus autoridades legítimamente constituidas". E insiste el gobierno en minimizar o negar la problemática diciendo que la mayoría de los crímenes están resueltos o haciendo clasificaciones con la clara intención de trivializar y minimizar el problema.
De ahí la desconfianza de las familias y organizaciones de ver resueltos los casos, por ello han emprendido una búsqueda de la justicia a través de las acciones en el ámbito internacional, y han apostado a la presión de la sociedad y los gobiernos ajenos para lograr mover las estructuras de su propio país, a fin de recuperar con dignidad los derechos de que han sido despojadas desde el mismo momento en que les fueron arrebatadas las vidas de sus jóvenes hijas, y erradicar las causas de tantas muertes absurdas, haciendo de Ciudad Juárez un estado de derecho donde se transite libremente, donde esta encarnizada lucha en honor de las mujeres asesinadas y desaparecidas en el estado de Chihuahua, en México, sirva para que este dolor no lo llegue a sentir ninguna otra madre, y dar fin a estos espantosos crímenes, que además de causar un tremendo dolor a sus familias y a la comunidad entera, sus secuelas han transformado a nuestra sociedad, al limitar el desarrollo de las mujeres, en una ciudad donde el miedo ha provocado que cientos de ellas se queden en sus hogares sin trabajo y sin estudio, ante el enorme riesgo que representa salir a la calle.
© Marisela Ortiz, Nuestras Hijas de Regreso a Casa
LA RESPUESTA SOCIAL ANTE LOS ASESINATOS DE MUJERES EN CIUDAD JUÁREZ
En Ciudad Juárez ser mujer, joven y carente de poder económico representa el mayor riesgo de ser secuestrada, violada de manera tumultuaria, golpeada brutalmente y sometida a toda clase de torturas para luego ser estrangulada y lanzado su cuerpo a la calle, en algún terreno solitario o el propio desierto, para luego ser encontrados sus restos de casualidad, sin que autoridad alguna se ocupe de investigar quiénes cometieron las atrocidades que llevaron a su espantosa muerte, pero sí de hacer declaraciones para difamar la moral de las víctimas y sus familiares, a fin de justificar sus asesinatos afirmando que se les asesina por relacionarse con gente del mundo de la droga y la prostitución quedando por ello su terrible crimen impune, y a su familia en la más profunda tristeza, indignación, dolor e impotencia, sometidos al acoso, intimidación y amenazas de muerte por parte de las autoridades si se atreven iniciar una lucha por conocer la verdad y hacer cumplir la justicia.
Esta historia se convierte en el paradigma más terrible y desgarrador de violencia contra el sexo femenino, y otorga a México la exclusividad como único país del mundo actual en que se asesina a jóvenes sistemática y habitualmente a base de torturas, incluida la violación y mutilaciones, por el solo hecho de tener cuerpo de mujer, características de exterminio regular por razones de sexo que tornan este crimen atroz en un femicidio, delito contra la humanidad.
Ante estos dolorosos como vergonzantes asesinatos, los diferentes niveles de gobierno y las autoridades encargadas de procurar y administrar la justicia responden con indiferencia, omisiones, ineptitud, pasividad y negligencia en las investigaciones.
En lugar de investigar, reaccionan con descalificaciones denigrantes hacia las víctimas y sus familias; intimidaciones y amenazas a familiares y defensoras de derechos humanos; fabricación de pruebas y culpables; entrega de cuerpos a las familias sin evidencias suficientes que demuestren su identidad y no existen políticas de prevención que garanticen la vida de las mujeres en la comunidad donde pertenecer al sexo femenino es un riesgo permanente.
Además de la indiferencia, el gobierno del Estado de Chihuahua, al cual pertenece Ciudad Juárez, hostiga, amenaza y descalifica sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas, además de comprar a los medios de comunicación.
La represión es generalizada, a grado que existen amenazas de muerte a madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas, golpes, y hasta el homicidio del abogado de uno de los chivos expiatorios a quienes intentan hacer aparecer como culpables, aun sabiendo que son obligados a confesar a punta de torturas, también se desacredita a los periodistas honestos y ante cualquier tipo de manifestación en contra de las actuales políticas o bien declaraciones en que se evidencie la falta de voluntad de las autoridades o su incapacidad para investigar existe la represión y las amenazas.
Aún no hay una respuesta contundente puesto que la desatención al problema ha prevalecido, sin embargo, se han generado infinidad de hipótesis en torno a las causas de estas muertes, sin que se haya podido establecer una línea de investigación derivada de ellas. No obstante, se encuentra en la actualidad en la mesa de discusión una nueva y más creíble versión acerca de lo que ocurre en Ciudad Juárez y los posibles móviles de estos crímenes: “Crímenes semejantes, considerados inexplicables por los medios y los militantes, “sin líneas de investigación” por los funcionarios de gobierno y la policía, y vinculados al tráfico y al poder económico por la opinión pública, obedecen, según creo, a la creación y perpetuación de fraternidades mafiosas. Los miembros de estas fraternidades sellan su pacto de silencio y lealtad al manchar, en comunión nefasta, sus manos con la sangre de las mujeres mediante su muerte atroz, en verdaderos rituales donde la víctima sacrificial es colocada en esa posición por ninguna otra razón más que la marca de su anatomía femenina - índice último de subalternidad en la economía desigual del género –, destinada al consumo canibalístico en el proceso de realimentación de la fratria mafiosa. Lejos de ser la causa del crimen, la impunidad es su consecuencia, pues la cofradía mafiosa sella su juramento de lealtad y silencio con la sangre del cuerpo profanado en complicidad. El tributo, rendido en un festín macabro, aquí coincide con la propia vida subalterna, y su destino es acreditar a los cofrades para el ingreso o la permanencia en el orden de pares. En este sentido, esta nueva modalidad de femicidio – el femicidio mafioso o femicidio de fratrias – es la alegoría perfecta, el caso extremo y la concreción misma del modelo que aquí presento.”
Hasta ahora la responsabilidad sólo la han asumido las familias y las organizaciones, pero la obligación es de las autoridades y el gobierno, para investigar y castigar a los culpables, mas lejos de entenderlo engañan, alteran cifras, minimizan los hechos y ocultan información y hasta cadáveres.
Argumentan que “hacen lo que pueden” y que “tienen la mejor intención de resolver”. Hacemos entonces un cuestionamiento porque pueden cobrar muy bien y hacer muy poco. Repetidas ocasiones se les ha invitado por parte de la sociedad a que dejen sus cargos y los tomen otros que sí puedan, porque no es difícil detener a quienes torturan y asesinan cuando los nombres de quienes pueden aportar datos que lleven a la detención de los criminales ya circulan en diarios mexicanos y extranjeros. Ninguna solución aporta quien solo manifiesta buenas intenciones; éstas hay que demostrarlas con hechos.
Ante unas autoridades que presionadas por resolver torturan a quienes pretenden presentar como culpables, familiares de mujeres victimadas y familiares de detenidos que son torturados para confesar crímenes que quizás no cometieron, se unen en una lucha por encontrar la justicia y la verdad, y agotando las posibilidades de alcanzarla en su propio país, acuden ante las instancias internacionales
Como respuesta, gobierno y autoridades estatales han tratado de impedir que familiares y defensoras de derechos humanos continuemos esta lucha tan importante, y a la fuerza del poder tienen todos los medios para hacerlo, como manipular incluso a un grupo de madres de jovencitas desaparecidas que a partir de las imprecisiones, falta de información, y ocultamiento de la misma, y sobre todo a partir de los resultados de ADN practicados a los restos y sus supuestas familias, no es posible determinar si todos los cuerpos encontrados en un campo algodonero en noviembre de 2001 sean los de estas jóvenes mujeres, hijas de quienes han sido y son manipuladas por el Gobierno, a través del recién instalado Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHiMu), cuya titular, olvidando los fines para los que fue creado este instituto, y aunque fue conocida por difundir los crímenes de mujeres en esta frontera, ahora, desde su posición como parte del gobierno ha tomado como principal objetivo atacar a las organizaciones y enfrentar grupos con el fin de desviar la atención hacia situaciones que si bien son importantes como lo es el dinero, no son lo primordial, que es por lo que trabajamos: el esclarecimiento de este femicidio.
También, pretendiendo dar legitimidad a “su” Instituto, y sobre todo orientar su funcionamiento basándose en los intereses del gobierno, la titular del ICHiMu no se percata del juego perverso del gobierno para el cual ahora trabaja. No se da cuenta cómo es utilizada para que, desde su posición, desarticule todo el movimiento que ha encabezado la sociedad civil, y así, a través del Instituto Chihuahuense de la Mujer, se lleve a cabo cualquier gestión, con el riesgo de no contar con los contrapesos necesarios que toda sana democracia exige. Sólo se quiere una voz: la oficial.
Y es que las autoridades quieren remediar los problemas limpiando su imagen en lugar de investigar. Y van a donde hemos ido compartiendo nuestra lamentable experiencia en esta historia de dolor e indignación, desmintiendo nuestra voz como derechohumanistas y negando las versiones de las familias afectadas. El gobernador del Estado de Chihuahua incluso ha puesto en entredicho la capacidad y la ética de instancias internacionales defensoras de los derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que en su reciente informe refiere más de cuatro mil denuncias de desapariciones de mujeres en la ultima década.
Los informes de los diferentes relatores que han acudido a Ciudad Juárez atraídos por la insistencia de las organizaciones y sus denuncias, coinciden en que persiste un sistema de impunidad por una posible complicidad de las autoridades con los asesinos, donde la policía colabora en los secuestros y asesinatos.
Como este fenómeno social de una década de duración no ha sido resuelto por el Estado, tenía que operar una fuerza social organizada intentando detener el problema y aplicar la justicia. Este movimiento social es iniciado por un grupo de madres de jovencitas asesinadas y desaparecidas que han formado una red a nivel local, estatal, nacional, y ahora internacional con organizaciones y grupos de la sociedad civil para hacer del conocimiento de todos esta problemática. Sin duda había necesidad de una gran presión internacional. Toda vez que la respuesta local y nacional no llegaba a pesar de las presiones e intenso trabajo de las familias organizadas, uno de los objetivos que se plantearon fue la difusión a nivel nacional e internacional que incidiera en los diferentes países para que sus respectivos gobiernos comenzaran a exigir al gobierno mexicano una solución.
Al mismo tiempo, llaman la atención de las diferentes instancias a nivel internacional que promueven el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la discriminación, y que es sabido que intervienen cuando los mecanismos de justicia del país no han resuelto ya sea por incapacidad u omisión.
Era pues, necesario evidenciar los sucesos y la desatención de las autoridades para que la comunidad internacional tomara acciones y que en cada informe presentado en torno a los derechos humanos, se cruzara información que resaltara el caso llamado “Las muertas de Juárez”, lo cual ha generado una enorme difusión de la constante violación a los derechos humanos de las mujeres en esta comunidad fronteriza y la falta de respuesta de las autoridades para un freno a las matanzas de mujeres y la consecuente impunidad que las rodean.
Esta presión en los dos últimos años, de personalidades y organizaciones nacionales e internacionales para acabar con los asesinatos “normales” o “merecidos” –según funcionarios de procuración de justicia a las denuncias angustiadas de madres y familiares de las víctimas- “ha logrado que esa “normalidad” misógina y aberrante sea vista por todo el mundo como el escándalo intolerable y la abyección humana que es”.
A partir de ello se suceden en cadena una serie de intervenciones gubernamentales de nuestro país, que aun con todo el aparato con que son anunciadas y puestas en marcha, de ninguna manera han significado una solución. Sucede es que las autoridades han llegado tan tarde que, a estas alturas, los asesinatos de mujeres constituyen un crimen contra la humanidad, o sea, un exterminio regular y sistemático por la sola razón de ser mujeres, de tener cuerpo de mujer.
Sin embargo, hay quienes consideran que la intervención de los organismos internacionales en casos internos de México es una intromisión inaceptable. Pero debe recordarse que esas leyes internacionales y la acción de sus agencias son parte de la legislación mexicana. Son compromisos hechos propios (...)”.
La función de la nueva comisionada generó en principio una esperanza más entre muchas que han surgido en este camino de búsqueda de la verdad y la justicia, las organizaciones y familias ruegan por que no constituya un fracaso más, y motivo de nuevas desesperanzas que acrecienten la desconfianza a todo lo que se emprende por parte del gobierno. Sin embargo, no es la solución única al enorme conjunto de problemas que se han vuelto como una maraña inmensa difícil de deshacer, dadas las facultades tan limitadas que le han otorgado.
Otra de las estimaciones que haríamos al nombramiento, no a la persona, es que es corresponde a una salida del gobierno mexicano ante las severas críticas internacionales.
Por otra parte, cuando Guadalupe Morfín declara que los crímenes se deben a la descomposición del tejido social, dudamos que se pueda facturar a la sociedad un problema de esta naturaleza cuando se está tan cerca de la verdad y se mencionan nombres de gente que puede aportar datos importantes acerca de los supuestos asesinos, y se conocen los posibles móviles de los asesinatos.
Por ello, aunque las autoridades federales implementaron con mucho ruido un plan integral de seguridad, sabemos que de ninguna manera garantizará la vida a las mujeres que viven en ciudad Juárez y que están en el mismo riesgo de ser víctimas de estas tragedias, porque éste es producto de la impunidad, y la impunidad no se soluciona precisamente con acciones preventivas o punitivas: corresponde al aparato de procuración y administración de justicia atacarla.
Frente a las formas erradas del gobierno de concebir el femicidio y las soluciones a esta creciente problemática, surgen los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de la Organización de Estados Americanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana, basados todos en investigaciones a través de los testimonios las familias y las partes involucradas en una posible solución, y al momento de dar a conocer dichos informes el gobierno ha respondido con las más aberrantes descalificaciones, mismas que incluso ha hecho publicas en ocasiones pagando a los medios grandes sumas de dinero por la publicación.
El gobierno del Estado de Chihuahua, calificó el informe de Amnistía Internacional de ''parcial, sesgado, distorsionado y tendencioso'', quizá porque se denuncian ahí errores y negligencias del sistema judicial mexicano y se acusa a los gobernantes y autoridades de tolerar estos crímenes, y a las autoridades estatales y municipales de hostigar a las familias de las víctimas y contemplar los asesinatos con indiferencia. Dicha descalificación hacia el informe de Amnistía Internacional también contiene una crítica de esta naturaleza porque “denigra a Chihuahua y a sus autoridades legítimamente constituidas". E insiste el gobierno en minimizar o negar la problemática diciendo que la mayoría de los crímenes están resueltos o haciendo clasificaciones con la clara intención de trivializar y minimizar el problema.
De ahí la desconfianza de las familias y organizaciones de ver resueltos los casos, por ello han emprendido una búsqueda de la justicia a través de las acciones en el ámbito internacional, y han apostado a la presión de la sociedad y los gobiernos ajenos para lograr mover las estructuras de su propio país, a fin de recuperar con dignidad los derechos de que han sido despojadas desde el mismo momento en que les fueron arrebatadas las vidas de sus jóvenes hijas, y erradicar las causas de tantas muertes absurdas, haciendo de Ciudad Juárez un estado de derecho donde se transite libremente, donde esta encarnizada lucha en honor de las mujeres asesinadas y desaparecidas en el estado de Chihuahua, en México, sirva para que este dolor no lo llegue a sentir ninguna otra madre, y dar fin a estos espantosos crímenes, que además de causar un tremendo dolor a sus familias y a la comunidad entera, sus secuelas han transformado a nuestra sociedad, al limitar el desarrollo de las mujeres, en una ciudad donde el miedo ha provocado que cientos de ellas se queden en sus hogares sin trabajo y sin estudio, ante el enorme riesgo que representa salir a la calle.
© Marisela Ortiz, Nuestras Hijas de Regreso a Casa
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