Aborto legal en América Latina: un paso adelante y otro atrás
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Alejandra Waigandt, AmecoPress
- 10.000
mujeres mueren al año por abortos inseguros
El
objetivo de legalizar el aborto en América Latina y el Caribe tuvo avances y
retrocesos durante 2007. Mientras que en el Distrito Federal de México el
parlamento decidió liberalizar la interrupción voluntaria del embarazo durante
las primeras 12 semanas de gestación, en Nicaragua se prohibió el aborto
terapéutico. Las acciones contrarias de sectores conservadores y de la iglesia
católica se exacerban ante cualquier iniciativa.
En la
región latinoamericana y caribeña unas 10.000 mujeres mueren cada año por
complicaciones de abortos inseguros y muchas de las que sobreviven a los 4
millones de procedimientos que se practican anualmente sufren lesiones, según
datos de la OMS. Esta situación afecta especialmente a jóvenes y niñas de
escasos recursos, que son las principales víctimas de las legislaciones que
prohíben la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas de esas normas fijan
excepciones, pero la mayoría de las veces no se cumplen.
En
Argentina el código penal permite el aborto cuando está en peligro la salud o
vida de la madre o el embarazo es consecuencia de una violación o un abuso
cometido contra una mujer idiota. Estas causales no requieren autorización
judicial, pero a la hora de la práctica los y las efectores de la salud la
solicitan y/o aducen razones de conciencia para negar la práctica.
Este es
el primer paso del largo peregrinar que deben atravesar las jóvenes mujeres y
sus familias en la judicialización de sus casos. Un caso emblemático fue el de
LMR, la joven discapacitada que fue violada en 2006 y que tuvo que practicarse
un aborto en el circuito clandestino porque no logró acceder al procedimiento
en un hospital público. La familia de LMR contaba con el aval de la Corte
Suprema de Justicia bonaerense, pero tampoco sirvió para que los y las
efectores de la salud cumplieran con la legislación vigente. En mayo pasado,
organizaciones de mujeres presentaron una demanda ante el Comité de Derechos
Humanos (CDH) de la ONU contra el Estado argentino “por la sucesión de
violaciones de los derechos de LMR”. El organismo la preadmitió en noviembre y
Argentina tiene hasta mayo de 2008 para confeccionar una respuesta. Luego el
CDH estudiará si admite o rechaza el caso.
A la
par, la flamante ministra de Salud Graciela Ocaña frenaba la distribución de la
Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles, aprobada en diciembre
por su antecesor Ginés González García, un instrumento que contribuiría a
solucionar el problema de la judicialización. La funcionaria aseguraba en un
reportaje que “el problema del aborto es un tema de política criminal”,
exhibiendo el criterio que adoptó el gobierno en este tema, ya demostrado por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al reunirse con los sectores más
conservadores de la Iglesia Católica diez días después de su asunción.
Condenada
En
Uruguay, una joven de 20 años fue procesada por el delito de aborto. Un médico
la había denunciado luego de comprobarse la infección severa que sufría la
joven por una práctica abortiva insegura en una clínica clandestina.
Este
fallo provocó una importante movilización que derivó en una declaración pública
de 9.000 personas donde reconocieron sus delitos de aborto, reabriéndose de
esta manera el debate sobre su despenalización. La discusión se había cerrado
dos años antes a instancias del presidente uruguayo, Tabaré Vásquez y sectores
conservadores y de la iglesia católica.
Poco
después el Senado legalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, como
parte de un proyecto integral de salud sexual y reproductiva. La iniciativa
debe ser sancionada por Diputados y luego recibir el veredicto del Ejecutivo
uruguayo, cuyo líder ya anticipó que la vetaría.
Además
de Uruguay, entre los países más prohibitivos están Chile, Paraguay, El
Salvador, Honduras y República Dominicana.
Mueren las pobres
En
Bolivia también está prohibido interrumpir el embarazo, aunque el código penal
explica más exhaustivamente las excepciones en comparación con Argentina. Allí
es posible abortar cuando la gestación es producto de una violación, incesto o
cuando la vida de la madre corre peligro, pero para solicitarlo hay que
presentar una autorización judicial. En la práctica ese trámite demora y los y
las médicas recurren a la objeción de conciencia, de hecho proliferan los
procedimientos inseguros: se realizan hasta 115 abortos clandestinos por día.
El país tiene una de las dos tasas más altas de mortalidad materna por aborto
después de Haití y las víctimas son mujeres pobres.
Durante
2007 sectores religiosos y conservadores presionaron para que una nueva
Constitución agregue la defensa de la vida “desde el momento de la concepción”,
pero la movilización de las organizaciones de mujeres y de derechos humanos
llevó a la Asamblea Constituyente a rechazar la iniciativa.
En
Venezuela el aborto es legal sólo cuando está en riesgo la vida de la madre. El
movimiento de mujeres pelea para modificar el código penal y liberalizarlo
también en casos de incesto, violación, daño fetal y peligro para la salud de
la mujer. Pero la revolucionaria Asamblea Nacional no repara en esa demanda,
presionada por argumentos éticos, religiosos y personales.
En Perú
el aborto terapéutico no está penalizado. Igualmente es difícil ejercer ese
derecho porque no hay mecanismos administrativos que lo efectivicen.
Organizaciones de derechos humanos luchan para lograr un protocolo.
Un paso atrás
En
Nicaragua, el poder legislativo penalizó el aborto terapéutico, eliminando así
la excepción del código penal. Ahora ese procedimiento está completamente
prohibido. Alianzas entre fuerzas políticas y sectores de la iglesia católica
posibilitaron esa medida, que constituyó el más grave de los retrocesos en
materia de derechos sexuales y reproductivos durante 2007.
En un
informe reciente, Human Rights Watch señaló que la prohibición tuvo un impacto
“devastador” porque produjo más muertes. “Las embarazadas sienten temor incluso
de acudir a un centro de salud”, aseguró la organización internacional.
En este
mismo sentido, el Congreso ecuatoriano frenó y archivó un proyecto de ley para
eliminar el aborto terapéutico, permitido por el código penal.
Otros debates
En
Brasil la legislación no es distinta de países como Argentina, Bolivia, Ecuador
y Perú, sin embargo las brasileñas tienen garantizado el acceso al aborto en
los casos previstos por la ley: riesgo de vida de la mujer y embarazo resultado
de una violación. El movimiento feminista y organizaciones de derechos humanos
y la salud lograron que los hospitales públicos brinden el servicio en la
década de los ’90. Más recientemente se agregó como causal de aborto impune la
presencia de un feto anencefálico.
No
obstante las agrupaciones que pelean por el derecho de las mujeres a una
maternidad voluntaria alertaron que tras la visita en mayo del Papa Benedicto
XVI se formó el Frente Parlamentario en Defensa de la Vida y contra el Aborto.
Al igual que el Papa, esta agrupación apoya la propuesta de excomulgar a los y
las legisladoras católicas que respalden la despenalización de la interrupción
voluntaria del embarazo.
En
Colombia en tanto, crece el debate sobre el aborto como un problema de salud
pública y de derechos humanos. Fue habilitado en mayo de 2006 por una sentencia
de la Corte Constitucional que lo legalizó en forma parcial. Desde entonces un
embarazo puede ser interrumpido en casos de violación o inseminación artificial
no consentida, cuando el feto tiene alguna malformación o cuando corre peligro
la vida o la salud de la mujer. El Ministerio de la Protección Social
reglamentó el procedimiento, pero aún hay instituciones que no lo garantizan.
Un paso adelante
En
cuanto a los progresos, uno muy celebrado fue el obtenido por el Distrito
Federal de México en abril. La Asamblea Constituyente modificó el código penal,
despenalizando el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de
gestación. También sancionó la Ley de Salud del Distrito Federal, que obliga a
las instituciones de la red de salud pública a atender solicitudes conforme a
la ley. Hasta enero de este año, la red hospitalaria llevaba realizadas 5.257
interrupciones sin que se produjera ninguna muerte.
En
2006, en cambio, se registraron unos 7.316 abortos, donde murieron 15 mujeres.
Por su
parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que en 2008
dará prioridad a la acción de inconstitucionalidad promovida por la
Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) contra dicha legislación.
La alta
comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Louise Arbour, recomendó
entonces su homologación, de modo que las mujeres puedan elegir libremente
sobre su embarazo.
Los
únicos países de América Latina y el Caribe que desde hace décadas permiten el
aborto y donde se garantiza un acceso gratuito y seguro son: Barbados, Cuba y
tres países de las Antillas francesas, Guayana Francesa, Guyana y Puerto Rico.
También allí hay sectores conservadores que no cejan en su objetivo de retrasar
los avances en materia de salud sexual y reproductiva.
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