Las cifras de la violencia de género en América Latina y el Caribe

* * copiado tal cual del informe "¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe", editado por Sonia Montaño y Diane Alméras, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con fondos de UNICEF, ONUSIDA y UNIFEM.

La elaboración de un diagnóstico actualizado para alcanzar un cabal conocimiento de la naturaleza, la prevalencia, las causas, las consecuencias y repercusiones de la violencia contra las mujeres y sobre el conjunto de la sociedad es una tarea todavía pendiente. Aún no hay una línea de base desde la cual monitorear y evaluar el efecto de las políticas, legislaciones, planes y programas. No se dispone de información acerca de la verdadera magnitud de los distintos tipos de violencia contra las mujeres, puesto que en muchos países de América Latina y del Caribe no existen datos básicos para medirla y construir indicadores. En aquellos en que se han realizado encuestas sobre el tema y ya tienen información, los indicadores no pueden representar la magnitud de la violencia sobre una base homologable y comparable en el tiempo, dentro y entre los países.

En el presente diagnóstico, se busca determinar una línea de base desde la cual evaluar el efecto que ha tenido la aplicación de los marcos legislativos y la ejecución de distintas estrategias, además de las consecuencias de los planes y programas que se han implementado en la región encaminados a prevenir, atender a las víctimas y sancionar la violencia contra las mujeres. En general, la recolección de esta información se remite a la definición adoptada en las leyes nacionales que incluye la violencia física, psicológica y sexual además de la violencia económica o patrimonial –contemplada en algunas legislaciones– que consiste en privar la mujer de los medios económicos de subsistencia para ella y sus hijos o en afectarla patrimonialmente. Este último tipo de violencia se basa en mecanismos de control ejercidos por hombres –generalmente las parejas– sobre el comportamiento económico de las mujeres, e incluyen la privación de los recursos básicos para su sustento y bienestar, lo que las aísla socialmente, las priva de libertad de movimiento y de autonomía.

Las distintas expresiones de violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres, niñas y adolescentes, así como el feminicidio –último eslabón de una larga cadena de violencia a la que las mujeres se ven sometidas– se diferencian a partir de distintas determinantes como las situaciones de mayor vulnerabilidad (VIH/SIDA, migración femenina, trata de niñas, adolescentes y mujeres, pobreza, dimensión étnica, entre otras manifestaciones), las relaciones con el agresor (violencia intrafamiliar, incesto) y también el ciclo vital (violencia contra las niñas, las adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores). En todos los casos, la violencia institucional, por acción u omisión, envuelve el tema en un manto de impunidad, que forma parte de la percepción generalizada de la violencia contra las mujeres.

En la elaboración de este informe regional, se ha elegido analizar todas estas formas de violencia en el marco de la Convención de Belém do Pará, es decir, mirar a la violencia según: i) tenga lugar dentro de la familia o en cualquier relación interpersonal; ii) tenga lugar en la comunidad; y iii) sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes.

A. Violencia en los espacios íntimos

Tal como lo señala el Estudio de las Naciones Unidas (2006b), las mujeres son víctimas de violencia a lo largo de todo su ciclo de vida, lo que, por lo general, se conoce como violencia en la familia e incluye violencia física y otras formas de discriminación como la violación dentro del matrimonio, la violencia sexual y el infanticidio. Este apartado se centra en las formas que adquiere en la relación de pareja y en el ámbito familiar.

1. Violencia contra la mujer en la relación de pareja

La violencia contra las mujeres en la relación de pareja se asocia al ámbito doméstico, tradicionalmente considerado privado, en tanto ámbito inaccesible para las leyes y el Estado. Lo privado o doméstico no hace referencia exclusiva al espacio físico, aunque lo incluye. La violencia doméstica contra las mujeres, en especial la infligida por la pareja, ha sido interpretada como un instrumento de poder de carácter funcional respecto del sistema de género dominante, destinado a reforzar la autoridad masculina y a velar por el cumplimiento de los roles atribuidos a las mujeres dentro de la familia y el hogar (Rico, 1996).

Las cifras de la violencia contra las mujeres, perpetrada por la pareja, constituyen una constante en todos los países de la región y muestran características similares en América Latina y el Caribe: las mujeres son violentadas principalmente por sus parejas o compañeros íntimos, ex parejas u otros hombres de la familia o conocidos.

a) América Latina: la mayoría de los abusos físicos vienen de los esposos

Aunque las cifras que se presentan a continuación corresponden a estudios diferentes, y no son comparables desde el punto de vista metodológico, exhiben tendencias similares en cada uno de los países donde se han realizado. En Perú, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2000)30 reveló que el 41% de las mujeres había sufrido abusos físicos por sus esposos y un 28% por otros hombres. En Nicaragua se registra un porcentaje similar, según los datos presentados por la Organización Mundial de la Salud (Asling-Monemi y otros, 2003), el 40% de las mujeres en edad reproductiva había sufrido violencia física de su pareja, en el 70% de los casos, esa violencia fue severa y el 31% de las mujeres fueron golpeadas al menos durante uno de sus embarazos.

En México, el 35,4% de las mujeres de 15 años y más, unidas y corresidentes con su pareja, sufría violencia emocional ejercida por su cónyuge o compañero; el 27,3% padecía violencia económica; el 9,3% violencia física y el 7,8% violencia sexual. De las mujeres entrevistadas en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2003), solo el 56,4% declaró no padecer ningún tipo de violencia.31

En Brasil, de acuerdo a un estudio de la Fundación Perseu Abramo del año 2001, una de cada cinco mujeres declaró haber sufrido algún tipo de violencia por parte de un hombre.32 Al preguntárseles por el tipo de agresión, el 43% de las entrevistadas confirmó haber sido víctima de formas de violencia consideradas violencia de género. El 33% admitió haber sufrido alguna forma de violencia física con armas de fuego, agresiones y violación conyugal.

En Colombia, los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF, 2000) mostraron que desde 1996 al año 2000 las denuncias por violencia intrafamiliar en el ámbito nacional pasaron de 51.451 a 68.585, es decir, hubo un aumento de 17.13 casos, las mujeres representaron el 79% de la población víctima de violencia intrafamiliar de este total. El estudio mostró, además, que las mujeres de 25 a 34 años representaban la tasa más alta de violencia de pareja.

En Bolivia, el Ministerio de Salud y Deportes y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizaron dos estudios de prevalencia de la violencia doméstica e intrafamiliar: el primero se aplicó de 1997 a 1998 en tres municipios –Viacha, Mizque y Riberalta–; el segundo se realizó en 2003 en seis municipios e incluyó un análisis comparativo entre los tres municipios anteriores y los municipios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Las conclusiones indicaron que, en el período 1997-1998, la prevalencia era del 68,2%, es decir, 7 de cada 10 personas eran víctimas de violencia en su propia familia y que en 2003 la prevalencia era del 55,4% (5 de cada 10 personas). Aunque el porcentaje bajó más de 10 puntos porcentuales, la cantidad de mujeres víctimas de violencia sigue siendo muy alta. Por su parte, el Viceministerio de la Mujer de Bolivia (2005), en el documento Plan nacional de políticas públicas para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres 2004-2007, señala que en ese país en alrededor del 75% de los casos la violencia tiende a no ser denunciada por las víctimas (Arauco, Mamani y Rojas, 2006). Del total de mujeres que declaró haber sufrido violencia en sus hogares, el 53% no inició ninguna acción y solo poco más de un 17% realizó la denuncia ante las Brigadas de Protección a la Familia, los servicios legales integrales o el sistema judicial; el 30% restante optó por encontrar soluciones en el marco de sus propios núcleos familiares.

En Chile se observa un aumento sostenido de las denuncias por violencia intrafamiliar, a nivel policial, judicial y en los servicios de salud. En 2004, se llegó a las 86.840 denuncias policiales, que representan aproximadamente el 20% de los delitos de mayor connotación social, el 90% de las denunciantes eran mujeres.35 En el año 2005, se elevaron a 93.404 las denuncias a nivel nacional. En los juzgados civiles en el año 2004 se realizaron 106 mil denuncias por violencia intrafamiliar y en las tres primeras semanas de funcionamiento de los nuevos Tribunales de Familia (del 1 al 24 de octubre de 2005) se registraron 5.570 causas por este motivo, equivalentes a un 22% de las ya iniciadas. En los servicios de salud, el 51,4% de las mujeres con pareja que participan en un programa para el tratamiento de la depresión, declaró haber vivido hechos de violencia en los últimos dos meses. Sobre la base de esa información, una estimación de prevalencia señala que 336 de cada mil mujeres de 15 a 65 años atendidas por depresión sufren algún grado de violencia.

En el cuadro 1, se presentan cifras nacionales sobre distintas formas de violencia que sufren las mujeres de sus parejas o ex parejas, el universo considerado, por lo tanto, corresponde al de víctimas que han estado alguna vez o están unidas. Como son estudios con muestras distintas y aplicadas en años diferentes, no es posible confirmar que las cifras relativas a la violencia sexual son efectivamente más bajas que las de violencia física y emocional. Asimismo, las cifras de violencia emocional mantienen los registros más altos en los distintos países y años. Cabe suponer que el bajo porcentaje de violencia sexual registrada se debe a que este tipo de violencia no siempre es denunciada producto de las condicionantes culturales y los prejuicios, que incluyen la carga moral que supone denunciar a la pareja, además del miedo y la vergüenza frente a la familia y la comunidad.

Los grados en que se manifiesta la violencia física varían desde golpes simples hasta violencia severa con amenaza de muerte junto con una fuerte violencia psicológica y, muchas veces, con violencia sexual. Sin duda, el miedo a la violencia y al hostigamiento es un obstáculo constante para la movilidad de la mujer, lo que limita su acceso a un abanico de funciones y actividades fuera del mundo privado, al tiempo que le impide tener una vida independiente y gozar de sus derechos plenos. En muchos casos, las condiciones de pobreza y desprotección a raíz de la distancia con las redes de apoyo, junto con las representaciones de género tradicionales, favorecen situaciones de mayor vulnerabilidad. Respecto de la violencia emocional, se debe considerar que el agresor emplea distintas estrategias de control del tiempo, la libertad de movimiento, los contactos sociales y las redes de pertenencia de la víctima, lo que limita también su participación en actividades fuera del ámbito doméstico (gráfico 1).

La violencia económica se traduce en una serie de mecanismos de control y vigilancia sobre el comportamiento de las mujeres en relación con el uso y distribución del dinero, junto con la amenaza constante de no proveer recursos económicos. Ambas estrategias, vigilancia y amenaza, refuerzan los lazos de dependencia (o de poder) de acuerdo con la figura tradicional del hombre “proveedor” –encargado de llevar el sustento al hogar– y la figura de la mujer pasiva en el ámbito doméstico. La amenaza constante de falta de ingresos propios –acentuada en situaciones de pobreza– favorece los escenarios de incertidumbre económica, lo que limita la libertad de movimiento, la disponibilidad y el acceso a recursos y servicios. Las cifras disponibles de violencia económica (gráfico 2), comparadas con las de otras formas de violencia (física, emocional, sexual), son más bajas, puesto que no se dispone de información que relacione la violencia económica con otras variables como el estrato socioeconómico, el nivel educacional, la ocupación o el empleo –entre otras– para obtener una dimensión más amplia de sus efectos sobre los distintos grupos de mujeres.

En México se han realizado los estudios más amplios de la región sobre violencia contra las mujeres, los que son un buen ejemplo de la importancia de llevar a cabo mediciones específicas para desvelar la realidad. En el gráfico 3, se ilustran los porcentajes de los distintos tipos de violencia contra las mujeres en ese país: la violencia emocional presenta el registro más alto y la violencia económica se relaciona con todas las demás formas de violencia, el 26,2% de las mujeres en el año 2003 estaba afectado por la interacción entre ambas. Estas cifras podrían indicar la existencia de una estrecha relación entre los diversos mecanismos de maltrato psicológico –gritos, insultos, amenazas y control sobre redes de apoyo, entre otros– y los mecanismos de violencia económica –vigilancia, desconfianza y amenazas en relación con el dinero–, que reforzaría el poder masculino.

En todos los casos se está frente a una combinación de formas que tienen en común la situación de subordinación de las mujeres justificadas por el incumplimiento de “mandatos” socioculturales que prescriben ciertos comportamientos. Al transgredir las pautas y vivir bajo relaciones de poder, enfrentan la agresión de sus parejas y ex parejas.

Las rutas para denunciar la violencia son múltiples, aunque en la mayoría de los casos las mujeres prefieren el recurso de las redes de apoyo familiar, de amigos y vecinos de la comunidad. Cuando acuden a los servicios públicos, se presentan dos tipos de conducta: por una parte, la desconfianza a la pérdida de confidencialidad y las conductas prejuiciosas y, por otra, el reconocimiento a aquellos servicios públicos o no gubernamentales que adoptan protocolos o metodologías con perspectiva de género, tal como lo demuestran los estudios de caso en Bolivia y Chile.

Según el análisis de la Organización Panamericana de la Salud (Sagot y Carcedo, 2003), las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar sobreviven, por lo general, mediante el apoyo de personas cercanas e instituciones. El silencio responde, en algunos casos, a la ineficacia de las respuestas sociales y a las características particulares de las víctimas, por lo que a pesar de las trayectorias individuales, los contextos institucionales y sociales son similares (familiares, amigos, vecinos, servicios de salud, administración de justicia, iglesias, centros educativos y servicios comunitarios). Los resultados indican que las mujeres que sufren maltrato físico tienden a denunciar más rápidamente que las que sufren violencia psicológica. La búsqueda de ayuda depende de la información disponible, el conocimiento que tengan sobre sus derechos y recursos de apoyo, sus percepciones y actitudes, los mecanismos disponibles en su comunidad para atender el problema y sus experiencias previas.

La negativa de la mayoría de las mujeres para recurrir a los servicios públicos o privados se debe a malas experiencias previas con proveedores de servicios, lo que se expresa en una percepción de la baja capacidad resolutiva, la incapacidad para satisfacer las necesidades urgentes de las mujeres o su renuencia a hacerlo. La falta de comprensión de los proveedores de servicios se traduce en indiferencia, cuestionamiento, burla e intentos de inspirar un sentimiento de culpa en las mujeres. Asimismo, la falta de seguimiento de los casos o las referencias inadecuadas a otros servicios se consideran inapropiadas por las mujeres afectadas.

En diversas investigaciones se confirma la marcada regularidad que presenta la violencia doméstica en la región. Los datos indican que, pese a la heterogeneidad de los estudios realizados, la violencia contra las mujeres en el hogar, especialmente la perpetrada por la pareja, alcanza a todos los grupos sociales, económicos y educacionales. A continuación se presentan algunas estadísticas disponibles que permiten aproximarnos a estas situaciones.

Uno de los mitos en torno a la violencia es que se la asocia a la pobreza. La información disponible en distintos estudios deja en evidencia que las mujeres pobres están más expuestas a la violencia, pero la violencia registrada en todos los grupos sociales –incluidos aquellos de altos ingresos– podría sugerir que más importante que la pertenencia a hogares pobres o no pobres se impone la dicotomía autonomía económica/vulnerabilidad, es decir, si las mujeres tienen ingresos propios o no. Tal como lo ilustra el gráfico 4, la violencia tiene características similares en los tres países analizados, independiente de los niveles de ingreso de las víctimas. Las cifras acerca de la violencia física se elevan relativamente entre las mujeres de los quintiles intermedios (2-3-4), pero no se trata de grandes diferencias. De hecho, cabe hacerse la pregunta acerca del mensaje que se puede extraer de estos datos, puesto que, aun cuando den cuenta de la preocupante magnitud de la violencia global, no permiten concluir que un tipo específico de violencia es mayor que otra o si está asociada necesariamente a mayores niveles de pobreza. En el mismo gráfico, II.4, se observa que la violencia física decae de manera notoria en los dos extremos, lo que podría obedecer a los bajos niveles de información y acceso a servicios de las más pobres o a la tendencia al ocultamiento y el temor a la “deshonra” entre las de mayores ingresos.

Donde sí se verifica una mayor relación es entre violencia y educación, ya que la violencia es mayor entre mujeres con menos educación, sin embargo, se podría sospechar que existe miedo a reconocer este problema como parte de la vida cotidiana por las más educadas. Sin ignorar las variaciones, hay coincidencia en la literatura y en las cifras en que la violencia es transversal entre los distintos grupos de la sociedad.

El gráfico 5 permite observar que la prevalencia de la violencia física es alta en todos los países donde se aplicó la Encuesta de Demografía y Salud (EDS). En Bolivia llega al 52,3% en 2003, en Colombia al 39,0% en 2005 y en Perú al 41,2% en 2004, mientras la República Dominicana presenta un valor del 21,7% en 2002. La violencia física es experimentada por todas las mujeres –independiente de su nivel educativo–, aunque es mayor entre las mujeres con menor educación. Aun así, entre las mujeres con educación superior, el porcentaje también es alto.

Exceptuando la República Dominicana y las mujeres con educación superior de Colombia, la violencia sexual supera los 10 puntos porcentuales en los cuatro países. La violencia emocional está por encima del 50% en todos los países –con un grado levemente menor entre las mujeres con educación superior de Bolivia– alcanzando un valor máximo en Perú (2004), donde el 68% de las mujeres afirma haberla sufrido independiente de su nivel educativo.

En general, las mujeres que sufren más violencia física son las que tienen estudios de primaria, con excepción de Perú donde las mujeres con estudios secundarios son las principales víctimas, descendiendo en más de 37 puntos porcentuales la violencia física en comparación con aquellas con educación superior (de un 44,7% a un 7,1%).

Respecto de la violencia sexual, existe una tendencia a la disminución a medida que avanzan los niveles de escolaridad, aunque las diferencias entre los porcentajes de cada nivel educacional son muy estrechas, sobre todo entre los niveles primario y secundario. Por ello, no se puede afirmar de manera contundente que haya una relación entre un mayor nivel educacional y un menor nivel de violencia sexual. Las cifras en el caso de mujeres con educación superior se alejan levemente de las demás categorías.

En resumen, a pesar de las opiniones ampliamente difundidas, los datos sugieren que la educación no es un factor de protección contra la violencia, aunque disminuye la magnitud de la violencia física. La educación tiene gran importancia en la transmisión de valores, sin embargo, ante los datos disponibles, en la región no ha logrado modificar los patrones de dominación patriarcal y la idea generalizada de la superioridad masculina. Aun más, si consideramos la información presentada en los gráficos 4 y 5, la violencia contra las mujeres en sus distintas expresiones afecta a todos los niveles de escolaridad y a todos los quintiles de ingreso.

Por otra parte, se observan diferencias respecto de las mujeres que se reconocen como víctimas de violencia, alguna vez unidas, según su estado civil. En el gráfico 6, se muestra que en la República Dominicana (2002), en Bolivia (2003) y en Perú (2004) las mujeres divorciadas, separadas o viudas que reconocen haber sido víctimas de violencia sexual superan en por lo menos 11 puntos porcentuales a las casadas o unidas. En el caso de Perú, las cifras señalan una diferencia de 24 puntos. En cuanto a la violencia física, los datos preliminares de la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN) 2004 de Ecuador reportan una diferencia de 19 puntos porcentuales entre las mujeres de 14 a 49 años de edad casadas/unidas en la actualidad, 28%, y aquellas previamente casadas/unidas, 47% (Ecuador, 2005).

Es necesario señalar que los datos disponibles en las Encuestas de Demografía y Salud (EDS) no permiten relacionar los porcentajes de mujeres que han reconocido ser víctimas de violencia sexual con aquellas que han presentado denuncias ante la justicia de su país, por tratarse de dos fuentes de información absolutamente diferentes.

b) Caribe: invisibilidad estadística

La violencia de género en los países del Caribe tiene características similares a las de América Latina, aunque los registros son más deficientes y las fuentes de información más escasas. Debido a la escasez de registros elaborados con metodologías estandarizadas y a la ausencia casi total de coordinación entre fuentes de datos confiables (servicios de salud, sistema judicial y sistema policial, entre otros), no es posible comparar las magnitudes de las distintas expresiones de violencia contra las mujeres en países del Caribe. No obstante, las estadísticas disponibles nos permiten examinar algunos rasgos.

En Antigua y Barbuda, y Barbados, un estudio publicado por el Banco Mundial (1994) indicó que el 30% de las mujeres adultas sufrieron violencia psicológica en sus relaciones íntimas (Heise, Pitanguy y Germain, 1994). En las Islas Vírgenes Británicas, en un estudio del año 1998 se constató que el 25,5% de las mujeres habían sido violentadas físicamente.36 En Trinidad y Tabago, un estudio de la Asociación del Caribe para la Investigación y la Acción Femeninas (CAFRA, 1998) registra que un 30% de las mujeres de la muestra había sufrido violencia doméstica y además arrojó que un 76% de esas mujeres se encontraba en relaciones de dependencia económica, siendo amas de casa o desempleadas. En el estudio del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y la CEPAL (2005) respecto de Guyana se indicó que una de cada cuatro mujeres en uniones de pareja había sufrido violencia física. En el mismo estudio se señaló que en Suriname la violencia en las relaciones conyugales alcanza al 69% de las mujeres. Respecto de Dominica, en el informe se presentaron los resultados de un estudio cualitativo realizado en ese país, según el que el 32% de los entrevistados había sido víctima de violencia por su cónyuge o pareja. Dos tercios de ese grupo eran mujeres y mientras los hombres manifestaron haber sufrido violencia verbal, la mayoría de las mujeres había sido violentada físicamente.

El gráfico I7 ilustra el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han sufrido violencia emocional, física y sexual según datos registrados el año 2000 en Haití. Estos porcentajes son muy similares en las tres manifestaciones de violencia, aunque el porcentaje de violencia sexual es mayor al emocional, situación que difiere a la de los demás países con datos disponibles.

Los datos preliminares de la Encuesta sobre Morbilidad, Mortalidad y Uso de los Servicios (EMMUS-IV, 2005-2006) no son comparables con los datos del año 2000 relativos al total de mujeres de 15 a 49 años alguna vez unidas, pero sí permiten observar que el grupo de 15 a 19 años es más propenso a sufrir violencia emocional (18,6%) y física (21,1%), mientras la tasa de violencia sexual es más elevada en el segmento de 30 a 39 años (12,4%), que enfrenta el riesgo más alto de sufrir una u otra forma de violencia, seguido de manera muy cercana por las mujeres más jóvenes.

2. Violencia contra niñas, niños y adolescentes

Las investigaciones revisadas por el UNICEF (2006) sugieren que en todo el mundo el 20% de las mujeres y entre el 5% y el 10% de los hombres sufrieron abusos sexuales durante la infancia. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006) estima que 150 millones de niñas y 73 millones de niños de menos de 18 años han sido víctima de una u otra forma de violencia sexual y que alrededor de 53 mil de las muertes infantiles ocurridas en el año 2002 en el mundo eran homicidios (OMS, 2006; Naciones Unidas, 2007). En América Latina y el Caribe, la tasa de homicidios de niñas de 0 a 17 años para el mismo año fue de 2,21 por 100 mil mientras la de los varones del mismo grupo de edad fue de 8,11 por 100 mil, es decir, la más alta del mundo. La violencia en la pareja es un factor que aumenta el riesgo de violencia contra los niños en el seno de la familia: estudios realizados en China, Colombia, Egipto, México, Filipinas y Sudáfrica muestran que hay una estrecha relación entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra los niños (OMS, 2002a; Pinheiro, 2006).

En la violencia ejercida contra las niñas y adolescentes (UNICEF, 2005b y 2005c), se combinan los patrones discriminatorios por género y edad, de acuerdo a las cifras son dos veces más susceptibles de ser víctimas de violencia sexual. La vulnerabilidad de las niñas a la violencia de adultos se debe a que, además de la desvalorización cultural implícita en las relaciones de género, estos imponen su mayor fuerza física, autoridad, capacidad económica o posición social, así como los lazos de confianza en los casos de abuso físico y sexual en el hogar y la escuela. La situación de violencia contra las niñas, niños y adolescentes es heterogénea y en ella se cruzan altos niveles de desigualdad y discriminación, pobreza y violencia social. Tanto en América Latina como en el Caribe, la relación de la violencia contra las niñas con las condiciones de pobreza y la falta de protección social, se traduce en la negación o limitación desde muy temprano de las oportunidades para un desarrollo pleno de su potencial (UNICEF, 2004a).

De acuerdo con investigaciones del UNICEF, cada año cientos de miles de niños y niñas de todo el mundo son víctimas de explotación, maltrato y violencia, arrastrados a círculos de prostitución por redes de trata de personas y forzados a trabajar en condiciones de servidumbre. Se registran, además, distintas manifestaciones de maltrato físico, sobre todo en el ámbito familiar. Millones de niñas y niños viven con el temor de ser víctimas de violencia en espacios como la familia, la escuela, la comunidad, las instituciones –hogares y lugares de custodia preventiva o prisión relacionados con los sistemas penales– y el trabajo –abuso y explotación mediante el trabajo infantil–, entre otros ámbitos.

a) Las niñas en América Latina: entre violencia sexual y trabajo doméstico

En todos los países, hay niñas y niños que trabajan en condiciones de explotación y peligro: los jornaleros en México, los que trabajan en las minas de Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, los que trabajan en plantaciones bananeras en Ecuador y, en particular, la magnitud de niños que trabajan en los cenagales de Honduras, Nicaragua y otros países centroamericanos, cuyas condiciones de trabajo son extremadamente nocivas (Secretaría Regional para el Estudio de América Latina, Cuba y República Dominicana, 2005). No se dispone de una información diferenciada por sexo, pero se observa que en este tipo de actividades las niñas son en general una minoría, mientras abundan entre las trabajadoras domésticas remuneradas y no remuneradas.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2005), se ha estimado que en el año 2005 al menos 19,7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años (un 14,7% de la población de esa edad) de 19 países de la región participaban en actividades económicas. Otros datos respecto de América Latina, provenientes del Programa Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil –IPEC– (OIT, 2005), indican que de esa cifra 12,6 millones lo hacen en labores no permitidas para su edad o que se consideran dentro de las formas de trabajo infantil que deben ser erradicadas de inmediato y que implican situaciones de explotación económica y violencia.

Es preocupante además la tolerancia social hacia la violencia contra los niños y las niñas, en especial, en los casos de maltrato infantil que ocurren en privado y que están ligados a la delincuencia y a la corrupción, la explotación sexual, prostitución forzada, explotación laboral (por lo general en el mercado informal), acoso y violencia sexual, sobre todo en el servicio doméstico. Con frecuencia, estas situaciones se toleran en privado y se niegan públicamente, por lo que los agresores quedan en la impunidad. Pese a que los datos estadísticos disponibles no aportan información detallada sobre estas manifestaciones de violencia, brindan un panorama de la preocupante realidad de la violencia emocional, física y sexual contra las niñas, niños y adolescentes en cada país.

Como ilustra el gráfico 8, la violencia emocional contra las mujeres jóvenes de 15 a 19 años es una constante en los países analizados, donde el porcentaje más bajo es de un 48,7% en Bolivia y el más alto llega a una preocupante cifra del 79,3% en la República Dominicana. El gráfico 9 ilustra, de manera más específica, el porcentaje de jóvenes algunas vez unidas que han sido controladas por su pareja respecto de su tiempo y su libertad de movimiento, así como la restricción en el desarrollo de sus redes sociales. Estas conductas responden a la violencia psicológica, ya que llevan a las mujeres al aislamiento, la desprotección, la incomunicación y la falta de desarrollo afectivo respecto de sus seres queridos y familiares, así como a la desinformación y a la falta de participación en el espacio público. En este sentido, la violencia emocional no solo afecta su salud mental y sus redes sociales, sino que las priva de oportunidades de futuro desarrollo personal, social y económico. También se observa que las mujeres jóvenes en relación de pareja son más vulnerables a ese tipo de violencia emocional que aquellas nunca unidas. Este tipo de violencia es más difícil de identificar, más sutil y opera en circunstancias de escasa experiencia para enfrentar el miedo, denunciar o buscar ayuda.

La dificultad para discernir las fronteras entre violencia física y emocional, la tendencia a minimizar la violencia leve o el temor a reconocer la gravedad de la violencia física explicarían el bajo porcentaje de víctimas que declaran haber sufrido violencia física respecto de la violencia psicológica (gráficos 8 y 9).

La comparación entre los gráficos 10 y 11 ilustra los altos porcentajes de mujeres jóvenes víctimas de violencia física y el también alto número de ellas que declara haber sufrido agresiones con amenaza de muerte: violencia física severa, intentos de estrangulación, quemaduras e, incluso, ataques con armas. De estas proporciones surge la importancia que tiene contar con mecanismos institucionales y jurídicos que garanticen la atención oportuna y la aplicación justa de sanciones a los agresores y reparación de las víctimas.

Los porcentajes de adolescentes de 15 a 19 años víctimas de violencia sexual por su pareja en Perú, República Dominicana, Colombia y Bolivia oscilan entre el 4,5% en Perú, 5,3% en República Dominicana y el 7,5% en Colombia. La cifra aumenta a un 11,1% en Bolivia (gráfico 12). La violencia sexual es ejercida, con frecuencia, por conocidos de las jóvenes, es decir, por sus parejas, padres, familiares u otros hombres de su entorno social cercano, quienes abusan de la situación de miedo e indefensión en la que se encuentra la víctima. Esta situación se acentúa por la falta de información respecto de los canales y mecanismos a seguir, la falta de redes sociales a las que acudir y la dependencia económica que muchas veces se tiene del agresor.

En Costa Rica por ejemplo, el Informe nacional en seguimiento a la Cumbre Mundial a favor de la Infancia (Costa Rica, 2000) revela que de las personas víctimas de agresión, un 62,3% son mujeres jóvenes y que un 14,4% y un 16,4% son niñas y niños respectivamente. El perfil de los agresores era, en el 45% de los casos, el cónyuge, en el 22,9% el padre, en el 13,1% otros miembros del grupo familiar, en el 8,9% la madre y en el 5,7% de los casos la hermana.

En la Encuesta de Demografía y Salud (EDS, 2000) en Colombia, el 42% de las mujeres informó que sus esposos o compañeros castigaban a sus hijos con golpes.41 Las mujeres reconocieron que también castigaban a sus hijos con golpes en un 47% de los casos. En cuanto al abuso sexual de niños y niñas, las estadísticas nacionales de Perú como las Encuestas Demográficas y de Salud Familiar (ENDES, 2000) citan estudios en los que se estima que 8 de cada 10 casos de abuso sexual tienen como agresor a un miembro del entorno familiar de la víctima y que 6 de cada 10 embarazos en niñas de 11 a 14 años son producto del incesto o la violación.

La Secretaría Regional para el Estudio de América Latina, Cuba y República Dominicana (2005) recogió información relativa a encuestas escolares realizadas en Chile, Costa Rica, Panamá y Perú, que reveló que entre el 5% y el 40% de las adolescentes señala haber sufrido, por lo menos, un abuso sexual en su vida. En el informe de la Secretaría se señala que en Chile, según el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) dependiente de la Policía de Investigaciones, se producen 20 mil delitos de abuso sexual al año y que las principales víctimas son niñas y niños menores de 11 años. Solo el 10% de estos casos es denunciado oportunamente a los tribunales y recibe sentencia judicial condenatoria solo el 3%.

Otra situación de violencia contra niñas y niños es la que tiene lugar en las escuelas y en los centros de educación formal, donde es difícil determinar la extensión del uso de castigos corporales. Se trata de una violación a los derechos humanos de la que no se dispone de información suficiente para establecer su  gravedad y frecuencia. Según el análisis preliminar que realizó la Secretaría Regional para el Estudio de América Latina, existen diferencias significativas entre los países respecto del ejercicio de la violencia psicológica sobre niños y niñas, las situaciones en que el castigo corporal es una práctica cotidiana por educadoras y educadores o de la violencia ejercida por otros niños y niñas.

Otro fenómeno que registra el mismo estudio es el aumento de la violencia juvenil urbana y de las pandillas de jóvenes y adolescentes en los barrios pobres urbanos, que constituyen focos de violencia permanente No existen suficientes estudios sobre el lugar que ocupan niñas y adolescentes en estos grupos, muchos de ellos ligados al tráfico de drogas y uso de armas, extorsión y otros delitos graves. La generalización de conductas violentas y la presencia de una simbología autoritaria amalgamada con símbolos de origen religioso, xenofóbico y fascista, tienden a homogenizar a los grupos de adolescentes en que ellas participan, aun cuando se sabe que la condición femenina las expone a pruebas y conductas de tipo sexual de alto riesgo. No todos los grupos juveniles practican rituales o conductas nocivas y los que constituyen pandillas delictivas como las “bandas”, “maras”, “galeras” o “quadrilhas” no se han estudiado desde la perspectiva de las relaciones de género.

b) Las niñas en el Caribe: un diagnóstico en construcción

La información recabada en América Latina muestra que la violencia contra adolescentes, niños y niñas se manifiesta en todos los grupos socioeconómicos y estructuras familiares; los más vulnerables son los provenientes de estratos socioeconómicos bajos, los que habitan áreas del centro de las ciudades o que viven en un entorno familiar con problemas de adicción al alcohol y a las drogas (UNICEF/PIOJ, 2000; Cabral y Speek-Warnery, 2005). La falta de datos comparables y consistentes sobre la prevalencia de la violencia hacia la niñez en los países del Caribe no permite establecer un claro diagnóstico, sin embargo, las cifras disponibles dejan entrever situaciones similares a las de los países latinoamericanos.

De acuerdo con los datos compilados por la Organización Mundial de la Salud (1999), en Barbados un 30% de las mujeres entrevistadas sufrió abuso sexual en la niñez, cifras parecidas a las disponibles en América Latina (un 32% en Costa Rica y un 26% en Nicaragua); en Dominica, por su parte, se observa un aumento significativo del maltrato infantil en los años noventa. Es importante señalar, que las cifras no necesariamente indicarían un incremento de las distintas formas de violencia, sino que pueden reflejar un aumento en las denuncias (cuadro 3).

Un estudio de la Universidad de las Indias Occidentales del año 2000 revela que un 78,5% de los estudiantes ha sufrido violencia en sus comunidades, un 60,8% en sus escuelas y un 44,7% en sus hogares. Además, un 29% de estudiantes ha causado lesiones a otras personas (Soybo y Lee, 2000; UNICEF, 2005d). La legitimidad social de este fenómeno se verifica en un estudio de la UNESCO realizado en 2005, donde se revela que, en el Caribe, un 96% de las personas entrevistadas dedicadas a la atención de la infancia creían que el castigo corporal refleja que los padres y madres están “lo bastante atentos como para invertir tiempo en formar adecuadamente a sus hijos” (UNICEF, 2006).

En Guyana, cifras recogidas por el UNICEF indican que el 92% de las mujeres de clase media y trabajadora recibieron golpes cuando eran niñas (Red Thread, 1998; Cabral y Speek-Warnery, 2001). Asimismo, algunas investigaciones publicadas por la Organización Panamericana de la Salud y el UNICEF-Guyana (Mohamed, 2000; Cabral y Speek-Warnery, 2005) han estimando que entre el 8% y el 10% de niñas y adolescentes, y el 2% y el 5% de niños y adolescentes han sufrido abusos sexuales, que en su mayoría no se denuncian y que, por lo general, son perpetrados por los padres, padrastros u otro familiar cercano.

El gráfico 13 ilustra los porcentajes de violencia emocional, física y sexual contra las jóvenes de 15 a 19 años registrados en Haití en las encuestas EMMUS-III de 2000 y IV de 2005-2006. La violencia física presenta el registro total más importante, aun cuando está igualada por la violencia emocional en el segundo período de medición. El análisis de la información recopilada por la encuesta EMMUS-IV es todavía preliminar, pero llama fuertemente la atención el incremento de 10 puntos porcentuales en la violencia emocional y la baja en casi 5 puntos de la violencia sexual.