Violencia de género dentro de la comunidad en América Latina y el Caribe

* * copiado tal cual del informe "¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe", editado por Sonia Montaño y Diane Alméras, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con fondos de UNICEF, ONUSIDA y UNIFEM.

El Estudio a fondo del Secretario General señala que las mujeres sufren violencia en los barrios, en los medios de transporte, los lugares de trabajo, las escuelas, los hospitales y otras instituciones públicas, situación que no solo se debe a las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres, sino también por el “déficit histórico” de la participación femenina en el diseño del espacio urbano, cuyo trazado –estacionamientos, túneles, puentes, pasadizos o callejones y organización del transporte público– las expone cotidianamente a situaciones de peligro (Massolo, 2005). La Declaración de Bogotá adoptada por la Segunda Conferencia Internacional Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas (2004) señala al respecto que “en los enfoques tradicionales de seguridad ciudadana desde la etiología y los costos de la violencia urbana, no se ha incorporado la perspectiva de género, por lo tanto, los riesgos y daños que sufren mujeres y niñas en el contexto de violencia en las ciudades no han sido reconocidos ni atendidos”.

Estudios recientes de la región centroamericana señalan con claridad que el feminicidio no está ligado solo a la violencia doméstica o a la violencia sexual y que en algunos países, principalmente, en Guatemala, El Salvador y Honduras, “también está ligado al desarrollo de pandillas juveniles o maras, donde las mujeres han empezado a aparecer en la escena como víctimas de asesinato” (CPDH, 2006). Aunque el tema de la seguridad ciudadana es más amplio, en este apartado se aborda la información disponible sobre la violencia en estos espacios, es decir, en relación con las agresiones por parte de terceros, el acoso sexual en el trabajo y la trata de mujeres. Se presta además particular atención a la violencia en el contexto del VIH/SIDA.

1. Violencia sexual en la esfera pública o el malestar de las mujeres

La violencia sexual atenta contra el derecho a la libertad sexual, a la autonomía, al control, a la integridad y a la seguridad, así como al derecho de experimentar placer y a tener una vida sexual sana, libre y satisfactoria. Estos derechos están íntimamente ligados a los derechos reproductivos –libertad y autonomía para determinar la etapa de la vida en que se procreará, los métodos de anticoncepción que se utilizarán y el número de hijos que se desea tener.

La violencia sexual contra las mujeres en el ámbito público y fuera de la pareja –violación en la calle, prostitución forzada, turismo sexual, la desvalorización simbólica que acompaña la pornografía– constituye un problema creciente en muchos países y está relacionado de forma directa con los procesos de desintegración social, pérdida de capital social y debilitamiento de redes comunitarias, así como con la falta de instituciones públicas de orden capaces de poner freno a los diversos brotes de violencia social. Los datos disponibles indican que la violencia perpetrada por la pareja es la más reconocida, mientras respecto de los actos de violencia sexual en la esfera pública no existen datos análogos.

Si bien la mayoría de las agresiones reconocidas ocurren dentro de la familia, en Colombia un 20,6% de las mujeres afirma haber sido agredida por un desconocido en el año 2005, en Bolivia este porcentaje llegó al 32,8% en 2003 (gráfico 14). Estos datos señalan que, además de la familia como lugar de riesgo, el ámbito público se constituye en un conjunto adicional de peligros como la violencia sexual, que permea todos los ámbitos. La exposición a la inseguridad pública se hace más grave cuando se combina con la pobreza y la precariedad, tal es el caso de los barrios y poblaciones sin alumbrado, sin transporte público y sin protección policial adecuados. Las grandes ciudades esconden territorios importantes tomados por la violencia, donde las víctimas de sexo femenino deben enfrentar el accionar de pandillas callejeras y mafias de todo tipo.

En el análisis del papel de la comunidad en la violencia, es necesario tomar en cuenta la falta de servicios de salud adecuados para atender las necesidades de protección y confidencialidad de las víctimas de violencia sexual. Esta falta permea el espacio íntimo, puesto que dicha violencia es perpetrada, por lo general, por hombres conocidos, familiares y cercanos al entorno de las víctimas, lo que aumenta la posibilidad de reincidencia de los agresores. Frente a este hecho no siempre se toman las medidas necesarias y cuando se han tomado, los servicios de salud y los servicios médicos y legales no brindan un servicio cercano, eficiente e inmediato para las víctimas de violencia sexual (recuadro 7).

En los países del Caribe, los escasos y deficientes registros muestran que cada año 1 millón de niñas y niños se suma al mercado de la explotación sexual comercial en el mundo, que no solo tiene carácter ilegal sino que produce beneficios multimillonarios. Muchos de estos niños y niñas son víctimas de la explotación sexual bajo coacción, otros secuestrados, vendidos y víctimas del tráfico internacional (UNICEF, 2001).

Un informe reciente del UNICEF sobre violencia contra los niños y niñas en el Caribe indica que, en países como Jamaica y Trinidad y Tabago, hay un creciente número de niños y niñas víctimas de actividades del comercio sexual, expuestos a un alto riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, inclusive el VIH/SIDA. Las niñas que ingresan al mercado de trabajo suelen ser vulnerables a diversas manifestaciones de violencia, situación que se expresa con gravedad en países como Guyana, Haití y Jamaica, donde las crisis económicas han fomentado la deserción escolar, la exclusión, el abandono y el posterior ingreso de niños y niñas al trabajo informal o ilegal (UNICEF, 2005d). En Haití, se ha estimado que 67 mil niñas trabajan en el servicio doméstico y sufren violaciones, acosos, desnutrición y negligencias (Merveille, 2002; UNICEF, 2005d). Estas situaciones se registran en un contexto de altos índices de violencia social, lo que ha adquirido ribetes importantes en la región y se vincula de manera directa con la pobreza, la falta de oportunidades –educativas y de empleo– y el delito de narcotráfico principalmente.

La violencia sexual contra las mujeres y las niñas es todavía una realidad que permanece en el silencio y la impunidad, dado que se carece de la protección legal necesaria. En el recuadro 8 se analiza la situación en Haití, donde los mecanismos judiciales y legales entorpecen la aplicación de normativas que sancionen de modo drástico estas expresiones de violencia.

2. Acoso sexual en el trabajo

En el ámbito laboral las mujeres enfrentan el acoso sexual, que se caracteriza, a lo menos, por tres componentes que pueden extrapolarse a cualquier espacio social:

a) Acciones sexuales no recíprocas, en tanto conductas verbales y físicas relacionadas con la sexualidad, que son recibidas por alguien sin ser bienvenidas; estas acciones son repetitivas, percibidas como premeditadas y aunque persiguen un intercambio sexual, no necesariamente lo alcanzan.

b) Coerción sexual, entendida como la intención de causar alguna forma de perjuicio o proporcionar algún beneficio a alguien si rechaza o acepta las acciones sexuales propuestas, lo que manifiesta una clara relación asimétrica, identificándose con mayor precisión en espacios laborales y educativos.

c) Sentimientos de desagrado, que incluye el malestar que esta experiencia produce, como las sensaciones de humillación, insatisfacción personal, molestia o depresión, consecuencia de las acciones sexuales no recíprocas (Bedolla y García, 1989).

El acoso sexual en el trabajo implica cualquier conducta sexual intencionada que influye en las posibilidades de empleo, la permanencia, el desempeño y las condiciones o el ambiente de trabajo. Se consideran además las amenazas o presiones que se manifiestan en forma directa o indirecta, en actos que van desde comportamientos muy sutiles hasta la agresión sexual (Délano y Todaro, 1993; Rico, 1996).

La Conferencia de la OIT reconoció en 1985 que el acoso sexual en el trabajo es perjudicial para quienes lo sufren.45 Desde entonces, este organismo adoptó dos resoluciones: primero, hizo un llamado a los gobiernos para que formulen políticas dirigidas al avance en materia de igualdad que incluyan medidas para combatir y prevenir el acoso sexual y, segundo, definió este tipo de violencia como una violación a los derechos fundamentales de las y los trabajadores que constituye un problema de discriminación, un riesgo a la salud y la seguridad en el trabajo, una condición laboral inaceptable y una forma de violencia que se ejerce por lo general en contra de las trabajadoras. El acoso sexual tiene efectos negativos sobre la productividad y el quehacer de la empresa y es, al mismo tiempo, ética y socialmente inaceptable.

El acoso sexual atenta contra el Convenio  sobre discriminación en el empleo y la ocupación, que es uno de los pilares de la Declaración de la OIT respecto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento –acordado en forma unánime por la comunidad internacional y el conjunto de los actores laborales–. En algunos países de la región se han modificado las leyes para tipificar la figura del acoso sexual, al mismo tiempo que se están tomando medidas administrativas para prevenir y sancionar este tipo de violencia en el trabajo. Para estos efectos, se ha elaborado un manual de autoaprendizaje dirigido a inspectores laborales, que ofrece las herramientas técnicas necesarias para realizar la investigación de una denuncia de acoso sexual, aplicar las medidas de resguardo y determinar las sanciones correspondientes.

La falta de información es un gran obstáculo para la lucha contra el acoso sexual. Los únicos datos disponibles a la fecha provienen de una encuesta de opinión realizada en Chile por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) en el año 2001: un 11,8% de las mujeres y un 3,8% de los hombres había sufrido acoso sexual, un 33,3% de las empleadas de oficina, un 24,9% de las trabajadoras industriales, un 20% de las trabajadoras de servicio y comercio y un 15% de trabajadoras no calificadas admitieron haber sido acosadas. Cabe señalar además que en el mismo país, a menos de un año de la entrada en vigencia de la ley de acoso sexual (2005), las denuncias aumentaron de 79 a 264, es decir, un 335%, de estas denuncias, 254 fueron de mujeres y 10 de hombres (Dirección del Trabajo, Gobierno de Chile, en Mejías, 2006).46 A pesar de las consecuencias negativas del acoso sexual, las representaciones sociales tradicionales sobre los roles de género contribuyen a encubrir estos actos de violencia mediante la duda y la sospecha sobre la culpabilidad de la víctima.

3. Trata de mujeres

Mediante la violencia y la trata (OIM, 2006d y 2006c), se viola la integridad física y psicológica de las mujeres y niñas, al comercializar y lucrar con su cuerpo en diferentes circunstancias relacionadas con el mercado matrimonial, la mano de obra barata y el comercio sexual (UNFPA, 2005; Naciones Unidas, 2005d), lo que implica el desarraigo de las víctimas y, por ende, su mayor vulnerabilidad frente a los traficantes.

La trata en la región incluye el traslado de las víctimas de una zona a otra dentro del país –por lo general desde zonas pobres y rurales a grandes ciudades– y aquel en el que son trasladadas a otro país distinto del de origen. El traslado externo puede ser legal o ilegal: en el primer caso, la víctima llega al país de destino con los documentos y certificaciones migratorias requeridos y en el segundo, se recurre a medios fraudulentos y la víctima se convierte en una inmigrante irregular. En ambos casos, los traficantes suelen retener los documentos de la víctima, lo que la transforma en inmigrante clandestina (OIM, 2006b). Las principales víctimas son los niños y las niñas, las adolescentes y las mujeres. Por el carácter clandestino e ilegal de esta actividad, se carece de datos fidedignos y de información general al respecto. Aun así, las investigaciones realizadas por el UNFPA (2005) indican un incremento que la está convirtiendo en una empresa ilegal que crece en forma más acelerada que el contrabando de drogas.47 Se estima que cada año entre 600 mil y 800 mil personas son víctimas de trata para realizar trabajos forzados, sobre todo, la explotación sexual comercial, donde el 80% son mujeres y niñas y más de la mitad son menores de edad (Naciones Unidas, 2006b).

En América Latina, la trata se realiza principalmente mediante el traslado de víctimas hacia los países con mayores estándares de vida. Las redes en Asia, Estados Unidos y Europa tienen sus puntos de operación y reclutamiento principalmente en Brasil y Colombia; los corredores de la trata se extienden además desde Nicaragua a Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras. La trata internacional con fines sexuales tiene por destino principal Estados Unidos y México; Nicaragua recibe corrientes de América del Sur y sería el punto de origen de rutas hacia el sur (Costa Rica) y hacia el norte (Honduras).

Colombia es un importante punto de origen y de tránsito de la trata. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mayoría de los casos de colombianos explotados en la prostitución son trasladados a Japón (65%), España (8%), China-Hong Kong –región administrativa especial de China– (5%), Italia (4%), Jamaica (2%) y el 16% restante a otros países. Fuentes como DAS/INTERPOL y la Policía Nacional coinciden con la OIM en que los dos principales países de destino son Japón y España. Sin embargo, Colombia se convierte en país de destino en el caso de indígenas ecuatorianos, que son víctimas del trabajo forzado y la mendicidad (OIM, 2006b).

Según los datos del Observatorio Nacional sobre Migración y Tráfico de Mujeres y Niñas, la República Dominicana es uno de los cuatro países a nivel mundial con la mayor cantidad de mujeres traficadas con fines de explotación sexual, y se estima que 50 mil dominicanas trabajan en la industria del sexo, principalmente en Europa (DVCN, 2007): los destinos tradicionales son las diferentes islas del Caribe, Bélgica, España, Estados Unidos, Grecia, Holanda, Italia, Panamá, Puerto Rico, República Bolivariana de Venezuela y Suiza. En los últimos años estas rutas se han diversificado y ampliado a otros destinos como Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Costa Rica y República Checa. A la República Dominicana misma llegan víctimas desde China, Colombia, Europa oriental, Haití, Perú y República Bolivariana de Venezuela (OIM, 2006b).

La trata constituye un delito que llega a países con distintos niveles de desarrollo, lo que la convierte en un problema profundo que afecta a un gran número de mujeres latinoamericanas.

La trata de mujeres en el Caribe ha aumentado por los altos niveles de pobreza en la región; los migrantes irregulares se integran a la fuerza de trabajo formal o informal y las redes criminales que capitalizan la vulnerabilidad de las mujeres más pobres. Los puntos de escala de las redes de trata incluyen diversos países de la subregión, entre los que cabe mencionar a Costa Rica, Panamá y los centros turísticos de las Antillas Neerlandesas, Aruba, Saint Martin y Curazao (Thomas-Hope, 2002). Algunos centros de operación se ubican estratégicamente en Suriname y la República Dominicana, donde se concentra y distribuye un alto número de mujeres brasileñas, colombianas y dominicanas que son trasladadas a Alemania, Bélgica, España, Grecia y Holanda para ejercer la prostitución.

Es importante mencionar que el fenómeno de la trata en la región del Caribe está muy ligado a otras manifestaciones de violencia como el turismo sexual, que se ve reforzado por la desprotección social y las graves desigualdades económicas que potencian los escenarios y favorecen las acciones de organizaciones criminales internacionales dedicadas a la trata.

4. Violencia contra las mujeres y el VIH/SIDA

Es primordial examinar la relación entre la violencia contra las mujeres y el VIH/SIDA, dado que las posibilidades de contraer el virus se incrementan por la violación o el sexo forzado. Algunas conductas que rigen las relaciones de pareja limitan o impiden tomar decisiones sexuales y reproductivas autónomas e informadas. Es habitual que las parejas o cónyuges sean quienes decidan cuándo, cómo y con qué frecuencia tener relaciones sexuales, lo que dificulta a la población femenina la negociación de prácticas libres de riesgo y el acceso a modos de anticoncepción y protección para no contraer infecciones. Esta situación es potenciada por factores como la pobreza, el desempleo y la exclusión respecto de bienes y servicios que proveen de autonomía económica y social a las mujeres. En este sentido, las mujeres y jóvenes que utilizan como estrategia de supervivencia la prostitución, el sexo transaccional –relaciones sexuales para obtener dinero u otros recursos– o que son víctimas de explotación sexual sufren graves riesgos de contraer la enfermedad, lo que se traduce en serias consecuencias para la morbilidad y mortalidad femenina.

La Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA (GCWA, 2005) señala que las mujeres que han contraído el virus tienen más probabilidad de sufrir violencia y, a su vez, las que han experimentado violencia corren mayores riesgos de contraer el VIH/SIDA. Se configura una relación directa y recíproca entre violencia y aumento de la probabilidad de contraer el virus, lo que afecta a las mujeres no solo en su salud física, mental y reproductiva, sino además potencia la discriminación y la estigmatización por ser portadoras.

a) Aumenta el SIDA entre las mujeres de América Latina

Aunque los patrones del VIH están cambiando en algunos países de América Latina, las epidemias en el conjunto de la región permanecen estables. Los últimos informes del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que las nuevas infecciones por el VIH totalizan en 2005 unas 140 mil y que 65 mil personas han fallecido por SIDA. Las dos terceras partes de 1,7 millones de personas que se estima estaban infectadas por el VIH en la región a fines de 2005, viven en los cuatro países más grandes de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia y México. La prevalencia estimada del VIH es máxima en los países más pequeños de Centroamérica, donde es ligeramente inferior al 1% en El Salvador, Guatemala y Panamá; 1,5% en Honduras; y 2,5% en Belice.

La distribución por sexo de las personas que viven con el VIH/SIDA en América Latina, muestra que los hombres constituyen el grupo poblacional más afectado por el virus, con porcentajes que van de más del 40% en Honduras al 80% en Argentina; las mujeres representan porcentajes más bajos, aunque en Brasil, Guatemala y Panamá llega alrededor del 40% y en Honduras al 56% (gráfico 15). Mientras el sexo sin protección entre varones es reconocido como el factor principal de contagio, el número absoluto de mujeres afectadas sigue aumentando paulatinamente, desde un total estimado de 450 mil en 2003 a 510 mil en 2005. Una de las causas crecientes –vinculada a la conducta sexual de los varones– son los niveles de infección por el VIH de las profesionales femeninas del sexo, que varían ampliamente según los países. La prevalencia del virus es muy baja en algunos países sudamericanos, como Chile y la República Bolivariana de Venezuela, pero se registran tasas de prevalencia entre el 2,8% y el 6,3% en ciudades de Argentina, y se ha comunicado una prevalencia del 6% entre profesionales del sexo en ciertas partes de Brasil y de 12,5% en Honduras (ONUSIDA/OMS, 2006a y 2006b).

El VIH/SIDA se transmite por vía sexual y también de la madre al feto o al recién nacido, por lo que la epidemia tiene un impacto primario sobre la salud sexual y reproductiva, que a su vez afecta la salud de los individuos, familias y comunidades. Datos de 2004 y 2005 del Ministerio de Salud de El Salvador y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social indican que durante el año 2004, seis personas se infectaron cada día con VIH y que en 2005, se registraron dos mujeres VIH positivas embarazadas por mil y hasta julio de 2005, el 36% de las personas con VIH/SIDA eran mujeres.50 Según la última información publicada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en los últimos tres años la infección por VIH de mujeres de América Latina ha sufrido un incremento de un 10%, lo que “es una muestra del cambio en las características de la epidemia” (UNFPA, 2007).

El gráfico 16 ilustra el porcentaje de muertes a causa del VIH/SIDA en Chile y en la República Bolivariana de Venezuela. En este último país las muertes de mujeres a causa del VIH/SIDA ha tenido un aumento del 6,4% del año 2000 a 2002; en el caso chileno el aumento es del 1,4% en el mismo período.

50 Cifras difundidas por la Concertación Feminista Prudencia Ayala de El Salvador en su campaña para el 8 de marzo de 2007 “¡Ni una muerte más!”. 50

Por otra parte, el perfil etario de la epidemia también está cambiando. A principios de este siglo, la mitad de los nuevos casos de VIH/SIDA se han registrado en personas de 15 a 24 años, lo que difiere de la tendencia en la primera mitad de la década de 1990, en que la infección se producía principalmente en personas de 30 a 39 años. Este fenómeno se ha denominado “rejuvenecimiento” de la epidemia, las adolescentes, en este contexto, se encuentran en la actualidad entre los grupos de alta vulnerabilidad (CEPAL, 2000). A fines de diciembre de 2005, la prevalencia en jóvenes de ambos sexos se estimaba en un 0,3% para las mujeres de 15 a 24 años y en un 0,5% para los varones, los que alcanzaban la tasa de 0,5% de los adultos de 15 a 49 años (ONUSIDA/OMS, 2006a).

La importante brecha entre el conocimiento general sobre la existencia del virus y la enfermedad y un conocimiento más cabal y adecuado, impide tomar decisiones informadas. El gráfico 17 da cuenta del porcentaje de mujeres que tenía información en el año 2000 sobre el uso del condón como protección. De los tres países seleccionados, en Colombia se registra el porcentaje más alto (61%); en Bolivia el 53% y en Perú se presenta la cifra más baja (33%). Es preciso señalar que el conocimiento de este modo de protección no asegura su uso. Retomando el caso boliviano, las cifras recabadas seis años después por el ONUSIDA y la OMS muestran que solo el 20% de las mujeres de 15 a 24 años utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional. Este porcentaje es similar en Nicaragua (17%) y en la República Dominicana (29%), los otros dos países en que se pudo obtener esta información. Llama la atención que en cada uno de estos casos, el uso de preservativos está más extendido entre los varones –un 37% en Bolivia y un 52% en la República Dominicana.

Se considera que el uso del condón es la mejor forma de evitar el contagio, es por ello que la desinformación y su uso limitado es un factor gravitante que incide de manera directa en la prevención y la detención de la epidemia. En situaciones de violencia en la relación de pareja, las mujeres tienen menos poder para decidir sobre las relaciones sexuales y el uso del preservativo y, por consiguiente, su capacidad de protección del VIH se ve significativamente disminuida. En la República Dominicana, donde se ha podido documentar la relación entre violencia por la pareja y las infecciones de transmisión sexual (ITS), la proporción de mujeres que tuvo una ITS durante los últimos 12 meses anterior a la encuesta fue de un 3,7% entre las que habían vivido violencia y del 1,0% entre las que no habían vivido esta situación, lo que quiere decir que las sobrevivientes de violencia tenían casi cuatro veces más probabilidades de tener una ITS que las mujeres que no reportan maltrato (Alba, 2007).

Mientras la Organización Panamericana de la Salud indica que se puede controlar la epidemia en la mayoría de los países de la región, en un gran número de ellos se observó recientemente que las medidas para prevenir el aumento de la incidencia de la enfermedad son limitadas, con excepción de Brasil, donde, a pesar del gran número de población infectada, se verifica una disminución importante de la transmisión del virus de personas infectadas a otros sectores de la población, gracias a la voluntad política de alentar la distribución y el uso preventivo del condón.52 Además este país presenta la tasa más alta en la región del porcentaje de población infectada que accede a tratamientos antirretrovirales. El acceso al tratamiento y la atención en este sentido, ha aumentado de manera significativa en los últimos años, aunque desde un nivel muy bajo en muchos países. Aun así, los beneficios son notables, puesto que se estima que mediante el suministro del tratamiento antirretrovírico se han ganado desde el año 2002 unos 834 mil años de vida (ONUSIDA/OMS, 2006b).

La persistencia de inequidades en el acceso a la educación y a la información, es un factor primordial en la prevención y empoderamiento de las mujeres para mejorar sus condiciones de vida. La expansión de la epidemia afecta sobre todo a las niñas y adolescentes, al mismo tiempo que produce un rápido crecimiento del número de huérfanos que se enfrentan a situaciones de empobrecimiento y sin progenitores que provean cuidado y educación. El abandono, la desprotección, la discriminación y la marginación en que se encuentran los niños, los huérfanos y los afectados por el VIH/SIDA podría convertirlos en los miembros más vulnerables de la sociedad. La estigmatización de la enfermedad y la desinformación son factores clave del rechazo de familiares y de la sociedad en su conjunto.

b) El Caribe: una epidemia generalizada

La prevalencia del VIH/SIDA en el Caribe es la más alta entre adultos y jóvenes después de África subsahariana,53 con una tasa estimada en 2005 del 1,6% en los adultos de 15 a 49 años y las mujeres de 15 a 24 años. Esta última cifra explica que la mayoría de los nuevos casos de VIH/SIDA se dé entre mujeres de 15 a 49 años, lo que lo convierte en la causa más importante de muerte. Pese a que el ritmo de propagación de la epidemia se ha estabilizado con el uso de tratamientos antirretrovirales, sigue aumentando el número de personas infectadas. En el año 2005, se estimó que había 2 millones de personas infectadas en la región y más de un 12% vivía en el Caribe (Naciones Unidas, 2005d), cifra que sugiere, frente a las proyecciones de población total de la región, un peso de 2,1% de la población de esta subregión (CEPAL, 2004a, cuadro 1).

Según los últimos datos del ONUSIDA/OMS (2006b), casi las tres cuartas partes de las 290 mil personas infectadas con VIH en el Caribe viven en la República Dominicana y Haití, sin embargo, la prevalencia nacional del VIH en adultos es alta en toda la región: 1 a 2% en Barbados, República Dominicana y Jamaica, y 2 a 4% en las Bahamas, Haití y Trinidad y Tabago. Cuba, con una prevalencia bajo el 0,1%, es la excepción. En conjunto, se estima que 27 mil personas se infectaron con el VIH en 2005. Aunque los niveles de infección permanecen estables en la República Dominicana y han disminuido en zonas urbanas de Haití, las tendencias más localizadas indican que ambos países deberían precaverse ante posibles resurgimientos de la epidemia.

En varios países se están haciendo progresos en la lucha contra las epidemias, con los beneficios que otorga un mayor acceso al tratamiento antirretrovírico, que son especialmente evidentes en las Bahamas, Barbados, Cuba y Jamaica. Aun así, el SIDA cobró unas 19 mil vidas en el Caribe durante el año 2005, lo que lo convierte en una de las principales causas de mortalidad entre los adultos de 15 a 44 años (ONUSIDA/OMS, 2006b).

En el mismo estudio del ONUSIDA, se señala que en el Caribe las epidemias son sobre todo heterosexuales y ocurren en el contexto de flagrantes desigualdades de género, impulsadas por una próspera industria del sexo, que sirve a clientes locales y extranjeros y se considera en países como Guyana y la República Dominicana el mayor factor de infección. De hecho, la prevalencia del virus entre las profesionales del sexo es mucho más alta que en el resto de la población, con cifras de prevalencia que mostraban en 2006 una oscilación en la República Dominicana de un 2,5% a más del 12%, según las localidades, un 9% en Jamaica y un altísimo 31% de las profesionales de Georgetown en Guyana.

El total promedio estimado de nuevos casos de VIH de 2004 a 2006 fue de 10.000, lo que corresponde al aumento de las mujeres entre 15 y 49 años afectadas en el mismo período. La rápida propagación del virus entre las mujeres confirma que se transmite principalmente por la relación heterosexual. El gráfico 18 ilustra que en el año 2004 el porcentaje de personas de 15 a 49 años que vivía con VIH/SIDA tenía valores similares para ambos sexos en Trinidad y Tabago, mientras en Guyana y Haití el porcentaje es mayor entre las mujeres, en tanto que en Bahamas y Jamaica el número de mujeres con VIH se ha asimilado al de los hombres (Naciones Unidas, 2005d). En Haití y Guyana la situación es más grave, ya que el porcentaje de mujeres superó en 2004 al de hombres en 16 y 10 puntos porcentuales respectivamente, lo que refleja la feminización de la enfermedad en estos países. Por el contrario, en Barbados, Belice, Cuba y Suriname se ve una diferencia más amplia entre el porcentaje de hombres y mujeres afectados, por lo que el patrón epidemiológico es similar al predominante en gran parte de los países de América Latina. A pesar de esta tendencia, es necesario destacar que el número de varones que viven con el VIH/SIDA sigue siendo superior al de las mujeres en varios países de la subregión.

También se registra una mayor incidencia en grupos etarios menores, por ejemplo, las adolescentes de 15 a 19 años y las jóvenes de 20 a 24 años tienen una vulnerabilidad creciente respecto de los hombres de los mismos grupos (CEPAL, 2005a). Según las cifras de 2005, la tasa de prevalencia en las mujeres de 15 a 25 años se estimaba en un 1,6%, mientras en los varones era de un 0,7%. Esta situación es inversa a la de América Latina y es más próxima a la de África subsahariana (ONUSIDA/OMS, 2006a). Según las estimaciones –bajas y altas– sobre la base de las últimas cifras disponibles de 2001 (cuadro 4), entre los grupos de mujeres y hombres de 15 a 24 años en la mayoría de los países seleccionados, las proyecciones son mayores para las mujeres, lo que confirmaría su vulnerabilidad, en especial, de las jóvenes al VIH/SIDA. Podría señalarse, entre otros factores, la incidencia de condicionantes como la falta de acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados. En este contexto, el inicio temprano de las relaciones sexuales ha emergido como indicador predictivo del estatus de VIH-1 entre las adolescentes.

Las inequidades de género permiten comprender la vulnerabilidad de las mujeres ante la epidemia y entender el descenso del coeficiente entre hombres y mujeres infectados por VIH/SIDA. El fenómeno que se conoce como feminización de la epidemia se verifica al hacer un recorrido cronológico: alrededor del año 1985 en el Caribe había cuatro hombres con VIH/SIDA por cada mujer infectada (ONUSIDA/OMS, 2000a), cinco años después, a principios de la década de 1990, la razón de infección entre hombres y mujeres en el Caribe era 2:1. Posteriormente, en 1996, bajó a 1,7:1 (CEPAL, 2005a) y en 2005, en algunos países como Dominica, Haití, Jamaica y Santa Lucía, entre otros, la razón era casi 1:1 (Naciones Unidas, 2005d).

La progresiva propagación del VIH/SIDA en la subregión se explica, entre otros factores, por las graves deficiencias en el ámbito de la prevención y la información respecto de los modos de protección. El uso del condón es considerado una de las maneras más eficaces para evitar el contagio, sin embargo, incluso en aquellos países con más alta prevalencia del VIH/SIDA, el uso del profiláctico sigue siendo limitado, aun en relaciones de riesgo con pareja ocasional. Si se consideran las altas tasas de prevalencia y el número de casos absolutos en Haití y Trinidad y Tabago, es sorprendente que el porcentaje de mujeres que maneja información sobre el uso del condón era, en promedio, tan deficiente como en los países de América Latina observados en el mismo período (gráficos 17 y 19). Asimismo, al igual que en estos países, el único dato disponible para 2006 muestra que la tasa de utilización es mucho más alta entre los varones, en Barbados, por ejemplo, el 77% de los varones de 15 a 24 años utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional, mientras solo el 33,3% de las mujeres del mismo grupo etario lo utilizó.

Si bien estos datos corresponden a solo dos países –lo que impide la generalización–, ellos insinuan que muchas mujeres desconocen la información respecto del uso del condón en la mayoría de los países de la región. Sin embargo, un ejemplo de los esfuerzos realizados en los últimos años para revertir la situación, lo dan el 98% de las profesionales femeninas del sexo encuestadas en Puerto Príncipe en 2005, que comunicaron el uso de preservativos la última vez que tuvieron relaciones sexuales comerciales (ONUSIDA/OMS, 2006b).

Los datos no son concluyentes respecto de la evolución del VIH/SIDA en la región: a pesar de que la prevalencia ha aumentado en todos los países, no se cuenta con información confiable que demuestre que lo mismo ocurre con la incidencia. En el reciente informe del ONUSIDA para el Caribe, se mencionan tendencias que indican que al menos dos países del Caribe, Bahamas y Barbados, estarían reduciendo los niveles de infección gracias a las activas campañas de prevención del VIH/SIDA realizadas desde fines de los años noventa (ONUSIDA/OMS, 2006b; Naciones Unidas 2005d). En otros cinco países se ha dado inicio a medidas para entregar a las mujeres embarazadas infectadas por el VIH un ciclo terapéutico de profilaxis antirretrovírica para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil, lo que ha tenido dispares resultados respecto del porcentaje de mujeres que recibieron el ciclo completo en 2005: un 100% en Dominica, un 90% en Barbados, un 71,4% en Trinidad y Tabago, un 61,6% en San Vicente y Las Granadinas, un 50,2% en Antigua y Barbuda y un 20% en Santa Lucía. Estas cifras muestran un cierto adelanto respecto de las iniciativas de prevención impulsadas en América Latina, donde el porcentaje de mujeres beneficiarias es de un 87,0% en Argentina, un 73,3% en Belice, un 57,6% en Brasil, un 19,3% en Uruguay, un 3,4% en Honduras y un 2,1% en Paraguay.

Sin embargo, en los países con mayor prevalencia, como Haití, las muertes por la enfermedad se traducen en una disminución de cerca de ocho años en la esperanza de vida. En Bahamas, Guyana y Trinidad y Tabago, la pérdida es mayor a cuatro años. En los otros países más afectados, los años perdidos son entre 2 y 3,5 años. Revertir esta situación es un reto complejo para la mayoría de los países con altas tasas de infección, a menos que se tomen medidas extraordinarias en la prevención y el tratamiento (ONUSIDA/OMS, 2006b).