Siguen los desalojos forzosos en Camboya
* * info copiada tal cual de la página web de Amnistía Internacional
UTILIZACIÓN DE LA LEY CONTRA ACTIVISTAS DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CAMBOYA
Unos 150.000 camboyanos viven en peligro de ser objeto de desalojos forzosos a causa de conflictos sobre tierras, apropiación de tierras y proyectos de reurbanización urbanos y agroindustriales.
Decenas de miles de personas han sido víctima ya de desalojos forzosos en los últimos años. Muchas de ellas se han quedado sin hogar y otras han sido reubicadas en lugares inadecuados para su reasentamiento, con deficientes infraestructuras, falta de servicios básicos –especialmente sanitarios– y acceso limitado a oportunidades de trabajo.
Según el documento de Amnistía Internacional A risky business – defending the right to housing, grupos y particulares ricos y poderosos implicados en conflictos sobre tierras en Camboya utilizan cada vez más su poder para silenciar a sus opositores recurriendo al sistema de justicia penal.
En el documento se ofrecen ejemplos de los abusos perpetrados en los dos últimos años contra defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en la promoción de los derechos a la tierra y en contra de los desalojos forzosos en Camboya. Amnistía Internacional ha pedido mayor protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos.
Chhea Ny, que ostenta el cargo no oficial de jefe de aldea, fue detenido en agosto de 2006 como consecuencia de un largo conflicto sobre tierras con funcionarios locales, empresarios y militares de alta graduación en la aldea de Boeung Pram, provincia de Battambang. Fue puesto en libertad en diciembre de 2007 tras pasar 16 meses en prisión.
Chhea Ny dijo a Amnistía Internacional: “Me encadenaron y me mantuvieron recluido una semana en la oscura celda de una prisión. Estaba abatidísimo. No me dejaban lavarme. Pasada una semana, me quitaron la cadena de las piernas. Luego me dejaron salir al aire libre y se disculparon diciendo que habían cometido un error y que habían castigado a un inocente”.
Brittis Edman, investigadora sobre Camboya de Amnistía Internacional, señaló que el caso de Chhea Ny era un ejemplo patente de lo que ocurre cuando el sistema legal no protege los derechos humanos ni sirve a la justicia.
“El rápido aumento del número de activistas pacíficos en favor de los derechos a la tierra que están en prisión es ya de por sí un grave motivo de preocupación. Pero, además, todo defensor o defensora de los derechos humanos encarcelado se convierte en un instrumento para intimidar a otros, al demostrar que la detención, los juicios y el encarcelamiento son amenazas reales”, indicó Brittis Edman.
Según grupos locales de derechos humanos, en los dos últimos años el número de activistas en favor de los derechos a la tierra detenidos casi se han duplicado, pasando de 78 en 2006 a 149 en 2007. Este aumento se corresponde con el del número de informes que denuncian la detención injusta de estos activistas por la policía, la presentación de cargos penales sin base contra ellos por los fiscales, y las amenazas de detención o encarcelamiento formuladas por funcionarios judiciales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contra personas que protestan contra los desalojos forzosos.
“Las autoridades de Camboya deben asegurarse de que el sistema legal protege de forma justa a todas las partes implicadas en los conflictos sobre tierras y en la protección de los derechos humanos. Deben también investigar todas las denuncias verosímiles de intimidación y detención ilegal de defensores y defensoras de los derechos humanos”, señaló Brittis Edman.
En un informe publicado en febrero de 2008, Amnistía Internacional mostró cómo las autoridades camboyanas no protegen ni en la ley ni en la práctica a la población contra los desalojos forzosos.
Por el contrario, las personas que gozan de poder económico o político pueden actuar con impunidad expropiando tierras arbitrariamente. Y lo hacen en connivencia con las autoridades locales, consiguiendo así la emisión de títulos de propiedad y órdenes de desalojo de autenticidad dudosa, y haciendo mal uso del sistema judicial para impedir que las víctimas actúen en defensa de sus derechos.
UTILIZACIÓN DE LA LEY CONTRA ACTIVISTAS DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CAMBOYA
Unos 150.000 camboyanos viven en peligro de ser objeto de desalojos forzosos a causa de conflictos sobre tierras, apropiación de tierras y proyectos de reurbanización urbanos y agroindustriales.
Decenas de miles de personas han sido víctima ya de desalojos forzosos en los últimos años. Muchas de ellas se han quedado sin hogar y otras han sido reubicadas en lugares inadecuados para su reasentamiento, con deficientes infraestructuras, falta de servicios básicos –especialmente sanitarios– y acceso limitado a oportunidades de trabajo.
Según el documento de Amnistía Internacional A risky business – defending the right to housing, grupos y particulares ricos y poderosos implicados en conflictos sobre tierras en Camboya utilizan cada vez más su poder para silenciar a sus opositores recurriendo al sistema de justicia penal.
En el documento se ofrecen ejemplos de los abusos perpetrados en los dos últimos años contra defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en la promoción de los derechos a la tierra y en contra de los desalojos forzosos en Camboya. Amnistía Internacional ha pedido mayor protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos.
Chhea Ny, que ostenta el cargo no oficial de jefe de aldea, fue detenido en agosto de 2006 como consecuencia de un largo conflicto sobre tierras con funcionarios locales, empresarios y militares de alta graduación en la aldea de Boeung Pram, provincia de Battambang. Fue puesto en libertad en diciembre de 2007 tras pasar 16 meses en prisión.
Chhea Ny dijo a Amnistía Internacional: “Me encadenaron y me mantuvieron recluido una semana en la oscura celda de una prisión. Estaba abatidísimo. No me dejaban lavarme. Pasada una semana, me quitaron la cadena de las piernas. Luego me dejaron salir al aire libre y se disculparon diciendo que habían cometido un error y que habían castigado a un inocente”.
Brittis Edman, investigadora sobre Camboya de Amnistía Internacional, señaló que el caso de Chhea Ny era un ejemplo patente de lo que ocurre cuando el sistema legal no protege los derechos humanos ni sirve a la justicia.
“El rápido aumento del número de activistas pacíficos en favor de los derechos a la tierra que están en prisión es ya de por sí un grave motivo de preocupación. Pero, además, todo defensor o defensora de los derechos humanos encarcelado se convierte en un instrumento para intimidar a otros, al demostrar que la detención, los juicios y el encarcelamiento son amenazas reales”, indicó Brittis Edman.
Según grupos locales de derechos humanos, en los dos últimos años el número de activistas en favor de los derechos a la tierra detenidos casi se han duplicado, pasando de 78 en 2006 a 149 en 2007. Este aumento se corresponde con el del número de informes que denuncian la detención injusta de estos activistas por la policía, la presentación de cargos penales sin base contra ellos por los fiscales, y las amenazas de detención o encarcelamiento formuladas por funcionarios judiciales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contra personas que protestan contra los desalojos forzosos.
“Las autoridades de Camboya deben asegurarse de que el sistema legal protege de forma justa a todas las partes implicadas en los conflictos sobre tierras y en la protección de los derechos humanos. Deben también investigar todas las denuncias verosímiles de intimidación y detención ilegal de defensores y defensoras de los derechos humanos”, señaló Brittis Edman.
En un informe publicado en febrero de 2008, Amnistía Internacional mostró cómo las autoridades camboyanas no protegen ni en la ley ni en la práctica a la población contra los desalojos forzosos.
Por el contrario, las personas que gozan de poder económico o político pueden actuar con impunidad expropiando tierras arbitrariamente. Y lo hacen en connivencia con las autoridades locales, consiguiendo así la emisión de títulos de propiedad y órdenes de desalojo de autenticidad dudosa, y haciendo mal uso del sistema judicial para impedir que las víctimas actúen en defensa de sus derechos.
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