Brasil: los efectos de la violencia delictiva en la mujer

* * copiado tal cual del informe “Nosotras recogemos los platos rotos. La experiencia de la violencia urbana para las mujeres de Brasil” de Amnistía Internacional (ISBN: 13: 978 - 84 – 96462)

En todo el país, en miles de favelas y comunidades marginadas, millones de brasileños y brasileñas viven bajo el control de bandas de delincuentes o facciones de narcotraficantes. La ausencia del Estado ha creado un vacío que ha permitido, en mayor o menor grado, que estas bandas dominen todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, imponen toques de queda, dirigen sistemas de transporte y aplican castigos violentos por delitos menores. La vida diaria en estas comunidades gira en torno a las guerras por territorios entre bandas rivales y las incursiones violentas e irregulares de la policía. En la mayoría de los casos, los residentes tienen que vivir conforme a las reglas de los grupos delictivos mientras que la sociedad en general los considera automáticamente presuntos delincuentes sólo por vivir donde viven.

Los efectos de la violencia delictiva sobre las vidas de las mujeres son complejos y variados. Las mujeres que son víctimas de la violencia no siempre son elegidas como blanco específicamente por ser mujeres. Son cada vez más las mujeres que, impulsadas por la necesidad económica o buscando posición social, colaboran con las acciones de grupos delictivos y facciones de narcotraficantes, o incluso participan directamente en ellas. Tratar las experiencias de las mujeres ofrece una perspectiva nueva e importante sobre la devastación causada por la violencia en las comunidades. Expone al análisis la indefensión que a menudo sienten las comunidades atrapadas en un mundo en el que la criminalidad parece ser el único medio de supervivencia y, al mismo tiempo, una amenaza constante.

VIVIR SIN PROTECCIÓN

La magnitud de la violencia armada en el Brasil de nuestros días es tal que en muchos casos sus verdaderos efectos no se conocen debidamente.

En 2006, 34.648 personas murieron como consecuencia de la violencia armada en todo el país. Con creciente frecuencia, estos homicidios no se circunscriben ya a los grandes centros urbanos; los delitos cometidos con armas van en aumento en las ciudades pequeñas del interior del país. El perfil de la mayoría de las víctimas sigue siendo en gran medida el mismo: varones jóvenes afrobrasileños procedentes de entornos desfavorecidos. Sin embargo, es evidente que los efectos de la violencia delictiva no afectan únicamente a un grupo, y las experiencias de las mujeres y niñas ofrecen una visión de las penalidades a las que hace frente toda la comunidad. Las mujeres representan el 8 por ciento del total de víctimas de homicidios, pero el número de mujeres que pierden la vida de forma violenta va en aumento. En 1979/1981, el 9,6 por ciento de las mujeres que murieron como consecuencia de factores externos (tales como accidentes o violencia) fueron víctimas de homicidio. En 1997/1999 esta cifra había aumentado hasta el 17,7 por ciento; de éstas, a la mitad las mataron con un arma de fuego.

Muchos casos de violencia no se denuncian. Varias mujeres dijeron a Amnistía Internacional que al no haber nadie a quien recurrir, la violencia omnipresente se convierte en «normalidad». La escasa disposición de las mujeres para denunciar la violencia se hizo patente en las entrevistas efectuadas en los seis estados, y fue aún más pronunciada en lo relativo a la violencia delictiva y la violencia en la esfera pública, pues a menudo las mujeres se mostraron reacias a hacer referencia a la presencia o las actividades de bandas de delincuentes o facciones de narcotraficantes en sus comunidades. En 2003, en la ciudad de Recife, varios grupos de mujeres comenzaron a documentar asesinatos de mujeres de los que se informaba en los medios de comunicación y en las estadísticas oficiales. Pernambuco, el estado cuya capital es Recife, registra la tasa de homicidios per cápita más alta del país. Según cifras oficiales, 263 mujeres perdieron la vida de forma violenta en Pernambuco en 2003. Esta cifra aumentó a 320 en 2004 y 323 en 2005, y en los primeros ocho meses de 2006 murieron de ese modo 220 mujeres. Entre 1980 y 2000, el número medio de homicidios de mujeres en Pernambuco pasó de 3,8 a 6,4 por cada 100.000 habitantes. En el resto del país, la tasa también se elevó durante el mismo periodo, pasando de 2,3 a 4,3 por cada 100.000 mujeres.

El estudio reveló también que, aunque la mayoría de los homicidios en Pernambuco se cometieron en el ámbito familiar, un número cada vez mayor tenía lugar en espacios públicos, como consecuencia de los crecientes niveles de violencia en la comunidad y de la falta de políticas oficiales de prevención y protección.

La investigación fue provocada por la publicación en los medios de comunicación de informaciones sobre dos casos en el lapso de unos días. El 3 de mayo de 2003, dos chicas de clase media, Maria Eduarda Dourado y Tarsila Gusmão, desaparecieron mientras iban de excursión con sus amigos a una playa en el sur de Pernambuco. Diez días después se encontraron sus restos en un cañaveral. Dos hombres que viajaban en una furgoneta alquilada y que llevaron a las chicas en el vehículo fueron acusados en este caso, aunque las pruebas en su contra eran endebles. Las causas continúan abiertas ya que la Fiscalía las ha devuelto de nuevo para que se lleven a cabo investigaciones adicionales. Los casos siguen recibiendo una amplia cobertura en la prensa debido a la violencia del delito y al origen de las chicas.16 En cambio, el caso de una madre y sus cuatro hijas que fueron abatidas a tiros por varios hombres enmascarados en Alto Santo Aleixo, una comunidad pobre a las afueras de la zona metropolitana de Recife, el 10 de mayo de 2003, sólo recibió una cobertura periodística mínima. De hecho, sólo apareció en los periódicos porque fue registrado como homicidio múltiple (chacina, matanza en portugués) y porque el gobernador del estado no pudo ofrecer protección al único testigo superviviente. En mayo de 2007, dos hombres fueron declarados culpables y condenados a sendas penas de 139 años de prisión por los homicidios. Sin embargo, la mayoría de los casos de homicidio que se cometen en las comunidades socialmente excluidas no culminan en la puesta a disposición judicial de los autores. Muchos de estos homicidios no se denuncian porque los familiares temen represalias y tienen poca confianza en que se hará algo para poner a disposición judicial a los responsables. La policía investiga como es debido pocos de los casos que se denuncian, si es que investiga alguno. Tales casos reciben escasa atención de los medios de comunicación, lo que a su vez ayuda a ocultar el verdadero alcance de estos delitos y refuerza la sensación de indefensión y aislamiento que tienen las personas que viven en las comunidades excluidas. En consecuencia, las víctimas de esta violencia han aprendido a sufrir en silencio.

El Foro de Mujeres de Pernambuco (Fórum de Mulheres de Pernambuco), creado hace 15 años, ha liderado una campaña para poner de relieve el delito «invisible » de homicidio en todo el estado. Después de estos homicidios, el Foro comenzó a celebrar una vigilia mensual en recuerdo de las víctimas y para pedir al gobierno del estado que actúe. Es indudable que estas vigilias han surtido efecto. Han obligado al gobierno estatal a reconocer que un número cada vez mayor de mujeres pierden la vida de forma violenta y han permitido el acceso del movimiento de mujeres a los responsables de las políticas.

Cuando el actual gobierno del estado tomó posesión en 2007, creó la Secretaría Especial de la Mujer (Secretaria Especial da Mulher) y puso en marcha dos planes de ámbito estatal: el plan de seguridad pública denominado «Pacto por la Vida» (Pacto Pela Vida), que incluye propuestas centradas en el género, y el Plan Estatal para Hacer Frente a la Violencia contra la Mujer (Plano Estadual Para O Enfrentamento da Violencia Contra a Mulher). Cuando se redacta este documento, es demasiado pronto para valorar si estos planes se han aplicado de hecho.

En Bahía, las mujeres hablaron a Amnistía Internacional de los intensos peligros que deben afrontar, sobre todo en las comunidades de Novo Alagados. En una reunión celebrada en la comunidad de Uruguai, un distrito pobre de Salvador, mujeres que habían residido en Ilha do Rato, Novo Alagados, describieron el lugar como extremadamente pobre, compuesto en gran medida por casas construidas sobre pilotes en una región pantanosa. Los conflictos entre bandas de narcotraficantes habían desembocado en niveles extremos de violencia. A residentes que habían intentado oponerse a las bandas los habían matado o les habían propinado palizas, y muchos se habían visto obligados a abandonar la comunidad. Sólo los que eran demasiado pobres para marcharse se habían quedado en la comunidad y vivían bajo el control de las bandas de delincuentes; la policía casi nunca entraba en la comunidad.

La Universidad del Estado de Bahía (Universidade do Estado da Bahia, UNEB) llevó a cabo un estudio sobre la situación de las mujeres en situación de riesgo en Novo Alagados. El estudio reveló niveles intensos de peligro y de miedo, y puso de relieve el hecho de que muchas mujeres de estas comunidades corren un riesgo adicional por vivir solas y ser cabezas de familia. En un número importante de casos esto se debía a que sus parejas habían muerto de forma violenta o estaban en la cárcel. Las mujeres cabezas de familia no sólo están en una situación económica y social mucho más precaria, sino que corren un peligro directo de sufrir mayor violencia delictiva.

El estudio reveló que los hogares de las comunidades de Novo Alagados en los que el cabeza de familia es una mujer eran invadidos con frecuencia por delincuentes que huían de la justicia. Estas situaciones entrañaban para las mujeres y sus hijos e hijas el peligro de sufrir violencia física y sexual. Además, las mujeres se encontraban atrapadas: no podían denunciar las amenazas y la violencia de los delincuentes por miedo a represalias y al mismo tiempo eran consideradas presuntas delincuentes por la policía por dar refugio presuntamente a delincuentes. Mujeres que intentaron denunciar delitos a través de las líneas telefónicas de emergencia del estado interrumpieron la comunicación cuando se les pidió que dieran su nombre y dirección. Amnistía Internacional fue informada asimismo de que algunas mujeres habían resultado heridas o habían muerto al saltar desde sus casas durante la marea baja intentando escapar de delincuentes o en tiroteos.

 Algunas mujeres se proveen de navajas como único medio de conseguir alguna forma de protección. Muchas se ven obligadas a abandonar sus hogares para ir a vivir con familiares en casas abarrotadas.

Las mujeres viven en una situación de miedo constante a represalias o castigos a manos de delincuentes. Durante una reunión con mujeres en una comunidad a las afueras de Recife, quedó claro que las mujeres se callaban información sobre lo que sucedía en su barrio. Amnistía Internacional averiguó más tarde que una de las mujeres presentes era la esposa de un destacado narcotraficante local. Las que sí reúnen el valor necesario para denunciar actividades delictivas ponen en peligro su vida.

Las mujeres también son blanco de acciones de represalia de las bandas de delincuentes. El 29 de junio de 2003, Verônica Maria do Carmo, de 41 años de edad, su hija Priscila Fernanda do Carmo, de 13 años, y su sobrina Andréa Carla Santana, de 28 años, fueron secuestradas, violadas y asesinadas cuando regresaban a su casa por la noche desde la casa de un familiar. El crimen recibió el nombre de «matanza de Maranguape II», por el barrio de la ciudad de Paulista, en las proximidades de Recife, donde las mataron. Se dijo que habían matado a las tres mujeres porque el esposo de Andréa Carla Santana estaba involucrado en una disputa relacionada con un punto de venta de drogas (boca).

Después de numerosas manifestaciones, encabezadas por el movimiento de mujeres, la policía investigó el caso. Los exámenes forenses efectuados por la policía revelaron que las mujeres murieron debido a golpes propinados con palos y piedras. Los responsables de estos homicidios fueron juzgados y declarados culpables. Sin embargo, los responsables de la muerte de la cuñada de Andréa Carla

Santana, Adriana, cuatro meses antes, no han comparecido ante la justicia. Adriana, que tenía 17

años, murió en una fiesta que se celebraba con ocasión del Día Internacional de la Mujer, cuando un hombre que estaba entre la multitud la utilizó como escudo en un intercambio de disparos con otro hombre.

Las mujeres también corren peligro si tienen problemas con las bandas de narcotraficantes. En Restinga, una comunidad extremadamente pobre y violenta del sur de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Amnistía Internacional tuvo noticia de que a una mujer la ejecutaron con garrote y le insertaron un trozo de madera en la vagina por no pagar sus deudas con traficantes.

LAS MUJERES Y EL TRÁFICO DE DROGAS

En las comunidades dominadas por bandas de delincuentes, la relación entre las mujeres y los narcotraficantes es compleja. Los traficantes tienen un poder enorme sobre las vidas de las personas de las comunidades que controlan. Son de hecho la ley, administran castigos y ofrecen protección. En lo que respecta a las mujeres, se los considera un medio de adquirir posición social, pero también son responsables de abusos. La relación entre los miembros de la comunidad y los traficantes se basa en el interés por parte del traficante y el instinto de supervivencia por parte de la comunidad.

Durante muchos años ha persistido el mito de que los narcotraficantes no permiten la violencia doméstica contra las mujeres en sus comunidades. En realidad, a los traficantes les interesa intervenir en los casos de violencia doméstica para tratar de asegurarse de que las autoridades no entran en «su territorio». Sin embargo, esto no equivale en modo alguno a respeto por las mujeres. Muchas personas, entre ellas una mujer que había sido narcotraficante, dijeron a Amnistía Internacional que los traficantes golpeaban regularmente a sus esposas y novias y las sometían a abusos.

En todas las comunidades que Amnistía Internacional visitó, le hablaron una y otra vez de cómo los narcotraficantes utilizan a las mujeres como posesiones personales, lo cual se refleja en las imágenes cada vez más deshumanizadas de las mujeres que se encuentran en la música funk y en la cultura en general. Las canciones llevan títulos como «Una bofetadita no duele» (Um tapinha não dói). Las mujeres se convierten en trofeo –muchos traficantes cuentan con varias novias– o en instrumento de negociación.

Sin embargo, es cierto que algunas se sienten atraídas por los narcotraficantes. Un estudio realizado por la Universidad de Coimbra y Viva Rio, respaldado por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Ciudadanía (CESeC), sobre las mujeres y la violencia armada, entrevistó a varias mujeres de comunidades socialmente excluidas y prisiones de Río de Janeiro. Las mujeres expusieron con claridad la atracción que entrañaba la relación con un traficante: “Las mujeres adoran a los delincuentes. ¡Dios mío, hasta te vuelves más bonita! Te vuelves más linda, más poderosa. [...] Tienes una posición. Las chicas están infravaloradas. [...] Las chicas de la favela no pueden permitirse un Gang, un PXC [etiquetas de diseño]... el delincuente puede”. Renata, 17 años (citado en Tatiana Moura, Rostos Invisíveis da Violência Armada: um estudo de caso de Rio de Janeiro, p. 53). “Creo que es eso, todo es... la embriaguez del poder, del éxito. [...] Las chicas piensan que el tipo que porta un arma puede darles una... una posición de cierto nivel [...]” Reclusa de la prisión de Talavera Bruce, 31 años (citado en Tatiana Moura, Rostos Invisíveis da Violência Armada: um estudo de caso de Rio de Janeiro, p. 53).

Sin embargo, el poder y la posición tienen un precio. En algunos casos las mujeres pueden pasar a ser meras pertenencias. Amnistía Internacional recibió informes sobre muchas mujeres que eran utilizadas como bienes muebles para saldar deudas relacionadas con las drogas y deudas de prisión durante las visitas conyugales. Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que la esposa de un narcotraficante fue «dada» a un político para saldar una deuda en Prainha do Lobato, Salvador. Las esposas o novias principales de los traficantes quedan atadas a su estilo de vida, y aceptan a otras mujeres o se ven obligadas a apoyar a sus parejas y pagar sus deudas cuando están en la cárcel, a menudo bajo la amenaza de violencia si no lo hacen. En Salvador se informó a Amnistía Internacional de que en ocasiones las novias de los traficantes de drogas permanecen recluidas en «cárceles privadas» durante largos periodos. La inseguridad y la violencia pueden impulsar a su vez a las mujeres a hacer más cosas degradantes y peligrosas.

[Muchas chicas piensan así:] «Tengo que guardar el arma de mi marido aquí en casa; si no, él irá a guardarla en la casa de otra». Vecino de la comunidad de Cidade de Deus, (citado en Tatiana Moura, Rostos Invisíveis da Violência Armada: um estudo de caso de Rio de Janeiro, p. 54). Desde la ocultación de armas hasta el transporte de drogas, las mujeres les resultan útiles a las bandas de narcotraficantes porque legalmente no pueden ser registradas por agentes de policía varones y también se las considera desechables.

“Nunca he usado un arma. Las mujeres no... son más los hombres. Ah… pero he visto a muchas chicas llevar el arma del chico, para que él robe. Ella se la lleva, luego él comete el atraco y después le entrega el arma a ella para que la lleve de vuelta a la favela.” Beatriz, 17 años (citado en Tatiana Moura, Rostos Invisíveis da Violência Armada: um estudo de caso de Rio de Janeiro, p. 57).

Las adolescentes y las mujeres son elegidas con frecuencia para transportar drogas y armas de un lugar a otro. La compleja y desigual relación entre los narcotraficantes y las mujeres ha contribuido a que aumente el uso y el abuso de las mujeres en el tráfico de drogas. Aunque las mujeres constituyen un pequeño porcentaje de la población penitenciaria, se ha registrado un aumento del número de mujeres encarceladas, especialmente por delitos relacionados con las drogas. En Río de Janeiro, las mujeres representan sólo el 3,7 por ciento de la población reclusa. Sin embargo, entre 1988 y 2000 el número de mujeres encarceladas se duplicó con creces.18 Según estadísticas de junio de 2007 del Ministerio de Justicia para el país en su conjunto, de las 419.551 personas encarceladas 25.909 eran mujeres, lo que representaba el 6,2 por ciento de la población reclusa. En 1988, un censo penitenciario del estado de Río de Janeiro reveló que el 36 por ciento de las mujeres privadas de libertad estaban recluidas por cargos relacionados con las drogas. En 2000 esta proporción se había elevado al 56 por ciento.19 En el estado de São Paulo, casi el 40 por ciento de las mujeres encarceladas entre 1991 y 1998 estaban recluidas por tráfico de drogas o fraude.

Un estudio sobre las mujeres encarceladas en São Paulo, realizado por el servicio pastoral de prisiones de la Iglesia católica (Pastoral Carcerária) y el Instituto Tierra, Trabajo y Ciudadanía (Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, ITTC), vincula el aumento del número de mujeres detenidas por narcotráfico con la introducción de la Ley 6.368/76, que no hace distinción entre el transporte y el tráfico. En consecuencia, a muchas mujeres utilizadas como «mulas» se les imponen condenas de duración muy superior, comparables a las impuestas por tráfico de drogas. Algunos traficantes han denunciado a mujeres utilizadas como correos de la droga para desviar la atención de la policía de otras remesas de drogas más importantes. Esto refleja también la dinámica de la relación entre el tráfico de drogas y la policía y la humilde posición que las mujeres ocupan en el tráfico de drogas, por lo general en el extremo más bajo de la cadena; tanto los delincuentes como los agentes de policía corruptos las consideran desechables.

En Río de Janeiro, una mujer que había sido miembro de una facción de narcotraficantes dijo a los investigadores de la universidad que se había unido a una banda de narcotraficantes porque le ofrecía posición y poder. La mujer relató que durante mucho tiempo había albergado el deseo de poseer un arma, y que cuando la tuvo le dio una sensación de poder: “Y cuando comencé a andar con aquellos tipos [que trabajaban en el tráfico de drogas], caramba, toda la gente que antes me pegaba no me miraba a la cara. Bajaban la cabeza cuando me cruzaba con ellos. Ya sabe, te das cuenta de cuándo la gente siente miedo de ti, ¿entiende? Así que aquello me fue fortaleciendo cada vez más”. Citado en Mariana Barcinski, Identity Construction of Reformed Criminal Women: A Systemic Approach, Clark University, Massachusetts, 2006, p. 116.

Es evidente que el poder y la posición son importantes para algunas mujeres. Sin embargo, a menudo son las privaciones económicas y la exclusión de los servicios sociales lo que impulsa a las mujeres a buscar alternativas en la delincuencia y especialmente en el tráfico de drogas. En Sapopemba, en el este de São Paulo, algunas mujeres dijeron a Amnistía Internacional que la falta de acceso a guarderías infantiles y la precariedad del mercado laboral hacían que las mujeres buscaran trabajo en el tráfico de drogas para poder estar en casa con sus hijos. Una mujer de 53 años recluida en la prisión Talavera Bruce por narcotráfico contó cómo se involucró en el tráfico de drogas: “Entonces lo que me impulsó fue que quería lo mejor para mis nietos. Fue pura ilusión... Entré por pura ilusión” (citado en Tatiana Moura, Rostos Invisíveis da Violência Armada:um estudo de caso de Rio de Janeiro, p. 61).

Ante todo, no se han abordado las experiencias de las mujeres que intentan luchar contra el tráfico de drogas o negociar un espacio de seguridad para ellas y sus familias en un entorno controlado por las bandas de narcotraficantes. En consecuencia, no hay políticas para proteger a las mujeres o impedir que se vean atrapadas en estas situaciones. Todo intento futuro de abordar la seguridad pública debe integrar esta perspectiva de género para que exista alguna esperanza de mejorar las vidas de las comunidades afectadas.