Brasil: mujer y violencia urbana

* * copiado tal cual del informe “Nosotras recogemos los platos rotos. La experiencia de la violencia urbana para las mujeres de Brasil” de Amnistía Internacional (ISBN: 13: 978 - 84 – 96462)

Joanna y Maria tienen 14 años. La mayor parte de los días pasan las horas escondidas debajo de sus camas para ponerse a salvo de los tiroteos entre bandas de delincuentes que tienen lugar a diario en su comunidad.

El hijo de Bárbara murió a manos de la policía. Bárbara no pudo contener las lágrimas mientras hablaba de los años que ha dedicado a intentar que los policías responsables comparezcan ante la justicia. Su lucha continúa.

La hija de Paula murió a manos de narcotraficantes. La mataron cuando se negó a decirles dónde estaba su esposo.

Katia deja a sus hijos encerrados en la casa cuando va a trabajar. Tiene miedo de que si salen se sientan atraídos a unirse a las bandas de delincuentes, pero no puede pagar el cuidado de los niños.

Patricia tiene que cruzar la ciudad para someterse a controles prenatales. Esto es caro e incómodo, pero no puede acudir al centro de salud local porque está en una zona controlada por una facción de narcotraficantes rival.

Estas historias permiten entrever cómo es hoy la vida de las mujeres en muchos lugares de Brasil. En las comunidades socialmente excluidas, la vida de las mujeres se desarrolla sobre el telón de fondo de una violencia delictiva y policial constante. Los efectos de esta violencia sobre sus vidas son complejos y profundos, pero sus relatos casi nunca se escuchan. En un debate que tradicionalmente se ha centrado en la violencia armada, el principal objeto de atención han sido siempre los hombres jóvenes, que constituyen la abrumadora mayoría de las personas involucradas en la delincuencia armada, como autores y como víctimas. Este informe se centra en los relatos casi nunca contados de mujeres que se esfuerzan por vivir sus vidas, criar a sus hijos y luchar por la justicia en medio de la violencia policial y delictiva.

Amnistía Internacional se ha ocupado ya de la cuestión de las bandas de delincuentes en otras publicaciones, ha condenado sistemáticamente las acciones de estas bandas y ha puesto de relieve cómo la inacción del Estado a la hora de combatir la violencia delictiva ha condenado de hecho a millones de personas a una vida dominada por el miedo y el sufrimiento. Este informe expone algunas constantes de las violaciones de derechos humanos contra las mujeres en particular. Basándose en el trabajo de Amnistía Internacional en el pasado sobre seguridad pública, examina cómo las mujeres hacen frente a niveles elevados de violencia delictiva en ausencia de protección del Estado; cómo un número cada vez mayor de mujeres se han visto involucradas, directa o indirectamente, en el narcotráfico; y cómo en muchos casos el contacto de las mujeres con el sistema de justicia penal no hace sino empeorar situaciones ya de por sí traumáticas. Lo más preocupante es que identifica cómo desde hace decenios el Estado ha sido directamente responsable de que las mujeres sufran ataques y violencia a manos de bandas de delincuentes y de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Este informe se basa en entrevistas con mujeres en seis estados –Bahía, Sergipe, Pernambuco, Río de Janeiro, São Paulo y Rio Grande do Sul– que se llevaron a cabo en 2006 y 2007.

Amnistía Internacional habló con madres que habían huido de sus hogares cuando bandas de delincuentes se hicieron con el control de sus barrios, y con otras que habían dedicado su vida a luchar por la justicia para familiares asesinados. Algunas de las mujeres entrevistadas se habían visto involucradas en el floreciente tráfico de drogas. Muchas mujeres nunca habían pensado que las penalidades o los abusos que experimentaban eran constitutivos de violaciones de sus derechos humanos, y en cambio se centraban en los abusos contra los derechos humanos que sufrían sus hijos o su esposo. Pero fueron muchas más las que manifestaron terror a hablar abiertamente, y sólo lo hicieron con la condición de que no se hiciera público el nombre de su comunidad. Todas manifestaron una valentía extrema ante las sobrecogedoras luchas cotidianas.

La violencia entre los hombres tiene consecuencias para las vidas de las mujeres. Cuando una familia se rompe porque han matado al padre o porque éste se encuentra en la cárcel, la mujer carga con las responsabilidades adicionales. El cuidado de la familia obliga a menudo a las mujeres a trabajar muchas horas para llegar a fin de mes, y la falta de servicios asequibles para el cuidado de los niños hace que sus hijos tengan que arreglárselas solos en la calle. Las escuelas son violentas y están masificadas. En algunas ocasiones permanecen cerradas durante días o incluso semanas a causa de los tiroteos entre delincuentes y policías. Las mujeres de estas comunidades también sufren problemas de salud, y la mayoría, si no todas, padecen alguna forma de trauma. Sin embargo, la atención de la salud a la que tienen acceso es limitada, discriminatoria e inadecuada.

Las mujeres padecen en realidad una triple discriminación: sufren violencia en el ámbito familiar y en la comunidad, siempre en silencio; se las culpa del caos de su vida familiar, causado en gran medida por la violencia; y son tratadas con dureza cuando intentan acceder a los escasos servicios del Estado, sobrecargados de trabajo, que deberían ofrecer ayuda.

Un dinámico movimiento de mujeres ha causado ya impacto en la política del gobierno federal de Brasil, a través de la aprobación en 2006 de la ley «Maria da Penha», que ofrece diversas protecciones a las mujeres que experimentan violencia doméstica (véanse las páginas 12 y 74]. La creación de un Ministerio de la Mujer (Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, SPM) también ha contribuido a que las cuestiones que afectan a las vidas de las mujeres tengan mayor resonancia. Sin embargo, la experiencia de las mujeres en cuanto a seguridad pública y exclusión social sigue estando desatendida en gran medida.

Es necesario introducir reformas de gran alcance y carácter radical para afrontar la violencia contra las mujeres en la comunidad. Ha llegado la hora de que el gobierno examine con más amplitud la cuestión de la violencia contra las mujeres, trabajando en las esferas federal, estatal y municipal para subsanar las deficiencias que existen en la prestación de servicios, la elaboración de informes y el análisis. En las áreas relacionadas con la seguridad pública, las autoridades deben asegurarse de que las experiencias de las mujeres se integran en las políticas y las prácticas a fin de que puedan satisfacerse las necesidades de protección específicas de las mujeres, y de que la manera en que se llevan a cabo las operaciones policiales y se aborda la seguridad pública no agrave la discriminación y la violencia contra las mujeres de las comunidades afectadas. Además, es esencial que se adopten medidas para garantizar el acceso equitativo y efectivo a la justicia.

Las mujeres llevan mucho tiempo en primera línea de la lucha por la justicia y contra la impunidad. Como defensoras de los derechos humanos, abogadas y activistas, las mujeres han sido fundamentales en la lucha por la protección y promoción de los derechos y por el acceso universal a la justicia. Muchas mujeres tienen que asumir este papel tras la pérdida de un familiar debido a la violencia policial y a la inacción de las autoridades a la hora de impartir justicia.

El movimiento de derechos humanos ha apoyado la lucha de las muchas mujeres que durante años han arriesgado su vida para conseguir justicia para familiares que han sido víctimas de homicidios ilegales o de tortura a manos de la policía. Muchas mujeres han pasado a ser agentes fundamentales del movimiento de derechos humanos como consecuencia de las experiencias que han vivido. Sin embargo, se ha prestado escasa atención a los efectos que sobre las propias mujeres han tenido las pérdidas sufridas y la lucha, en apariencia interminable, por la justicia. ¿Por qué las mujeres han asumido la carga de jugarse la vida de este modo? ¿Qué ha significado para ellas?

En mayo de 2007, Amnistía Internacional se reunió en Río de Janeiro con un grupo de mujeres que participaban en un proyecto organizado por la organización no gubernamental (ONG) Viva Rio y la Universidad de Coimbra, respaldada por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Ciudadanía (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, CESeC). Todas las mujeres habían perdido a familiares en matanzas policiales, muchas de las cuales han sido objeto desde hace tiempo de campañas de Amnistía Internacional. Este proyecto fue uno de los primeros intentos de abordar y estudiar las presiones a las que se ven sometidas las mujeres y de estudiar formas de apoyarlas como mujeres, en vez de centrar la atención en el caso que era objeto de sus acciones de campaña. El proyecto ofrece asesoramiento y educación en derechos humanos y constituye un foro para que las mujeres compartan sus experiencias y ofrezcan y reciban apoyo.

Las mujeres describieron la devastación y la sensación de abandono que sienten aquellas que sobreviven a la pérdida de un familiar a manos del Estado, así como la humillación y la desesperación adicionales derivadas de la larga y difícil lucha por la justicia y por una indemnización. El Estado viola los derechos de estas mujeres de tres maneras. Apoya abiertamente prácticas de actuación policial que conducen a ejecuciones extrajudiciales. Perpetúa un sistema que en cada etapa asegura que su acceso a la justicia sea extremadamente difícil, si no imposible. Las condena a pasar grandes dificultades económicas y a la vergüenza de luchar por lo que en el mejor de los casos es una indemnización simbólica. Los costes para la salud, los medios de vida, las familias y la vida social de estas mujeres son inmensos. Los cuadros de sufrimiento que las mujeres describieron eran, en general, muy parecidos. Ante todo, todas ellas habían dedicado prácticamente su vida entera a luchar por la justicia. Muchas denunciaron que se sentían abandonadas por un Estado que nunca había estado presente en sus vidas y ahora sólo interponía barreras para acceder a la justicia. Todas las mujeres expresaron la sensación de que habían tenido que hacer frente a la discriminación, aunque no todas residían en favelas. Pocas tenían mucha fe en las instituciones del Estado, y a menudo su resentimiento era mayor hacia los jueces que hacia la policía. Todas ellas veían la necesidad de reiterar el hecho de que el familiar perdido era un «trabajador» o un «estudiante» –no un delincuente– para cuestionar la justificación de los homicidios que con frecuencia ofrecía la policía, aceptada generalmente por la opinión pública.

Las mujeres adujeron varias razones –el miedo, la debilidad emocional u otras responsabilidades– para explicar por qué los hombres eran a menudo incapaces de apoyar su lucha por la justicia. Algunos hombres sí ayudaban. En otros casos, la falta de implicación había conducido a la quiebra de las relaciones familiares. Muchas mujeres sufren dificultades económicas como consecuencia de su pérdida. A menudo la violencia les priva de uno de los principales sostenes económicos de la familia. En muchos casos, las presiones inherentes a la campaña por la justicia les impedían trabajar.

Muchas mujeres se quejaron de graves problemas psicológicos como consecuencia de la pérdida que habían sufrido y de las presiones derivadas de la lucha por la justicia. La mayoría tomaba alguna clase de medicación y pocas disponían de recursos, antes de su contacto con este proyecto, para recibir tratamiento psicológico sostenido.

Las mujeres informaron de que habían recibido apoyo de sus comunidades y de sus vecinos. Todas hablaron del apoyo y la fuerza que obtenían unas de otras. Muchas entendían su papel como la lucha contra la impunidad y actuaban para ofrecer solidaridad a otras madres, protestar juntas regularmente o brindar apoyo durante actuaciones judiciales. Todas las mujeres parecen haber cobrado fuerza gracias a su activismo recién descubierto, así como mayor confianza en sí mismas, sobre todo después de que su lucha les abriera el acceso a ONG nacionales e internacionales, a los medios de comunicación y a altos cargos de la administración.

Descubrir las verdaderas consecuencias de la violencia para las vidas de estas mujeres, más allá de la pérdida inmediata, es de vital importancia para que el Estado llegue a comprender el verdadero daño que su política de actuación policial violenta y represiva está causando y cómo esto se agrava debido a la impunidad en que esa actuación se sustenta. Las mujeres que quedan abandonadas a su suerte para hacer frente a su pérdida y luchar por la justicia son también víctimas de abusos contra los derechos humanos y tienen derecho a que se satisfagan sus necesidades.

Las mujeres con las que Amnistía Internacional habló transmitieron mensajes muy claros acerca de cuáles son esas necesidades: seguridad auténtica; una fuerza policial que las proteja a ellas y a sus familias; igualdad de acceso a la justicia para todas las personas, sin tener en cuenta la clase social; protección para ellas y sus familias a fin de que puedan continuar con su lucha en defensa de los derechos humanos; y la necesidad de apoyo social y económico cuando sufren una pérdida.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará) fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1994. La Convención reconoce que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. La Convención exige a los Estados no sólo que condenen, prevengan y sancionen la violencia contra las mujeres, sino también que adopten medidas específicas para abordar sus causas fundamentales. La Convención de Belém do Pará ha sido ratificada por más países que cualquier otro tratado interamericano.