Aborto en Perú: casos ilustrativos de las consecuencias de la falta de acceso

* * copiado tal cual del informe "Tengo derechos, y tengo derecho a saber. La falta de acceso al aborto terapéutico en el Perú" de Human Rights Watch.

A pesar de los contactos realizados con diversos hospitales y ONG dedicadas a la salud, no fue posible entrevistar a un número significativo de mujeres a quienes, teniendo derecho a un aborto terapéutico, se les hubiese denegado. Los motivos principales fueron la dificultad para identificar a estas mujeres, la reticencia a discutir temas personales y el desconocimiento de que sus derechos habían sido violados. En el Perú, país donde no se acostumbra a ventilar en público los casos de denegación de aborto terapéutico, aquellos que salen a la luz ilustran lo difícil que es acceder al aborto terapéutico legal, la forma en que muchos pequeños obstáculos se conjugan para impedirlo y la gravedad de las consecuencias. Los tres casos que se citan a continuación lo demuestran.

El caso de M.L.

M.L., de 31 años, casada y madre de un niño, relató a Human Rights Watch que al quedar embarazada en el 2004 deseaba tener una hija. A las 30 semanas de gestación, una ecografía reveló que el embarazo no era normal. A pesar de no tener síntomas aparentes, M.L. fue hospitalizada. Allí, sin más detalles, le dijeron que el feto tenía una malformación. Tras una semana en el hospital materno-infantil los médicos le dijeron que el feto carecía de cerebro y vejiga y que no iba a sobrevivir: moriría al nacer, si no antes.

M.L. solicitó un aborto terapéutico que le fue denegado. M.L. señaló al respecto: “No quisieron inducirme porque dijeron que la ley no lo permitía, que eso no se podía hacer”. M.L., quien no sabía que se podía convocar a una comisión médica para que viera su caso, creyó lo que le dijeron.

Así las cosas, M.L. buscó otras formas de procurarse un aborto terapéutico. Consideró hacerse un aborto clandestino, pero su esposo no quiso que arriesgara la vida en un procedimiento inseguro e insalubre. Consultó en una clínica privada, pero el precio de 2,000 soles (unos US$700) estaba fuera de su alcance.

Dos meses después volvió al hospital (con 38 semanas de gestación), donde tras una amniocentesis empezó a sentir contracciones. El personal médico le administró suero por vía intravenosa, según escuchó M.L., para impedir un trabajo de parto prematuro.

Al poco tiempo M.L. volvió al pueblo donde vivían sus padres. Relató que se sentía deprimida y desanimada, que lloraba continuamente y no comía.

Al llegar su embarazo a término el feto no se movía. M.L. fue ingresada al hospital con fuertes dolores: “Gritaba de dolor. Pensé que me iba a morir. Gritaba que ya no lo podía soportar… No era justo que me hubieran hecho esperar tanto cuando sabían que me iban a tener que operar… Después me dijeron que me iban a tener que hacer un corte vertical [para una cesárea] debido a la urgencia”. En el hospital le dijeron que el feto era una niña, pero no la dejaron verla. Según dijo, hasta el día de hoy tiene pesadillas sobre el destino que corrió el cuerpo de esa criatura.

M.L. agregó que luego de esta experiencia sigue sintiéndose muy deprimida y que hace duros esfuerzos para pagar el tratamiento de su depresión. Nunca supo la causa de la malformación y teme que ella o su marido tengan algún problema de orden genético que pudiera afectar un próximo embarazo. “No quiero que esto le pase a otra mujer; lo que me pasó fue horrible… Llegué a pesar 40 kg. La gente no sabe lo que se sufre [en esta situación]; no quieren saber la verdad sobre ese tipo de sufrimiento”.

El caso de K.L.

El caso de K.L. es uno de los pocos que ha salido a la luz pública en el Perú, de modo que la información que sigue proviene de fuentes públicas (Human Rights Watch no entrevistó a K.L.). En el año 2001, K.L., quien a la sazón tenía 17 años y 14 semanas de embarazo, se enteró luego de un control en un hospital público que el feto que llevaba era anencefálico (lo que, como se señala en el capítulo anterior, es una anomalía incompatible con la vida y que además pone en peligro la salud de la madre). El médico tratante recomendó interrumpir el embarazo. Luego de asimilar la dura noticia, K.L. discutió la situación con su familia.

Consciente de que prolongar el embarazo ponía en peligro su salud física y mental, y sintiéndose incapaz de continuarlo a sabiendas de que el feto no tendría posibilidades de sobrevivir, K.L. (a través de su madre, dado que aún era menor de edad) solicitó en el Hospital Arzobispo Loayza de Lima la realización de un aborto terapéutico, para lo cual se hizo los exámenes de rigor. Dos semanas después de habérsele recomendado interrumpir el embarazo, K.L. volvió al hospital, donde le dijeron que faltaba la autorización del Director. Una semana después, el Director rechazó la solicitud, argumentando que el embarazo no representaba riesgo grave para su salud. A K.L. no le quedó más alternativa que llevar el embarazo a término, contra su voluntad. Durante este período padeció de desnutrición y depresión severa. Cuando finalmente dio a luz tres semanas después de la fecha de parto –el retraso es común en los embarazos anencefálicos– los funcionarios del hospital la obligaron a amamantar a la criatura durante los cuatro días que vivió. A K.L. posteriormente se le diagnosticó una severa depresión que requirió de tratamiento psiquiátrico.

En el año 2002, dos organizaciones peruanas, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), más el Centro de Derechos Reproductivos de Estados Unidos, presentaron el caso de K.L. ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), el que falló a favor de K.L. Como se relata en el Capítulo VI, el CDH resolvió que el Perú debía indemnizarla y además reformar sus políticas a fin de impedir la repetición de casos similares.

El caso de L.C.

Human Rights Watch entrevistó a la madre de L.C., muchachita de un sector popular de Lima que a los 14 años fue violada a lo largo de varios meses por un hombre 20 años mayor, produciéndose un embarazo que ella ocultó.

Según la madre, L.C. se deprimió y desesperó al punto de que un día intentó suicidarse, arrojándose desde el techo de su casa. Su madre se enteró de la violación y el embarazo en la urgencia del hospital. “La niña se puso a llorar y me contó que un vecino moto-taxista había abusado de ella”. L.C. sufrió un severo traumatismo vértebro-medular que la dejó cuadripléjica, a pesar de lo cual su embarazo no se vio afectado.

La madre relató haber pedido en el hospital un aborto terapéutico para que su hija pudiera hacerse una operación a la columna que intentaría ayudarle a recuperar la movilidad, pero “los médicos dijeron que no, porque está penado”. Pero la madre de L.C. sabía que, si elevaba una solicitud al Director del hospital, la decisión final podría quedar en manos de una comisión médica. Según ella, después de una serie de conciliábulos y demoras sin motivo aparente la comisión denegó la solicitud, argumentando que el embarazo ya no representaba peligro para la salud física de la niña: “Así nomás, a pesar de que la niña quedó como quedó, me dijeron ‘No podemos, señora, eso es delito’”. Posteriormente L.C. sufrió un aborto espontáneo estando en el hospital, pero a esas alturas la operación a la columna poco o nada le habría ayudado a recuperar la movilidad.