Aborto y morbimortalidad materna en el Perú

* * copiado tal cual del informe "Tengo derechos, y tengo derecho a saber. La falta de acceso al aborto terapéutico en el Perú" de Human Rights Watch.

El Perú es un país en desarrollo que tiene la segunda mayor tasa de mortalidad materna en América Latina después de Bolivia. Aunque recibe ayuda de la cooperación internacional, los recursos que destina a la salud de las mujeres, en especial la lucha contra la morbimortalidad materna, son insuficientes.2 Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al año se producen en el Perú 410 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, bastante más de lo que estima el propio Estado peruano.

Las normas jurídicas y políticas públicas que restringen y penalizan el aborto en general y no entregan pautas claras respecto del aborto no punible son también factores que contribuyen a la mortalidad y discapacidad maternas. Aunque las muertes maternas atribuibles a abortos sépticos que se producen en el Perú se estiman en cerca del 16%, la cifra real es difícil de precisar porque este tipo de abortos se realiza generalmente en condiciones de clandestinidad. Muchas de las muertes y patologías atribuibles al aborto clandestino son totalmente evitables, dado que el aborto legal, accesible y realizado por personal capacitado, con el instrumental adecuado y bajo condiciones asépticas es un procedimiento muy seguro, mucho más que el propio parto.

Incidencia del aborto y condiciones que ameritan el aborto terapéutico

Según un estudio del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder International, se calcula que el número total de abortos realizados cada año en el Perú alcanza a los 352.000; es decir, uno por cada nacido vivo. Este cálculo da a entender que el 5% de todas las peruanas en edad reproductiva tiene probabilidades de realizarse un aborto. En Lima esta cifra alcanza a cerca de 100.000 al año. No queda claro cuántas de estas mujeres podrían haberse hecho un aborto terapéutico legal.

A pesar de la falta de registros fidedignos y de las múltiples trabas que el sistema de salud pública del Perú interpone al aborto terapéutico legal, la cifra parece ir en aumento. A solicitud nuestra, el Ministerio de Salud nos envió un archivo con las estadísticas nacionales de abortos terapéuticos realizados en hospitales públicos en el último quinquenio para el cual existe información. Solamente en el área de la Lima Metropolitana, el número estimado de abortos terapéuticos realizados muestra una curva notablemente ascendente: 26 en el 2002, 41 en el 2003, 24 en el 2004, 215 en el 2005 y 699 en el 2006. En el caso de un solo hospital el número de abortos catalogados como “médicos” se elevó de tres en el 2002 a 137 en el 2005 y 687 en el 2006. Ahora bien, más que indicar un aumento drástico en el número de abortos, estas cifras ilustran la falta de regularidad en el recuento y caracterización de los abortos legales realizados en el sector público. De hecho, dicho recuento incluye una serie de procedimientos médicos legales que son más bien servicios obstétricos de urgencia. Es más, estas cifras están por debajo del nivel de intervenciones que se estiman necesarias.

En el Perú no existen procedimientos confiables de recopilación de datos sobre complicaciones graves o fatales del feto o la madre. Tomando como base los estudios hechos en otros países sobre incidencia de malformaciones congénitas graves y fatales, así como la amplia gama de patologías que pueden amenazar la vida y salud de las embarazadas, lo más probable es que, además de aquellos oficialmente informados, existan cientos de casos de mujeres y niñas que tenían derecho a un aborto terapéutico pero no lo recibieron. Por ejemplo, un cálculo señala que al año nacen en el Perú 945 criaturas con malformaciones incompatibles con la vida. Los casos de anencefalia son apenas un ejemplo: según datos del propio Ministerio de Salud, cada año se registran al menos 80 casos de anencefalia que sin embargo no reciben un aborto terapéutico.

La anencefalia es una malformación fetal incompatible con la vida, en la cual el cerebro y la médula espinal dejan de desarrollarse. En este tipo de casos, la muerte fetal sobreviene antes o bien a las pocas horas o días del parto. Llevar un feto anencefálico generalmente provoca una enorme angustia y representa un peligro para la integridad física de la embarazada.

Existen además docenas de otras patologías que ameritan la realización de un aborto terapéutico destinado a salvar la vida de la madre y preservar su salud y bienestar. Es por ello que un equipo de especialistas en salud reproductiva de nueve sociedades médicas del Perú elaboró un perfil clínico orientado a definir los criterios bajo los cuales se justifica la interrupción legal del embarazo. La nómina incluye, sólo a título ilustrativo, más de 30 patologías que pueden llevar a una embarazada a contemplar la posibilidad de un aborto terapéutico. El Dr. Luis Távara, ginecólogo obstetra de fama internacional y ex Presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG), presidió el Comité de Salud Sexual y Reproductiva que organizó el taller. El Dr. Távara publicó un artículo enfocado exclusivamente a explicar por qué la anencefalia amerita, por sí sola y por motivos de salud física y mental, la realización de un aborto terapéutico, señalando que en tales casos el aborto debe considerarse legal debido a los graves y permanentes efectos que este tipo de embarazos pueden tener sobre la salud física y mental de una mujer.

La mayor parte de las razones de salud física para la realización de un aborto terapéutico han sido repetidamente reseñadas por la SPOG y sancionadas por el Colegio Médico del Perú. Más aún, el Colegio Médico apoya el acceso al aborto legal cuando el embarazo es producto de violación o violencia sexual o en casos de malformaciones fetales graves o fatales, señalando que en ambos existen repercusiones para la salud física y mental.

Cooperación internacional

Si bien la obligación en cuanto a cambios, responsabilidad y fiscalización corresponde al Estado peruano, la cooperación internacional también juega un papel a través de la entrega de ayuda para el sistema de salud pública del Perú y diversos programas de salud reproductiva, entre ellos alumbramientos tradicionales y atención obstétrica de urgencia. El acceso al aborto terapéutico, sin embargo, no se cuenta entre ellos.

Desde los años 70 en adelante, los mayores aportes al Estado peruano en materia de salud materna y servicios de salud reproductiva han provenido de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Estos aportes se han canalizado tanto a través de servicios estatales como de organismos no gubernamentales. Sin embargo, durante los últimos ocho años la USAID ha venido operando en el marco de la llamada “Política de Ciudad de México” (o Ley Mordaza), repuesta al asumir George W. Bush. Entre otras restricciones, dicha política prohíbe a la USAID financiar a ONG extranjeras que fomenten el aborto como método de planificación familiar o realicen abortos. Aparentemente, la USAID ha interpretado esta prohibición en el sentido de negar ayuda a organismos que provean servicios de aborto legal voluntario, promuevan la reforma de las normas jurídicas que regulan el aborto o deriven pacientes a servicios de aborto seguro, incluso cuando los fondos para tales actividades provienen de terceras partes. Si bien dicha política exceptúa claramente algunos tipos de aborto, por ejemplo en casos de violación o incesto o cuando peligra la vida de la embarazada, una lectura estricta lleva a la prohibición de financiar la entrega de información y servicios de aborto terapéutico para preservar la salud de la madre o en casos de anormalidades fetales incompatibles con la vida.

A pesar de disponer de recursos, en la actualidad ninguna de las grandes agencias de cooperación internacional, entre ellas el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, financian proyectos directamente enfocados a garantizar el acceso al aborto terapéutico en el sistema de salud pública. En ese marco, en 2006 el Departamento para el Desarrollo Internacional de Inglaterra entregó un fondo de £3 millones a la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) para dar inicio al Programa Mundial por el Aborto Seguro en conjunto con sus filiales, que en el caso del Perú es el Instituto Peruano de Paternidad Responsable (INPPARES). Dichas filiales, una por país en 180 naciones, trabajan por erradicar el aborto clandestino y permitir el cumplimiento hacia el 2015 de las metas de reducción de mortalidad materna en los países más pobres del mundo acordadas a nivel internacional.

Como parte de dicho programa mundial, en 2006 la IPPF estableció, con aportes adicionales de Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza e Inglaterra, el Fondo de Acción para el Aborto Seguro, destinado a financiar a organismos tales como Marie Stopes International, Manuela Ramos en el Perú y otros que han visto reducirse el financiamiento de proyectos de planificación familiar y salud reproductiva a raíz de la pérdida de los aportes de Estados Unidos. El Fondo se creó para “mejorar el acceso a los servicios de aborto seguro, con especial énfasis en las necesidades de mujeres marginadas y vulnerables”.

La larga trayectoria de la cooperación internacional en aportar a la manutención de los servicios de salud en el Perú demuestra un compromiso con el tema que, con respaldo y voluntad política suficientes, podría hacerse revivir.