Historia de L

* * copiado tal cual del informe “Nosotras recogemos los platos rotos. La experiencia de la violencia urbana para las mujeres de Brasil” de Amnistía Internacional (ISBN: 13: 978 - 84 – 96462)

L., de 15 años, fue detenida por la policía el 21 de octubre de 2007 en la ciudad de Abaetetuba, en el

estado de Pará, por robar presuntamente un teléfono móvil. Una agente de policía la metió en el

calabozo junto con entre 20 y 30 hombres. La mantuvieron allí 24 días. Según los informes, durante

ese tiempo la violaron entre cinco y seis veces diarias. Sólo pudo escapar a estos abusos tres días en

que los hombres tenían derecho a visitas conyugales. Según los informes, los demás detenidos le quitaban la comida y sólo se la devolvían a cambio de sexo y cuando trataba de protestar la quemaban con cigarros y mecheros. Cuando algunos de los detenidos se quejaron a los agentes de policía de que como era una chica deberían sacarla de la celda, los agentes le cortaron el pelo para ocultar que lo era.

Durante su detención, L. compareció ante una jueza a la que dijo que era menor. A pesar de ello, se

devolvió a L. a la celda donde continuó recluida de forma ilegal. En ningún momento se informó a su

familia de la detención, a pesar de que así lo exige la ley por tratarse de una menor.

Finalmente, una información anónima al consejo local para la defensa de los menores y adolescentes

alertó a personas de fuera sobre su situación. Sin embargo, cuando llegaron L. ya no estaba en la

celda. La encontraron después oculta en el puerto de la localidad. L. afirmó que los agentes de

policía la habían llevado allí y la habían amenazado con matarla si no se marchaba de la zona. Después

fue puesta bajo protección fuera del estado. El padre de L. y su esposa denunciaron más tarde

haber sido objeto de amenazas por parte de la policía, que les exigía que confirmasen que la niña

tenía 20 años. Además, la madre, cuatro hermanas y el cuñado de L. informaron de que habían visto

pasar automóviles sin señales distintivas por delante de su casa por la noche. Posteriormente las

familias fueron incluidas en el programa de protección de testigos.

A raíz de los informes sobre la tortura sistemática de L., diputados federales en representación de la

comisión de investigación parlamentaria sobre prisiones y la Comisión Federal de Derechos Humanos

visitaron el estado junto con una comisión gubernamental y de la sociedad civil encargada de investigar

la situación del sistema penitenciario femenino del país. Todos estos organismos informaron de

que habían hallado abundantes casos de violaciones de derechos humanos y condiciones crueles,

inhumanas y degradantes. Durante las visitas de las comisiones el jefe de la policía civil estatal dijo a

los diputados federales que la chica debía de ser «subnormal» por no haberles informado de que era

menor de edad para haberla podido trasladar a otro centro. Posteriormente fue amonestado públicamente por la gobernadora y poco después destituido de su cargo. Durante los días posteriores, el

gobierno estatal prometió crear una comisión que visitase todos los centros de detención del estado

para garantizar que se recluía a las mujeres en condiciones adecuadas. Amnistía internacional no

tiene noticia de que se vayan a iniciar procesos parecidos en otros estados, en los que, según los

informes, tienen lugar abusos similares.

El 23 de noviembre, la gobernadora de Pará, Ana Júlia Carepa, reconoció que la reclusión de mujeres

en celdas junto con hombres era un problema habitual y dictó un decreto que disponía que se debía

recluir a las mujeres separadas de los hombres; un requisito ya establecido claramente en el código

penal de Brasil.