Argentina: Amenazas a profesionales que intervienen en casos de incesto
© Mariana
Carbajal, Página 12
HOSTIGAMIENTO
Y AMENAZAS A PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN CASOS DE ABUSO DE NIÑOS
- Con
el lema “ojo por ojo, hijo por hijo”
- Son
reconocidos profesionales de diversas áreas que trabajan en casos de abuso sexual
y maltrato infantil. Una campaña de sectores afectados por su labor busca
desprestigiarlos en Internet, con pintadas y afiches. Ya hubo también amenazas
de muerte.
Reconocidos
profesionales que intervienen en casos de abuso sexual infantil y maltrato
están siendo difamados y amenazados a través de páginas y sitios de Internet,
con pintadas y volantes en la zona céntrica de Tribunales y por mails de grave
contenido enviados a sus casillas particulares. Los ataques provienen de
“personas que se sintieron afectadas por sus intervenciones profesionales en
las instancias judiciales en las que fueron denunciadas, con la intención de
amedrentarlos y mellarlos en su defensa y protección de los niños afectados,
intentando de este modo impedirles cumplir su función profesional”, denunció la
Asociación Argentina para la Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil (Asapmi),
una entidad que agrupa a especialistas de distintas disciplinas que trabajan en
la temática y que encabeza María Inés Bringiotti, directora del Programa de
Investigación en Infancia Maltratada, de la Facultad de Filosofía y Letras
(UBA).
En la
larga lista de profesionales que están sufriendo hostigamientos y agresiones
–en algunos casos hasta golpizas– figura el psicoanalista de niños y
adolescentes Jorge Volnovich, los abogados Juan Pablo Viar y Juan Pablo Gallego
–que representa a una de las querellas contra Julio César Grassi–, el
psiquiatra Enrique Stola, que asistió y brindó contención a “Ezequiel”y
“Gabriel”, dos de los jóvenes que denunciaron al cura; Nora Schulman, directora
ejecutiva del Comité de Seguimiento de los Derechos de la Infancia, y hasta Eva
Giberti, directora del Programa Las Víctimas contra las Violencias, del
Ministerio de Justicia de la Nación. “Ojo por ojo, diente por diente, hijo por
hijo” fue una de las últimas amenazas que le llegaron por correo electrónico a
Viar.
Cada
martes, un grupo de padres se reúne frente a Tribunales y con una radio abierta
montada en un automóvil vocifera en contra de jueces de Familia de la Capital
Federal. Entre los manifestantes muchos han sido denunciados por violencia
familiar y tienen o han tenido alguna restricción en las visitas con sus hijos
por medidas dispuestas por la Justicia.
El
mecanismo se repite. La jueza de primera instancia en lo civil Miryam Rustán de
Estrada denunció que recibió amenazas durante el último fin de semana luego de
ordenar el desalojo del Hogar San José Obrero, de la Fundación Felices los
Niños, tras realizar una investigación sobre las denuncias de abuso sexual y malos
tratos contra chicos allí alojados. El abogado Juan Pablo Gallego, que
representa al Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño en el juicio contra Grassi, también es blanco de ataques, al
igual que otros profesionales que intervienen en causas judiciales contra otros
hombres, investigados por abuso sexual o incesto, pero que no son famosos como
el cura. Como Viar. En los últimos tres meses, Viar fue centro de una campaña
de desprestigio que incluyó carteles pegados en los alrededores de su estudio
jurídico, en el microcentro, y de Tribunales, y reparto de volantes con
mensajes que lo señalaban como pedófilo. También recibió amenazas de muerte,
según reveló a Página/12. Algunas le llegaron por correo electrónico como anónimos
o con la firma de Agustín Pedro Castelli, el nombre de una persona que se
suicidó casi una década atrás. Viar asesoró jurídicamente a su ex esposa, en
una causa contra Castelli por violencia severa contra la mujer y sus hijos.
En un
comunicado de prensa, Asapmi alertó que los ataques provienen de personas que
“se presentan a sí mismas como víctimas, intentan desresponsabilizarse
absolutamente por los hechos que derivaron en la instancia judicial en la que
los profesionales actúan, ya sea como abogados/as o como peritos, cuando sus
dictámenes o conclusiones no los favorecen”.
Stola
contó a Página/12 que hace poco menos de un mes le abrieron un perfil en
Facebook y un blog en Internet a su nombre, a los que le llegan mensajes
difamatorios. Stola recordó que en los últimos tres años sufrió además tres
ataques en su domicilio particular y numerosas amenazas de muerte, después de
brindar asistencia psiquiátrica y contención a dos de los jóvenes que
denunciaron a Grassi. Stola declaró en el juicio contra el sacerdote. “En una
oportunidad me fajaron, me dijeron que me dejara de joder con el cura. Eso fue
en marzo de 2006. Después me metieron una denuncia penal diciendo que no era
psiquiatra. La causa finalmente ya se cerró. Y en el último año me han hecho también
campañas por Internet difamatorias”, describió Stola, que sufrió un cuadro de
estrés postraumático como consecuencia de la persecución.
“La
situación es muy grave –describió a Página/12 Bringiotti–. Costó mucho
visibilizar el problema del abuso sexual en la sociedad, no sólo en la
Argentina. Hay profesionales que han tenido que dejar casos porque no pudieron
soportar más el hostigamiento”, denunció. Algunos han sido denunciados por
injurias u otra causa por imputados de abuso sexual y tuvieron que enfrentar
costosos juicios, entre ellos especialistas de la Unidad de Violencia Familiar
del Hospital Pedro de Elizalde, de la ciudad de Buenos Aires, encabezada por
Norberto Garrote, señaló la titular de Asapmi.
Bringiotti
está llevando adelante un estudio de prevalencia de situaciones traumáticas en
la infancia y la adolescencia. “Estamos encontrando que el 75 por ciento de los
chicos que fueron abusados no se lo contaron a nadie. Las secuelas del abuso
son de las más graves que puede tener un chico junto con las guerras”, advirtió
la directora del Programa de Investigación en Infancia Maltratada de la UBA.
“Es muy importante que la publicidad de estos hechos llegue a la comunidad,
para que ésta no se vea sorprendida en su buena fe, y la defensa de los niños/as
abusado/as sea la prioridad, tal como lo indica el cumplimiento de la
Convención sobre los Derechos del Niño”, destaca el comunicado de Asapmi.
El
fenómeno del ataque a profesionales comprometidos con la denuncia del abuso
infantil no es exclusivo de la Argentina y se conoce como “backlash”. La
reacción se produce y se profundiza a medida que se visibiliza y se denuncia
cada vez más esa problemática. Para Bringiotti sería muy importante la
aprobación de una ley que dé protección a los profesionales que trabajan en el
tema, como existe en otros países.
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