Incesto y backlash sapero

© Gioconda Batres Méndez

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EVALUACIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

Un Instrumento para Administrar Justicia a las Víctimas y una Respuesta al Backlash

A lo largo del tiempo, muchas sociedades han ignorado los testimonios de las aflicciones que aquejan a las mujeres y a los niños. Una muestra de ello es el silencio histórico que ha existido sobre el incesto.

Por cientos de años este crimen se ocultó con vergüenza y de esa forma generó no solo impunidad hacia los ofensores sino también daños en la vida de quienes fueron afectados por él.

En Costa Rica, la lucha contra este delito inició en los años noventa. Empezó dando mayor credibilidad a los niños y generando mayor cantidad de sentencias contra padres, padrastros, abuelos y otros individuos que cometían estos abusos. Así, el movimiento social del silencio se convirtió en el de la denuncia. Esto resulta lógico pues, según los teóricos, los movimientos sociales parecen evolucionar en círculos, en ciclos predecibles de atención y controversia.

Dos publicaciones de mi autoría, Del ultraje a la esperanza (Batres, 1997) y La silla de la verdad (Batres, 1993) generaron acciones en este país que impactaron la teoría y práctica sobre los delitos sexuales contra la niñez. Lo más importante fue que se logró una erradicación inicial de los prejuicios sobre el tema, especialmente aquel que afirmaba que los niños mentían sobre el abuso sexual.

Esta evolución de los conceptos y la aplicación de mejores prácticas de los procesos judiciales dieron como resultado además, una disminución en la impunidad de ofensores sexuales que, valga resaltar, son mayoritariamente hombres (Batres, 1997).

No está de más señalar que la fuerte divulgación en diversos medios comunicativos resulta un factor sumamente útil en esta lucha.

Un contramovimiento

A partir de los años noventa se desarrolla en Estados Unidos una oposición al éxito de otro movimiento social: la lucha contra el abuso sexual infantil. Se denomina backlash (Finkelhor,1994).

El primer grupo que integra el backlash incluye a padres que han sido acusados de abuso sexual, a algunos peritos expertos, especialmente del área privada, y a padres divorciados. También se encuentran aquí algunos abogados que reciben altas sumas de dinero por reunir literatura y argumentos que apoyen sus razonamientos y les permitan defender a los abusadores.

Sus argumentaciones se apoyan pricipalmente en los escritos de Gardner sobre “Síndrome de Alienación Parental” -SAP- (1987) y Loftus (1994). Sin embargo, el SAP no es aceptado científicamente como un modo confiable pues está sesgado contra las mujeres y ataca a las mujeres profesionales y a los hombres sensibles que trabajan en el campo (Cantón, 2003).

Dentro de esta producción de literatura y falsos conceptos, apareció la noción de memorias implantadas, difundida por la “Fundación de memorias falsas” de los Estados Unidos, más o menos en ese mismo tiempo. Esta fundación la integraban antagonistas a la existencia del abuso sexual, cuyas ideas han sido utilizadas en las cortes de ese país y, muy recientemente, en el nuestro, pero que tampoco tienen aval científico.

Es importante aclarar que en lo referente a recuerdos recuperados en el abuso sexual infantil se da una controversia; los principales impulsores de este argumento son también la “Fundación de la falsa memoria” y su homóloga inglesa, la “Sociedad de falsa memoria”. Se han realizado sin embargo pocas investigaciones sistemáticas que confirmen estas tesis (Gelder M., López-Ibor, J., Andreasen, N., 2004).

Pese a la polarización existente, la mayoría de los estudios metodológicamente válidos coincide en que puede haber un 10% de falsas denuncias. En este sentido, Faller, Everson y Lamb (1997), después de una cuidadosa investigación, plantean que la cifra es del 6%.

Cuando Finkelhor (1994) se refiere al backlash señala, como sociólogo que es, que estos movimientos ideológicos son frecuentes históricamente, pues los movimientos sociales casi siempre tienen una contraposición posterior, llamada backlash. Todos tienen ciclos predecibles, primero de atención y apoyo y luego de controversia. Inician generando la atención pública y creando conciencia en forma exitosa, para luego encontrar oposiciones.

En este caso, la pugna consiste en organizar grupos que plantean sus propuestas en los medios de comunicación, en la Asamblea Legislativa y en el Sistema Judicial. También se emplea la inercia, es decir, la creación de obstáculos burocráticos para las denuncias, el destinar pocos fondos a los problemas de la niñez y la estimulación de la apatía del público.

El segundo grupo que integra el backlash está compuesto por algunos “expertos” que han reunido alguna literatura no científica (argumentos estandarizados) pero ven esos razonamientos como científicos. Usualmente, estos planteamientos afirman que los interventores de la Corte Suprema de Justicia se han radicalizado a favor de los menores, los cuales pueden ser manipulados para hacer denuncias falsas. Así se forma una especie de histeria colectiva o cacería de brujas que ha terminado por cegar a esos profesionales.

Esto no quiere decir que no puedan hacerse críticas a los peritajes o a los procesos empleados por el sistema de justicia. Se sabe bien que estas son importantes para dar lugar a los cambios. Empero, aquí se trata de un criticismo ilegítimo que exagera las fallas del sistema.

Al respecto, la psiquiatra Virginia Berlinerblau (2004) plantea (y aquí comparto su posición) que mientras se creyó que la violencia intrafamiliar afectaba a las clases bajas, las denuncias no molestaron mucho, pero al aparecer casos en la clase alta, se advirtió que este mal cruzaba y afectaba a todos los sectores sociales, a todas las profesiones y hasta los ministros y sacerdotes de diversas congregaciones religiosas. De esta forma, se disparó con mayor fuerza la reacción contraria.

Estos ataques no son inocuos y tienen claros objetivos ideológicos. Es un andamiaje que pretende desacreditar a quienes trabajamos con víctimas de abuso sexual infantil, tal como sucedía en el pasado. Al colocar el tema en el ámbito de lo ideológico y no como un asunto estudiado científicamente y avalado por gran número de investigaciones y estadísticas le quita credibilidad y lo vuelve vulnerable.

Además, cuestionar la credibilidad de las víctimas, culpar a las mujeres como principales victimarias y desprestigiar a los interventores de los procesos judiciales, es un atentado contra la democracia y significa también un nuevo abandono de las víctimas del abuso sexual.

Todos estos argumentos se apoyan con fuerza en las publicaciones personales de Richard Gardner (1987), crítico acérrimo del sistema de protección de la infancia de Estados Unidos[1].

Él ha afirmado que los niños podían idealizar a uno de sus padres mientras que odiaban al otro, como resultado de la manipulación de uno de los progenitores. En las estadísticas de Gardner, entre el 80% y el 90% de los casos la madre es el progenitor acusado, pero esto contrasta con la experiencia de las cortes latinoamericanas, donde más bien resulta al revés: del 80% al 90% de los abusadores son los hombres.

Es importante señalar que el SAP no ha sido sujeto de estudios empíricos ni publicado en revistas científicas ni médicas para la revisión de los colegas. El síndrome nada más consiste en las opiniones de Gardner, basadas en su experiencia clínica.

En Costa Rica, algunos peritos bien intencionados empezaron a usar esos argumentos de Gardner, confundidos por la publicidad y por varios artículos publicados en revistas, aparentemente científicas. En realidad, se trata de opiniones prejuiciosas o de generalizaciones de los resultados de algunos estudios, pero más que todo, lo que han hecho es jugar con la desinformación de los interventores, una táctica común para defender a los criminales.

Se demuestra así cómo la literatura distorsionada del backlash causa un daño enorme al sistema de protección y a los derechos humanos de la niñez. Y aunque debemos reconocer que algunas batallas entre los padres tienen como resultado la utilización de los niños en contra de algún progenitor, esto no debe interpretarse como una práctica que genere falsas denuncias ni como SAP.