Autoridades de Ciudad Juárez impiden manifestaciones pacíficas
* * copio y pego tal cual un comunicado de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez que me mandó anoche una amiga vía email.
GOBIERNO LOCAL Y FEDERAL IMPIDEN Y REPRIMEN MANIFESTACIONES PACÍFICAS DE LA CIUDADANÍA. SIN GARANTÍAS MÍNIMAS DE PROTECCIÓN POR PARTE DEL ESTADO MEXICANO, FAMILIARES DE MARISELA ESCOBEDO HUYEN DEL PAÍS.
- Por segunda vez en este mes, el gobierno de Chihuahua vuelve a impedir la manifestación pacífica de la ciudadanía que exige fin a la impunidad y al feminicidio.
El pasado 24 de diciembre, fueron retiradas más de mil veladoras que la ciudadanía había colocado en el lugar del asesinato de la defensora Marisela Escobedo- delimitando el Palacio de Gobierno- sin que el Gobernador asumiera la responsabilidad de dicho retiro. Ayer, 28 de diciembre, el gobierno de Chihuahua puso elementos de la policía estatal fuertemente armados en lugar de las veladoras que la ciudadanía había vuelto a llevar, tratando de impedir que las manifestantes se acerquen. Algunos asistentes se preguntan por qué no estuvieron esos policías para proteger a Marisela el pasado 16 de diciembre.
Por su parte, el gobierno federal también respondió de manera represiva y violenta contra quienes se manifestaron pacíficamente el pasado 17 de diciembre en la ciudad de México por los mismos hechos. El representante de la Secretaría de Gobernación que al final acudió a negociar se comprometió a dar fecha para realizar una reunión con los titulares del ejecutivo y de procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, acuerdo que todavía no se ha cumplido.
El homicidio de Marisela Escobedo, el incendio de su negocio familiar el día de su funeral, y el secuestro y asesinato de su cuñado al día siguiente, así como la represión de la manifestación pacífica en Chihuahua y en la Ciudad de México son acciones que la ciudadanía identifica claramente como amenazas para todo aquel que se atreva a exigir justicia. La incapacidad de las autoridades para dar una efectiva protección a la familia de la defensora los llevó a huir del país una semana después de los sucesos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por no cumplir con su obligación de no discriminar, de manera particular, al sostener la impunidad de los actos de violencia contra las mujeres. Reprimir la exigencia pacífica de justicia por parte de la ciudadanía reactiva los hechos por los cuales México fue condenado. La sociedad mexicana demanda garantías efectivas de protección a las y los defensores que se organizan en más de 20 asociaciones civiles en Chihuahua y Ciudad Juárez, y familiares de víctimas, así como el respeto irrestricto del derecho de libre manifestación.
GOBIERNO LOCAL Y FEDERAL IMPIDEN Y REPRIMEN MANIFESTACIONES PACÍFICAS DE LA CIUDADANÍA. SIN GARANTÍAS MÍNIMAS DE PROTECCIÓN POR PARTE DEL ESTADO MEXICANO, FAMILIARES DE MARISELA ESCOBEDO HUYEN DEL PAÍS.
- Por segunda vez en este mes, el gobierno de Chihuahua vuelve a impedir la manifestación pacífica de la ciudadanía que exige fin a la impunidad y al feminicidio.
El pasado 24 de diciembre, fueron retiradas más de mil veladoras que la ciudadanía había colocado en el lugar del asesinato de la defensora Marisela Escobedo- delimitando el Palacio de Gobierno- sin que el Gobernador asumiera la responsabilidad de dicho retiro. Ayer, 28 de diciembre, el gobierno de Chihuahua puso elementos de la policía estatal fuertemente armados en lugar de las veladoras que la ciudadanía había vuelto a llevar, tratando de impedir que las manifestantes se acerquen. Algunos asistentes se preguntan por qué no estuvieron esos policías para proteger a Marisela el pasado 16 de diciembre.
Por su parte, el gobierno federal también respondió de manera represiva y violenta contra quienes se manifestaron pacíficamente el pasado 17 de diciembre en la ciudad de México por los mismos hechos. El representante de la Secretaría de Gobernación que al final acudió a negociar se comprometió a dar fecha para realizar una reunión con los titulares del ejecutivo y de procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, acuerdo que todavía no se ha cumplido.
El homicidio de Marisela Escobedo, el incendio de su negocio familiar el día de su funeral, y el secuestro y asesinato de su cuñado al día siguiente, así como la represión de la manifestación pacífica en Chihuahua y en la Ciudad de México son acciones que la ciudadanía identifica claramente como amenazas para todo aquel que se atreva a exigir justicia. La incapacidad de las autoridades para dar una efectiva protección a la familia de la defensora los llevó a huir del país una semana después de los sucesos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por no cumplir con su obligación de no discriminar, de manera particular, al sostener la impunidad de los actos de violencia contra las mujeres. Reprimir la exigencia pacífica de justicia por parte de la ciudadanía reactiva los hechos por los cuales México fue condenado. La sociedad mexicana demanda garantías efectivas de protección a las y los defensores que se organizan en más de 20 asociaciones civiles en Chihuahua y Ciudad Juárez, y familiares de víctimas, así como el respeto irrestricto del derecho de libre manifestación.
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