Transfobia en Madrid
La semana pasada en España se publicó una lista con el nombre de 22 pacientes que habían sido o están siendo tratad@s en la unidad de identidad de género de un hospital madrileño. El propósito de la lista (publicada en un blog) era ridiculizar y tachar de derrochadora a Esperanza Aguirre. La persona que escriba ese blog libre es de pensar y escribir lo que quiera. Si no está de acuerdo con que en Madrid la sanidad pública financie las operaciones de cambio de sexo, la terapia con hormonas y el apoyo con terapia psicológica me parece muy bien que escriba sobre el tema. Lo que no entiendo es la necesidad de dar nombres y apellidos de 22 pacientes detallando además las operaciones que se hayan hecho y el cambio de qué sexo a qué sexo. Yo no estoy a favor de que a los españoles se les recete Viagra alegremente mientras a las mujeres nos cuesta la misma vida encontrar la píldora del día después, pero no se me ocurre publicar nombre y apellidos ni de los pacientes a los que se les recete Viagra ni de l@s médicos que la receten. Primero porque no tengo por qué saltarme a la torera el derecho a la intimidad de nadie. Segundo porque no tengo acceso a esos datos. Ahí está el quid de la cuestión: ¿cómo ha tenido acceso este hombre a esos datos? ¿trabaja para el servicio de salud de Madrid? ¿conoce a alguna persona que lo haga? ¿tiene acceso directo o indirecto a los historiales de l@s pacientes? ¿ha hackeado algún sistema informático?
Calculo que entre la publicación del blog, la denuncia de Carla Antonelli y el salto a la prensa de la noticia deben haber pasado 3 o 4 días. Súmale dos o tres desde que saltó a internet. Tenemos una semana escasa o una semana larga (según se mire). Tiempo más que suficiente para depurar responsabilidades pero, como Spain is different, de momento no han rodado cabezas. En el hospital madrileño no han despedido a nadie ni han explicado vía comunicado de prensa qué es lo que ha fallado en su sistema de protección de datos. La Agencia de Protección de Datos de Madrid no tiene previsto intervenir por tratarse de un blog privado (apaga y vámonos). El departamento de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación para comprobar si se ha violado la confidencialidad de los datos de los pacientes que, dime tú a mí si no es pa’mearse y no echar gota: se han publicado sus nombres y apellidos junto a sus tratamientos ¿qué tienen que investigar? ¿qué tienen que decidir?
Es obvio que lo que tienen que hacer es (1) poner de patitas en la calle a tod@s l@s transfóbic@s que hayan facilitado la filtración de datos, (2) blindar sus sistema de almacenaje de datos – sea físico o informático, y (3) llevar a juicio al bloguero que sabiendo perfectamente que lo que hacía era ilegal – resulta que es licenciado en Derecho – publicó el listado de pacientes, operaciones y terapias. Es más, la entrada en el blog ha sido retirada pero todavía circula por internet; si algun@ de l@s 22 pacientes se suicida o es víctima de algún crimen de odio, al bloguero deberían juzgarlo también por asesinato o cómplice de asesinato.
Calculo que entre la publicación del blog, la denuncia de Carla Antonelli y el salto a la prensa de la noticia deben haber pasado 3 o 4 días. Súmale dos o tres desde que saltó a internet. Tenemos una semana escasa o una semana larga (según se mire). Tiempo más que suficiente para depurar responsabilidades pero, como Spain is different, de momento no han rodado cabezas. En el hospital madrileño no han despedido a nadie ni han explicado vía comunicado de prensa qué es lo que ha fallado en su sistema de protección de datos. La Agencia de Protección de Datos de Madrid no tiene previsto intervenir por tratarse de un blog privado (apaga y vámonos). El departamento de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación para comprobar si se ha violado la confidencialidad de los datos de los pacientes que, dime tú a mí si no es pa’mearse y no echar gota: se han publicado sus nombres y apellidos junto a sus tratamientos ¿qué tienen que investigar? ¿qué tienen que decidir?
Es obvio que lo que tienen que hacer es (1) poner de patitas en la calle a tod@s l@s transfóbic@s que hayan facilitado la filtración de datos, (2) blindar sus sistema de almacenaje de datos – sea físico o informático, y (3) llevar a juicio al bloguero que sabiendo perfectamente que lo que hacía era ilegal – resulta que es licenciado en Derecho – publicó el listado de pacientes, operaciones y terapias. Es más, la entrada en el blog ha sido retirada pero todavía circula por internet; si algun@ de l@s 22 pacientes se suicida o es víctima de algún crimen de odio, al bloguero deberían juzgarlo también por asesinato o cómplice de asesinato.
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