Impacto en mujeres y niñas del conflicto armado en Colombia

* * copiado tal cual del informe “Esto es lo que nosotras exigimos. Que se haga justifica. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia” de Amnistía Internacional (ISBN: 978 - 84 - 96462 - 32 - 8)

“No importa si somos juiciosas, o si estamos en riesgo o si estamos vistiéndonos bien o mal, siempre [nos escogen] por ser mujeres […] a mí me hicieron sentir que ellos tenían el poder de hacerlo cuando quieran y con quien quieran". Mari (no es su nombre real), líder comunitaria y sobreviviente de la violencia sexual, febrero de 2011

El impacto de los conflictos armados suele ser mayor en las mujeres que en los hombres, y esto es tan cierto para las mujeres y niñas colombianas como para las que viven otras situaciones de conflicto.

“[L]a violencia ejercida por todos los actores del conflicto interno sigue causando un impacto diferenciado y agravando la discriminación histórica que las mujeres colombianas han vivido. En este sentido, la Comisión nota con preocupación que las principales manifestaciones de violencia contra las mujeres identificadas en el informe de 2006 –la violencia física, sexual y psicológica; el reclutamiento forzado; la imposición de pautas de comportamiento social; y el desplazamiento forzado– continúan afectando a las mujeres de todas las edades, razas y etnias en  Colombia. Asimismo, el conflicto armado sigue afectando de forma particular a las mujeres indígenas y afrocolombianas por la múltiple discriminación histórica que han sufrido". Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009.

Para las mujeres, la experiencia del desplazamiento forzado puede ser más traumática debido al papel tradicional que desempeñan en la familia y la comunidad. Muchas mujeres desplazadas se han visto obligadas a huir de sus casas en el campo con sus hijos, abandonando su ganado y sus pertenencias. El refugio que ofrecen los barrios marginales y las ciudades suele ser poco seguro y económicamente precario.

Las mujeres desplazadas también corren mayor riesgo de ser sometidas a crímenes de violencia sexual o de verse obligadas a trabajar en la industria sexual debido a la destrucción de sus medios de subsistencia y redes de apoyo. Estas mujeres tienen barreras para acceder a bienes y servicios, y a menudo son tratadas como presuntas simpatizantes de la guerrilla, incluso por las autoridades, por haber huido de zonas de conflicto.

Las mujeres padecen también riesgos adicionales en el contexto de una sociedad donde la discriminación general de mujeres y niñas está profundamente arraigada. Muchas tienen miedo de que sus hijos sean reclutados forzosamente por los grupos armados. Otras pueden sufrir represalias por su relación voluntaria, accidental o deliberada con un miembro de uno u otro grupo armado, sea directamente o por medio de un familiar. Los grupos paramilitares y guerrilleros también usan códigos de conducta coactivos para controlar la conducta de mujeres y niñas, tanto civiles como combatientes, que incluyen la anticoncepción forzada y crímenes de derecho internacional como el embarazo forzado y el aborto forzado, así como la violación, la violencia sexual y la esclavitud sexual. Algunas mujeres son agredidas para silenciarlas y castigarlas por su trabajo a favor de los derechos humanos.

SANDRA Y CARLOS

Sandra y Carlos (no son sus nombres reales) vivían en su pequeña finca del departamento de Vichada, en la que cultivaban mandioca, bananas, maíz y cacao. Un día de julio de 2010 unos soldados les detuvieron en una carretera próxima a su finca y se los llevaron al monte, donde les ataron y amenazaron, acusándoles de ser guerrilleros. Los soldados agredieron sexualmente a Sandra antes de dejarles marchar, a las 10 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, los soldados continuaron acosándoles, amenazándoles con entregarles a los paramilitares.

Una semana después, Sandra y Carlos huyeron de Vichada. No obstante, las autoridades se han negado hasta ahora a reconocer la declaración de la pareja de que fueron desplazados forzosamente por la violencia política. Como consecuencia, Sandra y Carlos no han recibido ninguna ayuda humanitaria del Estado.

En noviembre de 2010, un soldado se aproximó a la hermana de Sandra y le preguntó si era la hermana de la mujer que había sido violada por el ejército. Ella dijo que no y luego huyó de la zona, por temor por su propia seguridad.

Sandra y Carlos hablaron del intenso miedo y de la angustia que sienten desde la agresión. Creen que no pueden confiar en nadie, ni siquiera en los vecinos. Sandra explicó que no se sentía a gusto viviendo en una ciudad y que el recuerdo de la violencia sexual a que había sido sometida le causaba un gran sufrimiento y una profunda sensación de repugnancia. Sandra no ha contado a Carlos todo lo que le hicieron.

Sin embargo, sí denunció lo ocurrido al personero local poco después de la agresión. No obstante, la denuncia no fue trasladada a la Fiscalía General de la Nación ni al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).

Finalmente, la pareja denunció la agresión a la Fiscalía General de la Nación en octubre/noviembre de 2010. El caso está siendo investigado actualmente por la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, Sandra dijo que no se había puesto en contacto con ellos nadie de la Fiscalía para comunicarles qué estaba sucediendo con el caso. Los abogados de la pareja dijeron a Amnistía Internacional que había habido pocos avances en el caso y que Sandra y Carlos estaban empezando a preguntarse si tenía algún sentido insistir en que se hiciera justicia.

Resulta imposible calcular la verdadera escala del problema de la violencia sexual relacionada con el conflicto que sufren mujeres y niñas. No existen datos precisos, debido a que no todos los casos se denuncian y también a que los sucesivos gobiernos colombianos no han creado una base de datos única y completa para registrar todos los crímenes de violencia sexual, relacionados o no con el conflicto.

Aunque en los últimos años las autoridades han mejorado los sistemas de información existentes y han empezado a recoger datos sobre la incidencia de la violencia sexual, hasta el momento no existe una base de datos unificada ni se están recogiendo datos de un modo exhaustivo. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos afirmó en su informe de 2010 sobre Colombia que las estadísticas sobre violencia sexual “siguen siendo incompletas y segmentadas”. La creación de un conjunto de datos único y preciso para estos delitos es un requisito previo crucial para que el gobierno ponga fin definitivamente a la violencia sexual y a la impunidad que la rodea. Al mismo tiempo, el gobierno debe abordar efectivamente las causas fundamentales de que no se denuncien todos los casos, especialmente el miedo de las sobrevivientes a las represalias si denuncian el delito, y la discriminación de género que las estigmatiza.

El conjunto de datos más fiable es el que gestiona el INMLCF, pero sólo registra el número de exámenes realizados y no el de mujeres y niñas víctimas de violación y de otros tipos de violencia sexual. Dada la probabilidad de que el número de denuncias sea mucho más bajo que el de casos reales, no hay duda de que éstos son más numerosos. Sin embargo, en 2009, el INMLCF realizó un total de 21.288 exámenes de presuntos casos de violencia sexual, frente a los 12.732 de 2000. Más del 85 por ciento de los exámenes llevados a cabo en 2009 fueron de menores.

En el caso de la violencia sexual relacionada con el conflicto, la diferencia entre casos reales y denuncias es aún mayor. Según el INMLCF, sólo 131 de los exámenes realizados en 2009 fueron clasificados de “sociopolíticos”. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, en su informe de 2010 sobre Colombia, afirmaba que “recibió una cantidad alarmante de información sobre casos de violencia sexual contra mujeres y niñas cuya responsabilidad fue atribuida a miembros de las FARC-EP [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo] y de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares”. En su informe de 2011, este organismo hizo también referencia a “casos de violencia sexual atribuidos a miembros de la fuerza pública, en particular del Ejército, en Arauca, Caldas, Cauca, Chocó, Meta y Vichada. En la mayoría de estos casos las víctimas eran niñas”.

Según el último informe de la coalición de ONG Mesa de Seguimiento al Auto 092, publicado en mayo de 2011, varios estudios han puesto de relieve el alcance de esta brecha: “La Encuesta Nacional de Demografía y Salud señaló que el 73% de las mujeres maltratadas físicamente no denunciaron la violencia a la cual se vieron enfrentadas. Para la Defensoría del Pueblo, el 70% de las mujeres que fueron víctimas de violencia física y el 81,7% de las víctimas de agresión sexual no acudieron a ninguna institución a denunciar la agresión. Específicamente en materia de violencia sexual en el conflicto armado, la Primera Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual impulsada por OXFAM y realizada por la Casa de la Mujer encontró que el 82,1% de las mujeres encuestadas no denunciaron los hechos de los que fueron víctimas”.

Los datos disponibles sugieren que la violencia sexual contra las niñas en Colombia es un problema grave. Algunas de las sobrevivientes que hablaron con Amnistía Internacional eran niñas cuando fueron agredidas, y los datos del INMLCF ponen de relieve la cuestión de la edad. Las niñas son objeto de crímenes de violencia sexual debido a los estereotipos de género que atribuyen gran valor a la virginidad. Para las menores, el impacto de la violencia sexual es aún mayor que para las mujeres en general. Las jóvenes sobrevivientes tienen más probabilidades de sufrir lesiones físicas graves como consecuencia de la violencia sexual porque sus cuerpos no se han desarrollado aún por completo. Para muchas de ellas, la agresión representa la interrupción o el final de su educación. También pueden sufrir la consecuencia adicional del embarazo debido a la violación, y estos embarazos suelen plantear mayores riesgos para su salud; las adolescentes tienen más probabilidades de tener complicaciones al dar a luz, lo que podría ser causa de mortalidad materna.