Barreras a la justicia para niñas víctimas de incesto y violación en Nicaragua

* * Fuente: "Escucha sus voces y actúa. No más violación ni violencia sexual contra niñas en Nicaragua. El no sufrir violencia sexual es un derecho humano" de VVAA publicado por Amnistía Internacional en 2010.

"Me dijeron en la policía que yo debería no llorar, que no tenía que llorar, que no era cierto [lo que estaba denunciando]. Me sentí muy mal cuando la policía dijo que fue mentira, porque yo no voy a mentir sobre cosas así", Alejandra, 12 años.

Las sobrevivientes de violación tienen derecho a la justicia y la reparación, y el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar estos derechos humanos. Aunque en la legislación nicaragüense y en los protocolos oficiales para los funcionarios que tratan con sobrevivientes de violencia sexual se reconocen muchas de las obligaciones del Estado, la ausencia de voluntad política por parte del gobierno ha dado lugar a una implementación defectuosa, parcial y sin recursos adecuados de estas disposiciones. El resultado es que las niñas y adolescentes a menudo se enfrentan a serios obstáculos a la hora de denunciar los delitos de violencia sexual.

Muchas niñas siguen sufriendo la violencia sexual en silencio. Los motivos para ello son complejos, pero algunos de los factores clave que disuaden a las sobrevivientes y sus familias de denunciar ante la policía la violencia sexual son la falta de información sobre sus derechos o sobre qué constituye delito, las actitudes negativas hacia las niñas y las mujeres en general, y la falta de confianza en que el sistema impartirá justicia. Quienes denuncian la violación o el abuso sexual se enfrentan a veces a respuestas inadecuadas o despectivas de policías, fiscales y tribunales. En parte, esto es resultado de la inacción del gobierno para garantizar que se cumplen los códigos pertinentes para la policía, la fiscalía y la judicatura, y que los funcionarios reciben formación y recursos adecuados. Incluso cuando un caso llega a los tribunales, las sobrevivientes siguen encontrando obstáculos a la justicia, incluidas repetidas cancelaciones de última hora de las vistas judiciales.

En julio de 2008 entró en vigor el nuevo Código Penal nicaragüense, cuyo capítulo 2 contiene artículos que penalizan delitos como la violación, la violación agravada, el abuso sexual, el incesto y el acoso sexual, y expone las penas aplicables para cada delito. Las relaciones sexuales con una persona menor de 14 años constituyen violación de menores en Nicaragua. Sin embargo, la protección garantizada por la ley no siempre se proporciona en la práctica.

El 8 de febrero de 2010, la madre de una sobreviviente de violación fue condenada a 12 años de prisión por complicidad en el delito. La madre había acudido a la policía a denunciar las repetidas violaciones que su hija había sufrido a manos del compañero sentimental de la propia madre (el padrastro de la niña). La policía la acusó de complicidad en el abuso por no haber denunciado el delito cuando su hija se lo contó por primera vez. La acusación contra la madre se formuló pese a que ésta explicó a la policía que, en aquel momento, su hija le había suplicado que no denunciara lo sucedido, y ella finalmente había acudido a denunciarlo contra los deseos de su hija. La madre pasó cuatro meses recluida antes de que su condena se anulara. Mientras tanto, no se hizo ningún esfuerzo por detener al padrastro acusado de violación y abuso sexual. Durante ese tiempo, el violador permaneció en libertad, con el consiguiente peligro para la víctima, mientras la madre estaba en prisión.

La desconfianza general en el sistema legal, y el desconocimiento de qué constituye delito, especialmente respecto a los abusos sexuales, disuaden a muchas sobrevivientes y a sus familias de presentar denuncias oficiales. Sin apoyo, la sobreviviente puede no ser capaz de hacer frente al coste económico y emocional de buscar justicia. Una psiquiatra que trabaja en Nicaragua dijo a Amnistía Internacional: “Una de las cosas que [las sobrevivientes] mencionan para que dejen de llegar a las sesiones o para las citas, es porque no tienen ni para el pasaje en algunas ocasiones. No hay apoyo del resto de la familia. Eso es importantísimo también. La mayoría de las mamás y de los niños que se deciden a denunciar no reciben el respaldo del resto de la familia. Entonces más bien esto es un motivo para que muchas veces ellas se desestimulen o abandonen los procesos”.

Desde que se disolvió CONAPINA, el gobierno ha elaborado en algunos distritos un programa en el que utiliza a voluntarios y representantes que reciben formación de MIFAMILIA, conocidos como “promotores”, que participan activamente en la comunidad. Los promotores pueden identificar a niños y niñas en situación de riesgo y ponerse en contacto con las Comisarías de la Mujer y la Niñez locales para que puedan intervenir cuando sea necesario. También llevan a cabo trabajo sectorial en la comunidad para identificar a los menores en peligro. Aunque este programa de voluntariado es una medida satisfactoria y puede fortalecer las aptitudes existentes en la comunidad, no es una respuesta suficiente para abordar de manera efectiva el problema de la violencia sexual. Amnistía Internacional sigue sintiendo preocupación por la ausencia de un plan nacional respaldado con recursos reales que pueda complementar este proyecto de voluntariado. El gobierno debe incrementar el número de asistentes sociales con formación profesional que pueden proporcionar conocimientos, realizar un seguimiento coherente y servir de enlace entre la familia y los distintos departamentos gubernamentales. Estos asistentes son fundamentales para garantizar que los niños y niñas en peligro tienen acceso a protección y pueden navegar por el sistema de justicia y obtener los servicios de rehabilitación que necesitan.

RESPUESTAS DE LA POLICÍA A LAS DENUNCIAS DE VIOLACIÓN

"Cuando a uno le pasa esto no sabe ni de dónde saca fuerza. Sólo quiere que las cosas pasen por cuestión de justicia, por los hijos […]. Sólo quieres que acabe, pero que se haga justicia",  Juana, madre de dos niñas violadas por su padrastro.

El número de Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país ha aumentado de 23 a 37 en los últimos años. Aunque es un encomiable aumento, el gobierno no ha garantizado que estas comisarías disponen de recursos adecuados para realizar su trabajo de una manera efectiva, que respete la dignidad de las sobrevivientes de violación y garantice su protección, especialmente en el caso de niñas y adolescentes.

La mayoría de las comisarías carecen de una sala privada donde las sobrevivientes puedan declarar en privado. Varias niñas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que se habían sentido humilladas al denunciar sus experiencias en una sala abierta, delante de otras personas. Varias agentes de policía comentaron también lo difícil que les resultaba entrevistar a las niñas mientras, al mismo tiempo, se estaba entrevistando a otras víctimas de delitos.

Varias sobrevivientes y sus familiares dijeron a Amnistía Internacional que, basándose en su experiencia, creían que la policía necesitaba más formación sobre cómo entrevistar a las sobrevivientes de abusos. Hay agentes que se esfuerzan por tratar a las sobrevivientes con respeto; sin embargo, muchas sobrevivientes aseguraron haber sido revictimizadas por la policía cuando acudieron a denunciar el delito. Describieron cómo el trato que muchos agentes les dispensaban reflejaba las mismas actitudes negativas hacia ellas de la sociedad en general.

Juana, cuyas hijas fueron violadas repetidamente por su esposo, contó a Amnistía Internacional cómo el asesoramiento inadecuado de la policía casi permitió que su esposo quedara impune. Según los procedimientos oficiales, la policía está obligada a tomar declaración a las sobrevivientes. Sin embargo, el agente que recibió la denuncia de Juana le dijo que debía llevar primero a sus hijas al Instituto de Medicina Legal, para que se recogieran pruebas de que se había cometido un delito. El hecho de que esto era contrario al procedimiento no salió a la luz hasta que Juana y sus hijas fueron remitidas a una ONG que proporciona apoyo legal y psicosocial a las víctimas de violación y abuso sexual. Juana describió así lo sucedido: "Mi hija, adolescente, la de 15 años, un día me levantó de la cama y me dice que algo está pasando. La noche anterior había habido una discusión con su padrastro. El ambiente estaba bien hostil y cargado. Fue a la mañana siguiente que me levanté y ella me dijo que algo estaba ocurriendo en la casa, y que era bien grave. Yo le pregunté qué era, y ella me empezó a comentar que mi pareja había estado abusando de ella y de su hermana sexualmente. Yo estaba así un poco descontrolada y asombrada de lo que estaba pasando, porque una como madre no piensa que a su hija le pase una cosa así. Traté de calmarme y pensar qué es lo que íbamos a hacer. Despertamos a la niña de 13 años y entonces yo le pregunté que qué había estado pasando. Y ella me dijo que era cierto, que estaba siendo abusada sexualmente. Cuando yo comprobé el testimonio de las dos niñas lo primero que hago es ir a poner la denuncia a la policía, a la Comisaría de la Niñez. La verdad es que como uno no sabe cómo funciona el sistema yo me voy a la Comisaría de la Mujer [y la Niñez], que es donde se miran los casos de abuso sexual […]. Fue con una policía mujer la primera que nos entrevistó y es increíble la insensibilidad por parte de la policía. Yo creo que las personas tienen que estar como que bien preparadas, porque cuando un niño está pasando por una situación difícil requiere ser escuchado, que te digan: todo va a salir bien mi niño, te voy a ayudar. Bueno, primero me mandaron a Medicina Legal para comprobar que las niñas habían sido abusadas sexualmente. Eso fue lo que me dijo el oficial que me tomó la declaración […]. Pero bueno, habíamos estado ahí teniendo sesiones psicológicas con una persona que también trabaja con género. Ella nos remitió con una ONG […]. Y así fue como yo me enteré cómo funcionaba el sistema. Que no era primero que las niñas tenían que ir a Medicina Legal, sino que me tenían que tomar la denuncia. Y tuve que ir con la abogada para que se me tomara en cuenta, que me tomaran la denuncia que las niñas habían sido violadas. Yo sólo quería saber cómo podía hacer las cosas".

La abogada de Juana explicó: “[...] es que ese pequeño detalle tiene mucho que ver en un juicio, porque a la hora del juicio se te cae la acusación cuando ven que el dictamen psicológico y físico tiene una fecha y que la denuncia tiene otra. El juez hasta puede desestimar la acusación […]. Ésas son las circunstancias que para nosotros son muy importantes, que desde la Comisaría haya una sensibilización por parte de las funcionarias que trabajan allí”.

Los expertos y expertas que trabajan con víctimas infantiles explicaron cómo, a menos que alguien siga el caso y se asegure de que las autoridades actúan con la diligencia debida, el caso muchas veces termina en punto muerto. Una psiquiatra que trabaja con una ONG de Managua explicó que “cuando no hay nadie empujando una denuncia, la Comisaría, aunque sabe que hay que hacer seguimiento físico, no lo hace. Y si la mamá no está llegando, insistiendo, o si alguien que está acompañando no está llegando a presionar, la Comisaría lo archiva y a veces en algunos casos le da cierre administrativo. Lo que hemos estado haciendo con ella es un acompañamiento directivo en cuanto a decirle cuáles son los pasos que debe seguir”.

FALTA DE PROTECCIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN Y EL JUICIO

La Guía Ética para el Personal Policial establece el deber de la policía de proteger a las niñas en peligro de violación o abuso y a las sobrevivientes de abuso. También aclara la responsabilidad del Ministerio del interior de supervisar y coordinar esta protección. Las medidas expuestas en esta guía incluyen órdenes de alejamiento y otros métodos para evitar de forma activa, y garantizar que no se producen, las amenazas, la intimidación u otros daños físicos o psicológicos a la sobreviviente.

La policía debe actuar con toda la diligencia debida para garantizar la integridad física y psicológica de la víctima y una respuesta rápida y efectiva a las denuncias de abuso. Además, el Ministerio del Interior debe colaborar estrechamente con la policía para evaluar los posibles riesgos y tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de la sobreviviente durante la investigación y el juicio. Sin embargo, esta obligación de identificar los riesgos y tomar medidas de protección para prevenir un daño adicional a las niñas no parece cumplirse de forma efectiva en la práctica.

Varias sobrevivientes dijeron a Amnistía Internacional que, en algunos casos, la policía había esperado días, e incluso semanas, antes de detener al presunto agresor, y había dicho a las niñas que volvieran a su casa –el mismo sitio donde corrían el riesgo de sufrir violación o abuso– durante ese tiempo. Durante la investigación de su denuncia o el juicio de sus atacantes, la mayoría de las niñas no reciben protección, o reciben una protección mínima.

Julie, a los 13 años, sufrió los abusos sexuales de su padre. Fue violada por él tres veces mientras su madre, Alondra, estaba en el hospital. Cuando Julie, para entonces de 14 años, y su madre denunciaron la violación a la policía, les dijeron que volvieran a su casa y actuaran como si nada hubiera sucedido hasta que la policía fuera a detener a su padre. No les informaron de cuándo se practicaría la detención. Tuvieron que esperar dos días hasta que la policía acudió a detenerlo. Alondra dijo a Amnistía Internacional: “Yo no le decía nada. La policía me dijo que no podía decirle nada. ‘Usted le está delatando, le está advirtiendo que se vaya’. Yo no le decía nada. Yo me sentí horrible. Yo no intenté, pero mis ideas era matarlo, quería matarlo. Fue tan horrible, porque es su hija. Yo lo veo tan feo, porque es su hija. Tampoco es pasajero. No sé ni cómo explicarlo”.

Lucía, de 15 años, fue secuestrada el 12 de abril de 2010 por un conocido de la familia. Su secuestrador abusó sexualmente de ella y luego la mantuvo retenida en la casa de un amigo, donde fue obligada a realizar las tareas domésticas. Finalmente, el 5 de julio de 2010, la policía la rescató y la devolvió a la casa que compartía con su tutora. Pese a que la policía disponía de todos los datos que necesitaba para investigar al hombre, los progresos han sido lentos. La tutora de Lucía ha visto al hombre en cuestión pasar lentamente en automóvil ante su casa al menos trece veces desde que Lucía regresó. Cuando hizo a la policía partícipe de su preocupación por la seguridad de la niña, uno de los agentes comentó: “Si él [el acusado] hubiera querido matar a Lucía, ya lo habría hecho”. No se ha tomado ninguna medida para garantizar la protección de ambas. Tanto Lucía como su tutora tienen miedo de que el hombre que la secuestró trate de hacerle daño de nuevo, ya que ella no está recibiendo protección y él, de momento, no ha sido puesto bajo custodia policial mientras se lleva a cabo la investigación. La salud física y psicológica de Lucía se ha visto gravemente afectada por la violación, y la amenaza de un nuevo ataque está minando su recuperación.

Incluso en los casos en los que se detiene al agresor, la amenaza de un nuevo ataque puede volver a surgir repentinamente. Los expertos hablaron a Amnistía Internacional de casos en los que inicialmente se había detenido al acusado, y luego se le había puesto en libertad por motivos de salud. Una abogada de un centro para mujeres y niñas víctimas de abusos en Granada explicó: “El riesgo es que mientras está en la fase legal él puede hasta huir del país. Puede esconderse. Puede estar en cualquier lado y no presentarse al proceso. Ése es un riesgo que se puede correr. Teníamos el caso de una niña abusada, de 11 años. Se identificó al agresor, el hombre se quedó preso. [El abogado de] la defensa le buscó que estaba moribundo y le dieron para que fuera a firmar [a la Comisaría]. Dos o tres semanas fue a firmar y a la siguiente desapareció”.

Para algunas, la amenaza continúa incluso después de que su agresor haya sido condenado, ya que a las sobrevivientes no se les avisa cuando sus agresores son excarcelados pronto. La inacción del Estado a la hora de garantizar la protección de las sobrevivientes de violación puede tener consecuencias graves, e incluso fatales. En agosto de 2009, una niña de 13 años murió por las puñaladas que su padrastro le asestó con una bayoneta. El padrastro había sido excarcelado tres días antes por motivos de salud, tras cumplir únicamente ocho meses de su condena a 13 años de prisión por violación agravada. La niña, que había quedado embarazada a consecuencia de la violación, vivía con su madre y con el bebé cuando el padrastro fue excarcelado. Ni a ella ni a su familia se les había notificado la excarcelación, y tampoco se habían adoptado medidas de protección. No se tiene constancia de que se haya llevado a cabo investigación alguna sobre la decisión judicial de dejarlo en libertad.

FALTA DE RECURSOS POLICIALES

El gobierno no ha garantizado que se asignan recursos suficientes para que la policía pueda realizar su trabajo de forma efectiva. Aunque, en algunos casos, la policía puede citar la falta de recursos en un intento por disculpar su inacción, no cabe duda de que los problemas económicos son un obstáculo real para llevar a cabo una protección y una investigación efectivas. Por ejemplo, algunas comisarías carecen incluso de los recursos básicos, como combustible y vehículos, y esto dificulta seriamente su capacidad de brindar protección o investigar denuncias de violación o abuso sexual de niñas y mujeres. Muchas de las personas que hablaron con Amnistía Internacional –mujeres policía, sobrevivientes, familiares de sobrevivientes y personas que trabajan con sobrevivientes– destacaron la falta de fondos para cubrir los gastos de combustible de la policía. Algunas agentes han pagado de su propio bolsillo el combustible para responder a denuncias de violación o transportar a una víctima a una clínica para que reciba tratamiento médico. Otros policías, sin embargo, parecen utilizar la falta de combustible como excusa para no cumplir con su deber de investigar delitos o proteger a sobrevivientes de violación.

Cuando Lucía, de 15 años, fue secuestrada en Managua en abril de 2010, su tutora denunció inmediatamente su desaparición y expuso a la policía sus sospechas de que un vecino se la había llevado. Dio a los agentes el nombre del hombre, la marca y el número de matrícula de su vehículo, y su dirección. “También pedí que visitaran el sitio donde pensaba que el violador podría tener raptada a [Lucía], pero al final la policía no lo hizo, diciendo que no tenían un vehículo disponible, y tampoco combustible.” La tutora de Lucía se ofreció a dar a los policías el combustible que necesitaran, pero ellos rehusaron. Mientras tanto, Lucía fue violada y retenida en la casa de un familiar de su agresor. Éste le dijo que, si intentaba ponerse en contacto con alguien, mataría a su padre. El 4 de julio, la tutora de Lucía recibió una llamada de una persona que la conocía, y que le dijo que habían visto a la niña en una casa cercana. La tutora se puso de inmediato en contacto con la policía, pero le dijeron que en ese momento no podían hacer nada porque, una vez más, no tenían ni combustible ni personal suficiente. Lucía fue finalmente rescatada de la casa por agentes de policía la tarde del 5 de julio, casi dos meses después de ser secuestrada.

Tal como muestra la experiencia de Lucía, la falta de transporte y de dinero para combustible afecta a las fuerzas de policía incluso en la capital. No obstante, constituye un problema especialmente grave para la policía de las zonas rurales. En las regiones autónomas de Nicaragua, como la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), donde las mujeres policía tienen que recorrer distancias enormes por terrenos difíciles de transitar, la ausencia de recursos adecuados representa un serio obstáculo para proteger a las sobrevivientes de violación y abuso sexual. Tal como explicó una policía, en Bluefields y la RAAS hay poblados que se encuentran a ocho horas de viaje por barca o por automóvil: “El problema es la movilización, porque cuando es en el Pacífico, en el occidente, es más fácil […], sólo se agarra un bus y vámonos, o alquilan una camioneta o un carro, pero acá se gasta en combustible para movilizarse a los municipios: estamos hablando de 150 galones para subir a la Cruz de Río Grande, que es el más grande, son cuatro horas, o cinco horas, dependiendo de cómo está la laguna”.

La falta de fondos para transporte y combustible significa que, a menudo, las sobrevivientes que presentan una denuncia ante la policía tienen que buscar y pagar su propio transporte desde la comisaría hasta el Instituto de Medicina Legal para ser examinadas. Sin el examen del Instituto de Medicina Legal, el caso no llega a los tribunales. El coste del viaje hasta allí puede ser prohibitivo para las niñas de familias con pocos recursos económicos, especialmente si viven en zonas rurales, en las que el coste de los viajes para entrevistarse con abogados o para asistir a vistas judiciales es mayor. A causa de la falta de recursos policiales, son las sobrevivientes, las ONG –como la Alianza de Centros de Mujeres– y, en ocasiones, las propias policías las que deben encontrar los fondos para que las sobrevivientes puedan obtener la asistencia letrada y el apoyo que permitirán que el caso progrese en los tribunales. A consecuencia de ello, a muchas sobrevivientes se les niega de hecho el acceso a la justicia y la asistencia.

CANCELACIONES CONSTANTES DE LAS VISTAS

Las sobrevivientes de violación o abuso sexual cuyo caso llega a los tribunales abandonan con  frecuencia antes del juicio o en su transcurso porque el proceso judicial les resulta demasiado caro o demasiado traumático. Varias abogadas que representan a sobrevivientes dijeron a Amnistía Internacional que es frecuente que las vistas judiciales se cancelen en el último minuto. Cada vez que sucede, la familia incurre en gastos: deben pagar el desplazamiento y pierden ingresos si deben dejar de trabajar ese día para asistir a la vista. Además, las repetidas cancelaciones tienen también un elevado coste emocional. El prepararse una y otra vez para prestar testimonio y enfrentarse a su agresor en la sala supone un fuerte desgaste. Una abogada que trabaja en un centro de mujeres y menores de Managua describió cómo, en un caso, “la reprogramación del juicio de ella [la sobreviviente] se dio en cinco ocasiones. Como fue con jurado. El jurado no llegaba. El problema de la conformación del jurado. Llegamos en cinco ocasiones y hasta la quinta vez se conformó el jurado y hasta en esa ocasión fue que se hizo. Ésa es otra revictimización de la familia que entra al sistema”.

Las normas establecidas de buena fe para proteger a las personas acusadas frente a la detención preventiva excesivamente prolongada estipulan un periodo máximo de tres meses en los que debe celebrarse el juicio. Sin embargo, la falta de recursos para garantizar que las normas se aplican de acuerdo con el derecho de las sobrevivientes a la justicia ha provocado consecuencias negativas no planeadas para algunas sobrevivientes de violencia sexual. Si se supera el plazo límite de tres meses, el caso se clasifica como juicio nulo y el acusado queda en libertad. Varias abogadas que trabajan con sobrevivientes manifestaron su preocupación por que, en ocasiones, la defensa explota esta norma para conseguir que sus clientes queden en libertad sin juicio. La madre de una joven sobreviviente describió: “Lo detuvieron tres meses para que empezara el juicio, pero siempre que se iba a hacer un juicio siempre se cancelaba [...]. Casi como seis o cinco juicios se tuvieron que llevar hasta que por fin se hizo el último juicio. Y yo decía: ‘Ay, Dios mío, ojalá se lleve el caso, que no se termine’, porque decían que si no se llevaba a cabo el juicio, él podía salir libre porque él no puede permanecer más de tres meses, estarían violando sus derechos también”.

RESPUESTA DE LA POLICÍA, LA FISCALÍA Y LOS TRIBUNALES

"Muchas veces he sentido ganas de suicidarme; el juicio fue como una pesadilla de diez meses de duración. Tenía que volverlo a ver, y volverlo a ver significaba volver a caer una y otra vez […] sentía como me moría de manera lenta, lenta, lenta", Estefany, violada cuando tenía 17 años.

En 2003, la Corte Suprema publicó un manual exhaustivo y detallado, con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, titulado Protocolo de Actuación en Delitos de Maltrato Familiar y Agresiones Sexuales: Guía para personal Policial, Fiscal, Médico Forense y Judicial. En él se ofrece información y orientación sobre las necesidades especiales de las sobrevivientes de violación y violencia intrafamiliar, y sobre los procedimientos que los funcionarios deben seguir al tratar casos de este tipo. Por ejemplo, el Protocolo establece las normas de conducta que los funcionarios de justicia deben aplicar para entrevistar a las sobrevivientes de manera respetuosa y mantener a las víctimas informadas de los progresos y novedades de su caso. Sin embargo, a muchos abogados y psiquiatras que trabajan con sobrevivientes les preocupa que no se haya hecho lo suficiente para garantizar que los funcionarios ponen en práctica las normas de asistencia contenidas en el manual.

Las abogadas que, en nombre de una ONG, acompañan a sobrevivientes durante el juicio describieron las consecuencias negativas de la escasez de fiscales, que supone que, en el mejor de los casos, los fiscales tienen demasiados casos y poco tiempo que dedicar a las víctimas, y, en el peor, simplemente hacen caso omiso de su obligación de cumplir el Protocolo y cuidar a las víctimas durante el juicio: “Trabajamos en coordinación con la Comisaría de la Mujer de la Policía Nacional, donde se nos remiten los casos para que nosotras brindemos asesoramiento y acompañamiento jurídico a personas que en su mayoría son de ningún recurso económico y no tienen para pagar un asesor que les ande acompañando. Aunque la Fiscalía asume la representación legal de la víctima en el proceso ellos no tienen el tiempo, la disposición –no sé qué o no es política del Ministerio– sentarse con calma, con paciencia, con la gente a explicarle que está pasando con su caso, qué requisitos necesitan cumplir […]. A veces si no es por la intervención nuestra el fiscal no conoce a la víctima hasta el día del juicio […]. Muchísimo menos tienen la sensibilidad humana de haber palpado de una forma más estrecha a la víctima y su situación real. Para el fiscal es un expediente más y punto, un documento más donde hay una serie de pruebas y alguien a quien acusar. Nosotras nos encargamos de hacer ese enlace más humano donde desde la etapa investigativa nosotros hacemos ese nexo entre las autoridades, con todos los operadores de justicia y la víctima, con la madre de la víctima. Porque en su mayoría, las personas afectadas son niños y niñas adolescentes que necesitan ser representados por su madre o por su padre”.

Los estereotipos de género y las actitudes negativas hacia las mujeres y las niñas en Nicaragua alimentan la violencia que éstas sufren. También constituyen un obstáculo para el acceso de las víctimas a la justicia y a servicios de rehabilitación, ya que esas mismas actitudes negativas se reflejan en la conducta de los funcionarios con los que entran en contacto. Un motivo de preocupación expresado por varias abogadas era la falta de una identificación coherente y exacta por parte de la policía del acto delictivo cometido.

Pensaban que la policía hacía una valoración sobre el delito antes de que se presentaran las pruebas al Ministerio Público, que es el responsable de decidir a qué cargos se enfrentará el presunto agresor. Tal como explicó una abogada: “Nosotros en el seguimiento nos hemos dado cuenta de que es un problema de concepción de las personas que están en el distrito, en la comisaría, porque es llegar a cuestionar por ejemplo la responsabilidad de la mamá, si no les parece muy grave el delito no lo priorizan tanto. Ellos ya realmente dan una valoración a priori, antes de que, si al que le compete es al Ministerio Público, y ellos se adelantan a crear especulaciones alrededor de los delitos. Ése es uno de los problemas de los que se queja el Ministerio Público también de las comisarías. Otra cosa que en la policía dicen, que si no hay testigos parece que uno lleva las de perder. Y es contradictorio, porque ellos saben que en los delitos de violencia sexual ¿cómo puede haber testigos? Si los agresores procuran hacerlo en un lugar privado para no ser descubiertos”.

El incumplimiento y la falta de aplicación completa del Protocolo han dado lugar a la revictimización de algunas sobrevivientes durante la investigación o el proceso judicial. Asimismo, el incumplimiento de los procedimientos debidos también ha permitido que los autores de violaciones y abusos sexuales eludan el castigo, con las serias repercusiones que ello tiene en las sobrevivientes y sus familias. Una psiquiatra que trabaja con sobrevivientes en Granada dijo a Amnistía Internacional: “La gente piensa: ‘Si lo dejaron libre usted es la culpable’. La gente asocia culpabilidad a lo que sucedió […]. Hay un ambiente social y familiar de responsabilidad hacia la víctima”. Una de las sobrevivientes con las que trabajó esta psiquiatra describió así las consecuencias de un procesamiento fallido: “Cuando fracasó el caso, me puse histérica. Mi mamá también se puso muy mal. Ella sabía que yo no era la culpable”.

Los policías, fiscales, expertos médico forenses y funcionarios de justicia tienen la obligación de cumplir y respetar el Protocolo, y deben rendir cuentas si no lo hacen.