Barreras a la reparación a las niñas víctimas de incesto y violación en Nicaragua

* * Fuente: "Escucha sus voces y actúa. No más violación ni violencia sexual contra niñas en Nicaragua. El no sufrir violencia sexual es un derecho humano" de VVAA publicado por Amnistía Internacional en 2010.

"Aquí encontré tranquilidad, encontré amigas, muy lindas, he salido de este hueco, bastante", Connie, joven sobreviviente de violación, habla del apoyo que ha recibido de una ONG en Managua.

Los Estados tienen la obligación de garantizar la plena reparación a las niñas que han sido objeto de violación y abuso sexual. Esto debe incluir prestar servicios que promuevan la salud, el amor propio, la autonomía y la dignidad de las sobrevivientes y garantizar su rehabilitación física y psicológica y su reintegración social. Según las Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la asistencia médico-legal de las víctimas de violencia sexual: “Las víctimas de agresión sexual necesitan servicios de salud integrales y respetuosos con las cuestiones de género que las ayuden a sobrellevar las secuelas físicas y psíquicas de su experiencia y a recuperarse de un episodio extremadamente angustioso y traumático”.

Sin embargo, el gobierno no ha invertido en los programas de información y servicios que necesitan las sobrevivientes de violación y abuso sexual. Los refugios son escasos y están muy dispersos, y los centros de mujeres no reciben ayuda económica del gobierno. Muchas sobrevivientes deben enfrentarse solas a las consecuencias de la violación y el abuso sexual, ya que tienen un acceso limitado al apoyo del Estado y a los refugios, a menos que se las remita a una ONG.

La atención y el apoyo que las sobrevivientes reciben tienen un impacto enorme en las consecuencias a largo plazo de la violación y el abuso sexual. Una psiquiatra que trabaja en Bluefields describió lo que puede suceder cuando una niña que ha sido violada recibe la ayuda y el apoyo adecuados: “Hay niñas que de repente se te sientan aquí o están así, o lloran o no dicen absolutamente nada. Sienten que están fallando de la familia si hablan del abuso sexual vivido por la misma culpa. Cuando se trabaja con ellas se empieza a sacar de todo lo que le sucedió, ‘que mi abuelo me hizo esto y no tiene que hacerlo’. Cuando el reconocimiento se hace presente, empieza el cambio […] y principalmente te empiezan a ver en la cara sin ese signo de que la bajo porque me da vergüenza o porque se siente menos que vos. Levantar la mirada lo podrías comparar un poco a levantar la vida y esperanza”. Cuanto antes se reciba ayuda, mayores son las probabilidades de reducir el daño físico y psicológico a largo plazo para las sobrevivientes. Una psiquiatra de Managua explicó: “Hay una diferencia sustancial entre las niñas que pueden acceder a un acompañamiento médico, legal y psicológico, como de urgencia, de aquellas que no lo tienen o que lo tienen de manera tardía, porque las secuelas empiezan a surgir desde el primer día”.

Las sobrevivientes de violación deben tener acceso a una amplia diversidad de servicios de apoyo para poder rehacer sus vidas y seguir las vías que han elegido, por ejemplo continuando con su educación o su trabajo. Un apoyo oportuno y adecuado puede marcar una diferencia absoluta en la vida posterior de las sobrevivientes. Connie, violada por su padre, describía lo que el apoyo que recibía en el centro de una ONG para sobrevivientes en Managua había significado para ella: “Yo me he sentido bien, tengo citas con la psicóloga. Me reúne con otras muchachas, ver de ellas, conocer a personas mayores, a mí me gusta rodearme de personas mayores, me gusta mucho el grupo, aprendía bastante, compartían, escuchábamos, fue muy lindo, aquí encontré tranquilidad, encontré amigas, muy lindas, he salido de este hueco, bastante. Yo creo que las veo casi cada día”.

FALTA DE FINANCIACIÓN GUBERNAMENTAL PARA REFUGIOS Y SERVICIOS PARA SOBREVIVIENTES DE VIOLACIÓN

En todo Nicaragua, los refugios para sobrevivientes de violencia intrafamiliar y violación, en particular los destinados específicamente a menores, son escasos. Hay 10 refugios (o albergues) gestionados por ONG que dependen de la financiación de donantes internacionales. El gobierno nicaragüense, en la actualidad, no presta ayuda económica ni de otro tipo a las ONG que gestionan los refugios.

En el ámbito local, los refugios trabajan con MIFAMILIA y las Comisarías de la Mujer y la Niñez. En este ámbito, la cooperación entre las ONG y las autoridades gubernamentales sobre casos específicos parece funcionar bien, y muchos agentes de las Comisarías de la Mujer y la Niñez y miembros del personal de MIFAMILIA remiten a las niñas a centros de apoyo para recibir la asistencia legal y psicosocial, o el refugio que ofrecen las ONG, o alojamiento temporal en “casas sustitutas” con familias.

La provisión de un lugar seguro donde alojarse y asistencia legal y psicosocial a las sobrevivientes es fundamental para su protección y rehabilitación. Sin ese apoyo, aumentan las probabilidades de que el procesamiento penal fracase y de que no se satisfagan las necesidades de rehabilitación de las sobrevivientes. MIFAMILIA debe proteger el interés superior de las niñas y niños y debe emprender acciones para vigilar y garantizar el nivel más alto en las “casas sustitutas” en las que se aloja temporalmente a los niños y niñas cuando se considera que corren peligro en su propia familia. Algunas mujeres policía y ONG han tratado de compensar la falta de refugios llevándose a las sobrevivientes a sus propias casas para que puedan asistir a las citas en el hospital y a las vistas judiciales, o incluso simplemente para garantizar que están protegidas frente a nuevos abusos y que no tienen que regresar al hogar donde los sufrieron. En contraste con estas personas que van más allá de su deber para ayudar a las sobrevivientes, el gobierno nicaragüense sigue sin cumplir con sus obligaciones respecto a las sobrevivientes de violencia intrafamiliar y violación.

María, madre de una niña de 7 años, describió cómo, en 2008, había demorado el denunciar el abuso sexual sufrido por su hija porque temía la reacción de la comunidad, ya que el agresor era un miembro respetado e influyente de una comunidad muy unida. Como había demorado la denuncia, las autoridades amenazaron con procesarla y decidieron que su hija debía trasladarse temporalmente a una casa sustituta. Durante el mes que estuvo con la familia sustituta aprobada por MIFAMILIA, la niña estuvo desatendida, y recibió golpes por mostrarse rebelde. María explicó: “Llegaron a mi casa con un agente de policía para llevarse a la niña. Al llegar, le dijeron a mi mamá: ‘Hemos venido a buscar a la niña, por una denuncia de abuso sexual, y usted no debe tratar de impedirlo’. Pensé que era un secuestro, porque llegaron sin documentación [...]. Llamé al Ministerio y pregunté quién era la mujer que llevaba el caso, pero no me dieron ninguna información [...]. Cuando por fin pude ver a mi niña […] ella estaba muy triste y decía que no quería quedarse con la familia donde ella estaba, que la mujer que la cuidaba era muy antipática, que tenía que dormir en la cocina, no en un dormitorio […]. Hasta le pegaban allá […]. Creo que el Ministerio debe vigilar a las personas que cuidan de los niños, para estar seguros de lo que le hacen al hijo de otra persona […]. Sé que no me querían hacer daño, que querían ayudarme, pero hay muchas cosas que no se hacen bien. Como llegar a mi casa sin documentación que acreditara que la mujer representaba al Ministerio. Sin autorización para llevarse a la niña. Por un lado, siento que el Ministerio realmente me ayudó, pero al mismo tiempo, tengo mis derechos, que ignoraron. Y también los derechos de la niña, porque se la llevaron y pasó un mes fuera de su casa”.

La falta de ayuda económica a las sobrevivientes de violación es también un obstáculo a la hora de desplazarse para recibir la asistencia psicosocial y médica que necesitan. Una psiquiatra que lleva muchos años trabajando con niñas sobrevivientes de violación y abusos sexuales explicó: “Una de las cosas que ellas mencionan para que dejen de llegar a las sesiones o para las citas, es porque no tienen ni para el pasaje en algunas ocasiones”.

FALTA DE APOYO A SOBREVIVIENTES DE VIOLACIÓN QUE QUEDAN EMBARAZADAS

Todas las sobrevivientes de violación entrevistadas por Amnistía Internacional subrayaron la importancia de contar con todas las opciones disponibles para hacer frente a las consecuencias de la violación y el abuso de la mejor manera para ellas, incluida la opción del aborto terapéutico. Todas las sobrevivientes subrayaron la necesidad de que el Estado respalde a la sobreviviente, sea cual sea su decisión. Cuando las víctimas son menores de edad, el Estado tiene una obligación adicional de proteger sus derechos humanos y considerar su interés superior.

Las directrices de la Organización Mundial de la Salud concluyen que toda mujer o niña que se ha quedado embarazada a consecuencia de violación debe tener acceso a un conjunto de servicios de apoyo, incluidos el tratamiento y el seguimiento de lesiones físicas, la prevención y gestión del embarazo, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, el asesoramiento y la asistencia social. Un componente del apoyo ofrecido por el Estado debe ser la información sobre servicios de aborto seguros y legales y la opción de acceder a ellos.

Antes de 2006, la legislación nicaragüense permitía excepciones a la prohibición general del aborto. Esas excepciones abarcaban a las mujeres o niñas cuya vida o salud peligrasen en caso de continuar el embarazo, y en algunos casos, a las víctimas de violación.29 Esto ha cambiado por completo. El Código Penal revisado impone una prohibición general de todos los abortos, sin excepción, y tipifica como delito todas las formas de aborto, independientemente de las circunstancias en las que se busca, se obtiene o se practica.

La prohibición y penalización del aborto en Nicaragua ha tenido una repercusión especialmente fuerte en las reducidas categorías de mujeres y niñas que podían obtener un aborto legal antes de 2006, es decir, las mujeres y niñas embarazadas a consecuencia de una violación o cuya vida o salud peligra en caso de continuar con el embarazo. En otras palabras, las leyes que penalizan el aborto son discriminatorias por razón de sexo (sólo las mujeres y niñas pueden quedar embarazadas) y de edad (las niñas y las adolescentes se ven afectadas de manera desproporcionada).

El Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, ha advertido que las leyes que niegan a las víctimas de violación e incesto la posibilidad de obtener servicios de aborto seguros y legales son contrarias a la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. En octubre de 2010, el Comité recomendó al gobierno nicaragüense que “[d]erogue los artículos del Código Penal que penalizan el aborto y garantice que las niñas no estén sujetas a sanciones penales por tratar de abortar o abortar en ninguna circunstancia”. En el caso de Palau, el Comité recomendó que el “Estado Parte revisara su legislación relativa al aborto con miras a salvaguardar el interés superior de las niñas víctimas de violación e incesto”. El Comité expresó asimismo su preocupación por el hecho de que la legislación actual penaliza el aborto en todas las circunstancias en El Salvador, y por que “esa prohibición absoluta pueda llevar a las jóvenes a recurrir a métodos de aborto peligrosos y clandestinos, a veces con consecuencias fatales”.

La penalización del aborto no significa que no se practiquen abortos. Pero sí significa que las sobrevivientes de violación se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos, en contra de la legalidad y en circunstancias poco seguras, poniendo en peligro su salud y su vida y arriesgándose a ser encarceladas. Las niñas que continúan con el embarazo se enfrentan a riesgos adicionales para su vida y su salud, ya que el daño no intencionado al feto también constituye delito y, por lo tanto, los profesionales de la salud pueden retrasar o negar el tratamiento que las niñas necesitan. Esto afectaría, por ejemplo, a la prestación de asistencia médica durante un parto obstruido: un problema que a menudo afecta a las niñas que aún no han completado su desarrollo físico.

Según la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia (SONIGOB) y la opinión médica internacional, las mujeres embarazadas menores de 20 años tienen un riesgo mayor de sufrir complicaciones obstétricas que las mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 35 años. En América Latina, el riesgo de muerte materna es cuatro veces superior entre adolescentes menores de 16 años que entre mujeres en la veintena. Una de las complicaciones a las que se enfrentan las niñas y las adolescentes es el parto obstruido, que se produce cuando la pelvis es demasiado estrecha para que pueda pasar el bebé (desproporción cefalopélvica). Esta situación se da a menudo en muchachas más jóvenes que aún no han alcanzado la madurez física. Interrumpir un embarazo cuando la vida o la salud de la niña corren peligro es una práctica médica ampliamente aceptada. De hecho, los protocolos y procedimientos actuales sobre buenas prácticas emitidos por el Ministerio de Salud de Nicaragua recomiendan la interrupción del embarazo en casos de preeclampsia severa, embarazo ectópico o en otros supuestos en los que el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la paciente.

La rehabilitación más completa posible para las víctimas de violación debe abordar el impacto continuo de la violación inicial y sus secuelas, incluido el embarazo que la sobreviviente puede desear llevar a término o no.

Una psiquiatra con amplia experiencia en prestar apoyo a mujeres y niñas que han sufrido violencia explicó: “El impacto en la vida de las niñas con un embarazo producto de la violación adquiere otra dimensión porque significa, desde lo fisiológico, el ponerlas en riesgo, ya que su cuerpo no está preparado para este proceso, el embarazo mismo y el momento del parto. Algunas intentan abortar de manera clandestina y ahí surge otro riesgo, el que sean botadas de sus casas porque generalmente se les culpabiliza de provocar el hecho, y en este estado están vulnerables. También surgen los intentos de suicidios. Así que aunque al final lo tengan y luego lo regalen en adopción, como sugieren las nuevas políticas de este gobierno, la exposición a un segundo trauma después de la violación está latente. Dejan la escuela porque se les obliga a funcionar como ‘mamá’, sus amigas ya no son las mismas, las rechazan y juzgan al igual que la sociedad en general. Ya no juegan como las otras niñas. En fin, su alma carga con una herida que sólo a veces y con el tiempo disminuye”.

Independientemente de que una sobreviviente de violación desee continuar con su embarazo o no, un hilo común que une las experiencias de todas ellas es la falta casi total de apoyo por parte de las autoridades para hacer realidad su derecho a la educación, el trabajo, la salud y la dignidad.

El Estado también falla a las niñas que deciden continuar –o no tienen otra opción que continuar– con su embarazo, al no apoyarlas después de que nazca el bebé. Una niña de 14 años que había sido violada por su padre dijo a Amnistía Internacional: “Durante el embarazo yo tenía la presión muy alta, fui a tener mi hija a los seis meses y medio, al principio no la quería, no la quería, llegaron al hospital a ver si quería ponerla en adopción, ya cuando llegué a la casa no quería, me quedaba con ella, la cuidaba mucho; yo aseguré que ni una mosquita paraba encima de ella. Al tiempo salí a la casa donde mi papá, pues yo no tenía nada, notenía ropa ni nada. Mi ropa, mi cama, lo habían quemado todo. Yo les pedía dinero para la leche y ellos dijeron que no. Yo buscaba para hacer, pues no me dieron ni un peso, yentonces estaba sin ropa para la niña, sin ropa para mí, sin cama, sin nada. Entre los vecinos me dieron una cama, un colchoncito y otra una cosita para llevar las cosas para el bebe”.

Estefany quedó embarazada a los 17 años, después de haber sido violada. En 2008, justo después de haber dado a luz a su hijo, dijo a Amnistía Internacional: “Lo que me pasó me cortó mis ilusiones, mis esperanzas. Yo querría ser una persona que trabaja afuera, pero paso todo el día en la casa cuidando al bebe […] no puedo dormir y me siento muy insegura, muchos de mis días son una pesadilla, es muy difícil seguir adelante y me siento muy triste y muy cansada. Yo me pregunto por qué me pasaron estas cosas”. Dos años después, habló de nuevo con Amnistía Internacional sobre su vida y sus esperanzas: “Trato de dar una visión defuerza porque no quiero que me sigan presionando, ni mi familia ni nada. He estado en la casa, sin trabajo, sin estudiar. Creo que después de lo que pasó me han abandonado en parte las instituciones porque no abordan mis necesidades como mujer. Para mí nunca ha habido nada [del gobierno], de trabajo, de educación. Yo tengo que pagar por lo menos una mensualidad para un curso en Managua [...]. La única institución que me ha apoyado, ha sido un ONG. Creo que hay un futuro. Cuesta, pero sí lo hay.”

Rosmery, de 13 años, vive con su madre, su hermano, su hermana y su abuela. Cuando tenía 12 años su tío pasó unos meses viviendo con ellos en su casa. Cuando la madre de Rosmery salía a trabajar, el tío violaba a la niña. Lo hizo repetidamente durante varias semanas. Su madre, Adriana, explicó el horror y la rabia que sintió cuando se enteró de que su hija había sido violada, y lo difícil que resultó para las dos asumir el trauma adicional del embarazo:“Para mí fue espantoso, que una niña debería tener otra niña […] esto me atormentaba mucho, me sentía un profundo dolor pues hacer la idea que mi hija iba así, que de ella va a salir algo así un producto de una violación […] y además es un riesgo para ella”. La propia Rosmery tenía mucho miedo. Decía a su madre: “Algo se mueve dentro de mí, yo no quiero tener esto”. Rosmery y su madre no vieron otra salida que la de recurrir a un aborto clandestino e ilegal. A través de sus contactos pudieron obtener una atención especializada, así que el aborto que consiguieron para Rosmery, aunque clandestino, fue realizado por profesionales y en buenas condiciones higiénicas. Pero Adriana y quienes ayudaron a Rosmery aún viven con el temor a ser procesados.

Como las niñas y mujeres a las que atienden, los médicos que practican abortos también pueden ser objeto de medidas punitivas: profesionales, penales e incluso religiosas. Cuando se encuentran con una niña cuyo embarazo pone en peligro su salud o es consecuencia de una violación, y que no desea continuar con el embarazo, deben tomar una difícil decisión: obedecer la ley o cumplir con su obligación ética de salvar la vida y la salud y respetar la dignidad inherente a sus pacientes, proporcionándoles la posibilidad de abortar. Las leyes nicaragüenses sobre el aborto violan el derecho de las niñas a la salud y la dignidad. También violan su derecho a no sufrir tortura ni otro trato cruel, inhumano o degradante, ya que la ley no establece excepciones en ninguna circunstancia a la prohibición total del aborto. El negar a las niñas el acceso a servicios de aborto legales y seguros puede causar una inmensa angustia mental y física, y provoca demoras en el tratamiento que constituyen una amenaza para su salud y su vida. Un médico habló a Amnistía Internacional de una madre a la que había atendido esa misma semana cuya hija de 15 años había sido violada por un vecino y se había quedado embarazada a consecuencia de la violación. El médico describió que la niña estaba muy angustiada y había intentado quitarse la vida cortándose las venas.

La negación del acceso al aborto a niñas y mujeres puede causar un sufrimiento tan grave que constituye una amenaza para la vida. La nueva ley limita de tal modo las opciones de las mujeres y niñas embarazadas que algunas pueden sentirse inclinadas al suicidio. El Comité sobre los Derechos del Niño ha pedido reiteradamente a los Estados que tomen medidas para prevenir el suicidio. En Nicaragua, un análisis del Ministerio de Salud sobre las cifras de mortalidad materna de 2007 y 2008 concluyó que las principales causas de mortalidad materna en adolescentes eran la ingesta de veneno y la preeclampsia.